Gobierno cierra filas en defensa de Nicanor Boluarte y expone el poder paralelo de la familia presidencial
La defensa cerrada del Consejo de Ministros a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, revela una estructura de poder informal dentro del Ejecutivo. El caso “Ícaro 2025” destapa una presunta red criminal que habría infiltrado al Estado para beneficio político y económico.
Una defensa institucional a un civil no electo
La reacción del Gobierno tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte hermano de la presidenta Dina Boluarte ha generado más preguntas que respuestas. El Consejo de Ministros no solo criticó abiertamente al Ministerio Público, sino que lo hizo como si el investigado fuera un alto funcionario del Estado.
Desde el titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, hasta el de Justicia, Juan José Santiváñez, las voces del gabinete han coincidido en calificar la intervención fiscal como un “show”, un “abuso” o una “exageración”. El tono institucional de la defensa ha sido tal que la figura de Nicanor ha sido tratada públicamente como si fuese el verdadero centro del poder político.
¿A quién responden los ministros: a la presidenta o a su hermano?
Las críticas apuntan a una peligrosa confusión de roles dentro del Ejecutivo. En un sistema democrático, los ministros son nombrados por la presidenta y responden exclusivamente a ella y a la Constitución, no a sus familiares.
Sin embargo, el alineamiento automático de todo el gabinete frente a una diligencia judicial contra un ciudadano sin cargo público muestra la profundidad de la influencia de Nicanor Boluarte dentro del régimen. Más que protegerlo, esta defensa lo delata: nadie defiende con ese fervor a un civil cualquiera, a menos que tenga poder real.
Operación Ícaro 2025: la investigación que acorrala al hermano presidencial
El caso, denominado “Ícaro 2025”, es una de las investigaciones más serias que ha enfrentado un entorno presidencial en los últimos años. Conducida por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), al mando de Marita Barreto, la operación tiene como objetivo desarticular una red criminal que habría capturado cargos públicos para beneficio político y económico.
Cuatro hechos delictivos clave identificados por la Fiscalía:
- Nombramiento irregular de prefectos y subprefectos, a cambio de firmas y apoyo político para inscribir el partido Ciudadanos por el Perú.
- Infiltración institucional, mediante el control de cargos regionales y locales como parte de una estrategia de poder.
- Cobros de hasta 100 mil dólares por operaciones policiales ilegales, especialmente en Ayacucho.
- Participación directa del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalado como uno de los principales operadores de esta red, durante su paso por el gabinete.
Este último punto conecta directamente al Ejecutivo con la red criminal. Santiváñez, quien hasta hace poco era ministro, es ahora investigado por utilizar su cargo para facilitar intervenciones irregulares bajo pedido y por encargo político.
Poder paralelo: entre la familia y el gobierno
El caso Ícaro y la reacción del gobierno han revelado más de lo que se pretendía ocultar. El mensaje implícito detrás de la defensa a Nicanor Boluarte es claro: dentro del Estado peruano opera una estructura informal de poder donde los familiares de la presidenta ejercen influencia real, sin rendir cuentas ni ocupar cargos oficiales.
Expertos como el exprocurador Luis Vargas Valdivia han advertido que estas reacciones podrían constituir interferencia política directa en una investigación fiscal. Pero además, abren un debate urgente: ¿Cuánta autoridad real tiene la presidenta si sus ministros actúan como voceros de su hermano?
Reflexión final: el vuelo de Ícaro en Palacio
El nombre de la operación no es casual. Ícaro, en la mitología griega, voló demasiado cerca del sol, embriagado por su ambición, hasta que sus alas se derritieron y cayó al mar. ¿Es Nicanor Boluarte el Ícaro de esta historia política? ¿Y caerá solo, o arrastrará con él a quienes lo protegieron desde el poder?
Lo cierto es que, por ahora, la Fiscalía sigue su curso. Y el país observa, expectante, cómo la separación de poderes se tensa al límite y cómo la figura presidencial se desdibuja bajo la sombra de los lazos familiares.
Cuidado la pista esta sumamente resbalosa para la familia presidencial.
