51 años de promesas, millones que se multiplican y un Cusco que sigue esperando respuestas.

¿Cómo es posible que un proyecto anunciado hace más de medio siglo siga sin convertirse en una realidad para el pueblo cusqueño? La historia del aeropuerto de Chinchero se remonta a 1975, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Han transcurrido 51 años entre anuncios, estudios, contratos, controversias y promesas políticas. Y el Cusco sigue esperando que esta obra estratégica se convierta en un aeropuerto operativo que justifique las expectativas generadas.

Pero el tiempo no es lo único que preocupa. También está el dinero.

En 2014, el proyecto contemplaba una inversión de aproximadamente US$ 538 millones para iniciar operaciones, con una previsión que podía llegar a US$ 658 millones considerando futuras ampliaciones y rehabilitaciones. En 2017, el contrato original anunciado para Kuntur Wasi ascendía a US$ 1,120 millones. Hoy, según la Contraloría, la inversión actualizada del proyecto alcanza los S/ 3,067.6 millones.

Son cifras correspondientes a distintas etapas y alcances contractuales, por lo que no deben compararse como si fueran exactamente el mismo presupuesto. Pero su evolución plantea una pregunta ineludible: ¿cómo se explica el costo actual de una obra que lleva décadas siendo anunciada y todavía no ha entrado en operación?

La Contraloría informó en mayo de 2026 que, tras siete adendas al contrato de Estado a Estado con Corea del Sur, el contratista planteaba extender la culminación de las obras hasta diciembre de 2028, pese a que el plazo previsto era diciembre de 2026. También advirtió sobre un déficit presupuestal de más de S/ 65 millones para ese año y deudas con proveedores de comunidades campesinas del área de influencia.

¿Quién responde por esta historia interminable?

Nadie puede negar que Cusco necesita mejorar su conectividad aérea, fortalecer el turismo y generar nuevas oportunidades económicas. Pero una necesidad legítima no justifica cualquier costo, cualquier demora ni la ausencia de explicaciones claras.

El aeropuerto fue presentado durante años como una puerta al mundo, una oportunidad para atraer más visitantes, inversiones y empleo. Sin embargo, cada retraso y cada modificación contractual obligan a exigir respuestas concretas. ¿Se realizaron oportunamente todos los estudios necesarios? ¿Se calcularon correctamente los costos? ¿Por qué se modificaron los contratos? ¿Cuánto terminará costando realmente la obra? ¿Existen garantías suficientes sobre su seguridad operacional y su funcionamiento? ¿Qué beneficios concretos recibirá la población cusqueña?

Estas preguntas no son un ataque al desarrollo. Son una exigencia de transparencia y responsabilidad con el dinero público.

Y también debemos preguntarnos por el papel de nuestros representantes. ¿Dónde estuvieron los congresistas, las autoridades regionales y los alcaldes cuando correspondía fiscalizar, exigir plazos y defender los intereses del Cusco? No basta con aparecer en las ceremonias, anunciar avances o atribuirse méritos. La obligación de una autoridad es vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente y que las obras prometidas se conviertan en resultados.

Mientras tanto, el Cusco continúa enfrentando profundas brechas de infraestructura, dificultades para industrializar sus recursos y una deuda histórica de desarrollo. El turismo genera riqueza, pero esa riqueza no se traduce automáticamente en bienestar para las mayorías. Un aeropuerto, por sí solo, tampoco resolverá nuestros problemas si no existe una política seria para integrar a los productores, promover inversiones sostenibles y distribuir mejor las oportunidades.

No corresponde afirmar que estamos ante una estafa sin pruebas que lo demuestren. Pero tampoco corresponde aceptar pasivamente una historia de décadas, presupuestos millonarios y plazos que se desplazan sin una rendición de cuentas convincente.

Si Chinchero es técnica y económicamente viable, que se demuestre con estudios sólidos, transparencia financiera, plazos verificables y resultados. Si hubo negligencia, irregularidades o incumplimientos, que se investiguen y se establezcan las responsabilidades que correspondan.

Cincuenta y un años deberían ser suficientes para que el país entregue respuestas, no nuevas excusas.

El Cusco no necesita otro presidente que venga a tomarse fotografías, otro ministro que anuncie fechas ni otra autoridad que se atribuya méritos antes de tiempo. Necesita una obra terminada, segura, operativa y capaz de producir beneficios reales para su población.

Porque el verdadero engaño sería acostumbrarnos a que transcurran décadas, se multipliquen los costos y nadie responda.

Chinchero debe dejar de ser una promesa eterna. El desarrollo no se anuncia: se demuestra. Y cuando se administra el dinero de todos, también se rinden cuentas.