Mientras millones sobreviven con hambre, miedo y abandono, el poder se premia a sí mismo con sueldos, blindajes y ahora regalos “oficialmente” permitidos.

No hay peor señal de decadencia institucional que cuando el poder deja de esconder sus excesos y comienza a ejercerlos con total descaro, envueltos en legalidad formal y escritos en tinta oficial. Lo que está ocurriendo hoy en el Perú no es una anécdota más en la larga saga de cinismo político. Es una advertencia.

La presidenta Dina Boluarte ha aprobado la Directiva N.º 004-2025-SG/PCM, que regula el “proceso de recepción de obsequios, donaciones y similares en Palacio de Gobierno”. En términos simples: la jefa del Estado se ha otorgado a sí misma y a su entorno cercano el permiso oficial de recibir regalos sin límite de valor, incluso de personas con vínculos familiares, personales o laborales. El texto, firmado por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y autorizado desde el Despacho Presidencial, permite formalizar la recepción de bienes “sin que se afecte el cumplimiento de las funciones públicas”. Una frase que insulta la inteligencia ciudadana.

No solo es inmoral: es ilegal. La directiva contradice frontalmente la Ley 28024, que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar beneficios o liberalidades de parte de gestores de intereses o personas que tengan relación directa con decisiones de gobierno. Se trata de una norma anticorrupción clave, cuyo espíritu ha sido vulnerado con una firma y una publicación en el diario oficial. Lo que la ley sanciona, el gobierno lo reglamenta. ¿Qué queda entonces de la legalidad cuando el propio poder Ejecutivo se permite anularla por conveniencia?

Esta directiva no es un error de forma ni un malentendido. Es una maniobra deliberada para normalizar el privilegio, para convertir en costumbre aquello que el sistema jurídico justamente quiso evitar: la entrada del interés privado en la esfera pública. No se gobierna con principios, sino con cálculos. No se legisla para proteger al ciudadano, sino para protegerse del ciudadano.

En un país donde millones de personas viven en la pobreza —una pobreza que ya no es estructural, sino desesperada—, donde el crimen ha sustituido al Estado en múltiples territorios, y donde la informalidad es la única alternativa económica real para la mayoría, este tipo de decisiones no son solo ofensivas: son incendiarias. Mientras los ambulantes invaden las calles no por elección sino por hambre, mientras la violencia se instala como rutina en los barrios, mientras los hospitales colapsan y las escuelas se caen a pedazos, en el corazón del poder se diseñan directivas para recibir regalos y se reparten sueldos de élite como si el país no se estuviera desmoronando. La brecha ya no es solo económica: es moral.

Se ha instalado una lógica perversa en la política peruana: si algo no se puede ocultar, se le da un marco normativo. Si algo es cuestionado, se escribe una directiva. No se combate la corrupción; se la incorpora. No se repara el Estado; se lo usa como escudo. Esto no es solo falta de ética: es la institucionalización del cinismo. Y lo más grave es que ocurre con el silencio cómplice de un Congreso sin vocación de control, con una fiscalía debilitada, y con una ciudadanía que, fatigada y desmovilizada, observa desde la frustración y el desencanto.

El poder ha perdido el pudor. Lo ejerce sin rendición de cuentas, sin respeto a la ley y sin temor al juicio público. Y cuando eso ocurre, la caída del Estado de derecho deja de ser una posibilidad futura: se convierte en un proceso en marcha. Cada norma que viola principios básicos, cada directiva que contradice la ley, cada silencio del Congreso y de la justicia, nos empuja un paso más hacia el colapso institucional. El Perú ya no está al borde: está descendiendo, lentamente, hacia un modelo de autoritarismo corrupto disfrazado de legalidad.

Por eso, la pregunta ya no es cuánto más puede soportar el país. La verdadera urgencia es otra: ¿quién —dentro o fuera del poder— va a tener el coraje de frenar esta deriva antes de que sea irreversible? Porque si seguimos permitiendo que se gobierne con impunidad, que se legisle para beneficio propio y que la corrupción se disfrace de norma administrativa, entonces no habrá reforma que baste ni elección que salve lo que ya está roto.

Pero aún no todo está perdido. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad: tomar conciencia ciudadana, no callar, no resignarse, no mirar hacia otro lado. La democracia no se defiende sola. Está en nosotros elegir el destino del país —con dignidad, con memoria y con la firmeza de quienes saben que un Perú diferente sí es posible, pero solo si dejamos de aceptar lo inaceptable.

En la recta final para inscribir alianzas, partidos enfrentados ideológicamente sellan pactos que contradicen sus propios discursos. La lógica es simple: todo vale si el botín es el poder.

El proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026 ya muestra señales inquietantes. Con el 2 de agosto como fecha límite para la inscripción de alianzas electorales ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE, el tablero político vuelve a ser escenario de una práctica recurrente, pero no por ello menos preocupante: la proliferación de alianzas contranatura, uniones en las que la ideología, los valores y los principios programáticos quedan subordinados al único objetivo que parece importar: acceder al poder, cueste lo que cueste.

No se trata de convergencias legítimas entre partidos con trayectorias afines o propuestas complementarias. Lo que hoy vemos es, más bien, una lógica de supervivencia electoral. Partidos que durante años se acusaron mutuamente de corrupción, populismo o autoritarismo, hoy se funden bajo una denominación común, como si las profundas diferencias de ayer se resolvieran con una reunión a puerta cerrada y un reparto de candidaturas.

Este tipo de alianzas no nacen de la deliberación ni de la construcción programática. Nacen del cálculo. Nacen de encuestas. Nacen del temor a no superar la valla electoral o a perder la inscripción. Es una política de corto plazo, donde la conveniencia pesa más que la coherencia y donde los principios se canjean por posiciones en la lista.

El Jurado Nacional de Elecciones, que publicará el 1 de septiembre las alianzas oficialmente inscritas, no tiene competencia para juzgar la naturaleza ideológica de estas uniones. Pero el electorado sí. Y lo que percibe con claridad es que muchas de estas alianzas no representan una visión de país, sino una estrategia desesperada por mantener cuotas de poder en un sistema cada vez más deslegitimado.

A esto se suma el hecho de que el plazo para modificar estatutos y reglamentos internos venció el 11 de junio, lo que implica que muchas de estas decisiones se han tomado sin una revisión estructural al interior de las organizaciones, sin mayor consulta a las bases y, en algunos casos, al margen de sus propios marcos normativos.

La política, cuando se vacía de contenido y se reduce a pura táctica electoral, se vuelve indistinguible de la ambición personal. El país necesita acuerdos, sí, pero acuerdos sustentados en ideas, en proyectos comunes, en compromisos con la ciudadanía. No alianzas de último minuto que solo buscan burlar la fragmentación sin resolverla.

Porque si las alianzas se forman ignorando las diferencias, gobernarán ignorando las consecuencias. Y en esa omisión, quien termina perdiendo no es el partido ni el político de turno, sino la democracia misma.

La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro exministros por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y 2023 es un golpe duro y vergonzoso para la justicia en el Perú. Con once votos a favor, el Congreso decidió blindar a quienes, según cientos de testimonios y reportes, tienen responsabilidad política y penal en la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos. La excusa formal: que la denuncia no cumple con los requisitos del reglamento parlamentario. Pero detrás de ese argumento técnico se esconde un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y sus familias.

Esta decisión no es un hecho aislado ni nuevo en nuestra historia. Remite a sombras largas y dolorosas, como las de Huanta en los años de conflicto interno, cuando la impunidad se convirtió en política de Estado y la justicia fue negada a los más vulnerables. No olvidemos que, entre 1980 y 2000, más de 69,000 peruanos murieron en un conflicto marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muchas de ellas cometidas por el propio Estado. Masacres como la de El Frontón o Baguazo son recordatorios amargos de cómo la represión ha sido usada una y otra vez para silenciar a los pueblos.

Hoy, la presidenta Boluarte, en una actitud que raya en el cinismo, junto a un Congreso complaciente, niega toda responsabilidad y pasa la página sin ofrecer respuestas ni justicia. No solo es un insulto a la inteligencia del pueblo peruano, sino una demostración clara de que en nuestra política prima la protección de los poderosos por encima de la vida y la dignidad.

Cuando las instituciones que deberían garantizar la justicia se convierten en protectoras de la impunidad, el país se enfrenta a una crisis profunda de legitimidad democrática. La memoria histórica es un llamado urgente a la acción y a la reflexión. Como afirmó el activista estadounidense Martin Luther King Jr.: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.” En Perú, no podemos permitir que la injusticia se normalice ni que la impunidad sea política de Estado.

El blindaje político que hoy protege a la presidenta y sus ministros no es solo un acto de negligencia: es un mensaje claro a quienes protestan, a las víctimas, y a toda la ciudadanía. Es la demostración de que el poder se protege a sí mismo y que las instituciones están dispuestas a sacrificar la verdad y la justicia por conveniencias políticas.

Perú merece mucho más que palabras vacías y excusas legales. Merece justicia real, sanciones efectivas, y un compromiso auténtico con los derechos humanos. Solo así podremos construir un país donde la democracia no sea una fachada, sino una realidad que respete y proteja la dignidad de todos sus ciudadanos.

Como dijo el escritor peruano José María Arguedas: “No hay nada más peligroso que un pueblo sin memoria.” Que esta dolorosa historia no quede en el olvido ni en el silencio, porque solo enfrentando nuestro pasado con valentía podremos construir un futuro justo.

Las cosas claras, por su nombre y Sin Mordaza.

Con ventas ilegales por más de 7,500 millones de dólares anuales, economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico podrían estar detrás del financiamiento oculto en las campañas presidenciales y regionales.

A medida que el Perú se acerca al ciclo electoral de 2026, emerge una amenaza sistémica que va más allá del clientelismo o la desinformación: el financiamiento ilícito desde economías ilegales. Según el estudio “Análisis exploratorio: economías ilegales y elecciones”, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia junto con la Asociación Empresarios por la Integridad, los mercados ilegales de cocaína, oro, contrabando y tala ilegal generan anualmente cerca de 7,500 millones de dólares.

Este monto no es irrelevante en términos electorales. Si se toma como referencia el costo de una campaña presidencial en 2016 —USD 11.7 millones—, las economías ilegales tendrían la capacidad financiera para sostener 2,368 campañas presidenciales, o más de 57 mil campañas congresales. La comparación no es meramente especulativa: se trata de un ejercicio que cuantifica el riesgo de captura del sistema político por parte de actores ilegales con intereses concretos en la toma del poder o en la neutralización del Estado.

La amenaza no es homogénea. Regiones como el VRAEM o Madre de Dios muestran una alta concentración de rentas ilegales y una baja presencia estatal efectiva. Es en estos territorios donde el dinero sucio se convierte en herramienta política, ya sea para financiar candidatos, sostener movimientos regionales o garantizar cuotas de representación funcionales a intereses ilícitos.

A esto se suma un ecosistema institucional aún precario para fiscalizar el origen del dinero político. La ONPE carece de mecanismos ágiles y preventivos; la UIF opera con márgenes legales restrictivos, y los procesos por lavado de activos suelen quedar entrampados en el sistema judicial. La correlación entre el volumen de recursos ilícitos y el número de procesos iniciados por financiamiento ilegal es ínfima, lo que revela una clara disonancia entre la magnitud del fenómeno y la respuesta estatal.

Más grave aún es la sofisticación de los métodos de penetración. El uso de testaferros, criptomonedas, fundaciones pantalla, consultoras y publicidad encubierta en medios permite canalizar recursos ilegales sin dejar huella fiscal. No se trata de aportes directos y groseros, sino de estrategias de influencia más sutiles, pero profundamente eficaces: construcción de candidaturas, manipulación de agendas, encuestas orientadas, o campañas de desinformación mediática.

El fenómeno obliga a repensar la relación entre economía ilegal y gobernabilidad. Las economías ilícitas no solo buscan impunidad: buscan estabilidad funcional, predictibilidad regulatoria y acceso al aparato estatal. Esto las convierte en actores políticos de facto. Ya no es posible analizarlas únicamente como externalidades del mercado informal o síntomas de ausencia estatal. Son estructuras con agencia, recursos, redes e intereses. Y están invirtiendo estratégicamente en política.

Frente a ello, el sistema político peruano se encuentra fragmentado y débil. Con 43 partidos inscritos, sin filtros internos eficaces, sin sistemas de integridad financiera consolidados, y con una cultura política propensa a la informalidad, el terreno está fértil para la infiltración. La captura institucional no ocurre solo en el Congreso o en los gobiernos regionales: empieza en las campañas.

El estudio del Instituto de Criminología no busca alarmar, sino anticipar. Pone en cifras lo que hasta ahora era intuición: que el dinero ilegal ya tiene la capacidad de definir resultados electorales. El desafío para 2026 no es solo contar votos, sino verificar quién los financia.

Si el sistema electoral no incorpora mecanismos robustos de prevención y fiscalización —desde auditorías financieras anticipadas hasta el monitoreo digital de aportes y gastos—, nos arriesgamos a que las próximas elecciones sean técnicamente válidas, pero políticamente capturadas. Y esa es una derrota mucho más silenciosa, pero igual de peligrosa que un fraude.

¡cuidado! , las cosas por su nombre y Sin Mordaza.