Mientras millones sobreviven con hambre, miedo y abandono, el poder se premia a sí mismo con sueldos, blindajes y ahora regalos “oficialmente” permitidos.
No hay peor señal de decadencia institucional que cuando el poder deja de esconder sus excesos y comienza a ejercerlos con total descaro, envueltos en legalidad formal y escritos en tinta oficial. Lo que está ocurriendo hoy en el Perú no es una anécdota más en la larga saga de cinismo político. Es una advertencia.
La presidenta Dina Boluarte ha aprobado la Directiva N.º 004-2025-SG/PCM, que regula el “proceso de recepción de obsequios, donaciones y similares en Palacio de Gobierno”. En términos simples: la jefa del Estado se ha otorgado a sí misma y a su entorno cercano el permiso oficial de recibir regalos sin límite de valor, incluso de personas con vínculos familiares, personales o laborales. El texto, firmado por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y autorizado desde el Despacho Presidencial, permite formalizar la recepción de bienes “sin que se afecte el cumplimiento de las funciones públicas”. Una frase que insulta la inteligencia ciudadana.
No solo es inmoral: es ilegal. La directiva contradice frontalmente la Ley 28024, que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar beneficios o liberalidades de parte de gestores de intereses o personas que tengan relación directa con decisiones de gobierno. Se trata de una norma anticorrupción clave, cuyo espíritu ha sido vulnerado con una firma y una publicación en el diario oficial. Lo que la ley sanciona, el gobierno lo reglamenta. ¿Qué queda entonces de la legalidad cuando el propio poder Ejecutivo se permite anularla por conveniencia?
Esta directiva no es un error de forma ni un malentendido. Es una maniobra deliberada para normalizar el privilegio, para convertir en costumbre aquello que el sistema jurídico justamente quiso evitar: la entrada del interés privado en la esfera pública. No se gobierna con principios, sino con cálculos. No se legisla para proteger al ciudadano, sino para protegerse del ciudadano.
En un país donde millones de personas viven en la pobreza —una pobreza que ya no es estructural, sino desesperada—, donde el crimen ha sustituido al Estado en múltiples territorios, y donde la informalidad es la única alternativa económica real para la mayoría, este tipo de decisiones no son solo ofensivas: son incendiarias. Mientras los ambulantes invaden las calles no por elección sino por hambre, mientras la violencia se instala como rutina en los barrios, mientras los hospitales colapsan y las escuelas se caen a pedazos, en el corazón del poder se diseñan directivas para recibir regalos y se reparten sueldos de élite como si el país no se estuviera desmoronando. La brecha ya no es solo económica: es moral.
Se ha instalado una lógica perversa en la política peruana: si algo no se puede ocultar, se le da un marco normativo. Si algo es cuestionado, se escribe una directiva. No se combate la corrupción; se la incorpora. No se repara el Estado; se lo usa como escudo. Esto no es solo falta de ética: es la institucionalización del cinismo. Y lo más grave es que ocurre con el silencio cómplice de un Congreso sin vocación de control, con una fiscalía debilitada, y con una ciudadanía que, fatigada y desmovilizada, observa desde la frustración y el desencanto.
El poder ha perdido el pudor. Lo ejerce sin rendición de cuentas, sin respeto a la ley y sin temor al juicio público. Y cuando eso ocurre, la caída del Estado de derecho deja de ser una posibilidad futura: se convierte en un proceso en marcha. Cada norma que viola principios básicos, cada directiva que contradice la ley, cada silencio del Congreso y de la justicia, nos empuja un paso más hacia el colapso institucional. El Perú ya no está al borde: está descendiendo, lentamente, hacia un modelo de autoritarismo corrupto disfrazado de legalidad.
Por eso, la pregunta ya no es cuánto más puede soportar el país. La verdadera urgencia es otra: ¿quién —dentro o fuera del poder— va a tener el coraje de frenar esta deriva antes de que sea irreversible? Porque si seguimos permitiendo que se gobierne con impunidad, que se legisle para beneficio propio y que la corrupción se disfrace de norma administrativa, entonces no habrá reforma que baste ni elección que salve lo que ya está roto.
Pero aún no todo está perdido. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad: tomar conciencia ciudadana, no callar, no resignarse, no mirar hacia otro lado. La democracia no se defiende sola. Está en nosotros elegir el destino del país —con dignidad, con memoria y con la firmeza de quienes saben que un Perú diferente sí es posible, pero solo si dejamos de aceptar lo inaceptable.
