La sorpresiva y violenta muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y aspirante a colaborador eficaz en el caso Lava Jato que involucra a Susana Villarán, abre una grieta profunda no solo en la investigación judicial, sino en la confianza pública respecto al sistema de protección de testigos en el Perú. La principal interrogante que emerge —y que debe ser resuelta con rigor y transparencia— es si Castro fue víctima de un homicidio premeditado o si se trató de un suicidio en un contexto de presión legal y mediática.

En un escenario de criminalidad compleja como el peruano, donde los procesos por corrupción de alto nivel se entrecruzan con intereses económicos y políticos muy arraigados, no puede descartarse ninguna hipótesis. La forma de su muerte —una herida cortante profunda en el cuello con un arma blanca— resulta inusual para un suicidio, tanto por la violencia del acto como por el lugar donde fue hallado el cuerpo. Esto ha llevado a especialistas en criminalística y juristas a insistir en que debe investigarse con prioridad la posibilidad de un asesinato.

Castro no era un personaje menor en el expediente Villarán. Era el nexo operativo entre la exalcaldesa y los aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS, y su testimonio estaba en proceso de ser formalizado como colaboración eficaz, lo que podía inclinar el peso de la acusación fiscal. Su eventual declaración tenía potencial de implicar a otros actores políticos y económicos. Desde ese punto de vista, la posibilidad de un crimen silenciador no es descartable.

Por otro lado, la hipótesis del suicidio también tiene fundamentos. Según el fiscal José Domingo Pérez, Castro no había expresado temor por su seguridad en recientes reuniones, pero es conocido que enfrentaba un proceso judicial largo y de alto perfil, con implicancias familiares, sociales y personales. La presión psicológica, sumada al desgaste emocional, puede haber generado un cuadro de desesperación, aunque la violencia de la escena —según reportes preliminares— no se alinea del todo con los patrones habituales de suicidio.

La responsabilidad ahora recae en el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. La escena del crimen debe ser analizada sin margen de error y con absoluta independencia. Si se llegara a confirmar un homicidio, el mensaje sería devastador: ni siquiera los aspirantes a colaboradores eficaces están seguros en Perú. Y si se trató de un suicidio, habría que preguntarse hasta qué punto el sistema de justicia está preparado para acompañar y proteger psicológicamente a quienes optan por colaborar.

Sea cual sea la verdad, lo que está en juego no es solo el futuro del caso Villarán. Está en juego la credibilidad de todo el aparato judicial anticorrupción. Y eso exige que esta muerte no quede atrapada entre la sospecha y el silencio.