¿Los partidos políticos evalúan la trayectoria y los antecedentes de sus postulantes… o simplemente el tamaño de sus billeteras?
Hay una costumbre que se ha vuelto peligrosamente peruana: indignarnos cuando estalla el escándalo, pero guardar silencio cuando se confeccionan las listas de candidatos.
Hoy volvemos a mirar con vergüenza al Congreso por la detención de un parlamentario investigado tras una denuncia por presunta violencia contra una mujer. La justicia tendrá que determinar responsabilidades y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero hay una responsabilidad que no corresponde a los jueces. Esa responsabilidad tiene nombre: los partidos políticos.
Porque un candidato no aparece por generación espontánea. Alguien lo buscó, alguien lo entrevistó —o quizá ni eso—, alguien lo incorporó a una lista y alguien recorrió pueblos y ciudades pidiendo el voto por él. Eso no es un accidente; es una decisión política.
Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué revisan realmente los partidos antes de entregar una candidatura? ¿La hoja de vida? ¿Los antecedentes? ¿La conducta? ¿El equilibrio emocional? ¿La trayectoria? ¿O basta con tener dinero, popularidad, influencia o capacidad para financiar una campaña?
Durante años hemos escuchado discursos grandilocuentes sobre la defensa de la mujer, la lucha contra la corrupción, la justicia social y la renovación de la política. Palabras correctas. Discursos impecables. Pero cuando llega el momento de seleccionar candidatos, esos principios parecen perder la elección frente al pragmatismo.
La política no puede seguir funcionando como una agencia de colocaciones ni como una franquicia electoral. Un partido serio no solo organiza campañas; forma líderes, verifica trayectorias y responde por las personas que presenta ante el país. Si no es capaz de hacerlo, deja de cumplir una de sus funciones más importantes en una democracia.
Y aquí conviene decir algo que muchas veces se evita. Cuando una autoridad elegida protagoniza un escándalo de esta naturaleza, el problema no termina en esa persona. También alcanza a quienes la promovieron, a quienes la defendieron y a quienes garantizaron ante la ciudadanía que era la persona indicada para ejercer un cargo público.
Los partidos no pueden aparecer únicamente para celebrar una victoria y desaparecer cuando llega la vergüenza. La responsabilidad política no prescribe con un comunicado de prensa ni se lava con un deslinde de último minuto.
El Perú necesita una reforma electoral, sí. Pero necesita, sobre todo, una reforma moral dentro de los partidos políticos. Porque ninguna ley podrá reemplazar lo que debería ser una obligación elemental: seleccionar a mujeres y hombres cuya conducta sea coherente con el enorme poder que el voto les entrega.
La próxima vez que un partido toque nuestra puerta para pedirnos confianza, no bastará con escuchar sus promesas. Habrá que hacer una pregunta mucho más sencilla y mucho más incómoda:
¿Qué hicieron ustedes para demostrar que el candidato que hoy nos presentan merece representar al Perú?
Porque, al final, el problema no es solo por quién votamos.
El verdadero problema es quiénes nos ponen delante para elegir.
España se consagró campeón del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en el alargue de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El único gol del partido lo anotó Ferrán Torres a los 105 minutos, tras una asistencia de Nico Williams, para darle a la Roja su segundo título mundial después del conseguido en Sudáfrica 2010.
El equipo de Luis de la Fuente fue claramente superior durante gran parte del encuentro. Dominó la posesión, jugó en campo rival y generó las mejores oportunidades, obligando a Emiliano Martínez a convertirse en la gran figura argentina. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena y Pau Cubarsí estuvieron cerca de abrir el marcador, mientras que la Albiceleste no logró registrar un solo tiro al arco en los 120 minutos.
Argentina resistió gracias a las intervenciones de Emiliano Martínez y llegó con vida al alargue, pese a jugar con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo adicional. Sin embargo, la presión española terminó dando resultado cuando Ferrán Torres aprovechó una gran jugada colectiva para marcar el gol decisivo. En el tramo final, los dirigidos por Lionel Scaloni intentaron reaccionar, pero España controló la ventaja y selló una consagración merecida para cerrar el Mundial 2026.
Las leyes suelen revelar más de quienes las promueven que de quienes dicen proteger. Mientras el Congreso debate ampliar el fuero militar-policial, el país enfrenta una pregunta crucial: cómo respaldar a quienes combaten el crimen sin debilitar los controles democráticos que impiden la impunidad y garantizan que nadie esté por encima de la ley.
Mientras el Perú se desangra entre extorsiones, sicariato, secuestros y un crimen organizado que parece haber tomado más de una ciudad, el Congreso vuelve a colocar sobre la mesa un viejo debate: la ampliación del fuero militar-policial para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los defensores de la norma sostienen que policías y militares necesitan protección jurídica para actuar con firmeza frente a la delincuencia. Y tienen razón en una cosa: ningún país puede derrotar al crimen si quienes deben enfrentarlo actúan con miedo a terminar procesados por cumplir su deber.
Pero una democracia madura no se construye únicamente protegiendo a quienes portan un uniforme. También se construye garantizando que el poder del Estado tenga límites y controles.
El problema de esta discusión es que se ha planteado como una falsa elección: o apoyas a la Policía y a las Fuerzas Armadas, o apoyas los derechos humanos. Esa es una trampa intelectual.
Los derechos humanos no existen para proteger delincuentes; existen para proteger ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Y el Estado, precisamente porque tiene armas, autoridad y capacidad de coerción, debe estar sometido a estándares más altos de vigilancia y responsabilidad.
La historia peruana debería bastar para entenderlo. Nuestro país ha conocido tanto el terrorismo criminal como los excesos cometidos desde el propio aparato estatal. Negar cualquiera de esas dos realidades es una forma de deshonestidad política.
Por eso la pregunta no es si debemos respaldar a policías y militares. La pregunta es quién debe investigar y juzgar cuando existen sospechas de que se ha cruzado la línea entre el uso legítimo de la fuerza y el abuso de poder.
Los promotores de la reforma argumentan que los jueces militares comprenden mejor la naturaleza de las operaciones de seguridad. Puede ser cierto. Sin embargo, también es cierto que toda justicia especial corre el riesgo de convertirse en una justicia menos independiente cuando debe examinar conductas de quienes pertenecen a la misma estructura institucional.
Y ahí aparece el principal peligro: que una norma concebida para proteger a quienes actúan correctamente termine siendo utilizada por quienes no lo hicieron.
Las leyes no se diseñan para los casos ideales. Se diseñan para prevenir los peores escenarios.
El Perú necesita policías respaldados, equipados, capacitados y protegidos. Pero también necesita que ningún ciudadano tenga motivos para pensar que existen peruanos con privilegios frente a la ley.
Porque cuando la ciudadanía percibe que algunos son juzgados por tribunales distintos, la confianza en la justicia comienza a erosionarse. Y cuando la confianza en la justicia se derrumba, también se debilita la legitimidad de las instituciones que deberían defenderla.
La seguridad no puede construirse sobre la impunidad. Pero tampoco puede construirse sobre el abandono de quienes enfrentan a la criminalidad.
El desafío consiste en encontrar el equilibrio. Lo preocupante es que el Congreso parece más interesado en ganar una batalla política e ideológica que en resolver ese dilema de fondo.
Más aún, la controversia no surge en cualquier momento. Surge en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra entre las más bajas de las últimas décadas, donde la impunidad es una de las principales preocupaciones de la población y donde buena parte de la clase política arrastra cuestionamientos éticos, judiciales y de credibilidad.
Por eso muchos ciudadanos se preguntan si esta reforma responde realmente a una necesidad operativa de las fuerzas del orden o si forma parte de una tendencia más amplia orientada a reducir los mecanismos de control y fiscalización del poder.
Mientras tanto, los peruanos siguen enterrando víctimas de la delincuencia, pagando cupos a extorsionadores, cerrando negocios por amenazas y viviendo con miedo. Una vez más, la clase política discute quién tendrá más poder, cuando la verdadera urgencia es cómo devolverle seguridad y confianza a la población.
Una democracia fuerte no es aquella donde los uniformados están por encima de la ley. Tampoco es aquella donde los uniformados son abandonados a su suerte. Una democracia fuerte es aquella donde nadie está por encima de la ley y donde quienes la hacen cumplir reciben el respaldo que merecen.
Todo lo demás son discursos. Y el Perú ya ha escuchado demasiados.
El arranque del Mundial 2026 dictó una sentencia de contrastes para el fútbol sudamericano. Tras concluir la primera fecha de la fase de grupos, el balance general enciende un poco las alarmas por el rendimiento de las seis selecciones de la Conmebol, pues solo Argentina y Colombia lograron revalidar su jerarquía y sacar la casta para posicionarse firmemente en el camino hacia la clasificación. El balance terminó siendo algo opaco para Sudamérica y toda la Conmebol, debido a que de seis participantes, solo dos debutaron con victoria, dejando un complejo 33% de éxito en estos primeros juegos.
La vigente campeona del mundo, Argentina, no dejó margen a las dudas y firmó un sólido 3-0 frente a una combativa Argelia con hat-trick de Lionel Messi, en un juego fluido y contundente, el combinado liderado por Lionel Scaloni.
Los argentinos ratificaron su cartel de candidato y dejó prácticamente pavimentado su acceso a la siguiente ronda. Por su parte, Colombia tuvo que batallar más de la cuenta en un trámite físico, pero impuso sus individualidades en los momentos clave para inclinar la balanza 2-1 ante Uzbekistán, sumando tres puntos de oro que le permiten respirar con tranquilidad.
Colombia, mejor que Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay
La otra cara de la moneda la vivieron los gigantes del continente que tropezaron inesperadamente en el estreno. Brasil y Uruguay apenas pudieron rescatar discretos empates 1-1 ante Marruecos y Arabia Saudita, respectivamente.
Ambas escuadras lucieron inconexas en ofensiva y sembraron dudas operativas que las obligarán a ajustar tuercas de inmediato si no quieren complicar prematuramente su permanencia en el certamen.
El panorama más sombrío, sin embargo, quedó reservado para Ecuador y Paraguay. El combinado ecuatoriano sucumbió por la mínima (0-1) ante el vigor físico de Costa de Marfil, hipotecando su margen de error en un grupo sumamente parejo.
Peor aún fue el destino de la Albirroja, que sufrió una dolorosa e inapelable goleada por 1-4 a manos del anfitrión, Estados Unidos, quedando relegada al fondo de la tabla con la urgencia histórica de una reestructuración inmediata.
Lo cierto, es que la primera fecha ha terminado y, mientras Argentina y Colombia avanzan con paso firme, el resto del continente queda bajo estricta advertencia.Resultados equipos sudamericanos en Mundial 2026
Colombia 3-1 Uzbekistán Argentina 3-0 Argelia Uruguay 1-1 Arabia Saudita Brasil 1-1 Marruecos Ecuador 0-1 Costa de Marfil Paraguay 1-4 Estados Unidos
A pesar de la escalada, se informó de un intercambio de cuerpos entre Ucrania y Rusia, con 552 cadáveres entregados a Ucrania, lo que revela la continua complejidad del conflicto.
La agencia estatal rusa TASS reportó lo que calificó como el mayor ataque contra Moscú en al menos dos años de guerra entre Ucrania y Rusia. Según se informó, varios drones formaron parte de la escalada, que alcanzó una importante refinería moscovita, provocó incendios en la capital rusa y perturbó la operación de los principales aeropuertos.
Sheremétievo, el aeródromo más importante de la nación, tuvo que evacuar a pasajeros antes de reabrir horas después. Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Además, los restos de otro causaron un incendio en un centro comercial cercano a la capital, informó el gobernador regional Andréi Vorobiov.
La acción ucraniana coincidió con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantuvo con los líderes del suroeste asiático en la ciudad de Kazán, cerca de la capital. Cabe indicar que esta no es la primera vez que Kiev realiza un movimiento de este tipo durante un evento internacional, como sucedió en San Petersburgo durante un importante foro económico.
Solo el martes, Ucrania lanzó un avance con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, la cual cubre un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.
Ucrania en busca de venganza
“Si Ucrania arde, su Moscú también arderá”, así describió el presidente Volodimir Zelenski las acciones en territorio ruso. «Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, (Vladimir) Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio», añadió en un mensaje de audio enviado a la prensa.
Asimismo, se estima que la escalada forma parte de una respuesta a los bombardeos rusos sobre infraestructura civil, como el reciente impacto en una catedral de Kiev.
Por otra parte, bajo un tono de exigencia, el mandatario —quien se encuentra en Bruselas para participar en reuniones con el conocido grupo Ramstein— reiteró su oferta para declarar un alto al fuego inmediato y sentarse a negociar el fin de la guerra.
Intercambio ininterrumpido
Pese al delicado panorama, Ucrania notificó que Rusia entregó 552 cadáveres, en su mayoría combatientes caídos, según señaló en Telegram el Centro ucraniano encargado de los prisioneros de guerra. Los fallecidos aún deberán ser identificados, precisó el comunicado.
Por su parte, Kiev entregó 33 cuerpos rusos, según el diputado ruso Chamsail Saraliev, miembro del grupo de coordinación parlamentaria sobre el conflicto, citado por el medio RBK.
Cabe indicar que el último intercambio de restos tuvo lugar a mediados de mayo, cuando la administración de Zelenski señaló haber recibido 528 cuerpos entregados desde el frente ruso. También hubo intercambios de prisioneros en mayo y junio: primero, 205 y luego 185 prisioneros por cada bando.
Mientras el Perú real sangra por la delincuencia, el Perú politiquero sigue peleando por el poder. El gran olvidado continúa siendo el ciudadano de a pie.
La noticia de hoy vuelve a poner sobre la mesa la pregunta más incómoda de la política peruana: ¿qué tan desconectados están nuestros dirigentes de los problemas reales del país?
Mientras candidatos, partidos y operadores políticos dedican horas a disputas electorales, impugnaciones, estrategias de campaña y cálculos de poder, millones de peruanos enfrentan una realidad mucho más urgente: trabajar sin ser extorsionados y volver vivos a casa.
Las cifras deberían encender todas las alarmas. Durante el 2025 se registraron más de 25 mil denuncias por extorsión y alrededor de 2,451 homicidios a nivel nacional, equivalente a casi siete asesinatos por día. Además, los homicidios crecieron respecto a los años anteriores, evidenciando que la violencia criminal sigue siendo uno de los mayores desafíos del país.
Más allá de los debates estadísticos sobre aumentos o reducciones temporales, existe una realidad que ningún peruano necesita que le expliquen: la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un problema estructural que afecta al transporte, al comercio, a los pequeños emprendedores e incluso a sectores culturales y artísticos. Diversos reportes muestran que las denuncias por extorsión se han multiplicado varias veces en los últimos años y que la presencia del crimen organizado se ha expandido en distintas regiones del país.
Sin embargo, la inseguridad rara vez ocupa el lugar central que merece en el debate político. Se habla más de quién ganará una elección que de cómo recuperar las calles. Se discute más sobre alianzas partidarias que sobre inteligencia policial. Se invierte más energía en la confrontación política que en la construcción de una estrategia nacional contra el crimen organizado.
La consecuencia es evidente: mientras la política sigue concentrada en la conquista del poder, la ciudadanía percibe que el Estado pierde terreno frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.
El Perú no necesita más campañas permanentes. Necesita liderazgo. Necesita instituciones capaces de enfrentar a quienes han convertido el miedo en un negocio. Necesita gobernantes que comprendan que la seguridad no es un tema más de la agenda pública, sino la condición básica para que exista libertad, inversión, trabajo y desarrollo.
Porque cuando un comerciante paga cupos para sobrevivir, cuando un transportista trabaja bajo amenaza o cuando una familia teme que un ser querido sea la próxima víctima, el problema ya no es solamente policial. Es un fracaso político.
Y ese fracaso no distingue colores, partidos ni ideologías. Termina golpeando, como siempre, al peruano de a pie.
La pregunta final seria y ¿Dónde están los candidatos que dicen amar a sus pueblo y solo aparecen en campañas electorales y cada vez por partidos diferentes?
Walter Ayala presentó una demanda de amparo para dejar sin efecto los resultados del voto en el exterior, alegando que fueron realizados bajo una norma que «nunca debió existir». La acción judicial reabre el debate sobre la estabilidad de las reglas electorales y el respeto a la voluntad popular
A pocos días de conocerse los resultados electorales, una nueva controversia amenaza con trasladar la disputa política a los tribunales. Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, ha presentado una demanda de amparo para anular los votos emitidos por los peruanos en el extranjero, argumentando que el proceso se desarrolló bajo una resolución que carecería de sustento legal.
Aunque Ayala insiste en que no está denunciando fraude, el efecto práctico de su demanda sería extraordinariamente grave: cuestionar la validez de miles de votos ya emitidos y contabilizados por ciudadanos peruanos residentes fuera del país.
En cualquier democracia, las reglas electorales pueden ser objeto de control judicial. Sin embargo, cuando una impugnación se presenta después de realizados los comicios, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se cuestionó la norma antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas?
El problema de fondo no es únicamente jurídico. También es político. Si cada resultado adverso termina derivando en intentos de anular votos o reinterpretar las reglas una vez concluida la elección, la confianza en las instituciones electorales se deteriora progresivamente.
Los peruanos en el exterior no son ciudadanos de segunda categoría. Su voto tiene el mismo valor constitucional que el emitido en Lima, Cusco, Arequipa o cualquier otra región del país. Por ello, cualquier intento de invalidar esos sufragios debe estar sustentado en argumentos jurídicos excepcionalmente sólidos y no en conveniencias coyunturales.
La democracia no solo consiste en votar; también implica aceptar reglas previamente establecidas y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos, incluso cuando los resultados no favorecen a determinados sectores políticos.
Por estos días, el Perú parece dividido entre dos países. Uno es el país real: el de los transportistas asesinados por negarse a pagar cupos, el de los emprendedores extorsionados, el de las familias que viven detrás de rejas, cámaras y alambres de púas. El otro es el país de los candidatos: un Perú imaginario donde los problemas parecen resolverse con frases de campaña, promesas genéricas y ataques al adversario.
Las cifras son brutales. En 2025 el Perú registró más de 25.000 denuncias por extorsión y alrededor de 2.400 homicidios. Es decir, casi siete asesinatos diarios. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían reportado más de 194.000 delitos, 504 homicidios y cerca de 4.000 denuncias por extorsión. No estamos hablando de percepciones ni de sensaciones; estamos hablando de una emergencia nacional documentada por las propias estadísticas.
Sin embargo, al observar el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, surge una pregunta inevitable: ¿están realmente conscientes de la magnitud del problema? Ambos dedicaron tiempo a confrontaciones políticas, ajustes de cuentas ideológicos y acusaciones mutuas, mientras el país esperaba explicaciones concretas sobre cómo derrotar al crimen organizado que hoy desafía abiertamente al Estado.
Es cierto que ambos mencionaron propuestas de seguridad. Keiko Fujimori habló de un Plan Nacional de Pacificación, de militares y policías en el transporte público, fortalecimiento de inteligencia y control fronterizo. Roberto Sánchez planteó depurar instituciones y derogar normas que considera favorables al crimen.
Pero el problema no es la ausencia de propuestas; el problema es la ausencia de profundidad.
El Perú no enfrenta una delincuencia común. Enfrenta organizaciones criminales que manejan millones de soles, infiltran instituciones, financian economías ilegales y ejercen control territorial en diversas zonas del país, además de existir denuncias a policías como integrantes de bandas criminales . Frente a ello, los ciudadanos escucharon anuncios, pero no una explicación convincente sobre cómo recuperar la autoridad del Estado en los próximos cinco años.
La pregunta central sigue sin respuesta:
¿Cómo piensan reducir las extorsiones?
¿Cómo piensan desarticular las redes de sicariato?
¿Cómo piensan evitar que miles de jóvenes sigan siendo reclutados por bandas criminales?
¿Cómo piensan recuperar una Policía cuestionada por corrupción y falta de recursos?
Porque gobernar no consiste en describir el problema. Consiste en demostrar que existe la capacidad de resolverlo.
La tragedia peruana es que mientras la política sigue atrapada en los fantasmas del pasado, la criminalidad ya está construyendo su futuro. Y ese futuro se escribe con sangre, miedo y silencio.
Quizá la reflexión más dura para estas elecciones sea que millones de peruanos no están votando por esperanza. Están votando por temor. Temor a que gane uno. Temor a que gane el otro. Temor a que nada cambie.
Por eso el ciudadano responsable no debe votar con fanatismo. Debe votar con vigilancia. Debe entender que ningún candidato merece un cheque en blanco. Porque los datos son demasiado graves para seguir creyendo en discursos vacíos.
Mientras Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia, el Perú real sigue esperando algo mucho más importante que un ganador electoral: sigue esperando un gobernante capaz de devolverle la tranquilidad.
Y hasta ahora, ninguno ha explicado con suficiente claridad cómo piensa hacerlo.
Y eso es lo mas preocupante y hay que decirlo Sin Mordaza alguna, Cuando una nación comienza a normalizar siete asesinatos por día y decenas de miles de extorsiones al año, la pregunta ya no es quién ganará las elecciones. La pregunta es si el Estado está ganando la batalla contra el crimen. Y hoy, lamentablemente, la respuesta parece ser no.
Aeropuerto, gas, túnel y cemento: los megaproyectos que los políticos utilizaron durante décadas mientras el Cusco siguió esperando desarrollo real
El Cusco pertenece a la segunda categoría.
Porque mientras el Perú entero convierte al Cusco en postal turística, vitrina cultural y orgullo nacional ante el mundo, millones de cusqueños siguen viviendo entre infraestructura precaria, caos urbano, servicios insuficientes y proyectos eternamente inconclusos.
Durante más de cincuenta años, presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes vendieron la idea de un “gran salto al desarrollo”. Lo hicieron con discursos solemnes, maquetas espectaculares y primeras piedras que muchas veces terminaron siendo lápidas del engaño político.
La tragedia no es solo económica.
Es moral.
Porque el Cusco aprendió a escuchar promesas como quien escucha una misa repetida:
con esperanza primero, con resignación después y con rabia finalmente.
EL AEROPUERTO DE CHINCHERO
EL PROYECTO QUE DEMORÓ MÁS QUE MUCHOS POLITICOS
La idea del Aeropuerto Internacional de Chinchero comenzó a tomar fuerza desde fines de los años setenta. Desde entonces, prácticamente todos los gobiernos prometieron convertirlo en “la gran puerta aérea del sur peruano”.
Han pasado más de cuatro décadas.
Y durante buena parte de ese tiempo, el proyecto avanzó menos que la propaganda que lo rodeaba.
Las cifras del absurdo:
El aeropuerto Alejandro Velasco Astete llegó a soportar más de 3 millones de pasajeros al año, pese a haber sido diseñado para mucho menos.
Antes de la pandemia, el Cusco recibía cerca de 4 millones de visitantes anuales entre turismo nacional e internacional.
El turismo representa aproximadamente entre el 13% y 15% del PBI regional cusqueño.
El proyecto de Chinchero supera hoy inversiones proyectadas de varios miles de millones de soles.
Y aun así, después de décadas:
cambios de contrato,
arbitrajes,
denuncias,
observaciones técnicas,
y escándalos políticos,
el aeropuerto sigue siendo símbolo de lentitud estatal y promesa reciclada.
El caso más crítico ocurrió en 2017 con la polémica adenda del contrato Kuntur Wasi, cuestionada por la Contraloría y que terminó convirtiéndose en una bomba política nacional.
Mientras tanto, el Cusco siguió creciendo turísticamente usando una infraestructura aeroportuaria que muchos especialistas calificaban ya como insuficiente y riesgosa.
CAMISEA
EL GAS QUE ENRIQUECIÓ AL PERÚ… PERO NO CAMBIÓ LA VIDA DEL CUSCO
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Camisea representa una de las mayores contradicciones del modelo peruano.
El Cusco posee una de las reservas de gas natural más importantes de América Latina. Sin embargo, durante años miles de familias cusqueñas siguieron cocinando con balones costosos mientras el recurso salía de su propia tierra.
Datos que evidencian la contradicción:
Camisea produce aproximadamente más del 90% del gas natural del Perú.
El proyecto ha generado miles de millones de dólares en ingresos para el Estado peruano.
El gas natural permitió reducir costos energéticos e impulsar industrias en otras regiones.
Pero la masificación domiciliaria del gas en Cusco avanzó lentamente y sigue siendo limitada en comparación con Lima.
En términos simples:
el Cusco produce energía para el país, pero no recibió proporcionalmente el desarrollo prometido.
El Gasoducto Sur Peruano fue vendido como:
industrialización del sur,
revolución energética,
empleo masivo,
y desarrollo histórico.
Terminó paralizado entre:
corrupción,
Odebrecht,
arbitrajes,
intereses políticos,
y una incapacidad estructural del Estado peruano para ejecutar obras estratégicas sin convertirlas en escándalo.
La sensación regional quedó instalada:
el Cusco entrega riqueza, pero el poder central administra los beneficios.
EL TÚNEL DE LA VERÓNICA
CINCUENTA AÑOS DE DISCURSOS ATRAVESADOS POR LA MONTAÑA
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Pocas obras resumen mejor el abandono estructural del Cusco profundo que el Túnel de La Verónica.
El proyecto prometía unir eficientemente:
La Convención,
Quillabamba,
Santa Teresa,
y la selva cusqueña.
Cada campaña electoral repetía el mismo libreto:
integración económica,
reducción del aislamiento,
impulso agrícola,
modernización regional.
Pero la realidad fue otra.
Algunos datos reveladores:
La ruta del Abra Málaga supera altitudes cercanas a los 4,300 metros sobre el nivel del mar.
Las lluvias, derrumbes y nevadas afectan constantemente la transitabilidad.
La provincia de La Convención concentra una enorme producción agrícola y energética estratégica para el país.
Sin embargo, la conectividad vial continúa siendo históricamente deficiente.
Los estudios advertían:
complejidad geológica extrema,
inversiones multimillonarias,
necesidad de planificación de largo plazo.
Entonces ocurrió lo habitual:
el proyecto dejó de ser prioridad técnica y se convirtió en simple bandera electoral.
El resultado:
medio siglo después, el túnel sigue siendo más discurso político que realidad.
LA FÁBRICA DE CEMENTO
EL SUEÑO INDUSTRIAL QUE EL CENTRALISMO NUNCA QUISO CONSOLIDAR
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Durante décadas, políticos cusqueños prometieron la instalación de una gran fábrica de cemento regional.
La idea tenía lógica:
Cusco crece urbanamente,
el sur demanda infraestructura,
existe mercado,
hay expansión inmobiliaria constante.
Entonces la pregunta era inevitable:
¿Por qué el Cusco no podía convertirse también en un polo industrial?
Pero el proyecto quedó atrapado entre:
intereses económicos,
falta de decisión política,
conflictos ambientales,
y centralismo empresarial.
Datos que explican el trasfondo:
El mercado cementero peruano históricamente estuvo dominado por pocos grupos económicos.
Lima concentra gran parte de la actividad industrial nacional.
Aunque el Cusco es una de las regiones con mayor crecimiento turístico y urbano del país, su industrialización sigue siendo limitada.
El resultado fue el mismo de siempre:
estudios, anuncios, campañas… pero no transformación estructural.
EL VERDADERO PROBLEMA:
EN EL PERÚ SE INAUGURAN DISCURSOS, NO OBRAS
El drama cusqueño no puede explicarse únicamente por corrupción.
La raíz del problema es más profunda:
el Perú desarrolló una cultura política donde prometer genera más rentabilidad electoral que cumplir.
Aquí:
las maquetas ganan elecciones,
las primeras piedras producen titulares,
y las obras inconclusas terminan convertidas en paisaje cotidiano.
Cusco es quizá el ejemplo más brutal de esa tragedia nacional.
Porque mientras el mundo admira:
Machu Picchu,
Sacsayhuamán,
el legado inca,
y la riqueza cultural cusqueña,
muchos cusqueños siguen esperando:
gas barato,
infraestructura moderna,
integración vial,
hospitales eficientes,
e industrialización real.
CONCLUSIÓN
EL CUSCO QUE EL PERÚ EXHIBE… PERO NO TERMINA DE RESPETAR
El Perú utiliza al Cusco como símbolo nacional ante el mundo.
Pero internamente, demasiadas veces lo trató como una región a la que se le puede ofrecer desarrollo indefinidamente sin cumplirlo por completo.
Ese es el fondo de esta historia.
Porque detrás de cada megaproyecto inconcluso no solo hay cemento faltante o túneles inexistentes.
Hay generaciones enteras que crecieron escuchando que el progreso estaba “a punto de llegar”.
Y después de medio siglo, el Cusco sigue esperando.
Hay algo más triste que un mal debate: un debate que confirma que ya no esperamos nada de él. El último espectáculo electoral no fue un intercambio de ideas, fue una coreografía de supervivencia. Nadie fue a explicar el país; fueron a no equivocarse en vivo. Y en ese cálculo pequeño, el Perú volvió a empequeñecerse.
Las cifras —aunque referenciales— ayudan a desnudar la escena. Más del 40% del electorado llega indeciso a pocas semanas de votar; en elecciones anteriores era 27% y antes 18%. No es volatilidad saludable: es desconfianza acumulada. Cuando el ciudadano no decide, no es porque esté pensando más, sino porque cree menos. Y el debate, lejos de ordenar, confirma el vacío.
El formato es cómplice. Bloques de 60 a 90 segundos para responder problemas estructurales de décadas. Preguntas amplias, respuestas en cápsulas, cero repreguntas incisivas. Con ese diseño, explicar es perder y simplificar es ganar. No hay espacio para decir cómo destrabar inversión sin capturar el Estado, ni cómo reducir el precio de los combustibles sin mentirle al mercado. Resultado: placebo económico. Mucha “reactivación”, poco mecanismo; mucho “emprendedor”, cero política pública.
En seguridad, la estadística real golpea más fuerte que cualquier eslogan. En los últimos años, la percepción de inseguridad urbana supera el 80% en varias ciudades, mientras la tasa de denuncias crece y la capacidad de investigación no acompaña. ¿Qué ofrecieron? “Mano dura”. Como si la criminalidad fuera un interruptor moral. Nadie se quedó a explicar la cadena completa: policía con déficit de formación y logística, fiscalías saturadas, Poder Judicial sin recursos, inteligencia fragmentada. Reconstruir eso toma años; decir “mano dura” toma segundos. El debate eligió lo segundo.
La corrupción fue el momento de teatro moral. Indignación de utilería y promesas de limpieza sin tocar las tuberías. Sin embargo, los números son obstinados: el país pierde miles de millones de soles al año por corrupción e inconducta funcional (estimaciones de la Contraloría). ¿Escuchamos propuestas sobre financiamiento de campañas, compras públicas con trazabilidad, servicio civil meritocrático? No. Se habló de castigos, no de sistemas. De escarmiento, no de prevención. Es decir, de titulares, no de Estado.
Y luego está el tono: más hábiles para el agravio que para el argumento. Interrupciones, ironías de colegio, frases diseñadas para el clip de 15 segundos. Según recuentos preliminares de monitoreo mediático, una porción significativa del tiempo efectivo se fue en ataques personales y descalificaciones, no en propuestas verificables. La política convertida en ring: ruido que reemplaza a la razón.
Pero no nos engañemos: el problema no es solo el escenario, son los actores. Candidatos sin equipos técnicos robustos, planes de gobierno que son PDFs decorativos, asesores que dominan el focus group pero no el presupuesto público. La campaña es permanente; el gobierno, un accidente posterior. Y cuando llega, llega sin manual.
También hay responsabilidad en la conducción. Un debate sin repreguntas obligatorias, sin derecho a contradicción en tiempo real y sin penalización por evasión es una invitación al vacío. Moderar no es repartir turnos; es exigir respuestas. Si alguien promete bajar combustibles, que diga cómo: ¿subsidio focalizado?, ¿reducción temporal de impuestos?, ¿costo fiscal?, ¿plazo? Si habla de seguridad, que detalle metas, presupuesto, cronograma. Si no puede, que el silencio le cueste.
Al final, el debate no ordenó ideas: ordenó percepciones. Ganó el que no titubeó, el que sonrió mejor, el que clavó la frase exportable al titular. Y el país, otra vez, quedó atrapado entre la retórica y el vacío.
El Perú no necesita candidatos que hablen bonito; necesita candidatos que expliquen, sustenten y se hagan cargo. Lo demás es utilería democrática: luces, cámaras… y una ciudadanía que empieza a sospechar que la función se repite porque nadie se atreve a cambiar el libreto.
