En Cusco, la calle Monjaspata huele a carne podrida. Pero no solo a carne: también a cucarachas, a excremento de rata, a indiferencia, a “así nomás se hace”, a país acostumbrado a tragarse todo, incluso la mugre.

Cuatro locales clausurados. Mil kilos de carne decomisada. De ese total, el 10 % estaba visiblemente en mal estado. ¿Y el resto? A criterio del estómago del consumidor. Porque aquí las cifras son lo de menos: lo que importa es lo que representa. Esto no es un caso aislado, es la rutina que solo escandaliza cuando hay cámaras.

El director de Fiscalización de la Municipalidad de Cusco, Raúl Achahui, se mostró sorprendido. Dijo que la carne estaba mezclada con papeles, prendas de vestir y hasta excremento de roedores. Que había cucarachas. Que la infraestructura era deficiente. Como si todo eso no fuera un secreto a voces, como si Monjaspata no llevara años vendiendo lo mismo, bajo las mismas condiciones, a la misma clientela que, por necesidad o por costumbre, ya no distingue el olor de la podredumbre.

Achahui informó que los locales fueron cerrados temporalmente, y que podrán reabrir una vez que cumplan con levantar las observaciones, presenten sus licencias de funcionamiento, el certificado de Defensa Civil y demás documentos en regla. Es decir, el que se pasó la ley por el tajo solo tiene que ordenar sus papeles, pintar su fachada, y listo: puede volver a vender carne entre ratas y cucarachas, si logra que no lo vean.

Y entonces, la pregunta que nadie quiere responder se impone:
¿Dónde está la sanción real para quienes nos envenenan?
¿Dónde queda el castigo para el que lucra con productos en descomposición? ¿Para el que expone la salud de cientos de personas con cada venta? Porque lo que estamos viendo no es solo informalidad. Es crimen contra la salud pública. Es una forma de violencia tolerada.

Pero claro, aquí clausurar un local es más fácil que enfrentar una red de corrupción, desidia y complicidad. Aquí todo se arregla con un trámite. La vida humana vale una licencia firmada y un certificado colgado en la pared.

Y mientras tanto, esa carne en mal estado la que no se decomisa sigue rodando. Se recicla en las ollas callejeras, se revende más barata, se cuece en caldos que nadie cuestiona. Así se perpetúa el círculo: miseria que alimenta miseria.

La informalidad no es solo una consecuencia de la pobreza, es una excusa permanente para no intervenir a fondo. Para no asumir que el Estado también es responsable de esta cadena de negligencia. Aquí se finge control, se finge autoridad, se finge castigo. Pero la mugre siempre vuelve. Y el hedor también.

No se trata de criminalizar al comerciante pobre. Se trata de proteger al ciudadano pobre que compra sin saber que lo están matando de a pocos. Se trata de recordar que la salud pública no puede depender del olfato del cliente.

Clausuran locales, sí. Pero no clausuran la costumbre. Ni la indiferencia.
Ni la impunidad.

Porque cuando los que nos envenenan pueden volver a vender con solo presentar papeles…
entonces el sistema está podrido.
Y nosotros, acostumbrados al olor.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza