En una maniobra que evidencia el control autoritario del Congreso sobre las instituciones democráticas, la mayoría liderada por el fujimorismo y sus aliados aprobó una ley de amnistía que pretende borrar décadas de lucha por la justicia en el Perú. La norma apunta directamente a revertir 156 sentencias judiciales firmes —muchas vinculadas a violaciones graves de derechos humanos y corrupción— y paralizar más de 600 procesos judiciales en curso.

Esta ley no busca reconciliación, busca impunidad. No está orientada al futuro, sino a reescribir el pasado judicial del fujimorismo y de los sectores vinculados al poder armado y económico que sostuvieron el régimen de Alberto Fujimori. Los crímenes por los que hoy se busca perdón legislativo incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, malversación de fondos públicos y redes de corrupción sistemática dentro del aparato estatal.

Amnistía como estrategia de blindaje

Lejos de una política de justicia transicional o pacificación, la norma responde a un pacto político de blindaje mutuo: garantizar la libertad y el retorno político de condenados por delitos graves a cambio de mantener el control congresal y desactivar investigaciones incómodas. El mensaje es claro: en el Perú, el poder político puede comprar inmunidad por mayoría simple.

Con esta ley, el fujimorismo no solo busca liberar a los suyos: quiere consolidar un precedente peligroso en el que cualquier mayoría parlamentaria podrá intervenir en el sistema judicial para torcer sentencias, neutralizar fiscales y controlar jueces. Es un golpe a la separación de poderes y un atentado directo contra la independencia judicial.

Violación del derecho internacional

La ley es además flagrantemente inconstitucional e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados, y que el Estado peruano está obligado a investigar, sancionar y reparar.

La aprobación de esta norma podría colocar al Estado peruano en desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y abrir la puerta a sanciones internacionales, restricciones de cooperación y una nueva crisis de legitimidad democrática.

¿Qué está en juego?

No se trata solo de liberar a militares o políticos presos. Se trata de legitimar la impunidad como política de Estado, de cerrar la puerta a la memoria, de garantizar que quienes abusan del poder nunca enfrenten consecuencias. Se trata de una claudicación del Estado frente al autoritarismo con disfraz legal.

La ciudadanía, los colectivos de derechos humanos y los sectores democráticos tienen ante sí un desafío histórico: defender la justicia frente al poder impune, y evitar que el Perú retroceda definitivamente hacia un modelo de democracia formal sin contenido ético ni judicial.

Las cosas por su npmbre y Sin Mordaza.