En el Perú, insultar y desprestigiar al crítico se ha convertido en táctica sistemática. Cuando no hay gestión ni argumentos, el poder y los candidatos cobardes con rabo de paja, atacan al emisario para silenciar la verdad y victimizarse frente a una ciudadanía desinformada.

En el Perú actual, insultar ya no es un error: es método. No se trata de reacciones airadas, sino de una estrategia de comunicación política diseñada, financiada y ejecutada desde el poder. Gobernadores, alcaldes, congresistas, e incluso candidatos sin mayor arraigo político, recurren al agravio, la calumnia y la desinformación como mecanismo para simular oposición, ocultar pactos y distraer a la opinión pública.

Los principales analistas políticos del país coinciden en que hemos llegado a una etapa donde la agresión verbal ha reemplazado al contenido, y el escándalo a la propuesta. Este fenómeno, lejos de estar concentrado en Lima, se ha extendido a nivel nacional, desde gobiernos regionales hasta alcaldías distritales, donde se ha institucionalizado una forma de hacer política basada en el ataque personal y la polarización permanente.

El guion se repite: cuando se carece de gestión, se fabrica un enemigo. Cuando se teme a la fiscalización, se deslegitima a la prensa. Cuando se denuncia corrupción, se ataca al denunciante. El recurso no es nuevo, pero se ha perfeccionado. Hoy no se confronta el mensaje, se mata al emisario para que el mensaje no llegue. Es decir, no se rebate con argumentos, sino que se destruye la credibilidad de quien los emite.

Esto se ejecuta con una maquinaria coordinada: granjas de troles, redes de cuentas falsas, campañas de difamación, todo financiado desde recursos públicos o intereses privados enquistados en el Estado. Los periodistas independientes, los órganos de control, e incluso algunos actores del propio aparato público, se convierten en blancos sistemáticos de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda.

Paradójicamente, muchos de estos agresores forman parte del poder que dicen combatir. Alcaldes y gobernadores que votaron con el Congreso, que gestionan con aliados de la presidenta, o que se beneficiaron del reparto del presupuesto público, hoy simulan ser “antisistema” con discursos radicales, para limpiar su imagen y reconectar con una ciudadanía harta, pero desinformada.

Esta simulación de oposición desde dentro del sistema es el núcleo del cinismo político actual. Y como toda farsa, necesita espectáculo: gritos, enemigos imaginarios, frases vacías, y sobre todo, insultos. Así se desplaza el foco del verdadero problema —la ineficiencia, la corrupción, la captura del Estado— hacia una guerra de ruido que termina erosionando aún más la institucionalidad democrática.

Lo más peligroso es que esta estrategia sí funciona, al menos en el corto plazo. Gana atención, acalla críticas, y refuerza una narrativa de victimismo que evita rendir cuentas. Pero su costo es inmenso: debilita la democracia, rompe el tejido social, y deja al ciudadano sin referentes confiables.

En la política peruana contemporánea, la táctica de “matar al mensajero” ha dejado de ser un reflejo defensivo para convertirse en una estrategia sistemática. Ya no se responde al mensaje: se anula, se distorsiona o se silencia a quien lo emite. Periodistas, fiscalizadores, analistas y críticos son blanco constante de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda. La lógica es perversa pero efectiva: si destruyes la credibilidad del emisario, el mensaje pierde fuerza, aunque sea verdad. Así, el insulto, la calumnia y el troleo digital se convierten en herramientas clave para victimizar al agresor, que se presenta como perseguido por el “sistema”, cuando en realidad forma parte activa de él. Esta estrategia no busca convencer, sino confundir; no se trata de ganar el debate, sino de ensuciarlo hasta que nadie quiera escucharlo.

No podemos seguir aceptando que la política se reduzca a gritar más fuerte, ni permitir que la calumnia y el chisme se instalen como prueba suficiente para destruir personas. El debate público no puede construirse sobre rumores, ni la autoridad sobre el escándalo artificial. Defender la verdad y la dignidad propia y ajena es hoy un acto de resistencia frente a una cultura política que premia la mentira y castiga la integridad. Que la ciudadanía no olvide: quien necesita insultar para sostenerse, ya se ha quedado sin razones para gobernar. No permitamos mas este tipo de politiquería, las cosas por su nombre y Sin Mordaza

César Acuña vuelve a escena, esta vez desde Piura, rodeado de seguidores, banderas y cámaras que difunden —sin mayor disimulo— los primeros pasos de su nueva campaña presidencial. Pero lo que resulta más preocupante que predecible es que todo esto ocurre mientras aún ocupa el cargo de gobernador regional de La Libertad. Un detalle que, lejos de ser menor, evidencia una conducta oportunista y contraria al marco normativo electoral vigente en el Perú.

La ley no es un detalle

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) es clara: las autoridades regionales que deseen postular a la Presidencia deben renunciar irrevocablemente a su cargo seis meses antes del día de la elección, es decir, a más tardar en octubre de 2025, si los comicios se realizan en abril de 2026. A la fecha, Acuña no solo no ha renunciado, sino que utiliza su posición como vitrina política, realizando actividades proselitistas camufladas como gestiones públicas.

Pero eso no es todo. El artículo 190 de la misma ley prohíbe expresamente que los funcionarios públicos hagan uso de recursos del Estado para favorecer intereses políticos o personales. A estas alturas, resulta difícil distinguir entre las actividades institucionales del gobernador y la promoción personal del líder de APP. ¿Se están usando recursos públicos para su campaña? ¿Está desplazándose por el país como funcionario o como candidato?

Campaña disfrazada, intenciones desnudas

La aparición de Acuña en mítines, acompañado de “portátiles” y pancartas con mensajes de tinte claramente electoral, evidencia una campaña anticipada disfrazada de gestión. Se trata de una estrategia vieja, pero peligrosa: usar el poder y la exposición institucional para cimentar una candidatura. En tiempos de desconfianza ciudadana, esta clase de prácticas no solo erosiona la legalidad, sino también la legitimidad del proceso democrático.

Este retorno al ruedo electoral revela también una urgencia: la desesperación por mantenerse vigente, por no perder el capital político, y por alcanzar, al fin, una Presidencia que le ha sido esquiva en elecciones anteriores. No es casual que la campaña comience en regiones como Piura, donde APP ha intentado construir una base clientelar y presencia simbólica. La lógica es clara: asegurar el respaldo de los gobiernos locales antes del año electoral.

¿Fiscalización o complicidad?

Ante estas señales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República tienen el deber de actuar. No basta con dejar pasar estos actos bajo el pretexto de que aún no se ha formalizado una candidatura. La campaña electoral no se inicia únicamente cuando se inscribe una lista: empieza desde el momento en que se utilizan medios, actos o símbolos para posicionar una imagen con fines electorales.

Tampoco podemos normalizar la idea de que gobernadores o alcaldes hagan campaña desde el cargo. La equidad electoral se funda en que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, y no con los recursos y la visibilidad que ofrece el poder.

Un viejo reflejo político

Lo que hace César Acuña no es nuevo, pero sigue siendo inaceptable. Revela un patrón arraigado en nuestra política: el de figuras que no saben gobernar sin hacer campaña, y que no conciben el poder como un servicio temporal, sino como un botín que no se puede soltar.

Más allá de su legalidad, esta conducta exhibe un tipo de liderazgo incapaz de separarse del espectáculo político. Y peor aún, muestra a un dirigente que parece más ocupado en volver a ser candidato que en gobernar con seriedad una región que aún enfrenta serios problemas de infraestructura, educación y seguridad.

La campaña de 2026 ya comenzó, al menos para Acuña. Pero si lo hace vulnerando normas, confundiendo gestión con propaganda, y sin asumir su responsabilidad como autoridad actual, difícilmente podrá ofrecer algo distinto al país que un déjà vu político cada vez más desgastado.

Conclusión:

Lo de César Acuña no es solo una muestra de oportunismo político: es el reflejo de una clase dirigente que ha normalizado el uso del poder como trampolín electoral, sin respeto por la legalidad ni el mínimo pudor institucional. Gobernar mientras se hace campaña es una forma burda de distorsionar la democracia y burlarse del ciudadano que exige resultados, no slogans. Si seguimos tolerando que las reglas sean pisoteadas con impunidad —y que quienes deberían fiscalizar miren para otro lado—, el mensaje es claro: en el Perú, el poder no se gana para servir, sino para perpetuarse. Y eso, como viene ocurriendo hace décadas, seguirá saliéndonos carísimo.

La corrupción en el Perú ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un componente estructural del sistema político. En un contexto de democracia simulada o de imitación, donde las formas se mantienen pero el fondo está profundamente degradado, los actores políticos —muchos de ellos aliados o cómplices de la corrupción— reproducen prácticas clientelistas y populistas que profundizan la descomposición institucional. Uno de los ejemplos más cínicos y representativos es el uso de dádivas como chocolatadas navideñas, entrega de víveres o regalos en fechas especiales, que enmascaran el interés electoral bajo una supuesta preocupación social. Tema aun mas arraigado en ciudades del interior del Perú Como Cusco , Apurímac y Arequipa

1. Democracia de imitación: el cascarón sin contenido

Aunque el Perú cuenta formalmente con elecciones periódicas, poderes del Estado y un marco legal, en la práctica muchas de estas instituciones:

• Funcionan como instrumentos de control político, no como espacios de representación ciudadana.
• Son capturadas por intereses privados o mafias organizadas, debilitando su legitimidad.
• Se alejan del ideal democrático, pues la participación ciudadana es instrumentalizada, no promovida.

Este modelo, funcional a la corrupción, perpetúa un sistema donde el poder se reproduce a través de redes de complicidad, impunidad y manipulación del discurso democrático.

2. Corrupción sistemática: cuando el robo se institucionaliza

En lugar de ser un desvío del sistema, la corrupción se ha vuelto un mecanismo central de acceso, ejercicio y reproducción del poder:

• Presidentes y funcionarios investigados por coimas y sobornos (Odebrecht, obras públicas, financiamiento ilegal).
• Gobiernos regionales y municipales como focos de corrupción: alcaldes y gobernadores enriquecidos ilícitamente, muchas veces reelegidos por la manipulación de la pobreza.
• El Estado como botín, donde la gestión pública se convierte en oportunidad de lucro para políticos y empresarios.

Esto ha consolidado una percepción perversa en muchos sectores: “que robe, pero que haga algo”.

3. El cinismo de los candidatos y las dádivas disfrazadas de ayuda social

Uno de los elementos más hipócritas y recurrentes del clientelismo político en el Perú es el uso de dádivas y actos asistencialistas como estrategia de campaña. Chocolatadas navideñas, entrega de canastas, víveres o útiles escolares en fechas señaladas son prácticas normalizadas que:

• Aprovechan la precariedad y necesidad de las poblaciones vulnerables para conseguir votos con regalos temporales.
• Reforzan una cultura de dependencia y sumisión política, donde el ciudadano vota por quien «le dio algo», no por propuestas o principios.
• Se disfrazan de “solidaridad” o “responsabilidad social”, cuando en realidad constituyen compra de votos encubierta y una falta ética grave y encima con fotografías en mercados de abastos.

Estos actos son más escandalosos cuando los protagonizan ex candidatos o figuras recicladas, muchas veces involucrados en escándalos de corrupción, que vuelven a escena con discursos redentores, apelando al olvido o al perdón colectivo, mientras reparten chocolatadas, flores por el día de la madre y demás regalos como si eso compensara años de desfalco al erario público.

4. El perfil del “amigo de la corrupción”

Muchos de los candidatos que participan en estas prácticas tienen en común:

• Antecedentes judiciales o investigaciones pendientes.
• Vínculos con redes criminales o economías ilegales, como minería informal, narcotráfico o contrabando.
• Financiamiento irregular de campañas, muchas veces encubierto mediante fundaciones o aportes “anónimos”.
• Populismo extremo o discurso religioso-moralizante, que oculta su verdadero objetivo: el poder por el poder.
• Algunos funcionario y exfuncionarios fracasados que no pudieron cumplir sus funciones de manera eficiente y descaradamente ahora quieren llegar a ser alcaldes

5. Consecuencias de esta cultura política

• Desprestigio generalizado de la democracia, vista como un sistema corrupto e inútil.
• Ciudadanía desmovilizada y frustrada, que opta por el voto nulo, ausentismo o el respaldo a opciones autoritarias.
• Reproducción de la desigualdad, porque los fondos públicos no se usan para políticas sociales estructurales, sino para enriquecer a las élites corruptas.

6. ¿Qué hacer frente a este panorama?

• Desenmascarar el clientelismo: visibilizar que las dádivas no son ayuda, sino manipulación.
• Exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los candidatos, sin excepciones.
• Apoyar medios independientes y periodismo de investigación que denuncien estas prácticas y decirle no a un sector de la prensa vendida y corrupta.
• Formar una ciudadanía crítica y activa, que no se deje seducir por “regalos” sino que evalúe programas, trayectorias y coherencia ética.

Conclusión:
El Perú enfrenta una crisis profunda donde la representación política ha perdido legitimidad y el oportunismo electoral sustituye al compromiso real con el país. La persistencia de prácticas cínicas, como el uso de la necesidad social para obtener apoyo, revela una clase dirigente desconectada de los valores democráticos. Urge una renovación ética y política que devuelva al ciudadano el poder de decidir con conciencia, no por conveniencia. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.