Walter Ayala presentó una demanda de amparo para dejar sin efecto los resultados del voto en el exterior, alegando que fueron realizados bajo una norma que «nunca debió existir». La acción judicial reabre el debate sobre la estabilidad de las reglas electorales y el respeto a la voluntad popular
A pocos días de conocerse los resultados electorales, una nueva controversia amenaza con trasladar la disputa política a los tribunales. Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, ha presentado una demanda de amparo para anular los votos emitidos por los peruanos en el extranjero, argumentando que el proceso se desarrolló bajo una resolución que carecería de sustento legal.
Aunque Ayala insiste en que no está denunciando fraude, el efecto práctico de su demanda sería extraordinariamente grave: cuestionar la validez de miles de votos ya emitidos y contabilizados por ciudadanos peruanos residentes fuera del país.
En cualquier democracia, las reglas electorales pueden ser objeto de control judicial. Sin embargo, cuando una impugnación se presenta después de realizados los comicios, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se cuestionó la norma antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas?
El problema de fondo no es únicamente jurídico. También es político. Si cada resultado adverso termina derivando en intentos de anular votos o reinterpretar las reglas una vez concluida la elección, la confianza en las instituciones electorales se deteriora progresivamente.
Los peruanos en el exterior no son ciudadanos de segunda categoría. Su voto tiene el mismo valor constitucional que el emitido en Lima, Cusco, Arequipa o cualquier otra región del país. Por ello, cualquier intento de invalidar esos sufragios debe estar sustentado en argumentos jurídicos excepcionalmente sólidos y no en conveniencias coyunturales.
La democracia no solo consiste en votar; también implica aceptar reglas previamente establecidas y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos, incluso cuando los resultados no favorecen a determinados sectores políticos.
Mientras miles de firmas son observadas por presunta falsificación, las organizaciones siguen en carrera y la responsabilidad se diluye en operadores menores. La justicia apunta al mensajero, pero rara vez toca al beneficiario.
El escándalo de las firmas falsas no es un desliz administrativo: es una señal estructural del deterioro del sistema de partidos. Agrupaciones como Perú Primero, Primero la Gente, Voces del Pueblo, Perú Moderno, PRIN, Fe en el Perú y Ahora Nación, entre otras, han sido señaladas por presentar miles de firmas observadas o descartadas por presuntas irregularidades en sus procesos de inscripción. La magnitud no es menor: ciudadanos que nunca firmaron aparecen afiliados; planillones con patrones repetitivos; inconsistencias que no son anecdóticas sino masivas.
Sin embargo, el impacto político es sorprendentemente limitado. Las investigaciones avanzan en el plano penal, pero dirigidas a recolectores, tramitadores o intermediarios. El diseño legal exige probar que la dirigencia partidaria conocía o promovía el fraude para alcanzar responsabilidad institucional. Esa carga probatoria, compleja y lenta, opera como un escudo práctico: mientras el Ministerio Público indaga y los peritajes se acumulan, los partidos mantienen su inscripción y continúan organizándose con miras a la contienda electoral.
El problema de fondo no es solo jurídico, sino democrático. Si un partido obtiene su inscripción con un padrón inflado o adulterado, el beneficio político ya está consumado. La sanción individual —cuando llega— no revierte el efecto institucional. Así, el sistema transmite un mensaje peligroso: el riesgo penal es personal y diferido; el premio político es inmediato y colectivo. En un país marcado por la fragilidad partidaria y la desconfianza ciudadana, esta asimetría erosiona la legitimidad antes incluso de que se emita el primer voto.
La pregunta que queda es incómoda pero inevitable: ¿puede consolidarse una democracia sólida cuando sus actores nacen bajo sospecha y el marco legal resulta insuficiente para depurar responsabilidades estructurales? Sin reformas que fortalezcan los mecanismos de control y establezcan consecuencias claras para las organizaciones que se beneficien de prácticas irregulares, el sistema seguirá produciendo partidos formalmente válidos pero políticamente cuestionados. Y una democracia que normaliza esa contradicción corre el riesgo de vaciarse desde adentro.
Hay una tragedia silenciosa en la política peruana: no es solo la corrupción, es la mediocridad. No es solo el robo, es la improvisación. Vivimos en tiempos donde el poder se reparte entre incapaces y denunciados; entre operadores astutos y funcionarios que aprenden en el cargo lo que debieron saber antes de asumirlo.
Y mientras tanto, los capaces y honestos siguen en pausa.
El debate público gira en torno a cuotas ideológicas, lealtades partidarias y venganzas políticas. Se cuestiona si un premier es de derecha o de izquierda, pero rara vez se discute si es competente. Se exige pureza doctrinaria, pero no se exige hoja de vida impecable. La vara moral cambia según el color del nombramiento, los funcionarios son elegidos por los que hicieron campaña así estos no estén preparados o no sean honestos, lamentable pero cierto.
Cuando gobierna la derecha, convoca a los suyos —aunque estén cuestionados o denunciados— en nombre de la gobernabilidad.
Cuando gobierna la izquierda, hace lo mismo —aunque no tengan capacidad o experiencia— en nombre del cambio.
El resultado es el mismo: un Estado ineficiente y debilitado.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más del 70% del empleo en el país es informal. La pobreza se mantiene cerca del 29%. La inseguridad golpea con particular crudeza al sur andino. Y, sin embargo, la discusión política sigue atrapada en la lógica del botín.
El Congreso de la República arrastra niveles de desaprobación que superan el 80% en diversas mediciones. Los partidos políticos son las instituciones con menor credibilidad. Y aun así actúan como si representaran reservas morales incuestionables.
La pregunta es incómoda:
¿Dónde están los profesionales con experiencia probada, trayectoria limpia y vocación pública?
No están en las listas de funcionarios. No encabezan ministerios. No lideran reformas. Permanecen al margen, desplazados por la lógica del cálculo político o la militancia ciega.
En el Perú se ha normalizado algo peligroso: que la política sea un espacio donde la capacidad es secundaria y la honestidad negociable. Se tolera al ineficiente si es leal. Se justifica al cuestionado si es útil. Se relativiza la ética si garantiza votos.
Pero ningún país se desarrolla con cuadros improvisados.
Ninguna democracia se fortalece con funcionarios investigados.
Ningún Estado se moderniza con ministros que aprenden a gobernar sobre la marcha.
Y para que sea mas objetivo y real, solo veamos las cárceles del Perú llenas de tantas exautoridades, todos por actos de corrupción.
Entonces la crisis no es solo institucional. Es cultural. Hemos reducido la exigencia pública. Hemos aceptado que “todos roban” o que “nadie está preparado”. Esa resignación es el verdadero triunfo de la corrupción y la mediocridad.
Y entonces la pregunta final, para quienes aún creen en la República, es inevitable:
¿Cuándo dejaremos de elegir entre el ladrón hábil y el incapaz bien intencionado, y empezaremos a exigir al competente íntegro?
Porque mientras no cambiemos ese estándar, los capaces y honestos seguirán esperando.
Y el país seguirá pagando.
las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
El Perú no está simplemente dividido: está capturado. Capturado por una clase política que convierte cada crisis en oportunidad de cálculo y por un ecosistema mediático que, demasiadas veces, editorializa según conveniencia empresarial antes que por vocación de servicio público.
Hoy el país vuelve a tener un presidente bajo denuncias serias. No son rumores de sobremesa ni especulaciones de redes: son cuestionamientos que deben investigarse con rigor, independencia y celeridad. La experiencia reciente obliga a no minimizar nada. En las últimas dos décadas, cuatro expresidentes peruanos han sido investigados por corrupción. Desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Pedro Castillo, pasando por procesos que alcanzaron a exmandatarios anteriores, el patrón no es anecdótico: es estructural.
Pero el otro lado del problema es igual de corrosivo.
Frente a cada nuevo gobierno, la oposición no parece preguntarse cómo garantizar estabilidad con fiscalización firme, sino cómo acelerar el desgaste. No se debate programa contra programa; se calcula escenario contra escenario. No se piensa en reformas; se piensa en correlación de fuerzas. La vacancia dejó de ser mecanismo constitucional excepcional y se convirtió en amenaza latente.
El resultado es un país que ha tenido seis presidentes en menos de cinco años y ocho en una década. Ninguna economía seria prospera con ese nivel de volatilidad política. La inversión se retrae, el crecimiento se desacelera y la incertidumbre se convierte en política de Estado.
Mientras tanto, el ciudadano sobrevive.
Según el Latinobarómetro, la confianza en el Congreso y en los partidos políticos en el Perú suele ubicarse por debajo del 15%. La desaprobación parlamentaria ha superado en distintos momentos el 80%. Es decir, quienes se disputan el poder lo hacen desde una legitimidad social profundamente erosionada. Y aun así, actúan como si el país fuera una pieza de ajedrez y no una comunidad exhausta.
¿Y los medios?
Los medios deberían ser contrapeso, vigilancia, incomodidad permanente frente al poder. Pero una parte significativa del ecosistema mediático ha optado por la alineación estratégica: suaviza cuando conviene, amplifica cuando interesa, calla cuando incomoda a sus propios vínculos. No todos, por supuesto. Pero los suficientes como para que la ciudadanía perciba que la independencia editorial también está bajo sospecha.
En este escenario, el Perú no discute un proyecto nacional. Discute cuotas.
El Ejecutivo se defiende.
La oposición calcula.
Los medios negocian relevancia e influencia.
¿Y el país? El país espera.
Es imposible construir estabilidad cuando la política funciona como mercado de intereses y no como sistema de responsabilidades. Es imposible hablar de gobernabilidad cuando la denuncia se usa como arma selectiva y no como principio ético. Es imposible pedir sacrificios a la ciudadanía cuando quienes dirigen el debate público no sacrifican nada propio.
La democracia no muere solo por golpes abruptos. También se desgasta por cinismo acumulado.
El Perú no necesita unanimidad ni pactos de impunidad. Necesita reglas claras, investigaciones sin blindajes, oposición con vocación de Estado y medios que incomoden al poder aunque eso afecte relaciones comerciales.
De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo ciclo: presidentes cuestionados, oposiciones oportunistas, medios acomodaticios… y una ciudadanía cada vez más distante.
Un país secuestrado no colapsa de inmediato.
Primero se acostumbra.
Cada verano Cusco vuelve a mirarse en el mismo espejo roto. Cambian los gobernantes, se renuevan los discursos, se imprimen nuevos planes de gestión del riesgo con portadas relucientes, pero el resultado es idéntico: puentes que colapsan, carreteras partidas, pueblos aislados y ciudadanos convertidos en estadísticas de la desidia. La naturaleza hace su trabajo; el Estado, como siempre, llega tarde.
El informe de CENEPRED no es una profecía sino un acta de acusación. Ochenta y una zonas críticas por movimientos en masa, sesenta y cuatro puntos con alto riesgo de inundación y más de 116 mil cusqueños expuestos a un peligro perfectamente identificado. No hablamos de un rayo imprevisible, sino de una amenaza con mapas, coordenadas y antecedentes. Aun así, la respuesta pública ha sido la de siempre: esperar que el desastre tenga la cortesía de no ocurrir.
Lo que sucede hoy en Paruro, Espinar, Paucartambo, Canchis o La Convención no es mala suerte; es política mal hecha. El colapso del puente de Pitumarca no lo provocó solo el río embravecido, sino décadas de obras improvisadas, de expedientes inflados y de autoridades que inauguran gaviones como si fueran catedrales y luego desaparecen cuando el caudal les pasa por encima. Después vendrán las comisiones investigadoras y el viejo libreto del “evento extraordinario”, coartada favorita de la mediocridad.
Se cierran Choquequirao, la ruta amazónica a Machupicchu y el acceso a Humantay. El turismo —ese dios al que Cusco le reza todo el año— entra en pausa y con él la economía de miles de familias. Pero ningún gobernador, ningún alcalde, ningún ministro asumirá que el verdadero desastre no es la lluvia, sino la falta crónica de prevención. El barro se limpia; la incapacidad, no.
Esta es la historia de siempre con gobernantes diferentes en cada periodo, pero iguales en su ineptitud. Unos llegan con chaleco nuevo y casco para la foto; otros con maquetas digitales y consultorías millonarias. Todos repiten el mismo ritual: declarar emergencia, pedir presupuesto, culpar al cambio climático y prometer que “ahora sí” se hará planificación territorial. Al final, el agua vuelve a recordarles quién manda.
Cusco concentra una de las mayores densidades de riesgo del país, pero el ordenamiento urbano sigue siendo un chiste cruel, los ríos continúan invadidos por construcciones ilegales y las carreteras se levantan donde el cerro respira. El Estado permite que la gente viva sobre dinamita geológica y luego se indigna cuando la dinamita explota.
La tragedia no es solo material; es moral. Nos hemos acostumbrado a contar emergencias como quien cuenta partidos de fútbol. Veinte desastres en una semana, decimos, y seguimos. Detrás de cada cifra hay un niño sin colegio, un agricultor sin chacra, una familia durmiendo en carpa. Ellos pagan el precio de un sistema que confunde prevención con ceremonia y gestión con propaganda.
La pregunta final es incómoda: ¿para qué sirven nuestras autoridades si ni siquiera pueden hacer lo que los informes técnicos les gritan al oído? Las alertas estaban sobre la mesa. Lo que faltó no fue información, sino vergüenza.
Cusco no se está inundando solo por la lluvia. Se inunda por décadas de gobiernos que aprendieron a sobrevivir del desastre y no a evitarlo.
Y mientras se acercan nuevas elecciones, los mismos que hoy se esconden detrás de los comunicados ya afilan sus carteles de reelección. Volverán con otro color, con otro logo y con la misma incapacidad de siempre. Votar por ellos sería firmar el próximo huaico con lapicero. Cusco necesita castigo político a la incompetencia, no segundas oportunidades para el fracaso. Porque si reelegimos a los responsables de esta tragedia repetida, después no le echemos la culpa al río: el desastre también se elige en las urnas.
Con 82 congresistas con carpetas fiscales abiertas (el 63% del Parlamento) la inhabilitación de Delia Espinoza ya no parece una sanción: parece una estrategia de supervivencia del poder.
El Congreso de la República ya no legisla desde la ley: legitima desde el miedo. La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza no es un acto jurídico ejemplar. Es un acto reflejo de un poder acorralado.
Hoy existe un dato público, demoledor, imposible de ignorar: 82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público. Eso equivale al 63% del Parlamento bajo investigación.
Es decir, la mayoría del Congreso está siendo investigada.
Y esa misma mayoría decide quién dirige o no dirige la Fiscalía que los investiga.
No es un conflicto de intereses. Es el conflicto de intereses convertido en sistema.
En ese contexto, pretender que la inhabilitación de Espinoza responde solo a una “infracción constitucional” por el supuesto desacato a la Ley 32130,la que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de las investigaciones preliminares, es una burla al sentido común. Más aún cuando incluso la defensa probó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada. La firmó un fiscal interino. El Congreso lo sabía. Y aun así avanzó.
Porque el problema nunca fue la firma. El problema fue la fiscal investigando al poder político.
La evidencia política es incluso más obscena: 15 de los 16 congresistas que aprobaron el informe final en la Comisión Permanente tenían carpetas fiscales abiertas. Es decir, la antesala del ajusticiamiento fue ejecutada casi íntegramente por investigados. Lo que en cualquier democracia sería causal automática de inhibición, aquí fue el motor de la sanción.
Eso no es control político. Eso es autoprotección corporativa.
La sesión final fue una escena de ejecución administrativa. Fernando Rospigliosi cortó el debate y empujó el voto como quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que entre el aire. No se quería discutir. Se quería resolver. Y se resolvió.
Luego vino la confesión más brutal del proceso. Jorge Montoya no habló de leyes: habló de molestia política. Dijo que Espinoza era un “peligro” por denunciar congresistas. En una sola frase quedó desnudo el verdadero móvil: no la sacan por violar la Constitución; la sacan por tocar al poder.
Los números sostienen la acusación política con una solidez aplastante:
63% del Congreso con carpetas fiscales abiertas.
Aprobación ciudadana del Congreso por debajo del 10%, según encuestas nacionales.
Tres de cada cuatro peruanos creen que el Parlamento legisla para sí mismo, no para el país.
Y ahora, una fiscal inhabilitada por un Parlamento mayoritariamente investigado.
Eso ya no es una crisis política. Eso es captura institucional del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio Público queda herido, intimidado, advertido. El mensaje es brutal y transparente: si investigas al Congreso, el Congreso te destruye.
Como si no bastara, horas antes le levantaron el fuero para abrirle investigaciones penales. Primero te saco del cargo. Luego te dejo expuesta. Ese es el método del poder cuando ya no necesita disimular.
Espinoza lo dijo sin maquillaje: muchos no dieron la cara porque vienen elecciones. Tiene razón. Nadie quiere aparecer en campaña como el verdugo institucional. Nadie quiere cargar con la foto del blindaje.
Hoy el Congreso no sancionó a una fiscal. Hoy el Congreso se protegió a sí mismo. Hoy quedó demostrado que en el Perú el problema no es la corrupción, sino quién se atreve a investigarla.
Esto no fue una votación. Fue una operación de supervivencia del poder. Y como toda autodefensa desesperada, deja una huella clara de culpabilidad.
CONCLUSION:
La caída de una fiscal a manos de un Parlamento mayoritariamente investigado confirma que la crisis del Perú ya no es solo de representación, sino de captura abierta del Estado por una clase política que legisla para sobrevivir, no para gobernar. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
Podemos, Fuerza, APP y compañía: padrones inflados, operadores reciclados y una democracia secuestrada por mafias con inscripción electoral.
En el Perú ya no se fundan partidos: se registran empresas políticas. Algunas con planillas falsas, otras con aportes oscuros, casi todas con operadores reciclados del subsuelo del poder. El caso de Podemos Perú y su inscripción bajo sospecha judicial no es una anomalía del sistema. Es su modelo de negocio más visible.
Lo que hoy lleva a José Luna Gálvez camino al juicio no es una travesura burocrática ni un error técnico. Es la evidencia de un método: copar instituciones, comprar resoluciones, usar al Estado como notaría de intereses privados y luego gritar persecución cuando el sistema —tarde y mal— reacciona.
Precisión necesaria: el caso Podemos no es un trámite, es una operación
En el caso específico de Podemos Perú, la acusación no gira en torno a simples firmas observadas, sino a un esquema de captura institucional para forzar su inscripción. La Fiscalía sostiene que el partido de Luna habría financiado pagos ilícitos para asegurar que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura influya decisivamente en la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017, garantizando así una inscripción sin obstáculos. El Poder Judicial ya rechazó los intentos de Luna por tumbar la investigación, dejando el caso en control de acusación y rumbo a juicio oral. Es decir: no se discute un error administrativo, sino una presunta operación criminal en el acta de nacimiento del partido.
El club de los partidos inflados
Y aquí viene lo incómodo: Podemos no está solo. Solo está más avanzado en el expediente.
Hoy, en ese mismo ecosistema de padrones inflados, afiliaciones sin consentimiento y vientres de alquiler electoral, operan estructuras como:
Fuerza Popular,
Alianza para el Progreso,
Perú Libre,
Acción Popular,
Renovación Popular,
Avanza País.
Distintos discursos. El mismo ADN: sobrevivir del padronazo, no del ciudadano.
Más del 70% de los partidos que corren hacia el 2026 carga observaciones por firmas irregulares. Miles de peruanos aparecen afiliados sin saberlo. Muertos que militan. Ciudadanos que “pertenecen” a organizaciones que jamás pisaron. Partidos que subsisten no por convicción, sino por capacidad de falsificación y alquiler electoral.
La estafa legalizada
La democracia peruana llegó al punto en que primero se compra la inscripción, luego se negocia la bancada, después se trafican ministerios y al final se denuncia persecución política. Es una estafa en cuatro actos.
Y lo más grave no es que esto ocurra. Lo más grave es que el sistema lo sabe, lo tolera y lo regulariza.
El Estado observa los padrones, detecta las firmas falsas, advierte las irregularidades… y aun así habilita a los partidos a competir. Porque no está diseñado para limpiar la política, sino para administrarla podrida sin que colapse.
Luna no cae por corrupto: cae por innecesario
José Luna no está contra el sistema. Está siendo descartado por él.
No por inmoral. No por delincuente. Sino porque ya no es funcional.
Se expuso demasiado. Dejó demasiadas huellas. Hizo visible lo que debía operar en la sombra.
No es justicia: es reciclaje de poder.
Rumbo al 2026: postulan los imputados, no los ciudadanos
Vamos a una elección donde:
Los acusados postulan.
Los financistas se esconden.
Los partidos se alquilan.
Y el ciudadano vota asqueado o vota en blanco.
Luego se preguntan por qué nadie cree en nada. Luego se indignan por la antipolítica que ellos mismos fabricaron.
Conclusión
El caso Podemos no es una mancha. Es la radiografía completa del sistema político peruano.
Un país donde la corrupción ya no se infiltra en los partidos: los funda.
Y mientras una sigla entra a juicio, las demás siguen facturando candidaturas, negociando bancadas, intercambiando impunidad por gobernabilidad.
Los partidos saben que el país los rechazará en las urnas. Por eso arman listas paralelas llenas de figuras populares sin trayectoria, destinadas a servir de escudo y señuelo para que las mismas cúpulas sigan mandando desde la sombra. Una maniobra tan descarada como predecible.
El Perú ya no vive una campaña electoral: vive una maniobra de supervivencia. El Congreso ese que hoy compite en impopularidad con la inflación, la inseguridad y el dengue ha encontrado la fórmula para intentar reencarnarse sin que el electorado lo note. Y el truco es viejo, pero cada vez más grotesco: sustituir la política con celebridades, reemplazar programas con coreografías, y disfrazar la reelección con rostros prestados que jamás han sostenido una idea pública más allá de un post de Instagram.
Los partidos tradicionales, conscientes de que su aprobación bordea el 6 % en algunas encuestas y que más del 85 % de la población afirma que “no votaría por ningún congresista actual”, han decidido no renovarse: han decidido camuflarse. Y lo hacen escondiendo a sus viejos cuadros detrás de una corte de influencers, futbolistas retirados, cantantes en declive y estrellas del espectáculo recicladas en aspirantes a legisladores.
La estrategia es transparente hasta el ridículo: si la gente detesta a los congresistas, entonces que voten por sus mascotas.
Figuras conocidas, cerebros vacíos, propuestas inexistentes. Lo que importa no es que legislen; lo que importa es que sumen votos y distraigan. Mientras tanto, los verdaderos operadores políticos los mismos que hundieron al país en esta podredumbre institucional ocupan las posiciones estratégicas en la lista o esperan pacientemente tras bambalinas para controlar a los recién llegados como marionetas dóciles.
Lo que se nos quiere vender como “renovación” es, en realidad, una reelección por delegación, una continuidad maquillada. Una segunda lista para cuando la primera (los congresistas actuales) sea barrida por el rechazo popular. Y funciona porque apela al cansancio, a la apatía y a la ilusión de que “alguien conocido” hará un mejor trabajo. Basta recordar que en las últimas elecciones generales, más del 30 % del electorado peruano eligió candidato legislativo guiado por su fama mediática antes que por su hoja de vida. Las cifras no mienten: la superficialidad gana elecciones.
Los partidos lo saben. Y por eso ya no buscan profesionales, investigadores, defensores de causas públicas o representantes territoriales. Buscan seguidores, likes, engagement, presencia viral. Buscan votos fáciles, no políticos capaces. El Congreso del 2026, si nos descuidamos, será una mezcla grotesca entre reality show y directorio de agencias de publicidad.
Y mientras el espectáculo avanza, las cúpulas celebran. Porque nada garantiza mejor su permanencia en el poder que rodearse de personajes sin brújula, sin formación y sin criterio. Gente incapaz de fiscalizar, legislar o resistir presiones. Gente útil, maleable, intercambiable.
Esta no es solo una campaña electoral. Es un asalto preventivo. La reacción desesperada de una clase política que sabe que el pueblo está listo para castigarla. Como ya no pueden pedir la reelección directa porque sería un suicidio electoral, buscan la reelección encubierta, disfrazada, tercerizada.
El país merece algo más que esta burla. Pero el país también debe aprender a reconocerla. Porque detrás de cada rostro famoso con cerebro vacío que se nos presenta como candidato, hay un operador político con apetito viejo y poder intacto. Y si no entendemos esa ecuación, ellos no solo volverán. Volverán con nuestros votos.
Esta semana, el Perú volvió a exhibir su especialidad: producir escándalos que no son escándalos, porque ya nadie se sorprende. Vivimos en un país donde la indignación tiene la vida útil de un tuit y la clase política lo sabe. La impunidad ya no necesita esconderse: se pasea, se ríe y firma resoluciones.
Empecemos por Cusco, porque allí apareció la fotografía más honesta del Estado peruano. En el penal de Qenqoro sí, ese mismo que debería ser un espacio de control y castigo los internos tenían acceso directo a la red wifi oficial del centro penitenciario. No es que se colara una señal cercana. No es que un guardia vendiera chips. No. Era la red institucional, la del propio penal, la del Estado. Mientras afuera la gente se queja de que no le funciona ni el internet del celular, adentro los presos hacían videollamadas con una estabilidad que ya quisiera cualquier estudiante de colegio público.
Lo de Qenqoro no es un “hecho aislado”. Es un resumen del país: donde el Estado no controla ni lo que está encerrado. Y luego se preguntan por qué más del 70% de peruanos dice sentirse inseguro. ¿Cómo no va a sentirse insegura la ciudadanía si la cárcel funciona mejor para las mafias que para la justicia?
Pasemos a Lima, donde el Congreso ese monumento a la decadencia republicana decidió darse un regalo navideño digno de reyes: casi 50 mil soles por navidad y año nuevo todo con el cuento de bonificaciones. Lo gracioso o trágico es que esta institución, que se mantiene con una aprobación que flota entre 6% y 8%, vive como si hubiera resuelto los problemas de un país imaginario. El Parlamento peruano es hoy la institución más rechazada del continente, pero también la más cómoda, la más cara y, por supuesto, la más consentida por sí misma.
Este Congreso no legisla: se premia. No fiscaliza: negocia. No representa: se blinda.
Y entre blindaje y blindaje, un prófugo más: Óscar Acuña, desaparecido en tiempo récord, como si alguien le hubiera dado un calendario anticipado de allanamientos. Aquí los prófugos no huyen: se les deja ir. Más del 60% de los buscados con orden judicial logra evadir a la Policía. ¿Casualidad? No. En un país donde APP, Perú Libre, Avanza País y el fujimorismo parecen pelearse solo para la cámara, pero se defienden entre bambalinas como una fraternidad de sobrevivientes, la fuga de Acuña era un trámite. Un trámite político.
Pero lo más grave no está en el Cusco ni en la avenida Abancay. Lo más grave está en la arquitectura del poder. Hoy el Perú es un país sin presidencia. Un país donde cualquier jefe de Estado puede ser vacado con 87 votos y una excusa creativa, donde la “incapacidad moral” se convirtió en un arma y donde el Ejecutivo es un adorno constitucional, una silla vacía con rostro.
Seis presidentes en siete años. Gobiernos que duran menos que un semestre universitario. Y ahora, para consagrar el modelo, el Congreso quiere un Senado indisoluble. Un Senado que no podrá cerrarse, aunque arrase con lo que queda de la democracia. Un Senado que garantizará algo que la clase política anhela con desesperación: poder absoluto sin riesgo de consecuencias.
El Legislativo ya controla el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Solo faltaba el broche de oro: un Senado blindado. Una república sin equilibrio, sin límites, sin frenos. Una república que ya no es república.
Entonces, junte usted las piezas: wifi oficial para presos, bonos obscenos para congresistas, prófugos avisados, un presidente simbólico y un Senado eterno.
Todo conduce al mismo diagnóstico: el Perú está secuestrado por una élite política que funciona como un cartel institucional. Una élite sin talento, sin escrúpulos y sin miedo. Una élite que ha descubierto que, mientras el país esté cansado y resignado, puede hacer lo que quiera.
La presidencia no se perdió esta semana. La perdimos hace tiempo. Lo único nuevo es que ahora los verdaderos dueños del poder ya ni se preocupan por disimularlo.
Ese es el Perú real: un país capturado por una clase política que ya ni se molesta en ocultar su impunidad.
Desde el 2021, el Congreso peruano ha sido el escenario de una arremetida legislativa que, bajo el discurso de “reformas judiciales”, ha terminado debilitando gravemente los instrumentos más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Lo más indignante es que los mismos parlamentarios que impulsaron y votaron a favor de estas leyes “pro-crimen” hoy buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral de 2026. Una ironía política que roza el cinismo: los autores del retroceso legal pretenden ahora volver a escribir las reglas.
El desmantelamiento de la justicia
Con la Ley N° 31990, los congresistas redujeron el margen de acción de la Fiscalía al imponer plazos rígidos al proceso de colaboración eficaz. En la práctica, se limitó la posibilidad de investigar a redes criminales complejas. Esta norma fue promovida por Podemos Perú y respaldada por Perú Libre, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular.
Waldemar Cerrón —hermano del prófugo Vladimir Cerrón— defendió la medida afirmando que buscaba evitar “abusos fiscales”. Pero el resultado fue otro: una herramienta menos para desarticular mafias.
Los congresistas Flavio Cruz, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo acompañaron esta votación. Hoy, todos ellos buscan escaños en el nuevo Senado, bajo el mismo partido que ha normalizado el blindaje político como estrategia de supervivencia.
El golpe a la extinción de dominio
La Ley N° 32326, impulsada por el fujimorista Jorge Morante, bloquea la recuperación temprana de bienes ilícitos al exigir una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio. Un retroceso de proporciones: el Estado ahora debe esperar años antes de confiscar activos del crimen organizado.
Entre los principales defensores están Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Arturo Alegría y María Zeta, todos hoy en plena campaña por mantenerse en el nuevo Congreso bicameral.
La pregunta se impone sola: ¿a quién beneficia legislar para hacer más difícil perseguir el dinero sucio?
El blindaje a los partidos políticos
La Ley N° 32054, presentada por Waldemar Cerrón (Perú Libre), exime a los partidos de sanciones penales por delitos cometidos a través de su estructura. Es decir, si un dirigente lava dinero o recibe aportes ilícitos, el partido puede lavarse las manos. La ley, aprobada con 87 votos, contó con el respaldo de José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).
Todos ellos también han anunciado su intención de reelegirse. La impunidad, parece, se ha vuelto una carrera política de largo aliento.
La minería ilegal también tiene su ley
El Proyecto de Ley 06838/2023, transformado en la Ley N° 31989, debilitó la capacidad de la PNP para controlar la tenencia de explosivos en zonas de minería ilegal. Su autor: Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, acompañado por Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana. Todos, curiosamente, con aspiraciones al Senado o la Cámara de Diputados.
Una ley que, en lugar de fortalecer la fiscalización de actividades extractivas ilegales, se convirtió en una concesión directa a los intereses mineros más oscuros del país.
La ofensiva final contra la Fiscalía
Las leyes 32130 y 32138, impulsadas por Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos y Eduardo Salhuana, entregaron a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares, restando autonomía al Ministerio Público. Según el propio Ministerio Público, estas normas debilitan la persecución penal y favorecen a las organizaciones criminales.
Aun así, todos sus autores figuran en las listas electorales del 2026. Y no sorprende: pocos lugares ofrecen más inmunidad que un escaño.
Los congresistas que votaron por leyes “pro-crimen”
Fuerza Popular: Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos, Arturo Alegría, Enrique Castillo, Víctor Flores, Tania Ramírez, María Zeta Podemos Perú: José Luna Gálvez, José Arriola, Heidy Juárez, Guido Bellido Perú Libre: Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino Somos Perú: Jorge Morante, Héctor Valer, Alex Paredes Alianza Para el Progreso (APP): Jorge Marticorena, Edith Julón, Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Nelcy Heidinger, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana Otros: José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Adriana Tudela (Avanza País), Alfredo Azurín, Norma Yarrow, José Williams
Conclusión: un Congreso que legisla para sí mismo
El patrón es claro: los mismos congresistas que debilitaron la justicia buscan hoy perpetuarse en el poder. Desde modificar la colaboración eficaz hasta blindar a los partidos y frenar la extinción de dominio, cada una de estas leyes responde a un interés compartido: la autoprotección política.
No se trata solo de impunidad legislativa; se trata de un sistema político que premia la desconfianza ciudadana y convierte el Congreso en una fortaleza de intereses particulares.
Si el próximo Congreso bicameral repite los mismos rostros, no será una renovación democrática, sino la institucionalización del blindaje. Porque, como diría un viejo analista político: cuando los que hacen las leyes son los mismos que temen aplicarlas, el crimen no está afuera… está en el hemiciclo.
