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Aeropuerto, gas, túnel y cemento: los megaproyectos que los políticos utilizaron durante décadas mientras el Cusco siguió esperando desarrollo real

El Cusco pertenece a la segunda categoría.

Porque mientras el Perú entero convierte al Cusco en postal turística, vitrina cultural y orgullo nacional ante el mundo, millones de cusqueños siguen viviendo entre infraestructura precaria, caos urbano, servicios insuficientes y proyectos eternamente inconclusos.

Durante más de cincuenta años, presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes vendieron la idea de un “gran salto al desarrollo”. Lo hicieron con discursos solemnes, maquetas espectaculares y primeras piedras que muchas veces terminaron siendo lápidas del engaño político.

La tragedia no es solo económica.
Es moral.

Porque el Cusco aprendió a escuchar promesas como quien escucha una misa repetida:
con esperanza primero, con resignación después y con rabia finalmente.

EL AEROPUERTO DE CHINCHERO
EL PROYECTO QUE DEMORÓ MÁS QUE MUCHOS POLITICOS

La idea del Aeropuerto Internacional de Chinchero comenzó a tomar fuerza desde fines de los años setenta. Desde entonces, prácticamente todos los gobiernos prometieron convertirlo en “la gran puerta aérea del sur peruano”.

Han pasado más de cuatro décadas.

Y durante buena parte de ese tiempo, el proyecto avanzó menos que la propaganda que lo rodeaba.

Las cifras del absurdo:
El aeropuerto Alejandro Velasco Astete llegó a soportar más de 3 millones de pasajeros al año, pese a haber sido diseñado para mucho menos.
Antes de la pandemia, el Cusco recibía cerca de 4 millones de visitantes anuales entre turismo nacional e internacional.
El turismo representa aproximadamente entre el 13% y 15% del PBI regional cusqueño.
El proyecto de Chinchero supera hoy inversiones proyectadas de varios miles de millones de soles.

Y aun así, después de décadas:

cambios de contrato,
arbitrajes,
denuncias,
observaciones técnicas,
y escándalos políticos,
el aeropuerto sigue siendo símbolo de lentitud estatal y promesa reciclada.

El caso más crítico ocurrió en 2017 con la polémica adenda del contrato Kuntur Wasi, cuestionada por la Contraloría y que terminó convirtiéndose en una bomba política nacional.

Mientras tanto, el Cusco siguió creciendo turísticamente usando una infraestructura aeroportuaria que muchos especialistas calificaban ya como insuficiente y riesgosa.

CAMISEA
EL GAS QUE ENRIQUECIÓ AL PERÚ… PERO NO CAMBIÓ LA VIDA DEL CUSCO
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Camisea representa una de las mayores contradicciones del modelo peruano.

El Cusco posee una de las reservas de gas natural más importantes de América Latina. Sin embargo, durante años miles de familias cusqueñas siguieron cocinando con balones costosos mientras el recurso salía de su propia tierra.

Datos que evidencian la contradicción:
Camisea produce aproximadamente más del 90% del gas natural del Perú.
El proyecto ha generado miles de millones de dólares en ingresos para el Estado peruano.
El gas natural permitió reducir costos energéticos e impulsar industrias en otras regiones.
Pero la masificación domiciliaria del gas en Cusco avanzó lentamente y sigue siendo limitada en comparación con Lima.

En términos simples:

el Cusco produce energía para el país, pero no recibió proporcionalmente el desarrollo prometido.

El Gasoducto Sur Peruano fue vendido como:

industrialización del sur,
revolución energética,
empleo masivo,
y desarrollo histórico.

Terminó paralizado entre:

corrupción,
Odebrecht,
arbitrajes,
intereses políticos,
y una incapacidad estructural del Estado peruano para ejecutar obras estratégicas sin convertirlas en escándalo.

La sensación regional quedó instalada:
el Cusco entrega riqueza, pero el poder central administra los beneficios.

EL TÚNEL DE LA VERÓNICA
CINCUENTA AÑOS DE DISCURSOS ATRAVESADOS POR LA MONTAÑA
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Pocas obras resumen mejor el abandono estructural del Cusco profundo que el Túnel de La Verónica.

El proyecto prometía unir eficientemente:

La Convención,
Quillabamba,
Santa Teresa,
y la selva cusqueña.

Cada campaña electoral repetía el mismo libreto:

integración económica,
reducción del aislamiento,
impulso agrícola,
modernización regional.

Pero la realidad fue otra.

Algunos datos reveladores:
La ruta del Abra Málaga supera altitudes cercanas a los 4,300 metros sobre el nivel del mar.
Las lluvias, derrumbes y nevadas afectan constantemente la transitabilidad.
La provincia de La Convención concentra una enorme producción agrícola y energética estratégica para el país.
Sin embargo, la conectividad vial continúa siendo históricamente deficiente.

Los estudios advertían:

complejidad geológica extrema,
inversiones multimillonarias,
necesidad de planificación de largo plazo.

Entonces ocurrió lo habitual:
el proyecto dejó de ser prioridad técnica y se convirtió en simple bandera electoral.

El resultado:
medio siglo después, el túnel sigue siendo más discurso político que realidad.

LA FÁBRICA DE CEMENTO
EL SUEÑO INDUSTRIAL QUE EL CENTRALISMO NUNCA QUISO CONSOLIDAR
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Durante décadas, políticos cusqueños prometieron la instalación de una gran fábrica de cemento regional.

La idea tenía lógica:

Cusco crece urbanamente,
el sur demanda infraestructura,
existe mercado,
hay expansión inmobiliaria constante.

Entonces la pregunta era inevitable:

¿Por qué el Cusco no podía convertirse también en un polo industrial?

Pero el proyecto quedó atrapado entre:

intereses económicos,
falta de decisión política,
conflictos ambientales,
y centralismo empresarial.
Datos que explican el trasfondo:
El mercado cementero peruano históricamente estuvo dominado por pocos grupos económicos.
Lima concentra gran parte de la actividad industrial nacional.
Aunque el Cusco es una de las regiones con mayor crecimiento turístico y urbano del país, su industrialización sigue siendo limitada.

El resultado fue el mismo de siempre:
estudios, anuncios, campañas… pero no transformación estructural.

EL VERDADERO PROBLEMA:
EN EL PERÚ SE INAUGURAN DISCURSOS, NO OBRAS

El drama cusqueño no puede explicarse únicamente por corrupción.

La raíz del problema es más profunda:
el Perú desarrolló una cultura política donde prometer genera más rentabilidad electoral que cumplir.

Aquí:

las maquetas ganan elecciones,
las primeras piedras producen titulares,
y las obras inconclusas terminan convertidas en paisaje cotidiano.

Cusco es quizá el ejemplo más brutal de esa tragedia nacional.

Porque mientras el mundo admira:

Machu Picchu,
Sacsayhuamán,
el legado inca,
y la riqueza cultural cusqueña,

muchos cusqueños siguen esperando:

gas barato,
infraestructura moderna,
integración vial,
hospitales eficientes,
e industrialización real.
CONCLUSIÓN
EL CUSCO QUE EL PERÚ EXHIBE… PERO NO TERMINA DE RESPETAR

El Perú utiliza al Cusco como símbolo nacional ante el mundo.

Pero internamente, demasiadas veces lo trató como una región a la que se le puede ofrecer desarrollo indefinidamente sin cumplirlo por completo.

Ese es el fondo de esta historia.

Porque detrás de cada megaproyecto inconcluso no solo hay cemento faltante o túneles inexistentes.

Hay generaciones enteras que crecieron escuchando que el progreso estaba “a punto de llegar”.

Y después de medio siglo, el Cusco sigue esperando.

Cada verano Cusco vuelve a mirarse en el mismo espejo roto. Cambian los gobernantes, se renuevan los discursos, se imprimen nuevos planes de gestión del riesgo con portadas relucientes, pero el resultado es idéntico: puentes que colapsan, carreteras partidas, pueblos aislados y ciudadanos convertidos en estadísticas de la desidia. La naturaleza hace su trabajo; el Estado, como siempre, llega tarde.

El informe de CENEPRED no es una profecía sino un acta de acusación. Ochenta y una zonas críticas por movimientos en masa, sesenta y cuatro puntos con alto riesgo de inundación y más de 116 mil cusqueños expuestos a un peligro perfectamente identificado. No hablamos de un rayo imprevisible, sino de una amenaza con mapas, coordenadas y antecedentes. Aun así, la respuesta pública ha sido la de siempre: esperar que el desastre tenga la cortesía de no ocurrir.

Lo que sucede hoy en Paruro, Espinar, Paucartambo, Canchis o La Convención no es mala suerte; es política mal hecha. El colapso del puente de Pitumarca no lo provocó solo el río embravecido, sino décadas de obras improvisadas, de expedientes inflados y de autoridades que inauguran gaviones como si fueran catedrales y luego desaparecen cuando el caudal les pasa por encima. Después vendrán las comisiones investigadoras y el viejo libreto del “evento extraordinario”, coartada favorita de la mediocridad.

Se cierran Choquequirao, la ruta amazónica a Machupicchu y el acceso a Humantay. El turismo —ese dios al que Cusco le reza todo el año— entra en pausa y con él la economía de miles de familias. Pero ningún gobernador, ningún alcalde, ningún ministro asumirá que el verdadero desastre no es la lluvia, sino la falta crónica de prevención. El barro se limpia; la incapacidad, no.

Esta es la historia de siempre con gobernantes diferentes en cada periodo, pero iguales en su ineptitud. Unos llegan con chaleco nuevo y casco para la foto; otros con maquetas digitales y consultorías millonarias. Todos repiten el mismo ritual: declarar emergencia, pedir presupuesto, culpar al cambio climático y prometer que “ahora sí” se hará planificación territorial. Al final, el agua vuelve a recordarles quién manda.

Cusco concentra una de las mayores densidades de riesgo del país, pero el ordenamiento urbano sigue siendo un chiste cruel, los ríos continúan invadidos por construcciones ilegales y las carreteras se levantan donde el cerro respira. El Estado permite que la gente viva sobre dinamita geológica y luego se indigna cuando la dinamita explota.

La tragedia no es solo material; es moral. Nos hemos acostumbrado a contar emergencias como quien cuenta partidos de fútbol. Veinte desastres en una semana, decimos, y seguimos. Detrás de cada cifra hay un niño sin colegio, un agricultor sin chacra, una familia durmiendo en carpa. Ellos pagan el precio de un sistema que confunde prevención con ceremonia y gestión con propaganda.

La pregunta final es incómoda: ¿para qué sirven nuestras autoridades si ni siquiera pueden hacer lo que los informes técnicos les gritan al oído? Las alertas estaban sobre la mesa. Lo que faltó no fue información, sino vergüenza.

Cusco no se está inundando solo por la lluvia. Se inunda por décadas de gobiernos que aprendieron a sobrevivir del desastre y no a evitarlo.

Y mientras se acercan nuevas elecciones, los mismos que hoy se esconden detrás de los comunicados ya afilan sus carteles de reelección. Volverán con otro color, con otro logo y con la misma incapacidad de siempre. Votar por ellos sería firmar el próximo huaico con lapicero. Cusco necesita castigo político a la incompetencia, no segundas oportunidades para el fracaso. Porque si reelegimos a los responsables de esta tragedia repetida, después no le echemos la culpa al río: el desastre también se elige en las urnas.

Cusco enfrenta una crisis vial preocupante. Según datos oficiales, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito, solo detrás de Lima. En lo que va del año, se han reportado 178 accidentes en sus principales corredores viales, con un saldo cercano a 300 personas fallecidas. Estas cifras evidencian un problema que va más allá de la simple imprudencia: hay un sistema en riesgo.

Una de las preocupaciones que ha emergido en el debate público es la forma en que se están entregando las licencias de conducir en la región. Existen denuncias públicas y reportes de presuntas irregularidades en la expedición de estos permisos, con acusaciones de corrupción que incluyen la posible entrega de licencias sin cumplir con los requisitos mínimos, e incluso la existencia de supuestas coimas para obtener licencias de manera irregular.

Aunque las investigaciones oficiales aún están en curso, estas denuncias han generado alarma y desconfianza en la población. Varios medios locales han reportado que algunos conductores involucrados en accidentes graves contaban con licencias cuya obtención está bajo sospecha, lo que levanta la hipótesis de que estas prácticas irregulares podrían estar contribuyendo al aumento de siniestros en las vías.

La Gerencia Regional de Transportes ha reconocido que la supervisión en el proceso de otorgamiento de licencias necesita fortalecerse y que se requiere mayor transparencia para garantizar que solo personas calificadas y responsables puedan conducir.

Mientras estas denuncias no sean esclarecidas y las medidas de control no se refuercen, la inseguridad vial en Cusco seguirá siendo una amenaza constante. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas humanas que se pierden y de familias que quedan marcadas por la tragedia.

Este escenario plantea un llamado urgente a las autoridades para que investiguen, sancionen a los responsables y garanticen un sistema de licencias de conducir confiable, transparente y efectivo, que sea parte fundamental de la solución para reducir la violencia en las carreteras.

¿Hasta cuándo seguiremos normalizando este asesinato disfrazado de accidente?
¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la corrupción también tenga timón y bocina?

Finalmente tenemos que decir enérgicamente que las gente no solo mueren por exceso de velocidad o por imprudencia, aparentemente también se muere por culpa de la coima.

Desde Sin Mordaza exigimos una exhaustiva investigación en el proceso de la entrega de licencias de conducir a gente irresponsable y que sea pronto, la pelota esta en su cancha señor gobernador, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

En medio del caos político y los conflictos sociales, una crisis silenciosa avanza a paso firme: la salud mental. Solo en la región de Cusco, 5,873 personas han sido atendidas por depresión clínica en lo que va del año, según datos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). A esto se suman más de 170 intentos de suicidio, una cifra alarmante que podría ser aún mayor, considerando los casos no reportados.

La doctora María Rojas, jefa del área de Salud Mental de Geresa, explicó que el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad, violencia familiar, desempleo o abandono. En muchos casos, los pacientes llegan por emergencia luego de un intento de autoeliminación… y nunca más regresan. De hecho, 8 de cada 10 pacientes no vuelve a los centros de salud tras la primera consulta, por falta de seguimiento, recursos o apoyo.

Y todo esto ocurre mientras el presupuesto nacional para salud mental no supera el 2.9 % del presupuesto total de salud. Aunque ha crecido respecto al 1.5 % de hace una década, la cifra sigue siendo irrisoria.

La situación se complica para la población al ver un estado ausente con colegios sin profesionales en Psicología y lo peor con la indiferencia de autoridades en el sector educación que mas se preocupan por festividades que por contratar profesionales que atiendan estos graves problemas de nuestro hijos en edad escolar

El abandono no es solo financiero, es estructural: falta personal capacitado, infraestructura especializada y campañas de prevención. Lo que existe es esfuerzo individual de profesionales mal pagados, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

Nos preocupa el país que se desangra por la violencia, pero olvidamos el país que se apaga lentamente en silencio, en soledad, en hospitales sin psicólogos ni psiquiatras.

El oro ilegal trae consigo violencia y enfrentamientos a vista y paciencia de las autoridades, el saldo: un policía gravemente herido

Un nuevo capítulo de violencia y desgobierno se escribió este fin de semana en Callacancha, Paucartambo, donde una banda de delincuentes fuertemente armados asaltó a compradores de oro, provocando un enfrentamiento a balazos con la Policía Nacional. El resultado fue devastador: un efectivo, de apellido Quispe, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la columna vertebral. Su pronóstico es reservado.

Los atacantes no solo despojaron a las víctimas de una camioneta, sino que también lograron huir en motos hacia la agreste zona de Ccarhuayo, donde hasta ahora permanecen escondidos, protegidos por la geografía y por la falta de presencia estatal. El alcalde de Ccarhuayo, Alejo Vitorino, ha pedido refuerzos, helicópteros y presencia militar, en un acto desesperado para recuperar el control territorial.

Pero este caso no es aislado. La minería ilegal, especialmente en la región surandina, ha creado redes paralelas de poder, comercio y violencia, alimentadas por una economía informal que mueve millones sin pagar impuestos ni respetar ley alguna. Hoy, la extracción de oro en zonas rurales está militarizada por bandas organizadas, mientras el Estado apenas reacciona.

En Cusco, la calle Monjaspata huele a carne podrida. Pero no solo a carne: también a cucarachas, a excremento de rata, a indiferencia, a “así nomás se hace”, a país acostumbrado a tragarse todo, incluso la mugre.

Cuatro locales clausurados. Mil kilos de carne decomisada. De ese total, el 10 % estaba visiblemente en mal estado. ¿Y el resto? A criterio del estómago del consumidor. Porque aquí las cifras son lo de menos: lo que importa es lo que representa. Esto no es un caso aislado, es la rutina que solo escandaliza cuando hay cámaras.

El director de Fiscalización de la Municipalidad de Cusco, Raúl Achahui, se mostró sorprendido. Dijo que la carne estaba mezclada con papeles, prendas de vestir y hasta excremento de roedores. Que había cucarachas. Que la infraestructura era deficiente. Como si todo eso no fuera un secreto a voces, como si Monjaspata no llevara años vendiendo lo mismo, bajo las mismas condiciones, a la misma clientela que, por necesidad o por costumbre, ya no distingue el olor de la podredumbre.

Achahui informó que los locales fueron cerrados temporalmente, y que podrán reabrir una vez que cumplan con levantar las observaciones, presenten sus licencias de funcionamiento, el certificado de Defensa Civil y demás documentos en regla. Es decir, el que se pasó la ley por el tajo solo tiene que ordenar sus papeles, pintar su fachada, y listo: puede volver a vender carne entre ratas y cucarachas, si logra que no lo vean.

Y entonces, la pregunta que nadie quiere responder se impone:
¿Dónde está la sanción real para quienes nos envenenan?
¿Dónde queda el castigo para el que lucra con productos en descomposición? ¿Para el que expone la salud de cientos de personas con cada venta? Porque lo que estamos viendo no es solo informalidad. Es crimen contra la salud pública. Es una forma de violencia tolerada.

Pero claro, aquí clausurar un local es más fácil que enfrentar una red de corrupción, desidia y complicidad. Aquí todo se arregla con un trámite. La vida humana vale una licencia firmada y un certificado colgado en la pared.

Y mientras tanto, esa carne en mal estado la que no se decomisa sigue rodando. Se recicla en las ollas callejeras, se revende más barata, se cuece en caldos que nadie cuestiona. Así se perpetúa el círculo: miseria que alimenta miseria.

La informalidad no es solo una consecuencia de la pobreza, es una excusa permanente para no intervenir a fondo. Para no asumir que el Estado también es responsable de esta cadena de negligencia. Aquí se finge control, se finge autoridad, se finge castigo. Pero la mugre siempre vuelve. Y el hedor también.

No se trata de criminalizar al comerciante pobre. Se trata de proteger al ciudadano pobre que compra sin saber que lo están matando de a pocos. Se trata de recordar que la salud pública no puede depender del olfato del cliente.

Clausuran locales, sí. Pero no clausuran la costumbre. Ni la indiferencia.
Ni la impunidad.

Porque cuando los que nos envenenan pueden volver a vender con solo presentar papeles…
entonces el sistema está podrido.
Y nosotros, acostumbrados al olor.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza

Una escena lamentable se repite con creciente frecuencia en el distrito de San Sebastián, Cusco: personas halladas tiradas en la vía pública, en aparente estado de ebriedad y, según primeras versiones, posibles víctimas de asalto. Lo más alarmante es que estos casos no son hechos aislados ni limitados a una sola zona, sino que se vienen registrando en diferentes sectores del distrito, como parte de una preocupante tendencia de inseguridad urbana.

La pregunta es inevitable: ¿nos estamos acostumbrando a vivir rodeados de cantinas informales, delincuentes que merodean impunemente, y autoridades que prefieren mirar hacia otro lado? ¿San Sebastián se está convirtiendo en una tierra de nadie?


La noche se vuelve peligrosa: cantinas, descontrol y delincuencia

San Sebastián enfrenta un deterioro sostenido de su seguridad ciudadana, alimentado por el crecimiento de establecimientos que expenden alcohol sin regulación. Muchas cantinas y bares informales operan al margen de la ley, a veces con horarios extendidos o sin las condiciones mínimas de seguridad, convirtiéndose en puntos críticos donde proliferan los robos, peleas y agresiones.

Distintos sectores del distrito —urbanizaciones nuevas, zonas cercanas a mercados o avenidas principales— han sido escenarios de hallazgos de personas inconscientes, a menudo sin pertenencias y con signos de haber sido víctimas de actos delictivos. Estos hechos, lejos de ser excepcionales, comienzan a formar parte del paisaje nocturno habitual.


¿Y las autoridades? Presencia mínima, líneas sin respuesta y reacción solo ante la prensa

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado local ha sido, como mínimo, tibia. El patrullaje del serenazgo es escaso y, lo que es más grave, las líneas telefónicas de emergencia no responden a los llamados de la población. En muchos casos, solo cuando un medio de comunicación interviene o expone públicamente una denuncia, se obtiene alguna reacción de las autoridades. Esta dinámica no solo es inaceptable, sino peligrosa: la vida y seguridad de los vecinos no pueden depender de la presión mediática para ser atendidas.

A pesar de las reiteradas denuncias, no hay una estrategia clara ni sostenida para enfrentar la inseguridad creciente. La Municipalidad Distrital de San Sebastián guarda un silencio preocupante, mientras cantinas clandestinas siguen funcionando sin sanción y el espacio público sigue siendo tomado por la delincuencia.


Un llamado urgente a la acción conjunta

Es cierto que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. También se necesita mayor conciencia social sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol y una cultura de autocuidado. Sin embargo, eso no exime al Estado de su deber fundamental: garantizar la seguridad y el orden público.

La comunidad tiene derecho a exigir condiciones dignas, calles seguras y espacios libres de violencia. La inacción no puede seguir siendo la norma.


Conclusión: normalizar el abandono sería el peor error

Los recientes hallazgos de personas en estado vulnerable en diversas zonas de San Sebastián, posiblemente víctimas de delitos, deben encender todas las alarmas. No se trata solo de un tema de orden público, sino de un reflejo del deterioro institucional que amenaza la convivencia en este distrito.

No podemos permitir que San Sebastián se convierta en un distrito sin ley. La seguridad ciudadana no es un lujo, es un derecho. Y hoy, más que nunca, es momento de exigirlo con firmeza y Sin Mordaza.

El conductor del vehículo oficial huyó del lugar dejando al herido atrapado entre los fierros. Mientras tanto las autoridades regionales guardan un silencio cómplice sobre el uso indebido de una camioneta estatal involucrada en el accidente.1

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía regional Cusco – Urubamba, a la altura del sector Nuevo Triunfo, ha dejado a un ciudadano gravemente herido y hospitalizado, mientras que uno de los vehículos involucrados —una camioneta de uso oficial del Gobierno Regional del Cusco— fue hallado abandonado en el lugar del siniestro, sin conductor ni responsable visible.

Según consta en el acta de intervención levantada por el S1 PNP Jaime Huamán Atapaucar de la Comisaría PNP Chinchero, el choque frontal involucró a un automóvil particular, de placa Y1X-635, conducido por el ciudadano Alberto Salluca Mayta, de 45 años, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos y fue rescatado con lesiones graves por personal del SAMU. Salluca fue trasladado de urgencia al centro de salud local y luego evacuado a una clínica en Cusco, donde permanece hospitalizado.

El otro vehículo, una camioneta Toyota Hilux de placa EGA-443, pertenece a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional del Cusco. La unidad fue encontrada fuera de la vía, abandonada, con la llave de contacto aún puesta, y sin rastro de su conductor. En el interior se hallaron documentos oficiales, como el memorándum N.° 103-2025 y una hoja de autorización de circulación a nombre de Jhon Sutta Escalante, funcionario que figura como responsable del vehículo.

¿Uso indebido de bienes públicos?

Este hecho pone en entredicho el control sobre el uso de los vehículos estatales. La ley prohíbe estrictamente el uso no autorizado o fuera del horario oficial de bienes públicos. Más aún, el abandono del lugar del accidente, sumado a la omisión de auxilio, podría configurar delitos previstos en el Código Penal, tales como el abandono de persona en peligro (Art. 126) o incluso el delito de exposición al peligro y fuga del lugar del accidente, regulado en el Reglamento Nacional de Tránsito.

A pesar de la gravedad del caso, ningún representante del Gobierno Regional del Cusco ha asumido responsabilidad ni ha emitido pronunciamiento alguno. El silencio institucional genera indignación entre la población y plantea serias preguntas sobre la transparencia y el control interno en el manejo de los recursos públicos.

Fiscalía en alerta, pero sin resultados visibles

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Dr. Rubén Calsina Peralta, quien dispuso realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la apertura de una investigación preliminar ni se ha identificado formalmente al conductor que huyó de la escena.

Indiferencia institucional: una falta de respeto para el pueblo de Chinchero

El accidente no solo ha dejado a un ciudadano herido y a una familia afectada, sino que ha desnudado una vez más la indiferencia de nuestras autoridades ante el uso irresponsable de los bienes del Estado. La camioneta oficial fue trasladada a la comisaría sin que ningún funcionario se presentara a verificar su estado ni a colaborar con las diligencias policiales.

El silencio de la Gerencia Regional de Agricultura y del propio Gobierno Regional del Cusco refleja una preocupante falta de compromiso con la rendición de cuentas, mientras un ciudadano sigue luchando por su salud en una cama de hospital.

Conclusión

La ciudadanía exige respuestas claras y acciones firmes. ¿Quién conducía el vehículo oficial? ¿Por qué lo abandonó? ¿Qué sanciones recibirán los responsables? Y, lo más importante, ¿qué medidas tomará el Gobierno Regional para garantizar que sus unidades no vuelvan a ser utilizadas con tanta impunidad?

Este accidente no puede quedar como uno más en las estadísticas. La justicia y la transparencia deben prevalecer, por respeto a la víctima y a todos los ciudadanos que esperan algo más que silencio y evasivas de sus autoridades.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza

  1. ↩︎

La Clínica San Juan de Dios Cusco presentó oficialmente su nuevo logotipo e identidad visual, marcando una nueva etapa en su historia al servicio de la salud. Este cambio no solo representa modernización, sino también el firme compromiso con su misión de brindar atención médica integral a quienes más lo necesitan.

Labor Social Destacada:

Más de 3,000 atenciones anuales a personas en situación de vulnerabilidad.

Programas de salud gratuitos en comunidades rurales del Cusco.

Atención especializada en rehabilitación física y desarrollo infantil.

Campañas médicas solidarias en coordinación con voluntarios y organizaciones locales.

Desde Sin Mordaza les decimos ¡Felicitaciones¡

Mientras cientos de personas sobreviven —y mueren— en las calles bajo el abandono del Estado, la Beneficencia Pública del Cusco, llamada a ser un pilar en la atención a los más vulnerables, se refugia en justificaciones técnicas para eludir su responsabilidad. Lo más alarmante: mientras la atención social se paraliza, las dietas y sueldos de sus funcionarios continúan en aumento.

El gerente general de la institución, Fernando Romero, afirmó recientemente que el recojo de personas en situación de calle «es competencia de las municipalidades». “Solo brindamos asistencia”, declaró, desmarcándose de una responsabilidad humanitaria urgente. La frase, que refleja una actitud tecnocrática y distante, ha causado indignación entre organizaciones sociales y ciudadanos que viven de cerca el drama del abandono.

Por su parte, el presidente del Directorio, David Mormontoy, evitó presentar planes concretos o compromisos de acción. En su lugar, mostró un video en el que un anciano rechaza ayuda institucional, usándolo como justificación para la inacción generalizada. Esta estrategia, basada en un caso aislado, ha sido criticada por especialistas como un acto de irresponsabilidad y deshumanización. “¿Desde cuándo el rechazo de uno justifica el olvido de todos?”, cuestionan desde sectores sociales.

Mientras crece la pobreza, también crecen los beneficios internos

Los números no mienten. En un contexto donde la pobreza extrema afecta al 2.5% de la población cusqueña y el 21.5% vive en situación de pobreza, la Beneficencia ha optado por priorizar su estructura administrativa. En marzo de 2024, la institución publicó convocatorias laborales con sueldos de hasta S/ 3,800, mientras que personas en situación de calle siguen esperando atención básica, abrigo o comida.

En paralelo, el presupuesto público del Cusco se redujo en 2024 en un 1.38%, pasando de S/ 12,674 millones a S/ 12,499 millones. Sin embargo, el gasto en planillas aumentó un 12%, alcanzando los S/ 3,677 millones (29% del total). Este desbalance cobra un sentido dramático si se considera que el 90% de los establecimientos de salud de primer nivel operan con infraestructura deficiente y que el 20% de las escuelas está al borde del colapso.

Excusas en lugar de acción

Lo que más indigna a la ciudadanía no es solo la falta de respuesta, sino la aparente indiferencia. No se trata de una carencia de recursos, ni de un desconocimiento de las necesidades: se trata de una falta de voluntad política y sensibilidad humana.

La Beneficencia tiene facultades y presupuesto para intervenir en casos de emergencia social. No obstante, sus autoridades se limitan a conferencias de prensa, tecnicismos legales y desvío de responsabilidades. Mientras tanto, en las calles, la pobreza se agrava y la indiferencia institucional se convierte en cómplice del sufrimiento.

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