Con ventas ilegales por más de 7,500 millones de dólares anuales, economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico podrían estar detrás del financiamiento oculto en las campañas presidenciales y regionales.
A medida que el Perú se acerca al ciclo electoral de 2026, emerge una amenaza sistémica que va más allá del clientelismo o la desinformación: el financiamiento ilícito desde economías ilegales. Según el estudio “Análisis exploratorio: economías ilegales y elecciones”, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia junto con la Asociación Empresarios por la Integridad, los mercados ilegales de cocaína, oro, contrabando y tala ilegal generan anualmente cerca de 7,500 millones de dólares.
Este monto no es irrelevante en términos electorales. Si se toma como referencia el costo de una campaña presidencial en 2016 —USD 11.7 millones—, las economías ilegales tendrían la capacidad financiera para sostener 2,368 campañas presidenciales, o más de 57 mil campañas congresales. La comparación no es meramente especulativa: se trata de un ejercicio que cuantifica el riesgo de captura del sistema político por parte de actores ilegales con intereses concretos en la toma del poder o en la neutralización del Estado.
La amenaza no es homogénea. Regiones como el VRAEM o Madre de Dios muestran una alta concentración de rentas ilegales y una baja presencia estatal efectiva. Es en estos territorios donde el dinero sucio se convierte en herramienta política, ya sea para financiar candidatos, sostener movimientos regionales o garantizar cuotas de representación funcionales a intereses ilícitos.
A esto se suma un ecosistema institucional aún precario para fiscalizar el origen del dinero político. La ONPE carece de mecanismos ágiles y preventivos; la UIF opera con márgenes legales restrictivos, y los procesos por lavado de activos suelen quedar entrampados en el sistema judicial. La correlación entre el volumen de recursos ilícitos y el número de procesos iniciados por financiamiento ilegal es ínfima, lo que revela una clara disonancia entre la magnitud del fenómeno y la respuesta estatal.
Más grave aún es la sofisticación de los métodos de penetración. El uso de testaferros, criptomonedas, fundaciones pantalla, consultoras y publicidad encubierta en medios permite canalizar recursos ilegales sin dejar huella fiscal. No se trata de aportes directos y groseros, sino de estrategias de influencia más sutiles, pero profundamente eficaces: construcción de candidaturas, manipulación de agendas, encuestas orientadas, o campañas de desinformación mediática.
El fenómeno obliga a repensar la relación entre economía ilegal y gobernabilidad. Las economías ilícitas no solo buscan impunidad: buscan estabilidad funcional, predictibilidad regulatoria y acceso al aparato estatal. Esto las convierte en actores políticos de facto. Ya no es posible analizarlas únicamente como externalidades del mercado informal o síntomas de ausencia estatal. Son estructuras con agencia, recursos, redes e intereses. Y están invirtiendo estratégicamente en política.
Frente a ello, el sistema político peruano se encuentra fragmentado y débil. Con 43 partidos inscritos, sin filtros internos eficaces, sin sistemas de integridad financiera consolidados, y con una cultura política propensa a la informalidad, el terreno está fértil para la infiltración. La captura institucional no ocurre solo en el Congreso o en los gobiernos regionales: empieza en las campañas.
El estudio del Instituto de Criminología no busca alarmar, sino anticipar. Pone en cifras lo que hasta ahora era intuición: que el dinero ilegal ya tiene la capacidad de definir resultados electorales. El desafío para 2026 no es solo contar votos, sino verificar quién los financia.
Si el sistema electoral no incorpora mecanismos robustos de prevención y fiscalización —desde auditorías financieras anticipadas hasta el monitoreo digital de aportes y gastos—, nos arriesgamos a que las próximas elecciones sean técnicamente válidas, pero políticamente capturadas. Y esa es una derrota mucho más silenciosa, pero igual de peligrosa que un fraude.
¡cuidado! , las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
