El Congreso blinda a Boluarte y condena al olvido a decenas de peruanos asesinados en las protestas.

En el Perú del bicentenario, las muertes ya no se investigan. Se archivan. Se empujan a un cajón, se sellan con 12 votos y se olvidan con el desparpajo de quien se sabe impune.

La Comisión Permanente del Congreso —ese cartel legislativo con pretensiones de poder constituyente— ha decidido, sin sonrojarse, que Dina Boluarte no debe responder políticamente por más de 50 peruanos muertos durante las protestas que ella misma mandó a reprimir. La Fiscalía dice que hubo responsabilidad por omisión. El Congreso dice que no, que no hay pruebas. Que aquí no pasó nada. Que los muertos se mataron solos. Que la represión fue una ilusión colectiva.

No importa que Ayacucho llorara cadáveres en las calles. No importa que en Juliaca los ataúdes marcharan por justicia. No importa que los fusiles dispararan a la cabeza, al tórax, a matar. No importa que los policías y militares hayan actuado como si estuvieran en una guerra. Para el Congreso, eso fue un malentendido logístico. Un error de cálculo. Un episodio que conviene olvidar.

Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es argumentar que no hay pruebas cuando ni siquiera se ha querido investigar. La lógica es perversa: si no busco, no encuentro; y si no encuentro, entonces archivo. Y todo eso lo firman 12 congresistas que se atreven a llamarse «padres de la patria» mientras se aferran a sus curules como garrapatas del poder.

Porque eso es lo que ha hecho el Congreso: blindar a su aliada. Boluarte es hoy la garantía de que nada cambie, de que se gobierne por decreto, de que el Ejecutivo siga siendo un apéndice del fujimorato y sus derivados. Mientras la presidenta sobreviva, el pacto de impunidad se mantiene. Y ese pacto es más fuerte que cualquier cadáver en la Morgue Central.

Seamos claros: el Congreso no ha exculpado a Boluarte, ha anulado el juicio antes de que empiece. Ha tirado la llave sin abrir la puerta. Ha destruido el expediente antes de leerlo. Y lo ha hecho porque sabe que, si se investiga de verdad, alguien va a tener que pagar. Y ese alguien podría estar en Palacio. O en la PCM. O en el Ministerio del Interior. O en el Hemiciclo.

Lo cierto es que en este país, matar desde el Estado es un negocio sin riesgos. Envían tropas, disparan a mansalva, y luego se lavan las manos citando el Código Penal como si fueran Suiza. Y si alguien se atreve a cuestionar, lo tildan de caviar, de terrorista, de desestabilizador. Así se gobierna en esta democracia de papel higiénico.

Pero las muertes no se archivan. O no deberían. Porque aunque el Congreso cierre el caso, la memoria no se deja cerrar tan fácil. Porque en las plazas donde cayeron los cuerpos aún hay madres que lloran. Porque la historia —esa que no depende de comisiones ni de informes infames— se encargará de recordar que este Congreso prefirió la impunidad antes que la justicia.

Y porque un país que archiva a sus muertos está condenado a repetir su desgracia.

La presidenta que no sabe leer, pero se atreve a dictar cátedra: Boluarte se perdió en su propio monólogo, en un mensaje narcisista de mas de cuatro horas donde el vacío fue el único contenido.

En un país agotado por la inestabilidad, el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte del 28 de julio fue, una vez más, un ejercicio de forma sin fondo, una performance prolongada que sólo sirvió para confirmar lo que ya sabíamos: el poder puede ser sordo, ciego y, en este caso, también torpe al leer.

Boluarte se dirigió a un Congreso semivacío con un discurso de 97 páginas que, paradójicamente, terminó reduciendo aún más su ya deteriorada legitimidad. No por su extensión —aunque leer durante más de cuatro horas sin decir nada esencial es un logro en sí mismo—, sino por lo que ese acto reveló: una presidenta que no logra articular una visión coherente, que omite partes clave de su propio libreto y que insiste en una narrativa de autosalvación que raya en el narcisismo.

Narcisismo de Estado

Dina Boluarte no sólo leyó mal, omitió páginas enteras de su mensaje —incluyendo la promesa explícita de dejar el poder el 28 de julio de 2026—, sino que se dedicó a exaltar sus supuestos logros sin la más mínima capacidad de autocrítica. Presentó cifras económicas infladas, proclamó avances sin sustento y pintó una imagen del Perú que sólo existe en su cabeza o en los informes decorados de sus asesores.

Lo más grave no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Ni una palabra sobre los muertos en las protestas. Ni un gesto de empatía con las víctimas. Ninguna reflexión sobre su rol directo en la crisis política e institucional del país. Boluarte no habló como una líder de la República, sino como una gerente obsesionada con limpiar su imagen ante la historia.

La desconexión total

Quedó claro que el objetivo del discurso no era rendir cuentas, sino blindarse. En vez de abrir canales de diálogo, prefirió el tono desafiante, el gesto de la que cree que su única tarea es resistir, no gobernar. Parecía no dirigirse a los ciudadanos, sino a un espejo.

Este desdén por la escucha y por el mínimo sentido republicano del cargo es especialmente insultante cuando recordamos que su gobierno enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y por ocultamiento de bienes de lujo. Que su figura esté envuelta en escándalos como el del Rolexgate y aun así se presente como “la garante de la democracia” no es sólo una ironía: es una provocación.

¿A quién le habla la presidenta?

Con una aprobación que bordea el 3 %, Boluarte habla a una ciudadanía que ya no la escucha, mientras se aferra a un relato de heroísmo personal que nadie le ha comprado. Su discurso fue un símbolo: un documento desordenado, omitido, mal leído y larguísimo, que refleja exactamente cómo ha sido su presidencia.

Ni siquiera la forma le salva. Una lectura monótona, plagada de errores de entonación y sin hilo narrativo, solo acentúa la percepción de que está en un rol que la supera, en un cargo para el que no estaba preparada, y del que, sin embargo, no piensa salir sin arrastrar al país por completo.

El vacío como estrategia

El mensaje de Boluarte no es vacío por error, sino por diseño. Es un discurso concebido para no comprometerse, para no responder, para esquivar toda rendición de cuentas. En ese sentido, fue coherente: una arquitectura del silencio disfrazada de palabra.

Y ahí reside el peligro. Un gobierno sin narrativa ni autocrítica, pero con poder fáctico y una red de protección política, es un gobierno que no gobierna, pero que puede durar. Que no dice nada, pero que actúa por omisión. Que no responde al país, pero se blinda desde el Estado.

Boluarte no gobernará con la verdad, ni con legitimidad. Pero, si algo dejó claro su mensaje, es que piensa resistir con lo único que le queda: su propio ego.

Que no nos callen

Cómo dueles, Perú. Duele la indiferencia del poder, la impunidad, el olvido. Hoy no hay nada que celebrar, pero sí demasiado que reflexionar.
No podemos seguir normalizando el cinismo ni aceptar que la mentira se imponga como discurso oficial.

Hagamos las cosas bien: con memoria, con coraje, sin callar. Y, sobre todo, diciendo siempre la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque moleste a quienes gobiernan.

Desde estas líneas, nos comprometemos a seguir hablando claro, sin tapujos ni ambages. Porque el periodismo no está para aplaudir gobiernos a cambio de dádivas, sino para decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.

Debe ser libre, frontal y sin miedo.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

• Mientras la inseguridad azota las calles y muchas comisarías carecen de vehículos para patrullar, la Policía, el Ejército y la FAP destinan millonarios recursos a la compra de autos de lujo para sus oficiales de alto rango.

En un país donde el crimen organizado se infiltra en barrios, mercados y hasta en instituciones, el rol de las fuerzas del orden debería enfocarse en recuperar la confianza ciudadana y en garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la violencia. Sin embargo, las prioridades parecen estar claramente mal ubicadas.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, más de 8,000 vehículos policiales se encuentran inoperativos en todo el país. La consecuencia de esta alarmante cifra es evidente: comisarías sin patrulleros, rondas policiales suspendidas o reducidas y una población cada vez más expuesta a la delincuencia sin un Estado que la proteja adecuadamente.

Pese a esta crítica situación, la Policía Nacional del Perú ha decidido desembolsar una millonaria suma para la adquisición de ocho vehículos de alta gama destinados exclusivamente al uso de sus altos mandos. Se trata de modernos Audi Q5, Honda Pilot y Volkswagen Jetta, todos vehículos considerados de lujo, más comunes en zonas exclusivas que en misiones de seguridad pública. El Ejército del Perú y la Fuerza Aérea han seguido el mismo camino.

Privilegios que hieren

Resulta indignante que, mientras muchas comisarías del país deben operar con motos viejas, autos sin mantenimiento o, simplemente, sin vehículos, quienes ocupan los cargos más altos dentro de las instituciones armadas y policiales disfruten de autos último modelo con aire acondicionado, tapizado de cuero y sistemas digitales de navegación.

La pregunta es inevitable: ¿qué combate contra el crimen se libra desde el asiento trasero de un Audi Q5?

Estas compras millonarias reflejan una realidad preocupante: los privilegios de las altas esferas están por encima de las necesidades urgentes del país. No se trata de desconocer la importancia de dotar de recursos a las instituciones de seguridad, sino de señalar que esos recursos deberían destinarse, primero, a quienes están en las calles enfrentando a diario la violencia y el crimen organizado.

El Estado de espaldas al ciudadano

Mientras los delincuentes se reorganizan, los ciudadanos viven con miedo y los policías de base carecen del equipamiento mínimo, las decisiones de los altos mandos parecen responder más al confort personal que a un verdadero compromiso con la seguridad pública. Esta desconexión entre la cúpula institucional y la realidad en las calles solo mina aún más la credibilidad de nuestras fuerzas del orden.

Resulta urgente que la Contraloría General de la República y el Congreso investiguen a fondo estas adquisiciones y que se exija una rendición de cuentas real. En tiempos donde cada sol del Estado debería ser cuidadosamente invertido, gastar millones en autos de lujo no solo es un error, es una afrenta a la población que exige y merece seguridad.

En el Perú, pocas figuras han concentrado tanto rechazo popular como Dina Boluarte. Con una desaprobación que roza el 96 % según CPI (mayo 2025), la presidenta no solo ha superado los niveles históricos de impopularidad de Keiko Fujimori, sino que se ha consolidado como un símbolo del colapso ético y político de la representación femenina en el poder.

La trayectoria de Boluarte expone una paradoja brutal: llegó al gobierno prometiendo dignidad, inclusión y justicia social… y terminó encabezando una administración marcada por la represión, el cinismo y el lujo ostentoso. Su caso no es aislado. Se suma a una larga lista de mujeres que, lejos de renovar la política, repitieron o incluso perfeccionaron sus peores vicios:

• Keiko Fujimori, tres veces candidata, aún enfrenta cargos por lavado de activos.
• Nadine Heredia y Eliane Karp, protagonistas de la corrupción institucional desde la sombra.
• Susana Villarán, de símbolo progresista a confesión directa de financiamiento ilegal.
• Verónika Mendoza, que prometió cambio y terminó apoyando gobiernos que traicionaron al mismo pueblo que decían representar.

No se trata de juzgar por género, sino de señalar que la traición política duele más cuando proviene de quienes juraron representar a los olvidados. Y en esa traición, Dina Boluarte se ha ganado, con creces, el título de la figura más repudiada del Perú contemporáneo.