César Acuña vuelve a escena, esta vez desde Piura, rodeado de seguidores, banderas y cámaras que difunden —sin mayor disimulo— los primeros pasos de su nueva campaña presidencial. Pero lo que resulta más preocupante que predecible es que todo esto ocurre mientras aún ocupa el cargo de gobernador regional de La Libertad. Un detalle que, lejos de ser menor, evidencia una conducta oportunista y contraria al marco normativo electoral vigente en el Perú.

La ley no es un detalle

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) es clara: las autoridades regionales que deseen postular a la Presidencia deben renunciar irrevocablemente a su cargo seis meses antes del día de la elección, es decir, a más tardar en octubre de 2025, si los comicios se realizan en abril de 2026. A la fecha, Acuña no solo no ha renunciado, sino que utiliza su posición como vitrina política, realizando actividades proselitistas camufladas como gestiones públicas.

Pero eso no es todo. El artículo 190 de la misma ley prohíbe expresamente que los funcionarios públicos hagan uso de recursos del Estado para favorecer intereses políticos o personales. A estas alturas, resulta difícil distinguir entre las actividades institucionales del gobernador y la promoción personal del líder de APP. ¿Se están usando recursos públicos para su campaña? ¿Está desplazándose por el país como funcionario o como candidato?

Campaña disfrazada, intenciones desnudas

La aparición de Acuña en mítines, acompañado de “portátiles” y pancartas con mensajes de tinte claramente electoral, evidencia una campaña anticipada disfrazada de gestión. Se trata de una estrategia vieja, pero peligrosa: usar el poder y la exposición institucional para cimentar una candidatura. En tiempos de desconfianza ciudadana, esta clase de prácticas no solo erosiona la legalidad, sino también la legitimidad del proceso democrático.

Este retorno al ruedo electoral revela también una urgencia: la desesperación por mantenerse vigente, por no perder el capital político, y por alcanzar, al fin, una Presidencia que le ha sido esquiva en elecciones anteriores. No es casual que la campaña comience en regiones como Piura, donde APP ha intentado construir una base clientelar y presencia simbólica. La lógica es clara: asegurar el respaldo de los gobiernos locales antes del año electoral.

¿Fiscalización o complicidad?

Ante estas señales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República tienen el deber de actuar. No basta con dejar pasar estos actos bajo el pretexto de que aún no se ha formalizado una candidatura. La campaña electoral no se inicia únicamente cuando se inscribe una lista: empieza desde el momento en que se utilizan medios, actos o símbolos para posicionar una imagen con fines electorales.

Tampoco podemos normalizar la idea de que gobernadores o alcaldes hagan campaña desde el cargo. La equidad electoral se funda en que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, y no con los recursos y la visibilidad que ofrece el poder.

Un viejo reflejo político

Lo que hace César Acuña no es nuevo, pero sigue siendo inaceptable. Revela un patrón arraigado en nuestra política: el de figuras que no saben gobernar sin hacer campaña, y que no conciben el poder como un servicio temporal, sino como un botín que no se puede soltar.

Más allá de su legalidad, esta conducta exhibe un tipo de liderazgo incapaz de separarse del espectáculo político. Y peor aún, muestra a un dirigente que parece más ocupado en volver a ser candidato que en gobernar con seriedad una región que aún enfrenta serios problemas de infraestructura, educación y seguridad.

La campaña de 2026 ya comenzó, al menos para Acuña. Pero si lo hace vulnerando normas, confundiendo gestión con propaganda, y sin asumir su responsabilidad como autoridad actual, difícilmente podrá ofrecer algo distinto al país que un déjà vu político cada vez más desgastado.

Conclusión:

Lo de César Acuña no es solo una muestra de oportunismo político: es el reflejo de una clase dirigente que ha normalizado el uso del poder como trampolín electoral, sin respeto por la legalidad ni el mínimo pudor institucional. Gobernar mientras se hace campaña es una forma burda de distorsionar la democracia y burlarse del ciudadano que exige resultados, no slogans. Si seguimos tolerando que las reglas sean pisoteadas con impunidad —y que quienes deberían fiscalizar miren para otro lado—, el mensaje es claro: en el Perú, el poder no se gana para servir, sino para perpetuarse. Y eso, como viene ocurriendo hace décadas, seguirá saliéndonos carísimo.