En el Perú, insultar y desprestigiar al crítico se ha convertido en táctica sistemática. Cuando no hay gestión ni argumentos, el poder y los candidatos cobardes con rabo de paja, atacan al emisario para silenciar la verdad y victimizarse frente a una ciudadanía desinformada.
En el Perú actual, insultar ya no es un error: es método. No se trata de reacciones airadas, sino de una estrategia de comunicación política diseñada, financiada y ejecutada desde el poder. Gobernadores, alcaldes, congresistas, e incluso candidatos sin mayor arraigo político, recurren al agravio, la calumnia y la desinformación como mecanismo para simular oposición, ocultar pactos y distraer a la opinión pública.
Los principales analistas políticos del país coinciden en que hemos llegado a una etapa donde la agresión verbal ha reemplazado al contenido, y el escándalo a la propuesta. Este fenómeno, lejos de estar concentrado en Lima, se ha extendido a nivel nacional, desde gobiernos regionales hasta alcaldías distritales, donde se ha institucionalizado una forma de hacer política basada en el ataque personal y la polarización permanente.
El guion se repite: cuando se carece de gestión, se fabrica un enemigo. Cuando se teme a la fiscalización, se deslegitima a la prensa. Cuando se denuncia corrupción, se ataca al denunciante. El recurso no es nuevo, pero se ha perfeccionado. Hoy no se confronta el mensaje, se mata al emisario para que el mensaje no llegue. Es decir, no se rebate con argumentos, sino que se destruye la credibilidad de quien los emite.
Esto se ejecuta con una maquinaria coordinada: granjas de troles, redes de cuentas falsas, campañas de difamación, todo financiado desde recursos públicos o intereses privados enquistados en el Estado. Los periodistas independientes, los órganos de control, e incluso algunos actores del propio aparato público, se convierten en blancos sistemáticos de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda.
Paradójicamente, muchos de estos agresores forman parte del poder que dicen combatir. Alcaldes y gobernadores que votaron con el Congreso, que gestionan con aliados de la presidenta, o que se beneficiaron del reparto del presupuesto público, hoy simulan ser “antisistema” con discursos radicales, para limpiar su imagen y reconectar con una ciudadanía harta, pero desinformada.
Esta simulación de oposición desde dentro del sistema es el núcleo del cinismo político actual. Y como toda farsa, necesita espectáculo: gritos, enemigos imaginarios, frases vacías, y sobre todo, insultos. Así se desplaza el foco del verdadero problema —la ineficiencia, la corrupción, la captura del Estado— hacia una guerra de ruido que termina erosionando aún más la institucionalidad democrática.
Lo más peligroso es que esta estrategia sí funciona, al menos en el corto plazo. Gana atención, acalla críticas, y refuerza una narrativa de victimismo que evita rendir cuentas. Pero su costo es inmenso: debilita la democracia, rompe el tejido social, y deja al ciudadano sin referentes confiables.
En la política peruana contemporánea, la táctica de “matar al mensajero” ha dejado de ser un reflejo defensivo para convertirse en una estrategia sistemática. Ya no se responde al mensaje: se anula, se distorsiona o se silencia a quien lo emite. Periodistas, fiscalizadores, analistas y críticos son blanco constante de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda. La lógica es perversa pero efectiva: si destruyes la credibilidad del emisario, el mensaje pierde fuerza, aunque sea verdad. Así, el insulto, la calumnia y el troleo digital se convierten en herramientas clave para victimizar al agresor, que se presenta como perseguido por el “sistema”, cuando en realidad forma parte activa de él. Esta estrategia no busca convencer, sino confundir; no se trata de ganar el debate, sino de ensuciarlo hasta que nadie quiera escucharlo.
No podemos seguir aceptando que la política se reduzca a gritar más fuerte, ni permitir que la calumnia y el chisme se instalen como prueba suficiente para destruir personas. El debate público no puede construirse sobre rumores, ni la autoridad sobre el escándalo artificial. Defender la verdad y la dignidad propia y ajena es hoy un acto de resistencia frente a una cultura política que premia la mentira y castiga la integridad. Que la ciudadanía no olvide: quien necesita insultar para sostenerse, ya se ha quedado sin razones para gobernar. No permitamos mas este tipo de politiquería, las cosas por su nombre y Sin Mordaza
