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SIN MORDAZA

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Colapsa EsSalud: la salud pública como rehén de la incompetencia

Por más comunicados que publique el Ejecutivo o promesas vacías que repita el presidente ejecutivo de EsSalud, lo cierto es que el sistema de salud peruano, especialmente el asegurado, ha tocado fondo. Lo que vemos en hospitales como el Rebagliati no es una huelga médica más: es una radiografía del colapso sanitario, resultado de años de negligencia y politización descarada.

En Lima, faltan al menos 499 enfermeras, según datos del propio gremio. Una sola enfermera, en palabras suyas, atiende hasta 12 pacientes a la vez. ¿Es eso una atención digna? ¿Es eso medicina o una ruleta rusa?

Y mientras los pasillos se llenan de enfermos sin camas, sin camillas, sin jeringas y sin medicinas básicas, las oficinas de EsSalud siguen llenas de gerentes con sueldos de 25 mil soles que nunca han pisado una emergencia.

Según cifras del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, el déficit de personal médico en el país supera los 24 mil profesionales a nivel nacional. Y el presupuesto destinado a salud en 2025 —aunque incrementado en cifras— sigue representando apenas el 3.2% del PBI, muy por debajo del estándar mínimo recomendado por la OMS: 6%.

Pero nada de esto parece importar a los responsables. Porque el señor Acho Mego, presidente de EsSalud, no ha dado la cara, mientras los asegurados esperan un examen cardíaco para septiembre de 2026 o ven suspendidas sus cirugías oncológicas por falta de anestesia. En pleno siglo XXI, una paciente recibe la notificación de cancelación de su operación por WhatsApp. Esto no es un sketch. Es el Perú.

Más de 12 millones de peruanos están afiliados a EsSalud. Pagan religiosamente sus aportes. Pero cuando enferman, el sistema les responde con colas eternas, salas colapsadas y una respuesta institucional que bordea el cinismo.

Los gremios médicos han denunciado que el 40% de los equipos de los principales hospitales de EsSalud están inoperativos o mal mantenidos. Mientras tanto, se siguen nombrando directivos por cuota política, se tercerizan servicios en condiciones oscuras y se reparte el presupuesto entre favores y lobbies.

¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están los que se llenaban la boca hablando de «modernización del Estado»? Se esconden. Se reparten cargos. Callan.

Y mientras tanto, la salud pública sigue secuestrada por la corrupción, la ineptitud y el cálculo político. Y como siempre, los que pagan la cuenta son los de abajo. Los que no pueden pagar una clínica. Los que no pueden esperar un año más. Los que solo quieren vivir.

¿Se pueden archivar las muertes?

El Congreso blinda a Boluarte y condena al olvido a decenas de peruanos asesinados en las protestas.

En el Perú del bicentenario, las muertes ya no se investigan. Se archivan. Se empujan a un cajón, se sellan con 12 votos y se olvidan con el desparpajo de quien se sabe impune.

La Comisión Permanente del Congreso —ese cartel legislativo con pretensiones de poder constituyente— ha decidido, sin sonrojarse, que Dina Boluarte no debe responder políticamente por más de 50 peruanos muertos durante las protestas que ella misma mandó a reprimir. La Fiscalía dice que hubo responsabilidad por omisión. El Congreso dice que no, que no hay pruebas. Que aquí no pasó nada. Que los muertos se mataron solos. Que la represión fue una ilusión colectiva.

No importa que Ayacucho llorara cadáveres en las calles. No importa que en Juliaca los ataúdes marcharan por justicia. No importa que los fusiles dispararan a la cabeza, al tórax, a matar. No importa que los policías y militares hayan actuado como si estuvieran en una guerra. Para el Congreso, eso fue un malentendido logístico. Un error de cálculo. Un episodio que conviene olvidar.

Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es argumentar que no hay pruebas cuando ni siquiera se ha querido investigar. La lógica es perversa: si no busco, no encuentro; y si no encuentro, entonces archivo. Y todo eso lo firman 12 congresistas que se atreven a llamarse «padres de la patria» mientras se aferran a sus curules como garrapatas del poder.

Porque eso es lo que ha hecho el Congreso: blindar a su aliada. Boluarte es hoy la garantía de que nada cambie, de que se gobierne por decreto, de que el Ejecutivo siga siendo un apéndice del fujimorato y sus derivados. Mientras la presidenta sobreviva, el pacto de impunidad se mantiene. Y ese pacto es más fuerte que cualquier cadáver en la Morgue Central.

Seamos claros: el Congreso no ha exculpado a Boluarte, ha anulado el juicio antes de que empiece. Ha tirado la llave sin abrir la puerta. Ha destruido el expediente antes de leerlo. Y lo ha hecho porque sabe que, si se investiga de verdad, alguien va a tener que pagar. Y ese alguien podría estar en Palacio. O en la PCM. O en el Ministerio del Interior. O en el Hemiciclo.

Lo cierto es que en este país, matar desde el Estado es un negocio sin riesgos. Envían tropas, disparan a mansalva, y luego se lavan las manos citando el Código Penal como si fueran Suiza. Y si alguien se atreve a cuestionar, lo tildan de caviar, de terrorista, de desestabilizador. Así se gobierna en esta democracia de papel higiénico.

Pero las muertes no se archivan. O no deberían. Porque aunque el Congreso cierre el caso, la memoria no se deja cerrar tan fácil. Porque en las plazas donde cayeron los cuerpos aún hay madres que lloran. Porque la historia —esa que no depende de comisiones ni de informes infames— se encargará de recordar que este Congreso prefirió la impunidad antes que la justicia.

Y porque un país que archiva a sus muertos está condenado a repetir su desgracia.

Licencias bajo sospecha mientras Cusco sangra en el asfalto: ¿Quién autoriza a los irresponsables?

Cusco enfrenta una crisis vial preocupante. Según datos oficiales, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito, solo detrás de Lima. En lo que va del año, se han reportado 178 accidentes en sus principales corredores viales, con un saldo cercano a 300 personas fallecidas. Estas cifras evidencian un problema que va más allá de la simple imprudencia: hay un sistema en riesgo.

Una de las preocupaciones que ha emergido en el debate público es la forma en que se están entregando las licencias de conducir en la región. Existen denuncias públicas y reportes de presuntas irregularidades en la expedición de estos permisos, con acusaciones de corrupción que incluyen la posible entrega de licencias sin cumplir con los requisitos mínimos, e incluso la existencia de supuestas coimas para obtener licencias de manera irregular.

Aunque las investigaciones oficiales aún están en curso, estas denuncias han generado alarma y desconfianza en la población. Varios medios locales han reportado que algunos conductores involucrados en accidentes graves contaban con licencias cuya obtención está bajo sospecha, lo que levanta la hipótesis de que estas prácticas irregulares podrían estar contribuyendo al aumento de siniestros en las vías.

La Gerencia Regional de Transportes ha reconocido que la supervisión en el proceso de otorgamiento de licencias necesita fortalecerse y que se requiere mayor transparencia para garantizar que solo personas calificadas y responsables puedan conducir.

Mientras estas denuncias no sean esclarecidas y las medidas de control no se refuercen, la inseguridad vial en Cusco seguirá siendo una amenaza constante. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas humanas que se pierden y de familias que quedan marcadas por la tragedia.

Este escenario plantea un llamado urgente a las autoridades para que investiguen, sancionen a los responsables y garanticen un sistema de licencias de conducir confiable, transparente y efectivo, que sea parte fundamental de la solución para reducir la violencia en las carreteras.

¿Hasta cuándo seguiremos normalizando este asesinato disfrazado de accidente?
¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la corrupción también tenga timón y bocina?

Finalmente tenemos que decir enérgicamente que las gente no solo mueren por exceso de velocidad o por imprudencia, aparentemente también se muere por culpa de la coima.

Desde Sin Mordaza exigimos una exhaustiva investigación en el proceso de la entrega de licencias de conducir a gente irresponsable y que sea pronto, la pelota esta en su cancha señor gobernador, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

Políticos Sinvergüenzas

Obras con conflicto, trenes chatarra y lo único real: el interés de conseguir votos.

Por más que se maquille con anuncios rimbombantes, lo que ocurre hoy en Lima con los trenes oxidados de Rafael López Aliaga no es una política de transporte. Es una campaña electoral disfrazada de gestión. Es populismo de hojalata.

Los trenes en cuestión que en su país de origen, Estados Unidos, ya estaban listos para el cementerio llegaron a Perú con el mismo objetivo que los paneles publicitarios: ser mostrados, no usados. Porque no hay vías, no hay señalización, no hay compatibilidad técnica. Solo hay cámaras y discursos.

Y mientras tanto, desde el Ministerio de Transportes, el ministro responde con otra promesa reciclada: el eterno tren de cercanías Lima–Chosica, ese mismo que ha pasado de gobierno en gobierno como una especie de fetiche electoral. No tiene ni estudios definitivos ni financiamiento asegurado, pero qué importa. Total, en año preelectoral, mentir sale gratis.

Pero este no es un caso aislado ni un delirio limeño. En Cusco, la política se cuece igual de turbia. El alcalde provincial y el de Wanchaq se han trenzado en una disputa absurda por una obra ejecutada en tierra de nadie. ¿La razón? Cada uno quiere quedarse con la foto de la entrega, el corte de cinta y, por supuesto, los aplausos.
No les importa de quién es la obra, sino de quién es el voto que se puede sacar de ella.

Y así va el Perú: con alcaldes que se pelean por ver quién «sirve al pueblo», pero que en realidad solo se sirven del cargo, de la obra ajena, del presupuesto compartido y del olvido generalizado.

Lo más preocupante es que estas disputas no ocurren en medio de una bonanza nacional, sino en un país con transporte colapsado, servicios precarios y ciudadanía harta de ser estafada una y otra vez. Sin embargo, los políticos parecen haber perdido toda noción de vergüenza. Compran chatarra, inauguran obras sin dueños claros, ofrecen trenes invisibles y convierten cualquier conflicto en show preelectoral.

En lugar de modernizar el país, modernizan su estrategia de manipulación. Todo vale mientras haya una urna al final del túnel.

Y entonces uno se pregunta:
¿Hasta dónde puede llegar el descaro de nuestros políticos?
La respuesta, lamentablemente, es simple:
Hasta donde el cinismo dé votos.

El Congreso quiere jueces obedientes, no valientes

A Richard Concepción Carhuancho lo quieren fuera. No por corrupto, no por negligente, no por vendido. Lo quieren fuera porque se atrevió a hacer algo que en este país suele costar caro: cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos.

El Congreso, ese circo cada vez más cómodo para los delincuentes de saco y corbata, ha puesto en la mira al juez que osó decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Lo denunció Fernando Rospigliosi, un exministro que ahora juega a ser inquisidor desde la vicepresidencia del Legislativo. Su argumento es simple y brutal: Carhuancho desobedeció una ley. ¿Qué ley? La ley 32107, esa norma hecha a medida para sepultar las causas pendientes de los años del plomo. La ley que pretende enterrar los cadáveres que todavía gritan desde las fosas comunes.

Pero lo que Rospigliosi omite (porque le conviene o porque lo ignora, da igual) es que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Y que el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por el Perú, dice con todas sus letras que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sin excepciones, sin plazos, sin amnistías disfrazadas de legalidad.

Lo que hizo Carhuancho no fue un acto de rebeldía, fue un acto de decencia jurídica. Aplicó el control difuso, esa herramienta que tienen los jueces para no acatar leyes inconstitucionales o contrarias a los derechos humanos. En un país serio, lo habrían aplaudido. En el Perú de hoy, lo quieren crucificar.

¿Cuál es el verdadero crimen?

El verdadero crimen de Carhuancho fue tocar los intocables. Reabrir heridas que el Congreso prefiere fingir que no existen. Atreverse a recordar que en Ayacucho, en 1984, el Estado también mató, desapareció, torturó. Y que esos crímenes no son errores administrativos ni excesos aislados. Son delitos imprescriptibles. Son crímenes que el tiempo no borra, aunque el Congreso quiera legislar en su contra.

Porque lo que está en juego aquí no es un tecnicismo. Es la memoria del país. Es el derecho de las víctimas a que sus muertos no sean enterrados dos veces: una por los militares, otra por los políticos de turno.

El mensaje es claro: no te metas con el pasado

La denuncia contra Carhuancho busca algo más profundo que su destitución: infundir miedo. Que ningún juez se atreva a incomodar a los uniformados de ayer, a los intocables de siempre. Que quede claro que el Congreso no quiere magistrados que piensen, ni que lean la Constitución. Los quiere obedientes. Sumisos. Ciegos.

Y si no lo son, los barren.

El país que olvida está condenado

El Congreso puede aprobar las leyes que quiera. Puede jugar al olvido, disfrazarlo de legalidad, pintar la impunidad con brocha de soberanía nacional. Pero hay una cosa que no puede hacer: borrar la historia.

Los muertos siguen allí. Las madres siguen llorando. Las fosas siguen abiertas. Y mientras haya un juez que se atreva a decir que la justicia no caduca, este país todavía tiene una mínima esperanza.

Pero esa esperanza, como todo lo que vale en este país, corre peligro. Está sitiada por un Congreso que legisla al servicio de los verdugos, por un Ejecutivo que calla, por una prensa que titubea, por una sociedad que empieza a resignarse.

Y así, paso a paso, vamos aprendiendo a vivir sin justicia. O peor: a vivir bajo su simulacro.

Salud mental en crisis: 5,800 casos de depresión y más de 170 intentos de suicidio en Cusco

En medio del caos político y los conflictos sociales, una crisis silenciosa avanza a paso firme: la salud mental. Solo en la región de Cusco, 5,873 personas han sido atendidas por depresión clínica en lo que va del año, según datos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). A esto se suman más de 170 intentos de suicidio, una cifra alarmante que podría ser aún mayor, considerando los casos no reportados.

La doctora María Rojas, jefa del área de Salud Mental de Geresa, explicó que el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad, violencia familiar, desempleo o abandono. En muchos casos, los pacientes llegan por emergencia luego de un intento de autoeliminación… y nunca más regresan. De hecho, 8 de cada 10 pacientes no vuelve a los centros de salud tras la primera consulta, por falta de seguimiento, recursos o apoyo.

Y todo esto ocurre mientras el presupuesto nacional para salud mental no supera el 2.9 % del presupuesto total de salud. Aunque ha crecido respecto al 1.5 % de hace una década, la cifra sigue siendo irrisoria.

La situación se complica para la población al ver un estado ausente con colegios sin profesionales en Psicología y lo peor con la indiferencia de autoridades en el sector educación que mas se preocupan por festividades que por contratar profesionales que atiendan estos graves problemas de nuestro hijos en edad escolar

El abandono no es solo financiero, es estructural: falta personal capacitado, infraestructura especializada y campañas de prevención. Lo que existe es esfuerzo individual de profesionales mal pagados, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

Nos preocupa el país que se desangra por la violencia, pero olvidamos el país que se apaga lentamente en silencio, en soledad, en hospitales sin psicólogos ni psiquiatras.

Paucartambo bajo fuego y el Estado ausente

El oro ilegal trae consigo violencia y enfrentamientos a vista y paciencia de las autoridades, el saldo: un policía gravemente herido

Un nuevo capítulo de violencia y desgobierno se escribió este fin de semana en Callacancha, Paucartambo, donde una banda de delincuentes fuertemente armados asaltó a compradores de oro, provocando un enfrentamiento a balazos con la Policía Nacional. El resultado fue devastador: un efectivo, de apellido Quispe, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la columna vertebral. Su pronóstico es reservado.

Los atacantes no solo despojaron a las víctimas de una camioneta, sino que también lograron huir en motos hacia la agreste zona de Ccarhuayo, donde hasta ahora permanecen escondidos, protegidos por la geografía y por la falta de presencia estatal. El alcalde de Ccarhuayo, Alejo Vitorino, ha pedido refuerzos, helicópteros y presencia militar, en un acto desesperado para recuperar el control territorial.

Pero este caso no es aislado. La minería ilegal, especialmente en la región surandina, ha creado redes paralelas de poder, comercio y violencia, alimentadas por una economía informal que mueve millones sin pagar impuestos ni respetar ley alguna. Hoy, la extracción de oro en zonas rurales está militarizada por bandas organizadas, mientras el Estado apenas reacciona.

¡Como si fuera el presidente!

Gobierno cierra filas en defensa de Nicanor Boluarte y expone el poder paralelo de la familia presidencial

La defensa cerrada del Consejo de Ministros a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, revela una estructura de poder informal dentro del Ejecutivo. El caso “Ícaro 2025” destapa una presunta red criminal que habría infiltrado al Estado para beneficio político y económico.

Una defensa institucional a un civil no electo

La reacción del Gobierno tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte hermano de la presidenta Dina Boluarte ha generado más preguntas que respuestas. El Consejo de Ministros no solo criticó abiertamente al Ministerio Público, sino que lo hizo como si el investigado fuera un alto funcionario del Estado.

Desde el titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, hasta el de Justicia, Juan José Santiváñez, las voces del gabinete han coincidido en calificar la intervención fiscal como un “show”, un “abuso” o una “exageración”. El tono institucional de la defensa ha sido tal que la figura de Nicanor ha sido tratada públicamente como si fuese el verdadero centro del poder político.

¿A quién responden los ministros: a la presidenta o a su hermano?

Las críticas apuntan a una peligrosa confusión de roles dentro del Ejecutivo. En un sistema democrático, los ministros son nombrados por la presidenta y responden exclusivamente a ella y a la Constitución, no a sus familiares.

Sin embargo, el alineamiento automático de todo el gabinete frente a una diligencia judicial contra un ciudadano sin cargo público muestra la profundidad de la influencia de Nicanor Boluarte dentro del régimen. Más que protegerlo, esta defensa lo delata: nadie defiende con ese fervor a un civil cualquiera, a menos que tenga poder real.

Operación Ícaro 2025: la investigación que acorrala al hermano presidencial

El caso, denominado “Ícaro 2025”, es una de las investigaciones más serias que ha enfrentado un entorno presidencial en los últimos años. Conducida por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), al mando de Marita Barreto, la operación tiene como objetivo desarticular una red criminal que habría capturado cargos públicos para beneficio político y económico.

Cuatro hechos delictivos clave identificados por la Fiscalía:

  1. Nombramiento irregular de prefectos y subprefectos, a cambio de firmas y apoyo político para inscribir el partido Ciudadanos por el Perú.
  2. Infiltración institucional, mediante el control de cargos regionales y locales como parte de una estrategia de poder.
  3. Cobros de hasta 100 mil dólares por operaciones policiales ilegales, especialmente en Ayacucho.
  4. Participación directa del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalado como uno de los principales operadores de esta red, durante su paso por el gabinete.

Este último punto conecta directamente al Ejecutivo con la red criminal. Santiváñez, quien hasta hace poco era ministro, es ahora investigado por utilizar su cargo para facilitar intervenciones irregulares bajo pedido y por encargo político.

Poder paralelo: entre la familia y el gobierno

El caso Ícaro y la reacción del gobierno han revelado más de lo que se pretendía ocultar. El mensaje implícito detrás de la defensa a Nicanor Boluarte es claro: dentro del Estado peruano opera una estructura informal de poder donde los familiares de la presidenta ejercen influencia real, sin rendir cuentas ni ocupar cargos oficiales.

Expertos como el exprocurador Luis Vargas Valdivia han advertido que estas reacciones podrían constituir interferencia política directa en una investigación fiscal. Pero además, abren un debate urgente: ¿Cuánta autoridad real tiene la presidenta si sus ministros actúan como voceros de su hermano?

Reflexión final: el vuelo de Ícaro en Palacio

El nombre de la operación no es casual. Ícaro, en la mitología griega, voló demasiado cerca del sol, embriagado por su ambición, hasta que sus alas se derritieron y cayó al mar. ¿Es Nicanor Boluarte el Ícaro de esta historia política? ¿Y caerá solo, o arrastrará con él a quienes lo protegieron desde el poder?

Lo cierto es que, por ahora, la Fiscalía sigue su curso. Y el país observa, expectante, cómo la separación de poderes se tensa al límite y cómo la figura presidencial se desdibuja bajo la sombra de los lazos familiares.

Cuidado la pista esta sumamente resbalosa para la familia presidencial.

Clausuran locales, no la costumbre: el país que huele a carne y a fracaso

En Cusco, la calle Monjaspata huele a carne podrida. Pero no solo a carne: también a cucarachas, a excremento de rata, a indiferencia, a “así nomás se hace”, a país acostumbrado a tragarse todo, incluso la mugre.

Cuatro locales clausurados. Mil kilos de carne decomisada. De ese total, el 10 % estaba visiblemente en mal estado. ¿Y el resto? A criterio del estómago del consumidor. Porque aquí las cifras son lo de menos: lo que importa es lo que representa. Esto no es un caso aislado, es la rutina que solo escandaliza cuando hay cámaras.

El director de Fiscalización de la Municipalidad de Cusco, Raúl Achahui, se mostró sorprendido. Dijo que la carne estaba mezclada con papeles, prendas de vestir y hasta excremento de roedores. Que había cucarachas. Que la infraestructura era deficiente. Como si todo eso no fuera un secreto a voces, como si Monjaspata no llevara años vendiendo lo mismo, bajo las mismas condiciones, a la misma clientela que, por necesidad o por costumbre, ya no distingue el olor de la podredumbre.

Achahui informó que los locales fueron cerrados temporalmente, y que podrán reabrir una vez que cumplan con levantar las observaciones, presenten sus licencias de funcionamiento, el certificado de Defensa Civil y demás documentos en regla. Es decir, el que se pasó la ley por el tajo solo tiene que ordenar sus papeles, pintar su fachada, y listo: puede volver a vender carne entre ratas y cucarachas, si logra que no lo vean.

Y entonces, la pregunta que nadie quiere responder se impone:
¿Dónde está la sanción real para quienes nos envenenan?
¿Dónde queda el castigo para el que lucra con productos en descomposición? ¿Para el que expone la salud de cientos de personas con cada venta? Porque lo que estamos viendo no es solo informalidad. Es crimen contra la salud pública. Es una forma de violencia tolerada.

Pero claro, aquí clausurar un local es más fácil que enfrentar una red de corrupción, desidia y complicidad. Aquí todo se arregla con un trámite. La vida humana vale una licencia firmada y un certificado colgado en la pared.

Y mientras tanto, esa carne en mal estado la que no se decomisa sigue rodando. Se recicla en las ollas callejeras, se revende más barata, se cuece en caldos que nadie cuestiona. Así se perpetúa el círculo: miseria que alimenta miseria.

La informalidad no es solo una consecuencia de la pobreza, es una excusa permanente para no intervenir a fondo. Para no asumir que el Estado también es responsable de esta cadena de negligencia. Aquí se finge control, se finge autoridad, se finge castigo. Pero la mugre siempre vuelve. Y el hedor también.

No se trata de criminalizar al comerciante pobre. Se trata de proteger al ciudadano pobre que compra sin saber que lo están matando de a pocos. Se trata de recordar que la salud pública no puede depender del olfato del cliente.

Clausuran locales, sí. Pero no clausuran la costumbre. Ni la indiferencia.
Ni la impunidad.

Porque cuando los que nos envenenan pueden volver a vender con solo presentar papeles…
entonces el sistema está podrido.
Y nosotros, acostumbrados al olor.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza

El Ministerio del Interior ya no combate el crimen: ¿lo dirige?

Cuando se denunció que Juan José Santiváñez lideraba una presunta organización criminal desde el mismísimo Ministerio del Interior, lo verdaderamente sorprendente no fue la acusación, sino lo poco que sorprendió.

En el Perú de hoy, que el ministro que estuvo encargado de velar por el orden interno y la lucha contra el crimen organizado esté acusado de encabezar una red delictiva ya no escandaliza; apenas se suma a la larga lista de funcionarios que han hecho del Estado su botín personal.

Pero no podemos ni debemos normalizar esto. Lo que ha revelado la Fiscalía del Eficcop es de una gravedad institucional que debería sacudir al país: Santiváñez habría convertido el aparato policial en un instrumento de extorsión, favores y blindajes, al servicio de empresarios, oficiales corruptos y —clave en todo esto— del círculo íntimo de Palacio de Gobierno.

¿Quiénes están implicados?

La presunta red no era improvisada. Tenía jerarquía, roles definidos y operadores estratégicamente colocados:

  • Juan José Santiváñez, hoy ministro de Justicia (entonces ministro del Interior), abogado penalista con historial de defender a oficiales implicados en represión mortal durante protestas. Según la Fiscalía, fue el cabecilla operativo de una estructura criminal dentro del Estado, usando su ministerio como plataforma de cobros ilegales, contratos direccionados y favores políticos.
  • Percy Tenorio Gamonal, coronel PNP en retiro, exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales. Recibió más de S/1 millón en contratos por defensa de generales policiales, según pruebas del Ministerio Público. También habría coordinado operativos para beneficiar a la minera El Dorado, a cambio de sobornos por US$160 000.
  • Gregorio Villalón Trillo, general PNP y exjefe de la Dirección de Medio Ambiente. Se le acusa de haber pagado US$20 000 a Santiváñez para conservar su puesto. Fue el ejecutor del operativo en Ayacucho a favor de una empresa minera privada.
  • Máximo Ramírez de la Cruz, general PNP en retiro, y Yber Torres Pariona, funcionario de la Defensoría del Policía: ambos fueron piezas operativas en la red, encargados de blindar a policías afines y facilitar los contratos ilegales.
  • Yessenia De La Cruz y Marco Palacios Meza, administradora y abogado del estudio jurídico de Santiváñez: encargados de canalizar favores legales para los empresarios mineros involucrados.
  • Y por supuesto, el hombre que está en todas las historias de poder de este gobierno: Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. El Ministerio Público lo menciona como “tercero vinculado” a la red criminal. Su rol: obtener arraigo laboral ficticio en la mina El Dorado (como “trabajador” fantasma), coordinar con operadores policiales y participar en decisiones que afectaban a altos mandos del Interior.

Cuando el poder protege al crimen

Lo más grave no es la existencia de esta red. Es que todo ocurrió bajo conocimiento (y quizás protección) de Palacio. Nicanor Boluarte no es un ciudadano cualquiera. Es el operador político del régimen. Y su cercanía con Santiváñez, Tenorio y demás implicados no es incidental: es estructural.

La presidenta Dina Boluarte, hasta ahora, no ha deslindado de manera clara. ¿Ignoraba lo que hacía su hermano y su ministro? ¿O lo permitió mientras le era útil? ¿Cuántos de estos favores apuntaban a blindar su propia gestión, asegurar apoyos dentro de la Policía y, de paso, financiar su eventual maquinaria electoral?

Recordemos que Nicanor Boluarte ya es investigado por otra presunta red criminal: “Los Waykis en la Sombra”, acusada de copar el Ministerio del Interior con cargos comprados, usar prefectos como operadores políticos y recaudar fondos para crear un partido: Ciudadanos por el Perú. En ese caso también se mencionan pagos, influencias y un patrón de comportamiento criminal reiterado.

Esto no es corrupción. Es captura del Estado.

Estamos ante algo más profundo que un caso de «funcionarios corruptos». Esto sería una estructura mafiosa operando desde el Estado, con un ministro a la cabeza, una policía subordinada a intereses económicos, y un presidente de facto Nicanor operando desde la sombra.

¿Dónde queda la democracia en todo esto? ¿Qué legitimidad tiene un gobierno que sostiene, protege o tolera estas redes?

La respuesta no está solo en una eventual destitución, ni en una renuncia forzada. Está en reconstruir el Estado desde sus cimientos. Porque hoy, el crimen no es lo que el Estado combate —es lo que lo dirige.

Y si no reaccionamos, lo que viene después ya no será una crisis. Será el colapso definitivo de la institucionalidad. Y no habrá nadie más a quien culpar que a nosotros por haberlo permitido.

El mensaje es brutal: el que denuncia es enemigo; el que paga, asciende; el que encubre, gobierna.

hay mucho que reflexionar en base a lo que esta ocurriendo en nuestro amado Perú, cuidado la pista esta sumamente resbalosa, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

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