septiembre 1, 2025

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En medio del caos político y los conflictos sociales, una crisis silenciosa avanza a paso firme: la salud mental. Solo en la región de Cusco, 5,873 personas han sido atendidas por depresión clínica en lo que va del año, según datos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). A esto se suman más de 170 intentos de suicidio, una cifra alarmante que podría ser aún mayor, considerando los casos no reportados.

La doctora María Rojas, jefa del área de Salud Mental de Geresa, explicó que el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad, violencia familiar, desempleo o abandono. En muchos casos, los pacientes llegan por emergencia luego de un intento de autoeliminación… y nunca más regresan. De hecho, 8 de cada 10 pacientes no vuelve a los centros de salud tras la primera consulta, por falta de seguimiento, recursos o apoyo.

Y todo esto ocurre mientras el presupuesto nacional para salud mental no supera el 2.9 % del presupuesto total de salud. Aunque ha crecido respecto al 1.5 % de hace una década, la cifra sigue siendo irrisoria.

La situación se complica para la población al ver un estado ausente con colegios sin profesionales en Psicología y lo peor con la indiferencia de autoridades en el sector educación que mas se preocupan por festividades que por contratar profesionales que atiendan estos graves problemas de nuestro hijos en edad escolar

El abandono no es solo financiero, es estructural: falta personal capacitado, infraestructura especializada y campañas de prevención. Lo que existe es esfuerzo individual de profesionales mal pagados, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

Nos preocupa el país que se desangra por la violencia, pero olvidamos el país que se apaga lentamente en silencio, en soledad, en hospitales sin psicólogos ni psiquiatras.

El oro ilegal trae consigo violencia y enfrentamientos a vista y paciencia de las autoridades, el saldo: un policía gravemente herido

Un nuevo capítulo de violencia y desgobierno se escribió este fin de semana en Callacancha, Paucartambo, donde una banda de delincuentes fuertemente armados asaltó a compradores de oro, provocando un enfrentamiento a balazos con la Policía Nacional. El resultado fue devastador: un efectivo, de apellido Quispe, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la columna vertebral. Su pronóstico es reservado.

Los atacantes no solo despojaron a las víctimas de una camioneta, sino que también lograron huir en motos hacia la agreste zona de Ccarhuayo, donde hasta ahora permanecen escondidos, protegidos por la geografía y por la falta de presencia estatal. El alcalde de Ccarhuayo, Alejo Vitorino, ha pedido refuerzos, helicópteros y presencia militar, en un acto desesperado para recuperar el control territorial.

Pero este caso no es aislado. La minería ilegal, especialmente en la región surandina, ha creado redes paralelas de poder, comercio y violencia, alimentadas por una economía informal que mueve millones sin pagar impuestos ni respetar ley alguna. Hoy, la extracción de oro en zonas rurales está militarizada por bandas organizadas, mientras el Estado apenas reacciona.

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