51 años de promesas, millones que se multiplican y un Cusco que sigue esperando respuestas.

¿Cómo es posible que un proyecto anunciado hace más de medio siglo siga sin convertirse en una realidad para el pueblo cusqueño? La historia del aeropuerto de Chinchero se remonta a 1975, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Han transcurrido 51 años entre anuncios, estudios, contratos, controversias y promesas políticas. Y el Cusco sigue esperando que esta obra estratégica se convierta en un aeropuerto operativo que justifique las expectativas generadas.

Pero el tiempo no es lo único que preocupa. También está el dinero.

En 2014, el proyecto contemplaba una inversión de aproximadamente US$ 538 millones para iniciar operaciones, con una previsión que podía llegar a US$ 658 millones considerando futuras ampliaciones y rehabilitaciones. En 2017, el contrato original anunciado para Kuntur Wasi ascendía a US$ 1,120 millones. Hoy, según la Contraloría, la inversión actualizada del proyecto alcanza los S/ 3,067.6 millones.

Son cifras correspondientes a distintas etapas y alcances contractuales, por lo que no deben compararse como si fueran exactamente el mismo presupuesto. Pero su evolución plantea una pregunta ineludible: ¿cómo se explica el costo actual de una obra que lleva décadas siendo anunciada y todavía no ha entrado en operación?

La Contraloría informó en mayo de 2026 que, tras siete adendas al contrato de Estado a Estado con Corea del Sur, el contratista planteaba extender la culminación de las obras hasta diciembre de 2028, pese a que el plazo previsto era diciembre de 2026. También advirtió sobre un déficit presupuestal de más de S/ 65 millones para ese año y deudas con proveedores de comunidades campesinas del área de influencia.

¿Quién responde por esta historia interminable?

Nadie puede negar que Cusco necesita mejorar su conectividad aérea, fortalecer el turismo y generar nuevas oportunidades económicas. Pero una necesidad legítima no justifica cualquier costo, cualquier demora ni la ausencia de explicaciones claras.

El aeropuerto fue presentado durante años como una puerta al mundo, una oportunidad para atraer más visitantes, inversiones y empleo. Sin embargo, cada retraso y cada modificación contractual obligan a exigir respuestas concretas. ¿Se realizaron oportunamente todos los estudios necesarios? ¿Se calcularon correctamente los costos? ¿Por qué se modificaron los contratos? ¿Cuánto terminará costando realmente la obra? ¿Existen garantías suficientes sobre su seguridad operacional y su funcionamiento? ¿Qué beneficios concretos recibirá la población cusqueña?

Estas preguntas no son un ataque al desarrollo. Son una exigencia de transparencia y responsabilidad con el dinero público.

Y también debemos preguntarnos por el papel de nuestros representantes. ¿Dónde estuvieron los congresistas, las autoridades regionales y los alcaldes cuando correspondía fiscalizar, exigir plazos y defender los intereses del Cusco? No basta con aparecer en las ceremonias, anunciar avances o atribuirse méritos. La obligación de una autoridad es vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente y que las obras prometidas se conviertan en resultados.

Mientras tanto, el Cusco continúa enfrentando profundas brechas de infraestructura, dificultades para industrializar sus recursos y una deuda histórica de desarrollo. El turismo genera riqueza, pero esa riqueza no se traduce automáticamente en bienestar para las mayorías. Un aeropuerto, por sí solo, tampoco resolverá nuestros problemas si no existe una política seria para integrar a los productores, promover inversiones sostenibles y distribuir mejor las oportunidades.

No corresponde afirmar que estamos ante una estafa sin pruebas que lo demuestren. Pero tampoco corresponde aceptar pasivamente una historia de décadas, presupuestos millonarios y plazos que se desplazan sin una rendición de cuentas convincente.

Si Chinchero es técnica y económicamente viable, que se demuestre con estudios sólidos, transparencia financiera, plazos verificables y resultados. Si hubo negligencia, irregularidades o incumplimientos, que se investiguen y se establezcan las responsabilidades que correspondan.

Cincuenta y un años deberían ser suficientes para que el país entregue respuestas, no nuevas excusas.

El Cusco no necesita otro presidente que venga a tomarse fotografías, otro ministro que anuncie fechas ni otra autoridad que se atribuya méritos antes de tiempo. Necesita una obra terminada, segura, operativa y capaz de producir beneficios reales para su población.

Porque el verdadero engaño sería acostumbrarnos a que transcurran décadas, se multipliquen los costos y nadie responda.

Chinchero debe dejar de ser una promesa eterna. El desarrollo no se anuncia: se demuestra. Y cuando se administra el dinero de todos, también se rinden cuentas.

Las leyes suelen revelar más de quienes las promueven que de quienes dicen proteger. Mientras el Congreso debate ampliar el fuero militar-policial, el país enfrenta una pregunta crucial: cómo respaldar a quienes combaten el crimen sin debilitar los controles democráticos que impiden la impunidad y garantizan que nadie esté por encima de la ley.

Mientras el Perú se desangra entre extorsiones, sicariato, secuestros y un crimen organizado que parece haber tomado más de una ciudad, el Congreso vuelve a colocar sobre la mesa un viejo debate: la ampliación del fuero militar-policial para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los defensores de la norma sostienen que policías y militares necesitan protección jurídica para actuar con firmeza frente a la delincuencia. Y tienen razón en una cosa: ningún país puede derrotar al crimen si quienes deben enfrentarlo actúan con miedo a terminar procesados por cumplir su deber.

Pero una democracia madura no se construye únicamente protegiendo a quienes portan un uniforme. También se construye garantizando que el poder del Estado tenga límites y controles.

El problema de esta discusión es que se ha planteado como una falsa elección: o apoyas a la Policía y a las Fuerzas Armadas, o apoyas los derechos humanos. Esa es una trampa intelectual.

Los derechos humanos no existen para proteger delincuentes; existen para proteger ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Y el Estado, precisamente porque tiene armas, autoridad y capacidad de coerción, debe estar sometido a estándares más altos de vigilancia y responsabilidad.

La historia peruana debería bastar para entenderlo. Nuestro país ha conocido tanto el terrorismo criminal como los excesos cometidos desde el propio aparato estatal. Negar cualquiera de esas dos realidades es una forma de deshonestidad política.

Por eso la pregunta no es si debemos respaldar a policías y militares. La pregunta es quién debe investigar y juzgar cuando existen sospechas de que se ha cruzado la línea entre el uso legítimo de la fuerza y el abuso de poder.

Los promotores de la reforma argumentan que los jueces militares comprenden mejor la naturaleza de las operaciones de seguridad. Puede ser cierto. Sin embargo, también es cierto que toda justicia especial corre el riesgo de convertirse en una justicia menos independiente cuando debe examinar conductas de quienes pertenecen a la misma estructura institucional.

Y ahí aparece el principal peligro: que una norma concebida para proteger a quienes actúan correctamente termine siendo utilizada por quienes no lo hicieron.

Las leyes no se diseñan para los casos ideales. Se diseñan para prevenir los peores escenarios.

El Perú necesita policías respaldados, equipados, capacitados y protegidos. Pero también necesita que ningún ciudadano tenga motivos para pensar que existen peruanos con privilegios frente a la ley.

Porque cuando la ciudadanía percibe que algunos son juzgados por tribunales distintos, la confianza en la justicia comienza a erosionarse. Y cuando la confianza en la justicia se derrumba, también se debilita la legitimidad de las instituciones que deberían defenderla.

La seguridad no puede construirse sobre la impunidad. Pero tampoco puede construirse sobre el abandono de quienes enfrentan a la criminalidad.

El desafío consiste en encontrar el equilibrio. Lo preocupante es que el Congreso parece más interesado en ganar una batalla política e ideológica que en resolver ese dilema de fondo.

Más aún, la controversia no surge en cualquier momento. Surge en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra entre las más bajas de las últimas décadas, donde la impunidad es una de las principales preocupaciones de la población y donde buena parte de la clase política arrastra cuestionamientos éticos, judiciales y de credibilidad.

Por eso muchos ciudadanos se preguntan si esta reforma responde realmente a una necesidad operativa de las fuerzas del orden o si forma parte de una tendencia más amplia orientada a reducir los mecanismos de control y fiscalización del poder.

Mientras tanto, los peruanos siguen enterrando víctimas de la delincuencia, pagando cupos a extorsionadores, cerrando negocios por amenazas y viviendo con miedo. Una vez más, la clase política discute quién tendrá más poder, cuando la verdadera urgencia es cómo devolverle seguridad y confianza a la población.

Una democracia fuerte no es aquella donde los uniformados están por encima de la ley. Tampoco es aquella donde los uniformados son abandonados a su suerte. Una democracia fuerte es aquella donde nadie está por encima de la ley y donde quienes la hacen cumplir reciben el respaldo que merecen.

Todo lo demás son discursos. Y el Perú ya ha escuchado demasiados.