El informe final revela que la presidenta ocultó una incapacidad temporal tras cirugías estéticas, sin informar ni delegar poder, marcando un punto irreversible que amenaza con poner fin a su mandato, este miércoles se define todo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha dado un paso audaz y potencialmente histórico al aprobar un informe final que sostiene que la presidenta Dina Boluarte estuvo temporalmente incapacitada para ejercer el cargo debido a una serie de cirugías estéticas realizadas en julio de 2023. La omisión de comunicar esta situación al Congreso y la falta de designación de un encargado presidencial durante su convalecencia son señaladas como graves infracciones constitucionales. El documento será votado este miércoles por el Pleno del Congreso, y abre la puerta a una posible vacancia presidencial por incapacidad moral.

Un vacío de poder maquillado

El informe detalla que Boluarte se sometió a una rinoplastia, blefaroplastia, injertos de grasa y colocación de hilos tensores. Aunque la presidenta argumenta que estas intervenciones fueron médicas y que continuó ejerciendo sus funciones de forma remota, testimonios médicos y del propio cirujano contradicen esta versión, describiendo los procedimientos como puramente estéticos y confirmando que la mandataria permaneció varios días sin actividad oficial.

La gravedad del asunto no reside en la naturaleza de las cirugías —que pertenecen a la esfera privada—, sino en el hecho de que la jefa de Estado dejó de gobernar sin cumplir con el mínimo protocolo institucional para garantizar la continuidad del poder.

¿Incapacidad moral o negligencia política?

La omisión no es menor. Cualquier funcionario público, y más aún un presidente, debe actuar con transparencia ante situaciones que limiten su capacidad de cumplir funciones. No se trata de juzgar su derecho a someterse a una cirugía, sino de cuestionar la negligencia de no comunicarlo a la nación ni al Parlamento, algo que la Constitución exige.

El Congreso, en su informe, no solo propone evaluar la infracción constitucional, sino que sugiere también remitir el caso a la Fiscalía de la Nación por una posible comisión del delito de omisión de funciones.

Un gobierno en cuidados intensivos

La imagen del Ejecutivo se debilita aún más con este escándalo, que se suma a otros cuestionamientos éticos y políticos en la corta pero turbulenta presidencia de Boluarte. La defensa de la mandataria, centrada en que “seguía trabajando virtualmente”, choca con la evidencia presentada por su propio equipo médico. Y la aparente falta de pago por los servicios recibidos abre incluso sospechas de corrupción o favores indebidos.

Este nuevo capítulo no solo pone en entredicho el compromiso de Boluarte con los deberes constitucionales, sino que también lanza una pregunta incómoda al país: ¿está el Perú gobernado por una presidenta que antepone su imagen a su responsabilidad institucional?

Conclusión: el miércoles se vota algo más que un informe

La votación en el Congreso será decisiva. Lo que está en juego no es solo el destino político de Dina Boluarte, sino la defensa del principio republicano de rendición de cuentas y continuidad del poder. Si se deja pasar este episodio como un simple error administrativo, se estaría avalando la posibilidad de que un presidente desaparezca del mapa político sin consecuencias legales ni institucionales.

La ciudadanía merece un gobierno presente, honesto y responsable. Todo lo demás es maquillaje.

Las Cosas por su nombre y Sin Mordaza.