• Mientras la inseguridad azota las calles y muchas comisarías carecen de vehículos para patrullar, la Policía, el Ejército y la FAP destinan millonarios recursos a la compra de autos de lujo para sus oficiales de alto rango.

En un país donde el crimen organizado se infiltra en barrios, mercados y hasta en instituciones, el rol de las fuerzas del orden debería enfocarse en recuperar la confianza ciudadana y en garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la violencia. Sin embargo, las prioridades parecen estar claramente mal ubicadas.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, más de 8,000 vehículos policiales se encuentran inoperativos en todo el país. La consecuencia de esta alarmante cifra es evidente: comisarías sin patrulleros, rondas policiales suspendidas o reducidas y una población cada vez más expuesta a la delincuencia sin un Estado que la proteja adecuadamente.

Pese a esta crítica situación, la Policía Nacional del Perú ha decidido desembolsar una millonaria suma para la adquisición de ocho vehículos de alta gama destinados exclusivamente al uso de sus altos mandos. Se trata de modernos Audi Q5, Honda Pilot y Volkswagen Jetta, todos vehículos considerados de lujo, más comunes en zonas exclusivas que en misiones de seguridad pública. El Ejército del Perú y la Fuerza Aérea han seguido el mismo camino.

Privilegios que hieren

Resulta indignante que, mientras muchas comisarías del país deben operar con motos viejas, autos sin mantenimiento o, simplemente, sin vehículos, quienes ocupan los cargos más altos dentro de las instituciones armadas y policiales disfruten de autos último modelo con aire acondicionado, tapizado de cuero y sistemas digitales de navegación.

La pregunta es inevitable: ¿qué combate contra el crimen se libra desde el asiento trasero de un Audi Q5?

Estas compras millonarias reflejan una realidad preocupante: los privilegios de las altas esferas están por encima de las necesidades urgentes del país. No se trata de desconocer la importancia de dotar de recursos a las instituciones de seguridad, sino de señalar que esos recursos deberían destinarse, primero, a quienes están en las calles enfrentando a diario la violencia y el crimen organizado.

El Estado de espaldas al ciudadano

Mientras los delincuentes se reorganizan, los ciudadanos viven con miedo y los policías de base carecen del equipamiento mínimo, las decisiones de los altos mandos parecen responder más al confort personal que a un verdadero compromiso con la seguridad pública. Esta desconexión entre la cúpula institucional y la realidad en las calles solo mina aún más la credibilidad de nuestras fuerzas del orden.

Resulta urgente que la Contraloría General de la República y el Congreso investiguen a fondo estas adquisiciones y que se exija una rendición de cuentas real. En tiempos donde cada sol del Estado debería ser cuidadosamente invertido, gastar millones en autos de lujo no solo es un error, es una afrenta a la población que exige y merece seguridad.