Opinión

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La reciente destitución de Dina Boluarte es, sin duda, un momento histórico. No porque marque un punto de inflexión como algunos entusiastas creen, sino porque deja en evidencia que en el Perú la política sigue funcionando como un sistema de reciclaje de intereses, no de ideas ni de principios. La vacancia no fue una victoria de la ética pública, sino una jugada estratégica de los mismos actores que mantuvieron el desastre durante años.

La presidenta cayó no por el escándalo de los relojes, ni por su grotesca ausencia en funciones mientras se realizaba una cirugía estética, ni siquiera por las más de 60 muertes en protestas sociales. Cayó porque dejó de ser útil. Porque sus escándalos empezaron a salpicar a quienes la sostenían. Porque la popularidad era tan baja que su permanencia empezaba a restar votos a sus propios aliados del Congreso.

Y es que resulta grotesco ver a los mismos congresistas que la blindaron en al menos seis intentos de vacancia anteriores, hoy rasgarse las vestiduras en nombre de la moral pública. ¿Cuándo fue el punto de quiebre? ¿El Rolex? ¿Las muertes? ¿La cirugía secreta? No. El punto de quiebre fue el cálculo electoral. Dina ya no era rentable. Y como en todo sistema enfermo, cuando el cuerpo ya no puede disimular la gangrena, se amputa. Pero amputar no es curar.


Estadísticas de una democracia colapsada

Lo que vivimos no es nuevo. Es apenas otro capítulo del largo ocaso institucional del país:

  • En solo 7 años, el Perú ha tenido 7 presidentes.
  • Según Latinobarómetro, solo el 12 % de los peruanos cree que se gobierna para el bien del pueblo.
  • Más del 80 % desconfía del Congreso, y casi el mismo porcentaje considera que los partidos políticos no los representan.
  • La aprobación del Congreso es tan baja como la de los presidentes que tumba.

El colmo: premiar la mediocridad con el poder

Y como si el nivel de descomposición no fuera suficiente, el Congreso en un acto que raya con el cinismo designa como nuevo presidente a José Jerí, un personaje sin experiencia ejecutiva ni liderazgo probado, y con denuncias en curso. ¿Méritos? Ninguno. ¿Preparación? Cuestionable. ¿Apoyo ciudadano? Nulo.

Su elección no responde a un proyecto de país ni a una visión de Estado, sino al mismo juego de supervivencia parlamentaria: poner a alguien maleable, manejable, y desechable si las cosas se complican. No importa la legitimidad ni la idoneidad. Importa solo conservar las cuotas de poder. Así se sigue escribiendo esta tragicomedia nacional.


¿Y ahora qué?

No nos engañemos: la salida de Boluarte no es una victoria ciudadana ni democrática. Es un movimiento táctico del Congreso para lavarse la cara mientras el país sigue ardiendo. Cambian al personaje, pero mantienen el guion. Y el guion es siempre el mismo: impunidad arriba, miseria abajo.

La verdadera salida no está en celebrar el cambio de nombre en el sillón presidencial. Está en exigir una reforma política real, en barrer con los partidos parásitos, en acabar con el sistema de blindajes y pactos ocultos que ha hecho de nuestro país un experimento constante de desgobierno.


Porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la ciudadanía organizada, vendrá otro escándalo, otro presidente de papel, otra vacancia. Y otro Congreso lavándose las manos con agua sucia.

En el Perú de hoy, la impunidad no se disfraza de justicia, se disfraza de vacancia. Y los mismos que sostuvieron el desastre ahora se disfrazan de salvadores. Pero el rostro del cinismo es fácil de reconocer: sonríe mientras empuja al país un poco más hacia el abismo. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

Dina Boluarte, la presidenta sin votos, ha vuelto a hablar. Esta vez, no para rendir cuentas por las decenas de muertos que dejó la represión brutal durante su gobierno. No para explicar el uso de la fuerza letal contra ciudadanos que protestaban. No. Habló para culpar a los jóvenes, a la llamada Generación Z, por “salir a dar malos ejemplos”, por “destrozar bienes públicos y privados”.

Es un cinismo mayúsculo. Mientras los responsables políticos, policiales y militares de la masacre siguen blindados, Boluarte señala con el dedo a una generación que se atrevió a salir a las calles cuando los adultos de siempre guardaban silencio. La acusa de vandalismo, cuando lo que vio el país fue a miles de jóvenes enfrentando gases lacrimógenos, perdigones, represión y muerte… con pancartas, TikToks y mucha valentía.

Que lo diga una presidenta que jamás fue elegida en las urnas para liderar el país y que trepó a la presidencia traicionando al mismo Pedro Castillo con quien prometió “no más pobres en un país rico” no solo insulta la memoria de los caídos. Es una provocación peligrosa y vil.

¿De qué mal ejemplo habla? ¿De qué manipulación? Los únicos manipuladores han sido los operadores de siempre: los medios de comunicación concentrados, los partidos moribundos y las élites que hoy la sostienen como marioneta útil. La “mala influencia” no vino de redes sociales, sino de un Estado que dispara a matar, que encubre crímenes y que ahora pretende dar lecciones de civismo.

Decir que los jóvenes dieron “mal ejemplo” es negar lo evidente: que fue el Estado quien rompió el pacto social. Que mientras ellos marchaban con banderas, lo que recibieron fue represión. Que el verdadero daño al país no fue un paradero quemado, sino la indiferencia de un gobierno que pisotea la democracia sin siquiera sonrojarse.

Los jóvenes que marcharon, nuestros hijos, sobrinos, hermanas menores o nietos, no son delincuentes: son ciudadanos conscientes que hicieron lo que tantas generaciones antes no se atrevieron a hacer. Según la Defensoría del Pueblo, más del 50% de las víctimas mortales de la represión estatal en las protestas de 2022–2023 eran menores de 25 años. Como en tantas otras luchas a lo largo del continente, fueron los jóvenes quienes dieron el primer paso cuando la injusticia ya no se podía tolerar.

Y no es solo aquí. Chile, en 2019, vio cómo adolescentes iniciaron una revuelta que puso en jaque al modelo económico más admirado por las élites; en Colombia, fueron jóvenes de barriada los que enfrentaron a un Estado armado hasta los dientes; en México, en el 68, y en Argentina, en plena dictadura, los estudiantes pagaron con la vida su derecho a soñar. Incluso en Estados Unidos, fue la juventud la que lideró la lucha por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, desafiando tanto al poder político como al militar. Siempre fue así: a lo largo de la historia, cada vez que los adultos callaron, los jóvenes gritaron por todos.

La historia será clara: fue la generación Z la que se alzó cuando los demás bajaban la cabeza. Si hubo rabia, fue legítima. Si hubo furia, fue porque se intentó arrebatarles el futuro. Y si hoy se les culpa, es porque todavía les temen.

Dina Boluarte no tiene autoridad moral para aconsejarles. Ni a ellos ni a nadie.

POLICIAS PERUANOS ¿LO PROTEGIAN?

Por fin cayó Erick Luis Moreno Hernández, alias «El Monstruo», ese ejemplar de las sombras del crimen que desde hace años sembraba muerte, extorsión y miedo en Perú… desde la comodidad del anonimato. Fue capturado en San Lorenzo, Paraguay, como parte de un operativo binacional entre la PNP y las autoridades paraguayas. Aplausos, sí. Pero ahora viene la parte incómoda.

Apenas lo esposaron, “El Monstruo” empezó a hablar. Y lo que ha dicho si se comprueba podría dejar en pañales a las novelas narco que tanto fascinan en Netflix. Moreno ha señalado, sin pelos en la lengua, que recibía protección de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué tal?

¿Exageración de un delincuente desesperado? ¿Maniobra para confundir a la opinión pública? ¿O, como ha pasado tantas veces, una verdad incómoda que se soltó cuando las cámaras ya estaban grabando? Porque recordemos: no sería la primera vez que los tentáculos del crimen organizado acarician y atrapan los uniformes de la ley.

Si lo que dice “El Monstruo” tiene una pizca de verdad, ¿ quién lo protegía? ¿Con qué nivel de impunidad operaba? ¿Cuántos jefes policiales, coroneles o generales hicieron la vista gorda o algo peor mientras este sujeto se paseaba con total libertad?

Y ya que estamos en modo incómodo: ¿dónde está Vladimir Cerrón, otro prófugo ilustre de la justicia peruana? ¿Cuántos Monstruos más se esconden bajo la alfombra de un sistema que ya no disimula sus fracturas?

Hay sospechas. Muchas sospechas. Porque en este país, cuando un criminal de esta talla habla de «protección policial», uno no puede darse el lujo de reírse. Más bien, hay que encender todas las alarmas. Y mirar, con más cuidado, hacia el interior de una institución policial que, cada cierto tiempo, deja ver que su uniforme también puede usarse para delinquir.

No basta con capturar al monstruo. Ahora hay que cazar a quienes lo criaron, lo apañaron o lo usaron y ahora tiemblan.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

El Congreso blinda a Boluarte y condena al olvido a decenas de peruanos asesinados en las protestas.

En el Perú del bicentenario, las muertes ya no se investigan. Se archivan. Se empujan a un cajón, se sellan con 12 votos y se olvidan con el desparpajo de quien se sabe impune.

La Comisión Permanente del Congreso —ese cartel legislativo con pretensiones de poder constituyente— ha decidido, sin sonrojarse, que Dina Boluarte no debe responder políticamente por más de 50 peruanos muertos durante las protestas que ella misma mandó a reprimir. La Fiscalía dice que hubo responsabilidad por omisión. El Congreso dice que no, que no hay pruebas. Que aquí no pasó nada. Que los muertos se mataron solos. Que la represión fue una ilusión colectiva.

No importa que Ayacucho llorara cadáveres en las calles. No importa que en Juliaca los ataúdes marcharan por justicia. No importa que los fusiles dispararan a la cabeza, al tórax, a matar. No importa que los policías y militares hayan actuado como si estuvieran en una guerra. Para el Congreso, eso fue un malentendido logístico. Un error de cálculo. Un episodio que conviene olvidar.

Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es argumentar que no hay pruebas cuando ni siquiera se ha querido investigar. La lógica es perversa: si no busco, no encuentro; y si no encuentro, entonces archivo. Y todo eso lo firman 12 congresistas que se atreven a llamarse «padres de la patria» mientras se aferran a sus curules como garrapatas del poder.

Porque eso es lo que ha hecho el Congreso: blindar a su aliada. Boluarte es hoy la garantía de que nada cambie, de que se gobierne por decreto, de que el Ejecutivo siga siendo un apéndice del fujimorato y sus derivados. Mientras la presidenta sobreviva, el pacto de impunidad se mantiene. Y ese pacto es más fuerte que cualquier cadáver en la Morgue Central.

Seamos claros: el Congreso no ha exculpado a Boluarte, ha anulado el juicio antes de que empiece. Ha tirado la llave sin abrir la puerta. Ha destruido el expediente antes de leerlo. Y lo ha hecho porque sabe que, si se investiga de verdad, alguien va a tener que pagar. Y ese alguien podría estar en Palacio. O en la PCM. O en el Ministerio del Interior. O en el Hemiciclo.

Lo cierto es que en este país, matar desde el Estado es un negocio sin riesgos. Envían tropas, disparan a mansalva, y luego se lavan las manos citando el Código Penal como si fueran Suiza. Y si alguien se atreve a cuestionar, lo tildan de caviar, de terrorista, de desestabilizador. Así se gobierna en esta democracia de papel higiénico.

Pero las muertes no se archivan. O no deberían. Porque aunque el Congreso cierre el caso, la memoria no se deja cerrar tan fácil. Porque en las plazas donde cayeron los cuerpos aún hay madres que lloran. Porque la historia —esa que no depende de comisiones ni de informes infames— se encargará de recordar que este Congreso prefirió la impunidad antes que la justicia.

Y porque un país que archiva a sus muertos está condenado a repetir su desgracia.

A Richard Concepción Carhuancho lo quieren fuera. No por corrupto, no por negligente, no por vendido. Lo quieren fuera porque se atrevió a hacer algo que en este país suele costar caro: cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos.

El Congreso, ese circo cada vez más cómodo para los delincuentes de saco y corbata, ha puesto en la mira al juez que osó decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Lo denunció Fernando Rospigliosi, un exministro que ahora juega a ser inquisidor desde la vicepresidencia del Legislativo. Su argumento es simple y brutal: Carhuancho desobedeció una ley. ¿Qué ley? La ley 32107, esa norma hecha a medida para sepultar las causas pendientes de los años del plomo. La ley que pretende enterrar los cadáveres que todavía gritan desde las fosas comunes.

Pero lo que Rospigliosi omite (porque le conviene o porque lo ignora, da igual) es que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Y que el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por el Perú, dice con todas sus letras que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sin excepciones, sin plazos, sin amnistías disfrazadas de legalidad.

Lo que hizo Carhuancho no fue un acto de rebeldía, fue un acto de decencia jurídica. Aplicó el control difuso, esa herramienta que tienen los jueces para no acatar leyes inconstitucionales o contrarias a los derechos humanos. En un país serio, lo habrían aplaudido. En el Perú de hoy, lo quieren crucificar.

¿Cuál es el verdadero crimen?

El verdadero crimen de Carhuancho fue tocar los intocables. Reabrir heridas que el Congreso prefiere fingir que no existen. Atreverse a recordar que en Ayacucho, en 1984, el Estado también mató, desapareció, torturó. Y que esos crímenes no son errores administrativos ni excesos aislados. Son delitos imprescriptibles. Son crímenes que el tiempo no borra, aunque el Congreso quiera legislar en su contra.

Porque lo que está en juego aquí no es un tecnicismo. Es la memoria del país. Es el derecho de las víctimas a que sus muertos no sean enterrados dos veces: una por los militares, otra por los políticos de turno.

El mensaje es claro: no te metas con el pasado

La denuncia contra Carhuancho busca algo más profundo que su destitución: infundir miedo. Que ningún juez se atreva a incomodar a los uniformados de ayer, a los intocables de siempre. Que quede claro que el Congreso no quiere magistrados que piensen, ni que lean la Constitución. Los quiere obedientes. Sumisos. Ciegos.

Y si no lo son, los barren.

El país que olvida está condenado

El Congreso puede aprobar las leyes que quiera. Puede jugar al olvido, disfrazarlo de legalidad, pintar la impunidad con brocha de soberanía nacional. Pero hay una cosa que no puede hacer: borrar la historia.

Los muertos siguen allí. Las madres siguen llorando. Las fosas siguen abiertas. Y mientras haya un juez que se atreva a decir que la justicia no caduca, este país todavía tiene una mínima esperanza.

Pero esa esperanza, como todo lo que vale en este país, corre peligro. Está sitiada por un Congreso que legisla al servicio de los verdugos, por un Ejecutivo que calla, por una prensa que titubea, por una sociedad que empieza a resignarse.

Y así, paso a paso, vamos aprendiendo a vivir sin justicia. O peor: a vivir bajo su simulacro.

En medio del caos político y los conflictos sociales, una crisis silenciosa avanza a paso firme: la salud mental. Solo en la región de Cusco, 5,873 personas han sido atendidas por depresión clínica en lo que va del año, según datos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). A esto se suman más de 170 intentos de suicidio, una cifra alarmante que podría ser aún mayor, considerando los casos no reportados.

La doctora María Rojas, jefa del área de Salud Mental de Geresa, explicó que el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad, violencia familiar, desempleo o abandono. En muchos casos, los pacientes llegan por emergencia luego de un intento de autoeliminación… y nunca más regresan. De hecho, 8 de cada 10 pacientes no vuelve a los centros de salud tras la primera consulta, por falta de seguimiento, recursos o apoyo.

Y todo esto ocurre mientras el presupuesto nacional para salud mental no supera el 2.9 % del presupuesto total de salud. Aunque ha crecido respecto al 1.5 % de hace una década, la cifra sigue siendo irrisoria.

La situación se complica para la población al ver un estado ausente con colegios sin profesionales en Psicología y lo peor con la indiferencia de autoridades en el sector educación que mas se preocupan por festividades que por contratar profesionales que atiendan estos graves problemas de nuestro hijos en edad escolar

El abandono no es solo financiero, es estructural: falta personal capacitado, infraestructura especializada y campañas de prevención. Lo que existe es esfuerzo individual de profesionales mal pagados, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

Nos preocupa el país que se desangra por la violencia, pero olvidamos el país que se apaga lentamente en silencio, en soledad, en hospitales sin psicólogos ni psiquiatras.

Cuando se denunció que Juan José Santiváñez lideraba una presunta organización criminal desde el mismísimo Ministerio del Interior, lo verdaderamente sorprendente no fue la acusación, sino lo poco que sorprendió.

En el Perú de hoy, que el ministro que estuvo encargado de velar por el orden interno y la lucha contra el crimen organizado esté acusado de encabezar una red delictiva ya no escandaliza; apenas se suma a la larga lista de funcionarios que han hecho del Estado su botín personal.

Pero no podemos ni debemos normalizar esto. Lo que ha revelado la Fiscalía del Eficcop es de una gravedad institucional que debería sacudir al país: Santiváñez habría convertido el aparato policial en un instrumento de extorsión, favores y blindajes, al servicio de empresarios, oficiales corruptos y —clave en todo esto— del círculo íntimo de Palacio de Gobierno.


¿Quiénes están implicados?

La presunta red no era improvisada. Tenía jerarquía, roles definidos y operadores estratégicamente colocados:

  • Juan José Santiváñez, hoy ministro de Justicia (entonces ministro del Interior), abogado penalista con historial de defender a oficiales implicados en represión mortal durante protestas. Según la Fiscalía, fue el cabecilla operativo de una estructura criminal dentro del Estado, usando su ministerio como plataforma de cobros ilegales, contratos direccionados y favores políticos.
  • Percy Tenorio Gamonal, coronel PNP en retiro, exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales. Recibió más de S/1 millón en contratos por defensa de generales policiales, según pruebas del Ministerio Público. También habría coordinado operativos para beneficiar a la minera El Dorado, a cambio de sobornos por US$160 000.
  • Gregorio Villalón Trillo, general PNP y exjefe de la Dirección de Medio Ambiente. Se le acusa de haber pagado US$20 000 a Santiváñez para conservar su puesto. Fue el ejecutor del operativo en Ayacucho a favor de una empresa minera privada.
  • Máximo Ramírez de la Cruz, general PNP en retiro, y Yber Torres Pariona, funcionario de la Defensoría del Policía: ambos fueron piezas operativas en la red, encargados de blindar a policías afines y facilitar los contratos ilegales.
  • Yessenia De La Cruz y Marco Palacios Meza, administradora y abogado del estudio jurídico de Santiváñez: encargados de canalizar favores legales para los empresarios mineros involucrados.
  • Y por supuesto, el hombre que está en todas las historias de poder de este gobierno: Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. El Ministerio Público lo menciona como “tercero vinculado” a la red criminal. Su rol: obtener arraigo laboral ficticio en la mina El Dorado (como “trabajador” fantasma), coordinar con operadores policiales y participar en decisiones que afectaban a altos mandos del Interior.

Cuando el poder protege al crimen

Lo más grave no es la existencia de esta red. Es que todo ocurrió bajo conocimiento (y quizás protección) de Palacio. Nicanor Boluarte no es un ciudadano cualquiera. Es el operador político del régimen. Y su cercanía con Santiváñez, Tenorio y demás implicados no es incidental: es estructural.

La presidenta Dina Boluarte, hasta ahora, no ha deslindado de manera clara. ¿Ignoraba lo que hacía su hermano y su ministro? ¿O lo permitió mientras le era útil? ¿Cuántos de estos favores apuntaban a blindar su propia gestión, asegurar apoyos dentro de la Policía y, de paso, financiar su eventual maquinaria electoral?

Recordemos que Nicanor Boluarte ya es investigado por otra presunta red criminal: “Los Waykis en la Sombra”, acusada de copar el Ministerio del Interior con cargos comprados, usar prefectos como operadores políticos y recaudar fondos para crear un partido: Ciudadanos por el Perú. En ese caso también se mencionan pagos, influencias y un patrón de comportamiento criminal reiterado.


Esto no es corrupción. Es captura del Estado.

Estamos ante algo más profundo que un caso de «funcionarios corruptos». Esto sería una estructura mafiosa operando desde el Estado, con un ministro a la cabeza, una policía subordinada a intereses económicos, y un presidente de facto Nicanor operando desde la sombra.

¿Dónde queda la democracia en todo esto? ¿Qué legitimidad tiene un gobierno que sostiene, protege o tolera estas redes?

La respuesta no está solo en una eventual destitución, ni en una renuncia forzada. Está en reconstruir el Estado desde sus cimientos. Porque hoy, el crimen no es lo que el Estado combate —es lo que lo dirige.

Y si no reaccionamos, lo que viene después ya no será una crisis. Será el colapso definitivo de la institucionalidad. Y no habrá nadie más a quien culpar que a nosotros por haberlo permitido.

El mensaje es brutal: el que denuncia es enemigo; el que paga, asciende; el que encubre, gobierna.

hay mucho que reflexionar en base a lo que esta ocurriendo en nuestro amado Perú, cuidado la pista esta sumamente resbalosa, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

Solo priorizando la vida y la responsabilidad esta tragedia dejará de repetirse.

Una tragedia vial estremeció a la región hace solo unos días, pero ya comienza a disolverse en el olvido mediático. Tres adolescentes muertos tras un choque frontal ocurrido en la vía Cusco–Urcos. Viajaban solos, de noche, sin licencia de conducir. Uno de ellos de solo 17 años manejaba el vehículo que terminó chocando con una camioneta que transportaba al alcalde provincial de Chumbivilcas, José Alberto Flores Cruz.

Cinco jóvenes subieron a ese automóvil. Tres no volvieron. Y, como ocurre tantas veces en nuestro país, el Estado llegó tarde. O no llegó en absoluto.

Un alcalde en silencio, un Estado ausente

Hasta hoy, nadie ha aclarado públicamente qué hacía el alcalde viajando a esas horas, acompañado por su esposa, su chofer y un tercer funcionario. ¿Era un viaje de trabajo? ¿Un traslado privado? ¿Se usó una camioneta municipal o de propiedad personal? Las autoridades locales han optado por el silencio. Ni una conferencia de prensa, ni una declaración institucional. Nada.

El silencio del alcalde no es solo una omisión, es una falta de respeto. No solo a las víctimas, sino también a los ciudadanos que merecen transparencia de quienes gobiernan.

¿Quién dejó que esto pasara?

Al otro lado de esta tragedia están los cinco adolescentes. Todos menores de edad. Sin supervisión adulta. Uno de ellos conduciendo sin licencia, en plena noche. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué sabían las autoridades locales sobre estos menores? ¿Por qué el vehículo estaba a su disposición? Este no fue un accidente inevitable: fue el resultado directo de múltiples negligencias familiares, sociales e institucionales.

No basta con lamentar. Lo que se necesita es una acción estructural y sostenida para evitar que esto se repita. Porque si bien los entierros ya se hicieron, las preguntas las verdaderas siguen sin enterrarse.

Lecciones que no pueden ignorarse

  1. El acceso a un volante no puede ser tratado como un juego.
    Un menor de edad no debería tener, bajo ninguna circunstancia, las llaves de un vehículo sin licencia ni preparación.
  2. Las autoridades deben rendir cuentas, incluso en la noche.
    Un alcalde que viaja fuera de horario laboral tiene la obligación de explicar públicamente por qué, con quién, y en qué vehículo. El cargo no descansa cuando cae el sol.
  3. La educación vial debe ser prioridad real, no discurso.
    Los programas actuales no están previniendo tragedias como esta. En especial en regiones rurales, donde los controles son casi simbólicos.

No se puede morir a los 15 por culpa del desinterés

Los tres adolescentes fallecidos no eran delincuentes, ni rebeldes sin causa. Eran chicos comprometidos con su cultura, miembros activos del grupo de danza Terala de Oropesa. Jóvenes con sueños, con comunidad. Hoy, son una estadística más. Y si no cambiamos nada, mañana habrá más.

Que esta no sea otra muerte sin eco

Desde Sin Mordaza, exigimos:

  • Que el alcalde de Chumbivilcas dé una explicación pública inmediata sobre el viaje y el vehículo.
  • Que el Ministerio de Transportes, Educación y los gobiernos locales implementen programas reales de control y prevención, más allá del papel.
  • Que las familias y comunidades asuman un rol más firme frente al uso irresponsable de vehículos por menores.

Porque tres ataúdes pequeños deben pesar como toneladas sobre la conciencia del país.

Y si no actuamos ahora, volveremos a publicar otro editorial igual. Solo cambiarán los nombres.

En un país donde la política se ha convertido en el arte de sobrevivir a la justicia, no sorprende que el Congreso de la República haya elegido como presidente a un parlamentario investigado por violación sexual. Lo que sí debería alarmarnos es la rapidez con la que esta elección ha sido normalizada, celebrada por algunos, ignorada por otros y relativizada por muchos.

El nuevo presidente del Congreso, José Jerí Oré, no solo llega al cargo sin un liderazgo reconocido, sin agenda legislativa clara ni respaldo popular. Llega, además, con un expediente judicial abierto y una mochila de cuestionamientos éticos que lo dejan expuesto, debilitado, y lo hacen funcional a quienes no quieren un presidente del Congreso, sino un operador confiable. Alguien que se pueda manejar.

Poder sin autonomía: la fórmula del chantaje

En cualquier democracia funcional, un presidente del Congreso debe ser autónomo, fuerte, capaz de mediar entre intereses diversos y sostener la dignidad institucional. Pero aquí, la debilidad no es un defecto, sino una cualidad estratégica. Alguien que pueda ser chantajeado es también alguien que puede ser controlado.

Este no es un caso aislado. Es una estrategia repetida. Una y otra vez vemos cómo sectores del Congreso desde diversas bancadas colocan en cargos clave a personas vulnerables, sabiendo que sus propios procesos judiciales, investigaciones fiscales o escándalos personales los convertirán en piezas obedientes.

El mensaje de fondo es claro: quien debe favores, quien tiene miedo, obedece. Y en ese juego, las mayorías congresales no buscan estadistas, buscan peones.

La coalición del silencio

La elección de Jerí fue posible gracias a una coalición amplia y silenciosa que une a partidos que en campaña se proclamaban opuestos: conservadores, populistas, oportunistas de centro, y hasta algunos que se vendieron como «renovadores». Lo único que comparten es el interés de blindarse, copar espacios de poder y garantizar que ninguna reforma ni judicial, ni política les incomode.

Esta alianza, oportunista y pragmática, no responde a ideologías, sino a necesidades. Necesidades legales, económicas, o de control político. En ese contexto, Jerí no presidirá el Congreso: será presidido por quienes lo pusieron ahí.

Repetición de la decadencia

No es la primera vez que el Congreso escoge como líder a una figura débil, cuestionada o dócil. Es una práctica que se ha convertido en regla. Los presidentes que llegan con autoridad moral terminan siendo obstáculos para los intereses de fondo. Los que llegan con prontuarios o deudas políticas, en cambio, se vuelven aliados perfectos del statu quo.

Esta práctica erosiona no solo la institucionalidad del Congreso, sino la ya frágil confianza ciudadana en la política. ¿Qué mensaje se le da al país cuando la segunda autoridad del Estado es alguien que podría ser citado por la justicia en cualquier momento? ¿Qué ejemplo se le da a la sociedad cuando se premia el silencio, la sumisión y el cálculo político sobre la integridad?

¿Un Congreso rehén?

No sería exagerado afirmar que hoy el Parlamento está secuestrado. No por una ideología, ni por una figura autoritaria, sino por una lógica corrupta que convierte al Congreso en un refugio para intereses personales. La elección de José Jerí es solo el síntoma más reciente de un mal profundo: el uso del poder político como escudo frente a la rendición de cuentas.

¿Hasta cuándo seguirá el país tolerando este deterioro? ¿Hasta cuándo veremos a los cargos más altos del Estado ocupados por personas cuya mayor virtud es tener miedo?

El Perú necesita líderes que respondan a principios, no a extorsiones. Pero para eso, también necesita una ciudadanía que deje de normalizar la indignidad.

Y es que porque cuando el poder está en manos de los chantajeables, quienes realmente gobiernan son los que jalan los hilos desde la sombra, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

Mayoría congresal que apoya al Gobierno elige a José Jerí como presidente  del Congreso | WEB OJO PRINT | POLITICA | OJO

La presidenta que no sabe leer, pero se atreve a dictar cátedra: Boluarte se perdió en su propio monólogo, en un mensaje narcisista de mas de cuatro horas donde el vacío fue el único contenido.

En un país agotado por la inestabilidad, el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte del 28 de julio fue, una vez más, un ejercicio de forma sin fondo, una performance prolongada que sólo sirvió para confirmar lo que ya sabíamos: el poder puede ser sordo, ciego y, en este caso, también torpe al leer.

Boluarte se dirigió a un Congreso semivacío con un discurso de 97 páginas que, paradójicamente, terminó reduciendo aún más su ya deteriorada legitimidad. No por su extensión —aunque leer durante más de cuatro horas sin decir nada esencial es un logro en sí mismo—, sino por lo que ese acto reveló: una presidenta que no logra articular una visión coherente, que omite partes clave de su propio libreto y que insiste en una narrativa de autosalvación que raya en el narcisismo.

Narcisismo de Estado

Dina Boluarte no sólo leyó mal, omitió páginas enteras de su mensaje —incluyendo la promesa explícita de dejar el poder el 28 de julio de 2026—, sino que se dedicó a exaltar sus supuestos logros sin la más mínima capacidad de autocrítica. Presentó cifras económicas infladas, proclamó avances sin sustento y pintó una imagen del Perú que sólo existe en su cabeza o en los informes decorados de sus asesores.

Lo más grave no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Ni una palabra sobre los muertos en las protestas. Ni un gesto de empatía con las víctimas. Ninguna reflexión sobre su rol directo en la crisis política e institucional del país. Boluarte no habló como una líder de la República, sino como una gerente obsesionada con limpiar su imagen ante la historia.

La desconexión total

Quedó claro que el objetivo del discurso no era rendir cuentas, sino blindarse. En vez de abrir canales de diálogo, prefirió el tono desafiante, el gesto de la que cree que su única tarea es resistir, no gobernar. Parecía no dirigirse a los ciudadanos, sino a un espejo.

Este desdén por la escucha y por el mínimo sentido republicano del cargo es especialmente insultante cuando recordamos que su gobierno enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y por ocultamiento de bienes de lujo. Que su figura esté envuelta en escándalos como el del Rolexgate y aun así se presente como “la garante de la democracia” no es sólo una ironía: es una provocación.

¿A quién le habla la presidenta?

Con una aprobación que bordea el 3 %, Boluarte habla a una ciudadanía que ya no la escucha, mientras se aferra a un relato de heroísmo personal que nadie le ha comprado. Su discurso fue un símbolo: un documento desordenado, omitido, mal leído y larguísimo, que refleja exactamente cómo ha sido su presidencia.

Ni siquiera la forma le salva. Una lectura monótona, plagada de errores de entonación y sin hilo narrativo, solo acentúa la percepción de que está en un rol que la supera, en un cargo para el que no estaba preparada, y del que, sin embargo, no piensa salir sin arrastrar al país por completo.

El vacío como estrategia

El mensaje de Boluarte no es vacío por error, sino por diseño. Es un discurso concebido para no comprometerse, para no responder, para esquivar toda rendición de cuentas. En ese sentido, fue coherente: una arquitectura del silencio disfrazada de palabra.

Y ahí reside el peligro. Un gobierno sin narrativa ni autocrítica, pero con poder fáctico y una red de protección política, es un gobierno que no gobierna, pero que puede durar. Que no dice nada, pero que actúa por omisión. Que no responde al país, pero se blinda desde el Estado.

Boluarte no gobernará con la verdad, ni con legitimidad. Pero, si algo dejó claro su mensaje, es que piensa resistir con lo único que le queda: su propio ego.

Que no nos callen

Cómo dueles, Perú. Duele la indiferencia del poder, la impunidad, el olvido. Hoy no hay nada que celebrar, pero sí demasiado que reflexionar.
No podemos seguir normalizando el cinismo ni aceptar que la mentira se imponga como discurso oficial.

Hagamos las cosas bien: con memoria, con coraje, sin callar. Y, sobre todo, diciendo siempre la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque moleste a quienes gobiernan.

Desde estas líneas, nos comprometemos a seguir hablando claro, sin tapujos ni ambages. Porque el periodismo no está para aplaudir gobiernos a cambio de dádivas, sino para decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.

Debe ser libre, frontal y sin miedo.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

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