Mientras el Parlamento recibe un presupuesto millonario, instituciones clave como el INEN, Foncodes o Cuna Más operan con montos tres o hasta cuatro veces menores. La brecha entre el gasto político y el gasto social no solo persiste: se amplía.

En un país donde miles de niños sufren de anemia, donde las postas médicas carecen de medicamentos esenciales y las escuelas públicas siguen sin materiales básicos, el Congreso de la República cuenta en este 2025 con recursos desproporcionados que llega a S/1.413 millones . Esta asignación no es solo escandalosa; es una declaración clara y preocupante de prioridades por parte del Estado.

El mensaje es directo y doloroso: la política se atiende primero; el pueblo, después.

Un Parlamento más costoso que útil

Comparado con otros sectores del Estado, el gasto legislativo es sencillamente obsceno:

• El INEN, que combate el cáncer en todo el país, recibe menos de un tercio de lo que se destina al Parlamento.
• El FONCODES, programa fundamental para reducir la pobreza extrema, tiene cuatro veces menos recursos.
• Cuna Más, que atiende a la primera infancia, opera con un presupuesto ínfimo en comparación al del Congreso.
• Incluso programas como Qali Warma o la Dotación de Materiales Educativos, que llegan a millones de escolares, quedan por debajo del gasto político.

Este no es un tema de eficiencia administrativa. Es, lisa y llanamente, una decisión política de gasto desigual e inmoral.

⚖️ ¿Qué justifica tanto dinero?

El Congreso no tiene resultados que sustenten semejante presupuesto. Según cifras del propio portal de transparencia y análisis independientes:

• Más del 40% de leyes aprobadas son declarativas, sin impacto normativo real.
• Cientos de proyectos son plagiados, improvisados o duplicados.
• En los últimos tres años, más de 100 leyes han sido observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales.
• La desaprobación ciudadana del Congreso supera el 85%, según Datum (mayo 2025).

Aún así, el Parlamento continúa aumentando su gasto. Sueldos, asesores, viáticos, viajes, alquileres, contratos sin concurso, publicidad institucional… todo se multiplica sin control ni auditoría real. Lo único que crece en el Congreso es su presupuesto.

🏛️ Bicameralidad: duplicar el problema

Como si esto no fuera suficiente, el retorno a la bicameralidad —aprobado recientemente— significará más legisladores, más personal, más gasto logístico, más oficinas, más vehículos, más asesores.

Un análisis del MEF estima que esto podría representar un aumento del 25% al 30% en el gasto legislativo. Es decir, el presupuesto del Congreso podría superar fácilmente los S/1.800 millones anuales.

¿Y para qué? Para que los mismos partidos de siempre se repartan más puestos, con más inmunidad, sin ninguna reforma seria al sistema electoral o de representación.

❗ El Congreso como símbolo de una república desigual

Este no es solo un problema contable. Es una crisis moral del Estado. Que el poder legislativo —uno de los más desprestigiados, improductivos y confrontacionales— sea también el que más dinero consume, dice mucho sobre el tipo de democracia que estamos construyendo.

¿Qué dice de un país que invierte más en proteger privilegios políticos que en proteger la vida, la salud o el futuro de sus ciudadanos?

📌 Conclusión: hay dinero, pero no para el pueblo

La vieja excusa de que “no hay recursos” para mejorar los hospitales, aumentar los sueldos de los docentes o ampliar programas sociales queda desmentida por esta realidad: el dinero está. Lo que no hay es voluntad política para destinarlo a donde realmente importa.

El Congreso de la República no solo legisla. También simboliza. Y hoy, simboliza el derroche, la desconexión y el cinismo de una clase política que se sirve del Estado en lugar de servirlo.

Las cosas por su niombre y sin Mordaza.

En un país golpeado por la pobreza, la corrupción, la inseguridad y la desconfianza total en sus instituciones, el gobierno de Dina Boluarte ha tomado una decisión que no solo es inaceptable: es obscena. Mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, la presidenta pasará de ganar S/ 16.000 a S/ 35.568 mensuales, en uno de los aumentos más controversiales en la historia reciente del Ejecutivo.

El mensaje es brutal: mientras millones luchan por sobrevivir, la presidenta se premia. Mientras se recorta el presupuesto para regiones y servicios esenciales, ella se garantiza una vida de privilegios blindados por decreto. El sueldo de Boluarte es ahora uno de los más altos de la región —más que el de muchos mandatarios con legitimidad democrática y mejores resultados de gestión—, en un país que no ha dejado de marchar ni enterrar muertos desde diciembre de 2022.

📉 Legitimidad cero, sueldo doble

Boluarte no solo carece de un mandato popular; ostenta una desaprobación que supera el 80%. Su gobierno ha sido marcado por la represión de protestas, escándalos de corrupción, improvisación constante y pactos oscuros con un Congreso igual de impopular. Y ahora, además, suma el escándalo de un aumento salarial que transgrede los límites legales establecidos por la Ley 28212.

Este no es un simple ajuste administrativo. Es un gesto profundamente político. Es el acto de una presidenta que, pese a estar bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, decide duplicarse el sueldo en plena crisis. El caso Rolex, los viajes inexplicables y las joyas no declaradas ya habían minado su credibilidad. Este aumento solo confirma su desconexión total con el país que pretende gobernar.

🛑 Un Estado capturado por los privilegios

El Consejo de Ministros —lejos de frenar esta decisión— la avaló sin mayor oposición. Servir justificó el alza como parte de un “ordenamiento remunerativo”, mientras el MEF apeló a comparaciones con sueldos regionales. Pero lo que está en juego aquí no es la técnica, sino la decencia. Porque lo que el Perú necesita en estos momentos no son mandatarios con sueldos de reyes, sino líderes con vocación de servicio y sensibilidad frente al sufrimiento popular.

Lo más alarmante es que no existe un contrapeso real. El Congreso, dividido y comprometido con sus propios intereses, no muestra voluntad de frenar esta afrenta. La ciudadanía, harta y desgastada por años de crisis política, observa con resignación. Y Boluarte lo sabe. Por eso se atreve.

⚖️ La política del desprecio

La decisión de aumentar el sueldo presidencial a S/ 35.568 no es solo económica. Es un acto de poder. Un símbolo del desprecio por la austeridad, la legalidad y el sentido común. Es la confirmación de que la clase política —blindada, bien pagada y desconectada— no gobierna para la gente, sino para sí misma.

Aumentarse el sueldo en plena crisis no es un error. Es una declaración. Y su mensaje es claro: el Perú puede esperar; el privilegio, no.

La sorpresiva y violenta muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y aspirante a colaborador eficaz en el caso Lava Jato que involucra a Susana Villarán, abre una grieta profunda no solo en la investigación judicial, sino en la confianza pública respecto al sistema de protección de testigos en el Perú. La principal interrogante que emerge —y que debe ser resuelta con rigor y transparencia— es si Castro fue víctima de un homicidio premeditado o si se trató de un suicidio en un contexto de presión legal y mediática.

En un escenario de criminalidad compleja como el peruano, donde los procesos por corrupción de alto nivel se entrecruzan con intereses económicos y políticos muy arraigados, no puede descartarse ninguna hipótesis. La forma de su muerte —una herida cortante profunda en el cuello con un arma blanca— resulta inusual para un suicidio, tanto por la violencia del acto como por el lugar donde fue hallado el cuerpo. Esto ha llevado a especialistas en criminalística y juristas a insistir en que debe investigarse con prioridad la posibilidad de un asesinato.

Castro no era un personaje menor en el expediente Villarán. Era el nexo operativo entre la exalcaldesa y los aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS, y su testimonio estaba en proceso de ser formalizado como colaboración eficaz, lo que podía inclinar el peso de la acusación fiscal. Su eventual declaración tenía potencial de implicar a otros actores políticos y económicos. Desde ese punto de vista, la posibilidad de un crimen silenciador no es descartable.

Por otro lado, la hipótesis del suicidio también tiene fundamentos. Según el fiscal José Domingo Pérez, Castro no había expresado temor por su seguridad en recientes reuniones, pero es conocido que enfrentaba un proceso judicial largo y de alto perfil, con implicancias familiares, sociales y personales. La presión psicológica, sumada al desgaste emocional, puede haber generado un cuadro de desesperación, aunque la violencia de la escena —según reportes preliminares— no se alinea del todo con los patrones habituales de suicidio.

La responsabilidad ahora recae en el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. La escena del crimen debe ser analizada sin margen de error y con absoluta independencia. Si se llegara a confirmar un homicidio, el mensaje sería devastador: ni siquiera los aspirantes a colaboradores eficaces están seguros en Perú. Y si se trató de un suicidio, habría que preguntarse hasta qué punto el sistema de justicia está preparado para acompañar y proteger psicológicamente a quienes optan por colaborar.

Sea cual sea la verdad, lo que está en juego no es solo el futuro del caso Villarán. Está en juego la credibilidad de todo el aparato judicial anticorrupción. Y eso exige que esta muerte no quede atrapada entre la sospecha y el silencio.

En un país donde las instituciones deberían garantizar justicia, hoy se enfrentan dos nombres que exponen con brutal claridad el colapso del Estado de Derecho: Patricia Benavides y Delia Espinoza. La primera, una fiscal suprema suspendida por favorecer a su hermana implicada en narcotráfico y por usar el Ministerio Público como arma política. La segunda, fiscal interina, que resiste presiones mientras el aparato judicial se fractura bajo la sombra de intereses oscuros.

La reciente suspensión temporal de Benavides —dictada por el Poder Judicial— revela el nivel de podredumbre institucional. No es una victoria de la justicia, sino una pausa en el intento de un sector del Estado de imponer su retorno a cualquier costo. La Junta Nacional de Justicia ya la había destituido por faltas graves, pero sectores aliados a ella dentro del Congreso y del Poder Judicial maniobran para devolverle el poder.

Mientras tanto, Delia Espinoza —quien asumió de forma interina— representa lo poco que queda de institucionalidad. Pero su permanencia también está amenazada. No por ineficiencia, sino por atreverse a resistir la politización del Ministerio Público. Su gestión ha sido constantemente deslegitimada por los mismos sectores que hoy impulsan el regreso de Benavides.

Este enfrentamiento no es entre dos fiscales, sino entre dos modelos de país: uno que busca recuperar algo de decencia institucional, y otro que normaliza el uso del poder judicial como escudo de la corrupción.

El mensaje es claro: si tienes aliados en el Congreso y operadores dentro del sistema judicial, puedes retornar aunque hayas sido destituido por violar la Constitución. La justicia peruana, lejos de ser un poder autónomo, se ha convertido en una herramienta al servicio de mafias políticas que controlan la narrativa, los cargos y hasta las sanciones.

Perú no solo sufre una crisis política. Vive una guerra silenciosa por el control de la Fiscalía. Y mientras Patricia Benavides intenta volver por la puerta falsa, y Delia Espinoza es asediada desde dentro, la ciudadanía queda atrapada en un sistema diseñado no para protegerla, sino para proteger a los corruptos.

En una maniobra que evidencia el control autoritario del Congreso sobre las instituciones democráticas, la mayoría liderada por el fujimorismo y sus aliados aprobó una ley de amnistía que pretende borrar décadas de lucha por la justicia en el Perú. La norma apunta directamente a revertir 156 sentencias judiciales firmes —muchas vinculadas a violaciones graves de derechos humanos y corrupción— y paralizar más de 600 procesos judiciales en curso.

Esta ley no busca reconciliación, busca impunidad. No está orientada al futuro, sino a reescribir el pasado judicial del fujimorismo y de los sectores vinculados al poder armado y económico que sostuvieron el régimen de Alberto Fujimori. Los crímenes por los que hoy se busca perdón legislativo incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, malversación de fondos públicos y redes de corrupción sistemática dentro del aparato estatal.

Amnistía como estrategia de blindaje

Lejos de una política de justicia transicional o pacificación, la norma responde a un pacto político de blindaje mutuo: garantizar la libertad y el retorno político de condenados por delitos graves a cambio de mantener el control congresal y desactivar investigaciones incómodas. El mensaje es claro: en el Perú, el poder político puede comprar inmunidad por mayoría simple.

Con esta ley, el fujimorismo no solo busca liberar a los suyos: quiere consolidar un precedente peligroso en el que cualquier mayoría parlamentaria podrá intervenir en el sistema judicial para torcer sentencias, neutralizar fiscales y controlar jueces. Es un golpe a la separación de poderes y un atentado directo contra la independencia judicial.

Violación del derecho internacional

La ley es además flagrantemente inconstitucional e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados, y que el Estado peruano está obligado a investigar, sancionar y reparar.

La aprobación de esta norma podría colocar al Estado peruano en desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y abrir la puerta a sanciones internacionales, restricciones de cooperación y una nueva crisis de legitimidad democrática.

¿Qué está en juego?

No se trata solo de liberar a militares o políticos presos. Se trata de legitimar la impunidad como política de Estado, de cerrar la puerta a la memoria, de garantizar que quienes abusan del poder nunca enfrenten consecuencias. Se trata de una claudicación del Estado frente al autoritarismo con disfraz legal.

La ciudadanía, los colectivos de derechos humanos y los sectores democráticos tienen ante sí un desafío histórico: defender la justicia frente al poder impune, y evitar que el Perú retroceda definitivamente hacia un modelo de democracia formal sin contenido ético ni judicial.

Las cosas por su npmbre y Sin Mordaza.