Las leyes suelen revelar más de quienes las promueven que de quienes dicen proteger. Mientras el Congreso debate ampliar el fuero militar-policial, el país enfrenta una pregunta crucial: cómo respaldar a quienes combaten el crimen sin debilitar los controles democráticos que impiden la impunidad y garantizan que nadie esté por encima de la ley.

Mientras el Perú se desangra entre extorsiones, sicariato, secuestros y un crimen organizado que parece haber tomado más de una ciudad, el Congreso vuelve a colocar sobre la mesa un viejo debate: la ampliación del fuero militar-policial para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los defensores de la norma sostienen que policías y militares necesitan protección jurídica para actuar con firmeza frente a la delincuencia. Y tienen razón en una cosa: ningún país puede derrotar al crimen si quienes deben enfrentarlo actúan con miedo a terminar procesados por cumplir su deber.

Pero una democracia madura no se construye únicamente protegiendo a quienes portan un uniforme. También se construye garantizando que el poder del Estado tenga límites y controles.

El problema de esta discusión es que se ha planteado como una falsa elección: o apoyas a la Policía y a las Fuerzas Armadas, o apoyas los derechos humanos. Esa es una trampa intelectual.

Los derechos humanos no existen para proteger delincuentes; existen para proteger ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Y el Estado, precisamente porque tiene armas, autoridad y capacidad de coerción, debe estar sometido a estándares más altos de vigilancia y responsabilidad.

La historia peruana debería bastar para entenderlo. Nuestro país ha conocido tanto el terrorismo criminal como los excesos cometidos desde el propio aparato estatal. Negar cualquiera de esas dos realidades es una forma de deshonestidad política.

Por eso la pregunta no es si debemos respaldar a policías y militares. La pregunta es quién debe investigar y juzgar cuando existen sospechas de que se ha cruzado la línea entre el uso legítimo de la fuerza y el abuso de poder.

Los promotores de la reforma argumentan que los jueces militares comprenden mejor la naturaleza de las operaciones de seguridad. Puede ser cierto. Sin embargo, también es cierto que toda justicia especial corre el riesgo de convertirse en una justicia menos independiente cuando debe examinar conductas de quienes pertenecen a la misma estructura institucional.

Y ahí aparece el principal peligro: que una norma concebida para proteger a quienes actúan correctamente termine siendo utilizada por quienes no lo hicieron.

Las leyes no se diseñan para los casos ideales. Se diseñan para prevenir los peores escenarios.

El Perú necesita policías respaldados, equipados, capacitados y protegidos. Pero también necesita que ningún ciudadano tenga motivos para pensar que existen peruanos con privilegios frente a la ley.

Porque cuando la ciudadanía percibe que algunos son juzgados por tribunales distintos, la confianza en la justicia comienza a erosionarse. Y cuando la confianza en la justicia se derrumba, también se debilita la legitimidad de las instituciones que deberían defenderla.

La seguridad no puede construirse sobre la impunidad. Pero tampoco puede construirse sobre el abandono de quienes enfrentan a la criminalidad.

El desafío consiste en encontrar el equilibrio. Lo preocupante es que el Congreso parece más interesado en ganar una batalla política e ideológica que en resolver ese dilema de fondo.

Más aún, la controversia no surge en cualquier momento. Surge en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra entre las más bajas de las últimas décadas, donde la impunidad es una de las principales preocupaciones de la población y donde buena parte de la clase política arrastra cuestionamientos éticos, judiciales y de credibilidad.

Por eso muchos ciudadanos se preguntan si esta reforma responde realmente a una necesidad operativa de las fuerzas del orden o si forma parte de una tendencia más amplia orientada a reducir los mecanismos de control y fiscalización del poder.

Mientras tanto, los peruanos siguen enterrando víctimas de la delincuencia, pagando cupos a extorsionadores, cerrando negocios por amenazas y viviendo con miedo. Una vez más, la clase política discute quién tendrá más poder, cuando la verdadera urgencia es cómo devolverle seguridad y confianza a la población.

Una democracia fuerte no es aquella donde los uniformados están por encima de la ley. Tampoco es aquella donde los uniformados son abandonados a su suerte. Una democracia fuerte es aquella donde nadie está por encima de la ley y donde quienes la hacen cumplir reciben el respaldo que merecen.

Todo lo demás son discursos. Y el Perú ya ha escuchado demasiados.