Hay algo más triste que un mal debate: un debate que confirma que ya no esperamos nada de él. El último espectáculo electoral no fue un intercambio de ideas, fue una coreografía de supervivencia. Nadie fue a explicar el país; fueron a no equivocarse en vivo. Y en ese cálculo pequeño, el Perú volvió a empequeñecerse.

Las cifras —aunque referenciales— ayudan a desnudar la escena. Más del 40% del electorado llega indeciso a pocas semanas de votar; en elecciones anteriores era 27% y antes 18%. No es volatilidad saludable: es desconfianza acumulada. Cuando el ciudadano no decide, no es porque esté pensando más, sino porque cree menos. Y el debate, lejos de ordenar, confirma el vacío.

El formato es cómplice. Bloques de 60 a 90 segundos para responder problemas estructurales de décadas. Preguntas amplias, respuestas en cápsulas, cero repreguntas incisivas. Con ese diseño, explicar es perder y simplificar es ganar. No hay espacio para decir cómo destrabar inversión sin capturar el Estado, ni cómo reducir el precio de los combustibles sin mentirle al mercado. Resultado: placebo económico. Mucha “reactivación”, poco mecanismo; mucho “emprendedor”, cero política pública.

En seguridad, la estadística real golpea más fuerte que cualquier eslogan. En los últimos años, la percepción de inseguridad urbana supera el 80% en varias ciudades, mientras la tasa de denuncias crece y la capacidad de investigación no acompaña. ¿Qué ofrecieron? “Mano dura”. Como si la criminalidad fuera un interruptor moral. Nadie se quedó a explicar la cadena completa: policía con déficit de formación y logística, fiscalías saturadas, Poder Judicial sin recursos, inteligencia fragmentada. Reconstruir eso toma años; decir “mano dura” toma segundos. El debate eligió lo segundo.

La corrupción fue el momento de teatro moral. Indignación de utilería y promesas de limpieza sin tocar las tuberías. Sin embargo, los números son obstinados: el país pierde miles de millones de soles al año por corrupción e inconducta funcional (estimaciones de la Contraloría). ¿Escuchamos propuestas sobre financiamiento de campañas, compras públicas con trazabilidad, servicio civil meritocrático? No. Se habló de castigos, no de sistemas. De escarmiento, no de prevención. Es decir, de titulares, no de Estado.

Y luego está el tono: más hábiles para el agravio que para el argumento. Interrupciones, ironías de colegio, frases diseñadas para el clip de 15 segundos. Según recuentos preliminares de monitoreo mediático, una porción significativa del tiempo efectivo se fue en ataques personales y descalificaciones, no en propuestas verificables. La política convertida en ring: ruido que reemplaza a la razón.

Pero no nos engañemos: el problema no es solo el escenario, son los actores. Candidatos sin equipos técnicos robustos, planes de gobierno que son PDFs decorativos, asesores que dominan el focus group pero no el presupuesto público. La campaña es permanente; el gobierno, un accidente posterior. Y cuando llega, llega sin manual.

También hay responsabilidad en la conducción. Un debate sin repreguntas obligatorias, sin derecho a contradicción en tiempo real y sin penalización por evasión es una invitación al vacío. Moderar no es repartir turnos; es exigir respuestas. Si alguien promete bajar combustibles, que diga cómo: ¿subsidio focalizado?, ¿reducción temporal de impuestos?, ¿costo fiscal?, ¿plazo? Si habla de seguridad, que detalle metas, presupuesto, cronograma. Si no puede, que el silencio le cueste.

Al final, el debate no ordenó ideas: ordenó percepciones. Ganó el que no titubeó, el que sonrió mejor, el que clavó la frase exportable al titular. Y el país, otra vez, quedó atrapado entre la retórica y el vacío.

El Perú no necesita candidatos que hablen bonito; necesita candidatos que expliquen, sustenten y se hagan cargo. Lo demás es utilería democrática: luces, cámaras… y una ciudadanía que empieza a sospechar que la función se repite porque nadie se atreve a cambiar el libreto.

Cada vez que ocurre un derrame en el sistema de Camisea, la reacción oficial suele repetirse como un libreto burocrático: la empresa anuncia investigaciones internas, el Estado promete supervisión y, con suerte, meses después aparece alguna multa administrativa. El gas sigue fluyendo, las exportaciones continúan y el país vuelve a mirar hacia otro lado. Pero hay una pregunta que casi nunca se formula con la contundencia que merece: ¿quién compensa realmente al Perú cuando se daña su patrimonio energético?

El Proyecto Camisea fue presentado como la gran promesa de soberanía energética del país. Se dijo que el gas abarataría la energía, fortalecería la economía y beneficiaría directamente a los peruanos. Dos décadas después, el balance invita a una mirada menos complaciente. Camisea produce enormes volúmenes de energía y genera millonarios ingresos, pero cada incidente —cada fuga, cada derrame, cada contingencia en el ducto— deja al descubierto una realidad incómoda: el Estado peruano sigue siendo un administrador débil de su propia riqueza natural.

Cuando ocurre un derrame, el debate suele reducirse a compensaciones locales: reparación ambiental, indemnizaciones a comunidades cercanas o sanciones administrativas. Todo eso es necesario. Pero la discusión queda corta. El gas de Camisea no es propiedad de un consorcio ni de una empresa privada; pertenece a la nación. Y cuando ese recurso se pierde, se contamina o se administra sin la debida responsabilidad, el daño no es únicamente ambiental: es también económico y nacional.

Porque el impacto no termina en la selva ni en el punto exacto del incidente. Sus efectos alcanzan a miles de ciudadanos que, lejos del ducto, sienten otra consecuencia: el aumento del costo de los combustibles y de la energía. En un país donde el transporte, la producción agrícola, la industria y la economía familiar dependen del precio de los carburantes, cualquier alteración en la cadena energética termina golpeando el bolsillo del ciudadano común.

Cada alza en los combustibles se traduce en pasajes más caros, alimentos más costosos y mayores gastos para pequeños transportistas, comerciantes y trabajadores independientes. Es decir, una cadena silenciosa de perjuicios económicos que termina pagando el peruano de a pie, el mismo que nunca participó en la negociación de los contratos ni en las decisiones estratégicas sobre los recursos del país.

Ahí está la paradoja peruana: un país productor de gas natural donde la energía sigue siendo cara para millones de ciudadanos.

El problema de fondo es la asimetría entre el poder económico de los grandes proyectos extractivos y la fragilidad institucional del Estado. Mientras las empresas operan con contratos blindados y equipos legales internacionales, el Estado responde con regulaciones tardías, fiscalizaciones débiles y sanciones que muchas veces terminan siendo apenas un costo menor dentro del balance corporativo.

Por eso el debate sobre compensaciones debería ampliarse. No basta con reparar el área afectada o pagar indemnizaciones puntuales. Cuando un recurso estratégico sufre pérdidas, interrupciones o impactos ambientales que terminan afectando la economía nacional, el país tiene derecho a exigir responsabilidades proporcionales al valor de ese recurso.

No se trata de oponerse a la inversión privada ni de negar la importancia del gas en la economía. Se trata de recordar algo elemental que muchas veces parece olvidarse en la política peruana: los recursos naturales pertenecen al país, no a los contratos ni a las coyunturas políticas.

Si el gas se fuga, si el ecosistema se deteriora y si además los ciudadanos terminan pagando combustibles más caros, entonces el problema no es solo ambiental ni técnico. Es también un problema de justicia económica.

Porque al final, la escena se repite con una obstinación casi cínica: el recurso es nacional, el negocio es gigantesco, pero el costo —directo o indirecto— termina cayendo sobre el ciudadano común.

Y en un país donde la riqueza natural convive con una institucionalidad frágil, esa ecuación suele resolverse siempre de la misma manera: la renta se concentra arriba y las consecuencias se reparten abajo. Una fórmula conocida, demasiado conocida, en la historia política del Perú.

Ocho presidentes en diez años. La cifra no es una curiosidad estadística: es la radiografía de una república fatigada. Desde 2016 hasta hoy, el país ha transitado por los despachos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar. Un promedio de quince meses por mandato. Un vértigo impropio de cualquier democracia que aspire a algo más que sobrevivir.

Pero el problema no es solo la rotación. Es el contexto que la acompaña. La mayoría de estos jefes de Estado terminó con investigaciones fiscales abiertas, procesos judiciales en curso, inhabilitaciones o salidas forzadas en medio de escándalos. En menos de una década, el Perú vio a expresidentes con prisión preventiva, acusaciones por corrupción, procesos por rebelión y cuestionamientos por decisiones adoptadas en medio de protestas sociales. La política dejó de debatirse en términos de programa y gestión para instalarse en el terreno penal. Gobernar se volvió sinónimo de defenderse.

La institucionalidad en desgaste

La confrontación entre Ejecutivo y Legislativo ya no es excepción: es método. Vacancias convertidas en amenaza permanente, censuras ministeriales como herramienta de presión, acusaciones constitucionales activadas según conveniencia. La desaprobación presidencial superó reiteradamente el 70%, mientras la confianza en el Congreso se mantuvo en niveles históricamente bajos.

El resultado es un Estado que transmite provisionalidad incluso cuando no está formalmente en transición. Cada presidente asume con fecha de caducidad implícita; cada gabinete nace bajo sospecha. La democracia no ha colapsado, pero vive sitiada por la desconfianza.

El costo económico de la inestabilidad

Hubo un tiempo en que el Perú era citado como ejemplo de estabilidad macroeconómica en Sudamérica. Hoy, tras el rebote pospandemia, el crecimiento se desaceleró con fuerza e incluso registró contracciones recientes. La inversión privada —en minería e infraestructura— mostró retrocesos en varios trimestres consecutivos. Proyectos estratégicos quedaron entrampados entre conflictos sociales y un entorno político imprevisible.

Las agencias calificadoras advirtieron que la incertidumbre institucional impacta directamente en la confianza y en el riesgo país. La ecuación es simple: sin estabilidad política no hay previsibilidad económica. Y sin previsibilidad, la inversión espera… o se va.

La democracia sitiada por sus propios socios

Reducir la crisis a la debilidad de los presidentes sería cómodo. Aquí hay responsabilidades compartidas. Pero también hay actores con peso específico en esta arquitectura de demolición. Desde el Congreso, Fuerza Popular y el bloque que orbita a su alrededor han sido protagonistas constantes de la confrontación.

No se trata de absolver a nadie. Se trata de nombrar dinámicas. La caída de Kuczynski no se explica sin el asedio parlamentario. La vacancia de Vizcarra prosperó con votos que privilegiaron aritmética antes que estabilidad. El breve interinato de Merino —respaldado mayoritariamente por el Congreso— terminó en protestas masivas y crisis institucional. Luego vinieron alianzas tácticas, distanciamientos calculados y recomposiciones según el clima político.

El patrón se repite: un Congreso que no gobierna, pero decide quién gobierna y cuánto dura. Cuando la estabilidad del país compite con la oportunidad política, la tentación de lo segundo suele imponerse.

Imagen internacional en entredicho

En foros y reportes de riesgo, el Perú ya no aparece como el alumno aplicado de la región. Ocho presidentes en diez años, seis con investigaciones fiscales abiertas, confrontación crónica entre poderes. El relato externo dejó de ser el del “milagro peruano” para convertirse en el de una democracia frágil atrapada en su propio diseño institucional.

¿Crisis coyuntural o crisis de sistema?

La llegada de Balcázar no inaugura la crisis; la continúa. El problema no es solo quién ocupa el despacho presidencial, sino el mecanismo que permite que la política se convierta en campo de batalla permanente y antesala judicial.

Ocho presidentes en diez años no son un accidente. Son síntoma de una arquitectura institucional desgastada, donde la legitimidad se erosiona más rápido que los mandatos y donde la supervivencia partidaria prima sobre la gobernabilidad.

El Perú enfrenta algo más profundo que una crisis de gobierno.

Enfrenta una crisis de confianza.

Y sin confianza —interna y externa— ningún país sostiene crecimiento, estabilidad ni futuro.