Que la Corte Suprema evalúe este lunes 24 de noviembre un impedimento de salida del país contra Dina Boluarte sería impensable hace apenas unos meses. No porque el caso no lo ameritara, sino porque la expresidenta había logrado instalarse en ese espacio privilegiado y tóxico donde muchos gobernantes se sienten a salvo del escrutinio judicial.

Hoy, sin embargo, la posibilidad de un veto migratorio la coloca en un terreno inédito: el de los intocables que empiezan a ser tocados. Y no porque el sistema de justicia haya despertado, sino porque como percibe gran parte de la población Boluarte dejó de ser útil para quienes sostenían su blindaje político.

La justicia que actúa cuando conviene

La Sala Penal Permanente revisará la apelación de la Fiscalía para imponerle un impedimento de salida por 18 meses. La narrativa oficial habla de legalidad, de equilibrio, de independencia judicial. Pero en la práctica, el calendario y la oportunidad política pesan más que cualquier tecnicismo jurídico.

Que el juez Checkley rechazara inicialmente la medida alegando falta de riesgo de fuga fue un capítulo más de un guion conocido. Que ahora la Fiscalía insista y la Corte Suprema reabra el debate responde, para muchos ciudadanos, no a un súbito rigor procesal, sino a un desgaste: cuando un personaje deja de servir al engranaje, el sistema deja de protegerlo.

Según encuestas recientes, más del 50% de peruanos identifica la corrupción como el principal problema del país, una cifra que demuestra no solo hartazgo social sino claridad diagnóstica: la política opera bajo incentivos de autopreservación, no de transparencia. La justicia, aunque formalmente independiente, se activa de manera selectiva, como si agradeciera o castigara según la temperatura política del día.

La exintocable en el banquillo simbólico

El caso Cirugías no es banal: involucra presuntas designaciones irregulares, contrataciones sospechosas y un pago acelerado de más de S/196 000 a un médico vinculado a los procedimientos estéticos de Boluarte. Si se tratara de un funcionario menor, probablemente ya estaría con restricciones hace meses. Pero Boluarte gozó de un aura de invulnerabilidad alimentada por su función y por una red política que prefería mantenerla firme al mando.

Hoy, ese blindaje parece resquebrajarse. El impedimento de salida si se aprueba no será un triunfo institucional sino un síntoma del cambio de etapa: la caída de un alfil al que ya no conviene proteger.

La ciudadanía lo percibe con claridad: la justicia no mejora; simplemente, los equilibrios cambian.

No es un acto de justicia, sino de reajuste

En un país donde el Índice de Percepción de la Corrupción sigue rodeando los 31 puntos, ubicando al Perú entre los peor evaluados de la región, cualquier gesto judicial importante despierta sospechas. No porque se espere que todo esté mal, sino porque la historia reciente enseña que las decisiones judiciales suelen alinearse con las coyunturas, no con los principios.

Para muchos ciudadanos, el posible impedimento de salida no representa un avance moral, sino una señal de que Boluarte ya no es funcional al tablero político. Su caída no se lee como justicia, sino como reorganización.

¿Cambio real o simplemente otro capítulo?

Si a Boluarte se le impone la restricción migratoria, será fácil celebrarlo como un acto de rigor democrático. Pero si queremos honestidad política, debemos admitir algo más incómodo: este episodio no prueba que el sistema de justicia funciona; prueba que funciona a veces, y solo cuando el poder deja de intervenir en su propio favor.

Boluarte puede enfrentar la justicia. Pero eso no significa que la justicia esté finalmente enfrentando al poder.

Conclusión: el riesgo histórico de confundir castigo con reforma

Este lunes podría marcar una ruptura simbólica: la primera vez que Boluarte deja de ser vista como una figura impermeable. Pero si el país aprende algo de este episodio, debería ser lo siguiente:
la impunidad solo se rompe cuando deja de convenir, no cuando llega la justicia.

La pregunta, entonces, no es si Boluarte será restringida. La pregunta es si, cuando surja el siguiente intocable, el sistema volverá a protegerlo… hasta que deje de servir. Y a Ud. ¿Qué le parece?, las cosas por su nombre y Sin Mordaza

Hay semanas en que el Estado se quita la careta. Esta ha sido una de ellas. El Perú vuelve a ser testigo forzado y cómplice de una maquinaria de impunidad que no solo se perpetúa, sino que se reafirma con la frente en alto, como si humillar a la justicia fuera una muestra de buena salud democrática.

En un mismo puñado de días, el Tribunal Constitucional decidió desmantelar el Caso Cócteles el expediente penal más sólido y meticulosamente armado contra Keiko Fujimori, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tuvo la indecencia de llamar “terruco” a un joven asesinado durante una protesta social. Lo primero fue una absolución disfrazada de tecnicismo. Lo segundo, un insulto disfrazado de declaración institucional. En ambos casos, la misma lógica: blindar el poder, degradar al ciudadano.

Empecemos por el primero. El TC ha resuelto, con lenguaje aséptico y gestos de solemnidad jurídica, que el caso contra Fujimori no cumple los “requisitos mínimos” para ser juzgado. O sea: la Fiscalía, tras diez años de investigación, múltiples testigos protegidos, flujos de dinero no declarados y dos prisiones preventivas, no habría escrito con suficiente claridad su acusación. Qué conveniente. En un país donde miles están presos sin sentencia y donde la formalidad escrita se usa como trampa para demorar justicia, Keiko Fujimori recibe el raro privilegio de la anulación exprés.

No se engañe nadie: el TC no ha dicho que Keiko es inocente. Ha dicho algo más obsceno: que no vale la pena ni juzgarla. Que su proceso debe quedar, literalmente, en nada. Y lo han hecho con una sonrisa constitucional. La legalidad convertida en mampara de la injusticia.

Pero lo más ofensivo no es la decisión. Es el contexto. Fujimori no está sola. Nunca lo ha estado. Su impunidad es un proyecto compartido por varios partidos que con mayor o menor disimulo le han entregado el Congreso, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Pueden tener nombres distintos, pero comparten ADN: desprecio por la ética pública, hambre de poder, y una profunda convicción de que la política existe para garantizar su impunidad personal. La cúpula política actual no es solo testigo: es socia silenciosa del fujimorismo.

Y mientras se archivan años de corrupción estructural con un par de párrafos, el Congreso esa torre de cinismo en la Plaza Bolívar se da el lujo de insultar a los muertos. Fernando Rospigliosi, con su habitual tono de arrogancia mal leída como firmeza, decidió que un joven músico asesinado por la policía debía ser rebautizado como “terruco”. Ni el luto, ni el derecho, ni el mínimo respeto humano lo detuvieron. Cuando se le corrigió que el artista se hacía llamar “Trvko”, no se retractó. Redobló. Porque en este país, el que manda no se disculpa: acusa.

El término “terruco” no es una palabra suelta. Es un código. Es la coartada perfecta para justificar el gatillo, el gas lacrimógeno, la prisión preventiva sin pruebas. Es la categoría política que habilita el crimen de Estado. Rospigliosi lo sabe. Y lo usa. Porque no le interesa el orden. Le interesa el miedo. Y más aún, le interesa que nadie cuestione el privilegio de los que mandan desde arriba.

Pero esta vez, algo es distinto. El país está harto. No lo grita con slogans vacíos. Lo demuestra en cada marcha, en cada rechazo a esta falsa élite que gobierna sin escrúpulos ni vergüenza. El pueblo ve con claridad: que mientras el poder se absuelve con habeas corpus diseñados a medida, a los que protestan se les dispara. Que mientras el fujimorismo celebra otra victoria judicial, las familias de las víctimas entierran a sus hijos bajo insultos institucionales.

Y ante eso, no basta invocar la ley. La ley en este Perú secuestrado ya no es garantía de justicia. Es, muchas veces, su negación. Hoy, defender la justicia implica oponerse abiertamente a una legalidad funcional a la impunidad. No es un problema de tecnicismos. Es un problema de moral política. Si la ley protege al corrupto y pisotea al que protesta, entonces la obligación ética es denunciarla, resistirla, reformarla. No se trata de anarquía. Se trata de dignidad.

Lo que está en juego no es solo una elección más con los mismos de siempre. Es algo más profundo: si vamos a seguir aceptando que nos gobierne una élite sin vergüenza, sin memoria, sin límite. Una élite que limpia a Keiko, insulta a los muertos, y se presenta a elecciones como si nada. Porque saben que el sistema ese gran mecanismo de reciclaje del poder los necesita. Y porque creen que el pueblo olvidará.

Pero esta vez, el pueblo no va a olvidar. digamos las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

¿Qué está pasando en este país?

En apenas una semana, tres hechos aparentemente aislados pusieron de manifiesto un mismo y preocupante patrón: la creciente desconexión entre el Estado, sus representantes, y la ciudadanía. Desde el rechazo a Phillip Butters en Juliaca, pasando por la balacera en un concierto de Agua Marina, hasta el insólito caso de un chofer detenido por cobrar S/2 de pasaje a una suboficial de la Policía Nacional. El mensaje de fondo es claro: el Perú está fracturado, dolido, y cansado.

El sur no olvida

La reciente visita de Phillip Butters a Juliaca desató protestas, gritos y rechazo. No fue un hecho espontáneo ni producto de la intolerancia. Fue la reacción legítima de una población que no olvida sus agravios recientes. En 2023, durante las protestas masivas contra el régimen de Dina Boluarte, Butters sugirió en su programa radial que a los manifestantes del sur había que “meterles una bala en la cabeza”.
Así, con esas palabras.

Hoy, un año después, pretende recorrer Puno en calidad de “precandidato presidencial” y “periodista patriota”, como si su discurso no tuviera consecuencias. Pero el sur tiene memoria. Y cuando el dolor no ha sido reconocido, las cámaras no bastan para maquillar el desprecio. La población no atacó a un periodista; repelió a quien alguna vez pidió públicamente que los mataran. ¿De verdad esperaban alfombra roja?

Una fiesta interrumpida por balas

Mientras tanto, en otro extremo del país, lo que debía ser un momento de celebración y música se convirtió en pánico. En un concierto de Agua Marina, una balacera obligó a los músicos a lanzarse al suelo en pleno escenario. El video habla por sí solo: Perú ha normalizado la violencia incluso en sus espacios más cotidianos.

Las autoridades, como suele ocurrir, brillaron por su ausencia. ¿Dónde están las estrategias de seguridad ciudadana? ¿Dónde está la tan anunciada “mano dura” contra el crimen? Parece que solo aparece cuando se trata de desalojar vendedores ambulantes o reprimir manifestaciones políticas, no cuando la gente necesita garantías mínimas para vivir o, siquiera, para bailar.

El chofer que se atrevió a trabajar

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, el caso del conductor José Villafuerte bordea el absurdo. Por cobrar S/2 de pasaje a una suboficial de la Policía Nacional, fue detenido por 28 horas, acusado de “incumplir la ley del pase libre”. La norma en cuestión ha sido interpretada de manera abusiva y unilateral: se olvida que el transporte público no es subsidiado, y que muchos conductores como Villafuerte trabajan sin beneficios, ganando a diario lo justo para sobrevivir.

¿Desde cuándo cumplir con el deber de cobrar por un servicio es delito? ¿Qué mensaje envía el Estado cuando la fuerza pública se usa para proteger privilegios personales en lugar de derechos colectivos?

Este no es un caso aislado, sino parte de una dinámica en la que la autoridad se ejerce como imposición y no como servicio, mientras el ciudadano común queda desprotegido frente al abuso.

Lo que une todos estos casos

Estos tres hechos están atravesados por un mismo hilo: la impunidad del poder y el hartazgo ciudadano. Lo que pasó en Juliaca, en el concierto, y en la combi de Villafuerte, refleja un país donde las instituciones no inspiran confianza, donde el abuso se normaliza y donde el ciudadano siente que no tiene a quién acudir.

Se trata de un Estado ausente para proteger y presente solo para castigar.
Un país donde la represión es rápida, pero la justicia lenta.
Donde la ley se usa para amedrentar al débil, no para controlar al fuerte.

¿Qué está pasando en este país?

Está pasando que el Perú atraviesa una crisis no solo política o económica, sino ética.
Que figuras públicas que instaron a la violencia hoy pretenden ser candidatos sin haber pedido perdón.
Que la música es interrumpida por balas y el trabajo honesto, por detenciones arbitrarias.
Y que, mientras todo esto ocurre, las autoridades se esconden tras el silencio o la complicidad.

El país no solo está dividido: está desmoralizado. Pero también está despierto. El pueblo ya agoto su tolerancia y parece que no se queda callado. Y eso aunque incómodo para algunos parece ser lo único que aún nos puede salvar.

Porque lo que el país necesita no es solo reflexión, sino reflexión con acción y determinación.
Porque al pueblo no se le apacigua con discursos,
se le responde con justicia, con seguridad real y con respeto.
Y para eso, hace falta llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos, sin miedo y Sin Mordaza.