¿Los partidos políticos evalúan la trayectoria y los antecedentes de sus postulantes… o simplemente el tamaño de sus billeteras?
Hay una costumbre que se ha vuelto peligrosamente peruana: indignarnos cuando estalla el escándalo, pero guardar silencio cuando se confeccionan las listas de candidatos.
Hoy volvemos a mirar con vergüenza al Congreso por la detención de un parlamentario investigado tras una denuncia por presunta violencia contra una mujer. La justicia tendrá que determinar responsabilidades y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero hay una responsabilidad que no corresponde a los jueces. Esa responsabilidad tiene nombre: los partidos políticos.
Porque un candidato no aparece por generación espontánea. Alguien lo buscó, alguien lo entrevistó —o quizá ni eso—, alguien lo incorporó a una lista y alguien recorrió pueblos y ciudades pidiendo el voto por él. Eso no es un accidente; es una decisión política.
Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué revisan realmente los partidos antes de entregar una candidatura? ¿La hoja de vida? ¿Los antecedentes? ¿La conducta? ¿El equilibrio emocional? ¿La trayectoria? ¿O basta con tener dinero, popularidad, influencia o capacidad para financiar una campaña?
Durante años hemos escuchado discursos grandilocuentes sobre la defensa de la mujer, la lucha contra la corrupción, la justicia social y la renovación de la política. Palabras correctas. Discursos impecables. Pero cuando llega el momento de seleccionar candidatos, esos principios parecen perder la elección frente al pragmatismo.
La política no puede seguir funcionando como una agencia de colocaciones ni como una franquicia electoral. Un partido serio no solo organiza campañas; forma líderes, verifica trayectorias y responde por las personas que presenta ante el país. Si no es capaz de hacerlo, deja de cumplir una de sus funciones más importantes en una democracia.
Y aquí conviene decir algo que muchas veces se evita. Cuando una autoridad elegida protagoniza un escándalo de esta naturaleza, el problema no termina en esa persona. También alcanza a quienes la promovieron, a quienes la defendieron y a quienes garantizaron ante la ciudadanía que era la persona indicada para ejercer un cargo público.
Los partidos no pueden aparecer únicamente para celebrar una victoria y desaparecer cuando llega la vergüenza. La responsabilidad política no prescribe con un comunicado de prensa ni se lava con un deslinde de último minuto.
El Perú necesita una reforma electoral, sí. Pero necesita, sobre todo, una reforma moral dentro de los partidos políticos. Porque ninguna ley podrá reemplazar lo que debería ser una obligación elemental: seleccionar a mujeres y hombres cuya conducta sea coherente con el enorme poder que el voto les entrega.
La próxima vez que un partido toque nuestra puerta para pedirnos confianza, no bastará con escuchar sus promesas. Habrá que hacer una pregunta mucho más sencilla y mucho más incómoda:
¿Qué hicieron ustedes para demostrar que el candidato que hoy nos presentan merece representar al Perú?
Porque, al final, el problema no es solo por quién votamos.
El verdadero problema es quiénes nos ponen delante para elegir.
Mientras el Perú real sangra por la delincuencia, el Perú politiquero sigue peleando por el poder. El gran olvidado continúa siendo el ciudadano de a pie.
La noticia de hoy vuelve a poner sobre la mesa la pregunta más incómoda de la política peruana: ¿qué tan desconectados están nuestros dirigentes de los problemas reales del país?
Mientras candidatos, partidos y operadores políticos dedican horas a disputas electorales, impugnaciones, estrategias de campaña y cálculos de poder, millones de peruanos enfrentan una realidad mucho más urgente: trabajar sin ser extorsionados y volver vivos a casa.
Las cifras deberían encender todas las alarmas. Durante el 2025 se registraron más de 25 mil denuncias por extorsión y alrededor de 2,451 homicidios a nivel nacional, equivalente a casi siete asesinatos por día. Además, los homicidios crecieron respecto a los años anteriores, evidenciando que la violencia criminal sigue siendo uno de los mayores desafíos del país.
Más allá de los debates estadísticos sobre aumentos o reducciones temporales, existe una realidad que ningún peruano necesita que le expliquen: la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un problema estructural que afecta al transporte, al comercio, a los pequeños emprendedores e incluso a sectores culturales y artísticos. Diversos reportes muestran que las denuncias por extorsión se han multiplicado varias veces en los últimos años y que la presencia del crimen organizado se ha expandido en distintas regiones del país.
Sin embargo, la inseguridad rara vez ocupa el lugar central que merece en el debate político. Se habla más de quién ganará una elección que de cómo recuperar las calles. Se discute más sobre alianzas partidarias que sobre inteligencia policial. Se invierte más energía en la confrontación política que en la construcción de una estrategia nacional contra el crimen organizado.
La consecuencia es evidente: mientras la política sigue concentrada en la conquista del poder, la ciudadanía percibe que el Estado pierde terreno frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.
El Perú no necesita más campañas permanentes. Necesita liderazgo. Necesita instituciones capaces de enfrentar a quienes han convertido el miedo en un negocio. Necesita gobernantes que comprendan que la seguridad no es un tema más de la agenda pública, sino la condición básica para que exista libertad, inversión, trabajo y desarrollo.
Porque cuando un comerciante paga cupos para sobrevivir, cuando un transportista trabaja bajo amenaza o cuando una familia teme que un ser querido sea la próxima víctima, el problema ya no es solamente policial. Es un fracaso político.
Y ese fracaso no distingue colores, partidos ni ideologías. Termina golpeando, como siempre, al peruano de a pie.
La pregunta final seria y ¿Dónde están los candidatos que dicen amar a sus pueblo y solo aparecen en campañas electorales y cada vez por partidos diferentes?
Walter Ayala presentó una demanda de amparo para dejar sin efecto los resultados del voto en el exterior, alegando que fueron realizados bajo una norma que «nunca debió existir». La acción judicial reabre el debate sobre la estabilidad de las reglas electorales y el respeto a la voluntad popular
A pocos días de conocerse los resultados electorales, una nueva controversia amenaza con trasladar la disputa política a los tribunales. Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, ha presentado una demanda de amparo para anular los votos emitidos por los peruanos en el extranjero, argumentando que el proceso se desarrolló bajo una resolución que carecería de sustento legal.
Aunque Ayala insiste en que no está denunciando fraude, el efecto práctico de su demanda sería extraordinariamente grave: cuestionar la validez de miles de votos ya emitidos y contabilizados por ciudadanos peruanos residentes fuera del país.
En cualquier democracia, las reglas electorales pueden ser objeto de control judicial. Sin embargo, cuando una impugnación se presenta después de realizados los comicios, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se cuestionó la norma antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas?
El problema de fondo no es únicamente jurídico. También es político. Si cada resultado adverso termina derivando en intentos de anular votos o reinterpretar las reglas una vez concluida la elección, la confianza en las instituciones electorales se deteriora progresivamente.
Los peruanos en el exterior no son ciudadanos de segunda categoría. Su voto tiene el mismo valor constitucional que el emitido en Lima, Cusco, Arequipa o cualquier otra región del país. Por ello, cualquier intento de invalidar esos sufragios debe estar sustentado en argumentos jurídicos excepcionalmente sólidos y no en conveniencias coyunturales.
La democracia no solo consiste en votar; también implica aceptar reglas previamente establecidas y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos, incluso cuando los resultados no favorecen a determinados sectores políticos.
Por estos días, el Perú parece dividido entre dos países. Uno es el país real: el de los transportistas asesinados por negarse a pagar cupos, el de los emprendedores extorsionados, el de las familias que viven detrás de rejas, cámaras y alambres de púas. El otro es el país de los candidatos: un Perú imaginario donde los problemas parecen resolverse con frases de campaña, promesas genéricas y ataques al adversario.
Las cifras son brutales. En 2025 el Perú registró más de 25.000 denuncias por extorsión y alrededor de 2.400 homicidios. Es decir, casi siete asesinatos diarios. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían reportado más de 194.000 delitos, 504 homicidios y cerca de 4.000 denuncias por extorsión. No estamos hablando de percepciones ni de sensaciones; estamos hablando de una emergencia nacional documentada por las propias estadísticas.
Sin embargo, al observar el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, surge una pregunta inevitable: ¿están realmente conscientes de la magnitud del problema? Ambos dedicaron tiempo a confrontaciones políticas, ajustes de cuentas ideológicos y acusaciones mutuas, mientras el país esperaba explicaciones concretas sobre cómo derrotar al crimen organizado que hoy desafía abiertamente al Estado.
Es cierto que ambos mencionaron propuestas de seguridad. Keiko Fujimori habló de un Plan Nacional de Pacificación, de militares y policías en el transporte público, fortalecimiento de inteligencia y control fronterizo. Roberto Sánchez planteó depurar instituciones y derogar normas que considera favorables al crimen.
Pero el problema no es la ausencia de propuestas; el problema es la ausencia de profundidad.
El Perú no enfrenta una delincuencia común. Enfrenta organizaciones criminales que manejan millones de soles, infiltran instituciones, financian economías ilegales y ejercen control territorial en diversas zonas del país, además de existir denuncias a policías como integrantes de bandas criminales . Frente a ello, los ciudadanos escucharon anuncios, pero no una explicación convincente sobre cómo recuperar la autoridad del Estado en los próximos cinco años.
La pregunta central sigue sin respuesta:
¿Cómo piensan reducir las extorsiones?
¿Cómo piensan desarticular las redes de sicariato?
¿Cómo piensan evitar que miles de jóvenes sigan siendo reclutados por bandas criminales?
¿Cómo piensan recuperar una Policía cuestionada por corrupción y falta de recursos?
Porque gobernar no consiste en describir el problema. Consiste en demostrar que existe la capacidad de resolverlo.
La tragedia peruana es que mientras la política sigue atrapada en los fantasmas del pasado, la criminalidad ya está construyendo su futuro. Y ese futuro se escribe con sangre, miedo y silencio.
Quizá la reflexión más dura para estas elecciones sea que millones de peruanos no están votando por esperanza. Están votando por temor. Temor a que gane uno. Temor a que gane el otro. Temor a que nada cambie.
Por eso el ciudadano responsable no debe votar con fanatismo. Debe votar con vigilancia. Debe entender que ningún candidato merece un cheque en blanco. Porque los datos son demasiado graves para seguir creyendo en discursos vacíos.
Mientras Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia, el Perú real sigue esperando algo mucho más importante que un ganador electoral: sigue esperando un gobernante capaz de devolverle la tranquilidad.
Y hasta ahora, ninguno ha explicado con suficiente claridad cómo piensa hacerlo.
Y eso es lo mas preocupante y hay que decirlo Sin Mordaza alguna, Cuando una nación comienza a normalizar siete asesinatos por día y decenas de miles de extorsiones al año, la pregunta ya no es quién ganará las elecciones. La pregunta es si el Estado está ganando la batalla contra el crimen. Y hoy, lamentablemente, la respuesta parece ser no.
Aeropuerto, gas, túnel y cemento: los megaproyectos que los políticos utilizaron durante décadas mientras el Cusco siguió esperando desarrollo real
El Cusco pertenece a la segunda categoría.
Porque mientras el Perú entero convierte al Cusco en postal turística, vitrina cultural y orgullo nacional ante el mundo, millones de cusqueños siguen viviendo entre infraestructura precaria, caos urbano, servicios insuficientes y proyectos eternamente inconclusos.
Durante más de cincuenta años, presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes vendieron la idea de un “gran salto al desarrollo”. Lo hicieron con discursos solemnes, maquetas espectaculares y primeras piedras que muchas veces terminaron siendo lápidas del engaño político.
La tragedia no es solo económica.
Es moral.
Porque el Cusco aprendió a escuchar promesas como quien escucha una misa repetida:
con esperanza primero, con resignación después y con rabia finalmente.
EL AEROPUERTO DE CHINCHERO
EL PROYECTO QUE DEMORÓ MÁS QUE MUCHOS POLITICOS
La idea del Aeropuerto Internacional de Chinchero comenzó a tomar fuerza desde fines de los años setenta. Desde entonces, prácticamente todos los gobiernos prometieron convertirlo en “la gran puerta aérea del sur peruano”.
Han pasado más de cuatro décadas.
Y durante buena parte de ese tiempo, el proyecto avanzó menos que la propaganda que lo rodeaba.
Las cifras del absurdo:
El aeropuerto Alejandro Velasco Astete llegó a soportar más de 3 millones de pasajeros al año, pese a haber sido diseñado para mucho menos.
Antes de la pandemia, el Cusco recibía cerca de 4 millones de visitantes anuales entre turismo nacional e internacional.
El turismo representa aproximadamente entre el 13% y 15% del PBI regional cusqueño.
El proyecto de Chinchero supera hoy inversiones proyectadas de varios miles de millones de soles.
Y aun así, después de décadas:
cambios de contrato,
arbitrajes,
denuncias,
observaciones técnicas,
y escándalos políticos,
el aeropuerto sigue siendo símbolo de lentitud estatal y promesa reciclada.
El caso más crítico ocurrió en 2017 con la polémica adenda del contrato Kuntur Wasi, cuestionada por la Contraloría y que terminó convirtiéndose en una bomba política nacional.
Mientras tanto, el Cusco siguió creciendo turísticamente usando una infraestructura aeroportuaria que muchos especialistas calificaban ya como insuficiente y riesgosa.
CAMISEA
EL GAS QUE ENRIQUECIÓ AL PERÚ… PERO NO CAMBIÓ LA VIDA DEL CUSCO
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Camisea representa una de las mayores contradicciones del modelo peruano.
El Cusco posee una de las reservas de gas natural más importantes de América Latina. Sin embargo, durante años miles de familias cusqueñas siguieron cocinando con balones costosos mientras el recurso salía de su propia tierra.
Datos que evidencian la contradicción:
Camisea produce aproximadamente más del 90% del gas natural del Perú.
El proyecto ha generado miles de millones de dólares en ingresos para el Estado peruano.
El gas natural permitió reducir costos energéticos e impulsar industrias en otras regiones.
Pero la masificación domiciliaria del gas en Cusco avanzó lentamente y sigue siendo limitada en comparación con Lima.
En términos simples:
el Cusco produce energía para el país, pero no recibió proporcionalmente el desarrollo prometido.
El Gasoducto Sur Peruano fue vendido como:
industrialización del sur,
revolución energética,
empleo masivo,
y desarrollo histórico.
Terminó paralizado entre:
corrupción,
Odebrecht,
arbitrajes,
intereses políticos,
y una incapacidad estructural del Estado peruano para ejecutar obras estratégicas sin convertirlas en escándalo.
La sensación regional quedó instalada:
el Cusco entrega riqueza, pero el poder central administra los beneficios.
EL TÚNEL DE LA VERÓNICA
CINCUENTA AÑOS DE DISCURSOS ATRAVESADOS POR LA MONTAÑA
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Pocas obras resumen mejor el abandono estructural del Cusco profundo que el Túnel de La Verónica.
El proyecto prometía unir eficientemente:
La Convención,
Quillabamba,
Santa Teresa,
y la selva cusqueña.
Cada campaña electoral repetía el mismo libreto:
integración económica,
reducción del aislamiento,
impulso agrícola,
modernización regional.
Pero la realidad fue otra.
Algunos datos reveladores:
La ruta del Abra Málaga supera altitudes cercanas a los 4,300 metros sobre el nivel del mar.
Las lluvias, derrumbes y nevadas afectan constantemente la transitabilidad.
La provincia de La Convención concentra una enorme producción agrícola y energética estratégica para el país.
Sin embargo, la conectividad vial continúa siendo históricamente deficiente.
Los estudios advertían:
complejidad geológica extrema,
inversiones multimillonarias,
necesidad de planificación de largo plazo.
Entonces ocurrió lo habitual:
el proyecto dejó de ser prioridad técnica y se convirtió en simple bandera electoral.
El resultado:
medio siglo después, el túnel sigue siendo más discurso político que realidad.
LA FÁBRICA DE CEMENTO
EL SUEÑO INDUSTRIAL QUE EL CENTRALISMO NUNCA QUISO CONSOLIDAR
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Durante décadas, políticos cusqueños prometieron la instalación de una gran fábrica de cemento regional.
La idea tenía lógica:
Cusco crece urbanamente,
el sur demanda infraestructura,
existe mercado,
hay expansión inmobiliaria constante.
Entonces la pregunta era inevitable:
¿Por qué el Cusco no podía convertirse también en un polo industrial?
Pero el proyecto quedó atrapado entre:
intereses económicos,
falta de decisión política,
conflictos ambientales,
y centralismo empresarial.
Datos que explican el trasfondo:
El mercado cementero peruano históricamente estuvo dominado por pocos grupos económicos.
Lima concentra gran parte de la actividad industrial nacional.
Aunque el Cusco es una de las regiones con mayor crecimiento turístico y urbano del país, su industrialización sigue siendo limitada.
El resultado fue el mismo de siempre:
estudios, anuncios, campañas… pero no transformación estructural.
EL VERDADERO PROBLEMA:
EN EL PERÚ SE INAUGURAN DISCURSOS, NO OBRAS
El drama cusqueño no puede explicarse únicamente por corrupción.
La raíz del problema es más profunda:
el Perú desarrolló una cultura política donde prometer genera más rentabilidad electoral que cumplir.
Aquí:
las maquetas ganan elecciones,
las primeras piedras producen titulares,
y las obras inconclusas terminan convertidas en paisaje cotidiano.
Cusco es quizá el ejemplo más brutal de esa tragedia nacional.
Porque mientras el mundo admira:
Machu Picchu,
Sacsayhuamán,
el legado inca,
y la riqueza cultural cusqueña,
muchos cusqueños siguen esperando:
gas barato,
infraestructura moderna,
integración vial,
hospitales eficientes,
e industrialización real.
CONCLUSIÓN
EL CUSCO QUE EL PERÚ EXHIBE… PERO NO TERMINA DE RESPETAR
El Perú utiliza al Cusco como símbolo nacional ante el mundo.
Pero internamente, demasiadas veces lo trató como una región a la que se le puede ofrecer desarrollo indefinidamente sin cumplirlo por completo.
Ese es el fondo de esta historia.
Porque detrás de cada megaproyecto inconcluso no solo hay cemento faltante o túneles inexistentes.
Hay generaciones enteras que crecieron escuchando que el progreso estaba “a punto de llegar”.
Y después de medio siglo, el Cusco sigue esperando.
El Congreso soltó la carga cuando ya quemaba. No antes. No por escrúpulo. No por convicción. La salida de José Jeri no fue una epifanía institucional sino un acto reflejo de supervivencia.
Durante semanas —o los días que bastaron para que el desgaste hiciera mella— el Congreso de la República administró el silencio. Mientras el costo político fue tolerable, el interino fue defendido con tecnicismos y apelaciones vacías a la estabilidad. Pero cuando la presión pública empezó a trepar y el descrédito amenazó con salpicar más allá del despacho cuestionado, la lealtad se volvió inflamable.
Y entonces lo soltaron.
No es un hecho aislado. Es un patrón. Según encuestas nacionales de los últimos años, el Congreso peruano arrastra niveles de desaprobación que han oscilado entre el 80% y el 90%. Es, consistentemente, una de las instituciones con menor credibilidad del país. En ese contexto, cada escándalo no es un incidente: es gasolina sobre una estructura ya erosionada. El cálculo es simple: sostener a un funcionario cuestionado en medio de semejante fragilidad es políticamente suicida.
La ética no entró en la ecuación. Entró el miedo.
El respaldo decisivo de Fuerza Popular tampoco respondió a una súbita conversión moral. El fujimorismo —como otras fuerzas en el Parlamento— ha demostrado que su coherencia es estratégica: sostiene mientras conviene, se aparta cuando el incendio amenaza con propagarse. No hay sorpresa; hay método.
Lo más grave no es que Jeri haya dejado el cargo. Eso era lo mínimo exigible. Lo preocupante es que haya sido necesario el ruido externo para que el Parlamento actuara. En una democracia sólida, la responsabilidad precede al escándalo. Aquí, el escándalo es la condición previa de la responsabilidad.
Y mientras tanto, los candidatos presidenciales ensayan discursos solemnes sobre institucionalidad y reforma política. Hablan de “recuperar la confianza ciudadana” en un país donde, según diversas mediciones, más del 70% de peruanos declara no confiar en los partidos. Prometen limpieza desde tribunas que mañana podrían compartir con los mismos bloques que hoy cuestionan. La indignación, en campaña, es un recurso retórico; en el poder, suele volverse negociable.
El Congreso reaccionó. Sí. Pero reaccionó tarde y por conveniencia. No fue el decoro el que destituyó; fue la presión la que obligó.
Se fue uno. El mecanismo quedó intacto.
Y mientras el Parlamento actúe cuando quema y no cuando corresponde, la política peruana seguirá confundiendo dignidad con cálculo y responsabilidad con miedo.
En el Perú la memoria electoral dura menos que una campaña. Cada cinco años fingimos amnesia colectiva y volvemos a escuchar las mismas promesas con distinto afiche. Después, cuando la decepción se instala, repetimos el ritual: indignación, memes, olvido. Y otra vez a empezar.
Si algo deberíamos preguntarnos antes de marcar la cédula es esto: ¿a quiénes jamás deberíamos volver a premiar con el voto?
No hablamos de nombres. Hablamos de categorías morales y políticas.
1. Los que ya gobernaron mal y piden segunda oportunidad
En las últimas dos décadas, el Perú ha visto cómo seis expresidentes han sido investigados o procesados por corrupción. No es una anécdota: es un patrón histórico.
Cuando un gobernante tuvo presupuesto, mayoría o poder suficiente y dejó como saldo ineficiencia, escándalos o parálisis institucional, no estamos ante “errores humanos”, sino ante incapacidad estructural.
Reelegir a quien ya fracasó no es esperanza: es reincidencia.
El Congreso peruano ha alcanzado niveles de desaprobación que en distintos momentos han superado el 80% según encuestas nacionales. Aun así, muchos de sus integrantes buscan volver como si el rechazo ciudadano fuera un simple detalle estadístico.
Cuando la política se convierte en carrera vitalicia, el incentivo deja de ser servir y pasa a ser permanecer. Y el que solo piensa en quedarse termina legislando para su red, no para el país.
La experiencia es valiosa; el enquistamiento no.
3. Los improvisados sin preparación técnica
El Perú arrastra brechas estructurales graves:
Más del 70% de informalidad laboral.
Déficits históricos en salud y educación pública.
Ejecución presupuestal deficiente en gobiernos regionales y locales.
Frente a esa complejidad, hay candidatos que no pueden explicar cómo funciona el presupuesto público, qué competencias tiene cada nivel de gobierno o cómo se financia una promesa.
Gobernar no es improvisar. No es indignarse en televisión ni viralizar frases en redes. La ignorancia en el poder no es simpática: es costosa.
4. Los partidos con cultura de corrupción
Cuando una organización política presenta sistemáticamente candidatos investigados, condenados o cuestionados, el problema no es individual: es cultural.
La corrupción en el Perú le cuesta al país miles de millones de soles al año según estimaciones oficiales. Ese dinero no es abstracto: es infraestructura que no se construye, hospitales que no se equipan, escuelas que no se mejoran.
Votar por partidos que normalizan estas prácticas no es ingenuidad: es complicidad pasiva.
5. Los populistas fiscales
Cada elección trae ofertas imposibles: eliminación masiva de impuestos, subsidios generalizados, bonos permanentes sin reforma estructural.
Pero el déficit fiscal no se paga con aplausos. Se paga con inflación, recorte o deuda. Y quien promete sin explicar el costo real no está siendo solidario; está siendo irresponsable.
El populismo es barato en campaña y carísimo en gobierno.
6. Los que confunden política con espectáculo
Hay candidatos que creen que gobernar es polemizar, provocar o transmitir en vivo cada decisión. Pero el Estado no es un set de televisión.
La política seria exige método, equipo técnico, institucionalidad.
El show produce likes. La gestión produce resultados.
Y el Perú no necesita animadores. Necesita administradores competentes.
La responsabilidad del votante
El problema no es solo quién se postula. Es quién legitima.
Mientras el ciudadano premie:
La improvisación,
La reincidencia,
La corrupción normalizada,
El populismo fiscal,
seguiremos obteniendo los mismos resultados con distintos rostros.
La democracia no se degrada sola. Se degrada cuando el votante baja el estándar.
Antes de preguntar por quién votarás, pregúntate a quién jamás deberías volver a darle tu confianza.
Porque el voto no es un acto emocional.
Es un contrato moral con consecuencias históricas.
Y esta vez, el país ya no puede darse el lujo de firmar otro contrato fallido.
Con 82 congresistas con carpetas fiscales abiertas (el 63% del Parlamento) la inhabilitación de Delia Espinoza ya no parece una sanción: parece una estrategia de supervivencia del poder.
El Congreso de la República ya no legisla desde la ley: legitima desde el miedo. La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza no es un acto jurídico ejemplar. Es un acto reflejo de un poder acorralado.
Hoy existe un dato público, demoledor, imposible de ignorar: 82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público. Eso equivale al 63% del Parlamento bajo investigación.
Es decir, la mayoría del Congreso está siendo investigada.
Y esa misma mayoría decide quién dirige o no dirige la Fiscalía que los investiga.
No es un conflicto de intereses. Es el conflicto de intereses convertido en sistema.
En ese contexto, pretender que la inhabilitación de Espinoza responde solo a una “infracción constitucional” por el supuesto desacato a la Ley 32130,la que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de las investigaciones preliminares, es una burla al sentido común. Más aún cuando incluso la defensa probó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada. La firmó un fiscal interino. El Congreso lo sabía. Y aun así avanzó.
Porque el problema nunca fue la firma. El problema fue la fiscal investigando al poder político.
La evidencia política es incluso más obscena: 15 de los 16 congresistas que aprobaron el informe final en la Comisión Permanente tenían carpetas fiscales abiertas. Es decir, la antesala del ajusticiamiento fue ejecutada casi íntegramente por investigados. Lo que en cualquier democracia sería causal automática de inhibición, aquí fue el motor de la sanción.
Eso no es control político. Eso es autoprotección corporativa.
La sesión final fue una escena de ejecución administrativa. Fernando Rospigliosi cortó el debate y empujó el voto como quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que entre el aire. No se quería discutir. Se quería resolver. Y se resolvió.
Luego vino la confesión más brutal del proceso. Jorge Montoya no habló de leyes: habló de molestia política. Dijo que Espinoza era un “peligro” por denunciar congresistas. En una sola frase quedó desnudo el verdadero móvil: no la sacan por violar la Constitución; la sacan por tocar al poder.
Los números sostienen la acusación política con una solidez aplastante:
63% del Congreso con carpetas fiscales abiertas.
Aprobación ciudadana del Congreso por debajo del 10%, según encuestas nacionales.
Tres de cada cuatro peruanos creen que el Parlamento legisla para sí mismo, no para el país.
Y ahora, una fiscal inhabilitada por un Parlamento mayoritariamente investigado.
Eso ya no es una crisis política. Eso es captura institucional del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio Público queda herido, intimidado, advertido. El mensaje es brutal y transparente: si investigas al Congreso, el Congreso te destruye.
Como si no bastara, horas antes le levantaron el fuero para abrirle investigaciones penales. Primero te saco del cargo. Luego te dejo expuesta. Ese es el método del poder cuando ya no necesita disimular.
Espinoza lo dijo sin maquillaje: muchos no dieron la cara porque vienen elecciones. Tiene razón. Nadie quiere aparecer en campaña como el verdugo institucional. Nadie quiere cargar con la foto del blindaje.
Hoy el Congreso no sancionó a una fiscal. Hoy el Congreso se protegió a sí mismo. Hoy quedó demostrado que en el Perú el problema no es la corrupción, sino quién se atreve a investigarla.
Esto no fue una votación. Fue una operación de supervivencia del poder. Y como toda autodefensa desesperada, deja una huella clara de culpabilidad.
CONCLUSION:
La caída de una fiscal a manos de un Parlamento mayoritariamente investigado confirma que la crisis del Perú ya no es solo de representación, sino de captura abierta del Estado por una clase política que legisla para sobrevivir, no para gobernar. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
Podemos, Fuerza, APP y compañía: padrones inflados, operadores reciclados y una democracia secuestrada por mafias con inscripción electoral.
En el Perú ya no se fundan partidos: se registran empresas políticas. Algunas con planillas falsas, otras con aportes oscuros, casi todas con operadores reciclados del subsuelo del poder. El caso de Podemos Perú y su inscripción bajo sospecha judicial no es una anomalía del sistema. Es su modelo de negocio más visible.
Lo que hoy lleva a José Luna Gálvez camino al juicio no es una travesura burocrática ni un error técnico. Es la evidencia de un método: copar instituciones, comprar resoluciones, usar al Estado como notaría de intereses privados y luego gritar persecución cuando el sistema —tarde y mal— reacciona.
Precisión necesaria: el caso Podemos no es un trámite, es una operación
En el caso específico de Podemos Perú, la acusación no gira en torno a simples firmas observadas, sino a un esquema de captura institucional para forzar su inscripción. La Fiscalía sostiene que el partido de Luna habría financiado pagos ilícitos para asegurar que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura influya decisivamente en la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017, garantizando así una inscripción sin obstáculos. El Poder Judicial ya rechazó los intentos de Luna por tumbar la investigación, dejando el caso en control de acusación y rumbo a juicio oral. Es decir: no se discute un error administrativo, sino una presunta operación criminal en el acta de nacimiento del partido.
El club de los partidos inflados
Y aquí viene lo incómodo: Podemos no está solo. Solo está más avanzado en el expediente.
Hoy, en ese mismo ecosistema de padrones inflados, afiliaciones sin consentimiento y vientres de alquiler electoral, operan estructuras como:
Fuerza Popular,
Alianza para el Progreso,
Perú Libre,
Acción Popular,
Renovación Popular,
Avanza País.
Distintos discursos. El mismo ADN: sobrevivir del padronazo, no del ciudadano.
Más del 70% de los partidos que corren hacia el 2026 carga observaciones por firmas irregulares. Miles de peruanos aparecen afiliados sin saberlo. Muertos que militan. Ciudadanos que “pertenecen” a organizaciones que jamás pisaron. Partidos que subsisten no por convicción, sino por capacidad de falsificación y alquiler electoral.
La estafa legalizada
La democracia peruana llegó al punto en que primero se compra la inscripción, luego se negocia la bancada, después se trafican ministerios y al final se denuncia persecución política. Es una estafa en cuatro actos.
Y lo más grave no es que esto ocurra. Lo más grave es que el sistema lo sabe, lo tolera y lo regulariza.
El Estado observa los padrones, detecta las firmas falsas, advierte las irregularidades… y aun así habilita a los partidos a competir. Porque no está diseñado para limpiar la política, sino para administrarla podrida sin que colapse.
Luna no cae por corrupto: cae por innecesario
José Luna no está contra el sistema. Está siendo descartado por él.
No por inmoral. No por delincuente. Sino porque ya no es funcional.
Se expuso demasiado. Dejó demasiadas huellas. Hizo visible lo que debía operar en la sombra.
No es justicia: es reciclaje de poder.
Rumbo al 2026: postulan los imputados, no los ciudadanos
Vamos a una elección donde:
Los acusados postulan.
Los financistas se esconden.
Los partidos se alquilan.
Y el ciudadano vota asqueado o vota en blanco.
Luego se preguntan por qué nadie cree en nada. Luego se indignan por la antipolítica que ellos mismos fabricaron.
Conclusión
El caso Podemos no es una mancha. Es la radiografía completa del sistema político peruano.
Un país donde la corrupción ya no se infiltra en los partidos: los funda.
Y mientras una sigla entra a juicio, las demás siguen facturando candidaturas, negociando bancadas, intercambiando impunidad por gobernabilidad.
Que la Corte Suprema evalúe este lunes 24 de noviembre un impedimento de salida del país contra Dina Boluarte sería impensable hace apenas unos meses. No porque el caso no lo ameritara, sino porque la expresidenta había logrado instalarse en ese espacio privilegiado y tóxico donde muchos gobernantes se sienten a salvo del escrutinio judicial.
Hoy, sin embargo, la posibilidad de un veto migratorio la coloca en un terreno inédito: el de los intocables que empiezan a ser tocados. Y no porque el sistema de justicia haya despertado, sino porque como percibe gran parte de la población Boluarte dejó de ser útil para quienes sostenían su blindaje político.
La justicia que actúa cuando conviene
La Sala Penal Permanente revisará la apelación de la Fiscalía para imponerle un impedimento de salida por 18 meses. La narrativa oficial habla de legalidad, de equilibrio, de independencia judicial. Pero en la práctica, el calendario y la oportunidad política pesan más que cualquier tecnicismo jurídico.
Que el juez Checkley rechazara inicialmente la medida alegando falta de riesgo de fuga fue un capítulo más de un guion conocido. Que ahora la Fiscalía insista y la Corte Suprema reabra el debate responde, para muchos ciudadanos, no a un súbito rigor procesal, sino a un desgaste: cuando un personaje deja de servir al engranaje, el sistema deja de protegerlo.
Según encuestas recientes, más del 50% de peruanos identifica la corrupción como el principal problema del país, una cifra que demuestra no solo hartazgo social sino claridad diagnóstica: la política opera bajo incentivos de autopreservación, no de transparencia. La justicia, aunque formalmente independiente, se activa de manera selectiva, como si agradeciera o castigara según la temperatura política del día.
La exintocable en el banquillo simbólico
El caso Cirugías no es banal: involucra presuntas designaciones irregulares, contrataciones sospechosas y un pago acelerado de más de S/196 000 a un médico vinculado a los procedimientos estéticos de Boluarte. Si se tratara de un funcionario menor, probablemente ya estaría con restricciones hace meses. Pero Boluarte gozó de un aura de invulnerabilidad alimentada por su función y por una red política que prefería mantenerla firme al mando.
Hoy, ese blindaje parece resquebrajarse. El impedimento de salida si se aprueba no será un triunfo institucional sino un síntoma del cambio de etapa: la caída de un alfil al que ya no conviene proteger.
La ciudadanía lo percibe con claridad: la justicia no mejora; simplemente, los equilibrios cambian.
No es un acto de justicia, sino de reajuste
En un país donde el Índice de Percepción de la Corrupción sigue rodeando los 31 puntos, ubicando al Perú entre los peor evaluados de la región, cualquier gesto judicial importante despierta sospechas. No porque se espere que todo esté mal, sino porque la historia reciente enseña que las decisiones judiciales suelen alinearse con las coyunturas, no con los principios.
Para muchos ciudadanos, el posible impedimento de salida no representa un avance moral, sino una señal de que Boluarte ya no es funcional al tablero político. Su caída no se lee como justicia, sino como reorganización.
¿Cambio real o simplemente otro capítulo?
Si a Boluarte se le impone la restricción migratoria, será fácil celebrarlo como un acto de rigor democrático. Pero si queremos honestidad política, debemos admitir algo más incómodo: este episodio no prueba que el sistema de justicia funciona; prueba que funciona a veces, y solo cuando el poder deja de intervenir en su propio favor.
Boluarte puede enfrentar la justicia. Pero eso no significa que la justicia esté finalmente enfrentando al poder.
Conclusión: el riesgo histórico de confundir castigo con reforma
Este lunes podría marcar una ruptura simbólica: la primera vez que Boluarte deja de ser vista como una figura impermeable. Pero si el país aprende algo de este episodio, debería ser lo siguiente: la impunidad solo se rompe cuando deja de convenir, no cuando llega la justicia.
La pregunta, entonces, no es si Boluarte será restringida. La pregunta es si, cuando surja el siguiente intocable, el sistema volverá a protegerlo… hasta que deje de servir. Y a Ud. ¿Qué le parece?, las cosas por su nombre y Sin Mordaza
