La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro exministros por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y 2023 es un golpe duro y vergonzoso para la justicia en el Perú. Con once votos a favor, el Congreso decidió blindar a quienes, según cientos de testimonios y reportes, tienen responsabilidad política y penal en la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos. La excusa formal: que la denuncia no cumple con los requisitos del reglamento parlamentario. Pero detrás de ese argumento técnico se esconde un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y sus familias.
Esta decisión no es un hecho aislado ni nuevo en nuestra historia. Remite a sombras largas y dolorosas, como las de Huanta en los años de conflicto interno, cuando la impunidad se convirtió en política de Estado y la justicia fue negada a los más vulnerables. No olvidemos que, entre 1980 y 2000, más de 69,000 peruanos murieron en un conflicto marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muchas de ellas cometidas por el propio Estado. Masacres como la de El Frontón o Baguazo son recordatorios amargos de cómo la represión ha sido usada una y otra vez para silenciar a los pueblos.
Hoy, la presidenta Boluarte, en una actitud que raya en el cinismo, junto a un Congreso complaciente, niega toda responsabilidad y pasa la página sin ofrecer respuestas ni justicia. No solo es un insulto a la inteligencia del pueblo peruano, sino una demostración clara de que en nuestra política prima la protección de los poderosos por encima de la vida y la dignidad.
Cuando las instituciones que deberían garantizar la justicia se convierten en protectoras de la impunidad, el país se enfrenta a una crisis profunda de legitimidad democrática. La memoria histórica es un llamado urgente a la acción y a la reflexión. Como afirmó el activista estadounidense Martin Luther King Jr.: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.” En Perú, no podemos permitir que la injusticia se normalice ni que la impunidad sea política de Estado.
El blindaje político que hoy protege a la presidenta y sus ministros no es solo un acto de negligencia: es un mensaje claro a quienes protestan, a las víctimas, y a toda la ciudadanía. Es la demostración de que el poder se protege a sí mismo y que las instituciones están dispuestas a sacrificar la verdad y la justicia por conveniencias políticas.
Perú merece mucho más que palabras vacías y excusas legales. Merece justicia real, sanciones efectivas, y un compromiso auténtico con los derechos humanos. Solo así podremos construir un país donde la democracia no sea una fachada, sino una realidad que respete y proteja la dignidad de todos sus ciudadanos.
Como dijo el escritor peruano José María Arguedas: “No hay nada más peligroso que un pueblo sin memoria.” Que esta dolorosa historia no quede en el olvido ni en el silencio, porque solo enfrentando nuestro pasado con valentía podremos construir un futuro justo.
Las cosas claras, por su nombre y Sin Mordaza.
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