La confirmación de una conversación “cordial” entre Nicolás Maduro y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es una anécdota diplomática. Es una señal política de alto voltaje: cuando los intereses estratégicos se activan, los principios se guardan en el bolsillo.
Venezuela no es hoy una democracia. Es un régimen autoritario consolidado: elecciones sin competencia real, opositores inhabilitados, presos políticos, control del Poder Judicial, persecución a medios críticos y una crisis humanitaria que ha expulsado a más de 7 millones de venezolanos del país. Maduro no gobierna por legitimidad democrática: gobierna por control del aparato estatal y militar.
En cualquier estándar democrático serio, Maduro no debería seguir en el poder. Su continuidad solo prolonga un modelo que ya demostró su fracaso económico, social e institucional.
Pero la llamada no ocurre porque Washington haya redescubierto la democracia. Ocurre porque Estados Unidos no se mueve por valores, sino por intereses globales.
Venezuela concentra:
Las mayores reservas de petróleo del planeta.
Una ubicación estratégica en el Caribe.
Alianzas activas con Rusia, China e Irán.
Para el poder estadounidense, el problema no es que Maduro sea un dictador. El problema es quién controla el territorio, la energía y la influencia regional.
Trump no llama para salvar a los venezolanos. Maduro no contesta para democratizar el país. Ambos actúan bajo una lógica común: conveniencia geopolítica.
Este diálogo no significa reconciliación. Significa reconocimiento mutuo de poder. El dictador habla con el presidente del imperio porque ambos entienden que, en la política real, el que controla recursos siempre tiene línea directa.
Aquí se desnuda la gran tragedia latinoamericana: los pueblos quedan atrapados entre dictaduras que se perpetúan y potencias que negocian su dominio. Ni unos ni otros gobiernan pensando en la democracia regional, sino en quién administra mejor el tablero del poder.
Maduro seguirá mientras controle las armas. Estados Unidos intervendrá mientras controle los intereses. Y América Latina seguirá pagando el precio mientras no controle su propio destino.
Con 82 congresistas con carpetas fiscales abiertas (el 63% del Parlamento) la inhabilitación de Delia Espinoza ya no parece una sanción: parece una estrategia de supervivencia del poder.
El Congreso de la República ya no legisla desde la ley: legitima desde el miedo. La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza no es un acto jurídico ejemplar. Es un acto reflejo de un poder acorralado.
Hoy existe un dato público, demoledor, imposible de ignorar: 82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público. Eso equivale al 63% del Parlamento bajo investigación.
Es decir, la mayoría del Congreso está siendo investigada.
Y esa misma mayoría decide quién dirige o no dirige la Fiscalía que los investiga.
No es un conflicto de intereses. Es el conflicto de intereses convertido en sistema.
En ese contexto, pretender que la inhabilitación de Espinoza responde solo a una “infracción constitucional” por el supuesto desacato a la Ley 32130,la que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de las investigaciones preliminares, es una burla al sentido común. Más aún cuando incluso la defensa probó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada. La firmó un fiscal interino. El Congreso lo sabía. Y aun así avanzó.
Porque el problema nunca fue la firma. El problema fue la fiscal investigando al poder político.
La evidencia política es incluso más obscena: 15 de los 16 congresistas que aprobaron el informe final en la Comisión Permanente tenían carpetas fiscales abiertas. Es decir, la antesala del ajusticiamiento fue ejecutada casi íntegramente por investigados. Lo que en cualquier democracia sería causal automática de inhibición, aquí fue el motor de la sanción.
Eso no es control político. Eso es autoprotección corporativa.
La sesión final fue una escena de ejecución administrativa. Fernando Rospigliosi cortó el debate y empujó el voto como quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que entre el aire. No se quería discutir. Se quería resolver. Y se resolvió.
Luego vino la confesión más brutal del proceso. Jorge Montoya no habló de leyes: habló de molestia política. Dijo que Espinoza era un “peligro” por denunciar congresistas. En una sola frase quedó desnudo el verdadero móvil: no la sacan por violar la Constitución; la sacan por tocar al poder.
Los números sostienen la acusación política con una solidez aplastante:
63% del Congreso con carpetas fiscales abiertas.
Aprobación ciudadana del Congreso por debajo del 10%, según encuestas nacionales.
Tres de cada cuatro peruanos creen que el Parlamento legisla para sí mismo, no para el país.
Y ahora, una fiscal inhabilitada por un Parlamento mayoritariamente investigado.
Eso ya no es una crisis política. Eso es captura institucional del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio Público queda herido, intimidado, advertido. El mensaje es brutal y transparente: si investigas al Congreso, el Congreso te destruye.
Como si no bastara, horas antes le levantaron el fuero para abrirle investigaciones penales. Primero te saco del cargo. Luego te dejo expuesta. Ese es el método del poder cuando ya no necesita disimular.
Espinoza lo dijo sin maquillaje: muchos no dieron la cara porque vienen elecciones. Tiene razón. Nadie quiere aparecer en campaña como el verdugo institucional. Nadie quiere cargar con la foto del blindaje.
Hoy el Congreso no sancionó a una fiscal. Hoy el Congreso se protegió a sí mismo. Hoy quedó demostrado que en el Perú el problema no es la corrupción, sino quién se atreve a investigarla.
Esto no fue una votación. Fue una operación de supervivencia del poder. Y como toda autodefensa desesperada, deja una huella clara de culpabilidad.
CONCLUSION:
La caída de una fiscal a manos de un Parlamento mayoritariamente investigado confirma que la crisis del Perú ya no es solo de representación, sino de captura abierta del Estado por una clase política que legisla para sobrevivir, no para gobernar. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
Podemos, Fuerza, APP y compañía: padrones inflados, operadores reciclados y una democracia secuestrada por mafias con inscripción electoral.
En el Perú ya no se fundan partidos: se registran empresas políticas. Algunas con planillas falsas, otras con aportes oscuros, casi todas con operadores reciclados del subsuelo del poder. El caso de Podemos Perú y su inscripción bajo sospecha judicial no es una anomalía del sistema. Es su modelo de negocio más visible.
Lo que hoy lleva a José Luna Gálvez camino al juicio no es una travesura burocrática ni un error técnico. Es la evidencia de un método: copar instituciones, comprar resoluciones, usar al Estado como notaría de intereses privados y luego gritar persecución cuando el sistema —tarde y mal— reacciona.
Precisión necesaria: el caso Podemos no es un trámite, es una operación
En el caso específico de Podemos Perú, la acusación no gira en torno a simples firmas observadas, sino a un esquema de captura institucional para forzar su inscripción. La Fiscalía sostiene que el partido de Luna habría financiado pagos ilícitos para asegurar que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura influya decisivamente en la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017, garantizando así una inscripción sin obstáculos. El Poder Judicial ya rechazó los intentos de Luna por tumbar la investigación, dejando el caso en control de acusación y rumbo a juicio oral. Es decir: no se discute un error administrativo, sino una presunta operación criminal en el acta de nacimiento del partido.
El club de los partidos inflados
Y aquí viene lo incómodo: Podemos no está solo. Solo está más avanzado en el expediente.
Hoy, en ese mismo ecosistema de padrones inflados, afiliaciones sin consentimiento y vientres de alquiler electoral, operan estructuras como:
Fuerza Popular,
Alianza para el Progreso,
Perú Libre,
Acción Popular,
Renovación Popular,
Avanza País.
Distintos discursos. El mismo ADN: sobrevivir del padronazo, no del ciudadano.
Más del 70% de los partidos que corren hacia el 2026 carga observaciones por firmas irregulares. Miles de peruanos aparecen afiliados sin saberlo. Muertos que militan. Ciudadanos que “pertenecen” a organizaciones que jamás pisaron. Partidos que subsisten no por convicción, sino por capacidad de falsificación y alquiler electoral.
La estafa legalizada
La democracia peruana llegó al punto en que primero se compra la inscripción, luego se negocia la bancada, después se trafican ministerios y al final se denuncia persecución política. Es una estafa en cuatro actos.
Y lo más grave no es que esto ocurra. Lo más grave es que el sistema lo sabe, lo tolera y lo regulariza.
El Estado observa los padrones, detecta las firmas falsas, advierte las irregularidades… y aun así habilita a los partidos a competir. Porque no está diseñado para limpiar la política, sino para administrarla podrida sin que colapse.
Luna no cae por corrupto: cae por innecesario
José Luna no está contra el sistema. Está siendo descartado por él.
No por inmoral. No por delincuente. Sino porque ya no es funcional.
Se expuso demasiado. Dejó demasiadas huellas. Hizo visible lo que debía operar en la sombra.
No es justicia: es reciclaje de poder.
Rumbo al 2026: postulan los imputados, no los ciudadanos
Vamos a una elección donde:
Los acusados postulan.
Los financistas se esconden.
Los partidos se alquilan.
Y el ciudadano vota asqueado o vota en blanco.
Luego se preguntan por qué nadie cree en nada. Luego se indignan por la antipolítica que ellos mismos fabricaron.
Conclusión
El caso Podemos no es una mancha. Es la radiografía completa del sistema político peruano.
Un país donde la corrupción ya no se infiltra en los partidos: los funda.
Y mientras una sigla entra a juicio, las demás siguen facturando candidaturas, negociando bancadas, intercambiando impunidad por gobernabilidad.
Que la Corte Suprema evalúe este lunes 24 de noviembre un impedimento de salida del país contra Dina Boluarte sería impensable hace apenas unos meses. No porque el caso no lo ameritara, sino porque la expresidenta había logrado instalarse en ese espacio privilegiado y tóxico donde muchos gobernantes se sienten a salvo del escrutinio judicial.
Hoy, sin embargo, la posibilidad de un veto migratorio la coloca en un terreno inédito: el de los intocables que empiezan a ser tocados. Y no porque el sistema de justicia haya despertado, sino porque como percibe gran parte de la población Boluarte dejó de ser útil para quienes sostenían su blindaje político.
La justicia que actúa cuando conviene
La Sala Penal Permanente revisará la apelación de la Fiscalía para imponerle un impedimento de salida por 18 meses. La narrativa oficial habla de legalidad, de equilibrio, de independencia judicial. Pero en la práctica, el calendario y la oportunidad política pesan más que cualquier tecnicismo jurídico.
Que el juez Checkley rechazara inicialmente la medida alegando falta de riesgo de fuga fue un capítulo más de un guion conocido. Que ahora la Fiscalía insista y la Corte Suprema reabra el debate responde, para muchos ciudadanos, no a un súbito rigor procesal, sino a un desgaste: cuando un personaje deja de servir al engranaje, el sistema deja de protegerlo.
Según encuestas recientes, más del 50% de peruanos identifica la corrupción como el principal problema del país, una cifra que demuestra no solo hartazgo social sino claridad diagnóstica: la política opera bajo incentivos de autopreservación, no de transparencia. La justicia, aunque formalmente independiente, se activa de manera selectiva, como si agradeciera o castigara según la temperatura política del día.
La exintocable en el banquillo simbólico
El caso Cirugías no es banal: involucra presuntas designaciones irregulares, contrataciones sospechosas y un pago acelerado de más de S/196 000 a un médico vinculado a los procedimientos estéticos de Boluarte. Si se tratara de un funcionario menor, probablemente ya estaría con restricciones hace meses. Pero Boluarte gozó de un aura de invulnerabilidad alimentada por su función y por una red política que prefería mantenerla firme al mando.
Hoy, ese blindaje parece resquebrajarse. El impedimento de salida si se aprueba no será un triunfo institucional sino un síntoma del cambio de etapa: la caída de un alfil al que ya no conviene proteger.
La ciudadanía lo percibe con claridad: la justicia no mejora; simplemente, los equilibrios cambian.
No es un acto de justicia, sino de reajuste
En un país donde el Índice de Percepción de la Corrupción sigue rodeando los 31 puntos, ubicando al Perú entre los peor evaluados de la región, cualquier gesto judicial importante despierta sospechas. No porque se espere que todo esté mal, sino porque la historia reciente enseña que las decisiones judiciales suelen alinearse con las coyunturas, no con los principios.
Para muchos ciudadanos, el posible impedimento de salida no representa un avance moral, sino una señal de que Boluarte ya no es funcional al tablero político. Su caída no se lee como justicia, sino como reorganización.
¿Cambio real o simplemente otro capítulo?
Si a Boluarte se le impone la restricción migratoria, será fácil celebrarlo como un acto de rigor democrático. Pero si queremos honestidad política, debemos admitir algo más incómodo: este episodio no prueba que el sistema de justicia funciona; prueba que funciona a veces, y solo cuando el poder deja de intervenir en su propio favor.
Boluarte puede enfrentar la justicia. Pero eso no significa que la justicia esté finalmente enfrentando al poder.
Conclusión: el riesgo histórico de confundir castigo con reforma
Este lunes podría marcar una ruptura simbólica: la primera vez que Boluarte deja de ser vista como una figura impermeable. Pero si el país aprende algo de este episodio, debería ser lo siguiente: la impunidad solo se rompe cuando deja de convenir, no cuando llega la justicia.
La pregunta, entonces, no es si Boluarte será restringida. La pregunta es si, cuando surja el siguiente intocable, el sistema volverá a protegerlo… hasta que deje de servir. Y a Ud. ¿Qué le parece?, las cosas por su nombre y Sin Mordaza
Los partidos saben que el país los rechazará en las urnas. Por eso arman listas paralelas llenas de figuras populares sin trayectoria, destinadas a servir de escudo y señuelo para que las mismas cúpulas sigan mandando desde la sombra. Una maniobra tan descarada como predecible.
El Perú ya no vive una campaña electoral: vive una maniobra de supervivencia. El Congreso ese que hoy compite en impopularidad con la inflación, la inseguridad y el dengue ha encontrado la fórmula para intentar reencarnarse sin que el electorado lo note. Y el truco es viejo, pero cada vez más grotesco: sustituir la política con celebridades, reemplazar programas con coreografías, y disfrazar la reelección con rostros prestados que jamás han sostenido una idea pública más allá de un post de Instagram.
Los partidos tradicionales, conscientes de que su aprobación bordea el 6 % en algunas encuestas y que más del 85 % de la población afirma que “no votaría por ningún congresista actual”, han decidido no renovarse: han decidido camuflarse. Y lo hacen escondiendo a sus viejos cuadros detrás de una corte de influencers, futbolistas retirados, cantantes en declive y estrellas del espectáculo recicladas en aspirantes a legisladores.
La estrategia es transparente hasta el ridículo: si la gente detesta a los congresistas, entonces que voten por sus mascotas.
Figuras conocidas, cerebros vacíos, propuestas inexistentes. Lo que importa no es que legislen; lo que importa es que sumen votos y distraigan. Mientras tanto, los verdaderos operadores políticos los mismos que hundieron al país en esta podredumbre institucional ocupan las posiciones estratégicas en la lista o esperan pacientemente tras bambalinas para controlar a los recién llegados como marionetas dóciles.
Lo que se nos quiere vender como “renovación” es, en realidad, una reelección por delegación, una continuidad maquillada. Una segunda lista para cuando la primera (los congresistas actuales) sea barrida por el rechazo popular. Y funciona porque apela al cansancio, a la apatía y a la ilusión de que “alguien conocido” hará un mejor trabajo. Basta recordar que en las últimas elecciones generales, más del 30 % del electorado peruano eligió candidato legislativo guiado por su fama mediática antes que por su hoja de vida. Las cifras no mienten: la superficialidad gana elecciones.
Los partidos lo saben. Y por eso ya no buscan profesionales, investigadores, defensores de causas públicas o representantes territoriales. Buscan seguidores, likes, engagement, presencia viral. Buscan votos fáciles, no políticos capaces. El Congreso del 2026, si nos descuidamos, será una mezcla grotesca entre reality show y directorio de agencias de publicidad.
Y mientras el espectáculo avanza, las cúpulas celebran. Porque nada garantiza mejor su permanencia en el poder que rodearse de personajes sin brújula, sin formación y sin criterio. Gente incapaz de fiscalizar, legislar o resistir presiones. Gente útil, maleable, intercambiable.
Esta no es solo una campaña electoral. Es un asalto preventivo. La reacción desesperada de una clase política que sabe que el pueblo está listo para castigarla. Como ya no pueden pedir la reelección directa porque sería un suicidio electoral, buscan la reelección encubierta, disfrazada, tercerizada.
El país merece algo más que esta burla. Pero el país también debe aprender a reconocerla. Porque detrás de cada rostro famoso con cerebro vacío que se nos presenta como candidato, hay un operador político con apetito viejo y poder intacto. Y si no entendemos esa ecuación, ellos no solo volverán. Volverán con nuestros votos.
Esta semana, el Perú volvió a exhibir su especialidad: producir escándalos que no son escándalos, porque ya nadie se sorprende. Vivimos en un país donde la indignación tiene la vida útil de un tuit y la clase política lo sabe. La impunidad ya no necesita esconderse: se pasea, se ríe y firma resoluciones.
Empecemos por Cusco, porque allí apareció la fotografía más honesta del Estado peruano. En el penal de Qenqoro sí, ese mismo que debería ser un espacio de control y castigo los internos tenían acceso directo a la red wifi oficial del centro penitenciario. No es que se colara una señal cercana. No es que un guardia vendiera chips. No. Era la red institucional, la del propio penal, la del Estado. Mientras afuera la gente se queja de que no le funciona ni el internet del celular, adentro los presos hacían videollamadas con una estabilidad que ya quisiera cualquier estudiante de colegio público.
Lo de Qenqoro no es un “hecho aislado”. Es un resumen del país: donde el Estado no controla ni lo que está encerrado. Y luego se preguntan por qué más del 70% de peruanos dice sentirse inseguro. ¿Cómo no va a sentirse insegura la ciudadanía si la cárcel funciona mejor para las mafias que para la justicia?
Pasemos a Lima, donde el Congreso ese monumento a la decadencia republicana decidió darse un regalo navideño digno de reyes: casi 50 mil soles por navidad y año nuevo todo con el cuento de bonificaciones. Lo gracioso o trágico es que esta institución, que se mantiene con una aprobación que flota entre 6% y 8%, vive como si hubiera resuelto los problemas de un país imaginario. El Parlamento peruano es hoy la institución más rechazada del continente, pero también la más cómoda, la más cara y, por supuesto, la más consentida por sí misma.
Este Congreso no legisla: se premia. No fiscaliza: negocia. No representa: se blinda.
Y entre blindaje y blindaje, un prófugo más: Óscar Acuña, desaparecido en tiempo récord, como si alguien le hubiera dado un calendario anticipado de allanamientos. Aquí los prófugos no huyen: se les deja ir. Más del 60% de los buscados con orden judicial logra evadir a la Policía. ¿Casualidad? No. En un país donde APP, Perú Libre, Avanza País y el fujimorismo parecen pelearse solo para la cámara, pero se defienden entre bambalinas como una fraternidad de sobrevivientes, la fuga de Acuña era un trámite. Un trámite político.
Pero lo más grave no está en el Cusco ni en la avenida Abancay. Lo más grave está en la arquitectura del poder. Hoy el Perú es un país sin presidencia. Un país donde cualquier jefe de Estado puede ser vacado con 87 votos y una excusa creativa, donde la “incapacidad moral” se convirtió en un arma y donde el Ejecutivo es un adorno constitucional, una silla vacía con rostro.
Seis presidentes en siete años. Gobiernos que duran menos que un semestre universitario. Y ahora, para consagrar el modelo, el Congreso quiere un Senado indisoluble. Un Senado que no podrá cerrarse, aunque arrase con lo que queda de la democracia. Un Senado que garantizará algo que la clase política anhela con desesperación: poder absoluto sin riesgo de consecuencias.
El Legislativo ya controla el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Solo faltaba el broche de oro: un Senado blindado. Una república sin equilibrio, sin límites, sin frenos. Una república que ya no es república.
Entonces, junte usted las piezas: wifi oficial para presos, bonos obscenos para congresistas, prófugos avisados, un presidente simbólico y un Senado eterno.
Todo conduce al mismo diagnóstico: el Perú está secuestrado por una élite política que funciona como un cartel institucional. Una élite sin talento, sin escrúpulos y sin miedo. Una élite que ha descubierto que, mientras el país esté cansado y resignado, puede hacer lo que quiera.
La presidencia no se perdió esta semana. La perdimos hace tiempo. Lo único nuevo es que ahora los verdaderos dueños del poder ya ni se preocupan por disimularlo.
Ese es el Perú real: un país capturado por una clase política que ya ni se molesta en ocultar su impunidad.
Desde el 2021, el Congreso peruano ha sido el escenario de una arremetida legislativa que, bajo el discurso de “reformas judiciales”, ha terminado debilitando gravemente los instrumentos más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Lo más indignante es que los mismos parlamentarios que impulsaron y votaron a favor de estas leyes “pro-crimen” hoy buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral de 2026. Una ironía política que roza el cinismo: los autores del retroceso legal pretenden ahora volver a escribir las reglas.
El desmantelamiento de la justicia
Con la Ley N° 31990, los congresistas redujeron el margen de acción de la Fiscalía al imponer plazos rígidos al proceso de colaboración eficaz. En la práctica, se limitó la posibilidad de investigar a redes criminales complejas. Esta norma fue promovida por Podemos Perú y respaldada por Perú Libre, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular.
Waldemar Cerrón —hermano del prófugo Vladimir Cerrón— defendió la medida afirmando que buscaba evitar “abusos fiscales”. Pero el resultado fue otro: una herramienta menos para desarticular mafias.
Los congresistas Flavio Cruz, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo acompañaron esta votación. Hoy, todos ellos buscan escaños en el nuevo Senado, bajo el mismo partido que ha normalizado el blindaje político como estrategia de supervivencia.
El golpe a la extinción de dominio
La Ley N° 32326, impulsada por el fujimorista Jorge Morante, bloquea la recuperación temprana de bienes ilícitos al exigir una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio. Un retroceso de proporciones: el Estado ahora debe esperar años antes de confiscar activos del crimen organizado.
Entre los principales defensores están Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Arturo Alegría y María Zeta, todos hoy en plena campaña por mantenerse en el nuevo Congreso bicameral.
La pregunta se impone sola: ¿a quién beneficia legislar para hacer más difícil perseguir el dinero sucio?
El blindaje a los partidos políticos
La Ley N° 32054, presentada por Waldemar Cerrón (Perú Libre), exime a los partidos de sanciones penales por delitos cometidos a través de su estructura. Es decir, si un dirigente lava dinero o recibe aportes ilícitos, el partido puede lavarse las manos. La ley, aprobada con 87 votos, contó con el respaldo de José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).
Todos ellos también han anunciado su intención de reelegirse. La impunidad, parece, se ha vuelto una carrera política de largo aliento.
La minería ilegal también tiene su ley
El Proyecto de Ley 06838/2023, transformado en la Ley N° 31989, debilitó la capacidad de la PNP para controlar la tenencia de explosivos en zonas de minería ilegal. Su autor: Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, acompañado por Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana. Todos, curiosamente, con aspiraciones al Senado o la Cámara de Diputados.
Una ley que, en lugar de fortalecer la fiscalización de actividades extractivas ilegales, se convirtió en una concesión directa a los intereses mineros más oscuros del país.
La ofensiva final contra la Fiscalía
Las leyes 32130 y 32138, impulsadas por Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos y Eduardo Salhuana, entregaron a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares, restando autonomía al Ministerio Público. Según el propio Ministerio Público, estas normas debilitan la persecución penal y favorecen a las organizaciones criminales.
Aun así, todos sus autores figuran en las listas electorales del 2026. Y no sorprende: pocos lugares ofrecen más inmunidad que un escaño.
Los congresistas que votaron por leyes “pro-crimen”
Fuerza Popular: Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos, Arturo Alegría, Enrique Castillo, Víctor Flores, Tania Ramírez, María Zeta Podemos Perú: José Luna Gálvez, José Arriola, Heidy Juárez, Guido Bellido Perú Libre: Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino Somos Perú: Jorge Morante, Héctor Valer, Alex Paredes Alianza Para el Progreso (APP): Jorge Marticorena, Edith Julón, Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Nelcy Heidinger, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana Otros: José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Adriana Tudela (Avanza País), Alfredo Azurín, Norma Yarrow, José Williams
Conclusión: un Congreso que legisla para sí mismo
El patrón es claro: los mismos congresistas que debilitaron la justicia buscan hoy perpetuarse en el poder. Desde modificar la colaboración eficaz hasta blindar a los partidos y frenar la extinción de dominio, cada una de estas leyes responde a un interés compartido: la autoprotección política.
No se trata solo de impunidad legislativa; se trata de un sistema político que premia la desconfianza ciudadana y convierte el Congreso en una fortaleza de intereses particulares.
Si el próximo Congreso bicameral repite los mismos rostros, no será una renovación democrática, sino la institucionalización del blindaje. Porque, como diría un viejo analista político: cuando los que hacen las leyes son los mismos que temen aplicarlas, el crimen no está afuera… está en el hemiciclo.
Un dictador dispuesto a salvar su pellejo mientras muchos venezolanos celebran la posibilidad de su salida
Venezuela sigue atrapada en el secuestro de un sistema corrupto que ha mantenido al país bajo control durante más de dos décadas. Miles de venezolanos han tenido que huir, dejando atrás hogares, trabajos y vidas enteras, víctimas de una dictadura que ha saqueado recursos y reprimido libertades.
Según un reportaje de The Atlantic, Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el poder si Estados Unidos le garantiza amnistía, retiro de recompensas y exilio seguro para él y sus principales colaboradores. Fuentes cercanas al régimen aseguran que “todo está sobre la mesa” y que Maduro ya comunicó su postura directamente a Donald Trump, calificando de “falsas acusaciones” los señalamientos sobre narcotráfico y advirtiendo sobre los riesgos de un conflicto armado.
Mientras tanto, Washington despliega la mayor operación militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962, con portaaviones, buques de guerra y aviones listos. Aunque esta acción se presenta como lucha contra el narcotráfico, refleja también los intereses estratégicos y geopolíticos de EE.UU. en la región. La presión internacional y el despliegue militar ponen a Maduro contra la pared, forzando una negociación que podría terminar con su salida.
La situación plantea un escenario doble: el alivio de millones de venezolanos que esperan el fin de una dictadura que los ha llevado al éxodo, y la compleja realidad de un país aún sujeto a los intereses extranjeros, donde el poder, la geopolítica y los recursos se entrelazan. EE.UU. es aplaudido por intentar poner fin a la dictadura, pero no puede esconder que también busca demostrar su influencia y dominio en el continente.
Venezuela queda así en una encrucijada histórica: la posibilidad de liberarse de un régimen opresor mientras enfrenta las complejas dinámicas de poder internacional que condicionarán su futuro inmediato.
El Ministerio Público le abrió una carpeta fiscal al exmediocampista del FC Barcelona tras la denuncia hecha por inversores peruanos. La empresa del español habría incumplido la realización de ciertos eventos.
El recordado exjugador Andrés Iniesta, ícono del FC Barcelona que dominó el fútbol europeo en la década pasada, será investigado por la presunta comisión del delito de estafa agravada en el Perú. El Ministerio Público le abrió una carpeta fiscal al campeón del Mundial 2010 con la selección española a raíz de una denuncia contra la empresa NSN Barcelona, de la cual es uno de los propietarios.
De acuerdo al escrito del MP, la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos invirtieron alrededor de 600.000 dólares para la realización de una serie de eventos deportivos y artísticos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica (filial de la empresa del histórico futbolista catalán). Los denunciados son Andrés Iniesta, Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor.
«Los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como exjugador del Club Barcelona de España y por haber sido excampeón mundial con la selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica; sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar (…)», se detalla en el documento.
Los eventos mencionados en la investigación son el UPA UPA Fest, un amistoso internacional entre Cienciano y Nacional de Quito, el K-Pop Music Fest y un partido de leyendas entre Perú y España; sin embargo, solo el primero de estos llegó a realizarse, y con perdidas considerables.
Después de lo acontecido, NSN Sudamérica, encargada de la producción ejecutiva y ejecución del presupuesto, no rindió cuentas sobre los gastos ni se devolvió la inversión. Además, en junio del 2024 la empresa se declaró en quiebra y fue sometida a un proceso de liquidación.
En otra parte de la carpeta fiscal se señala que los denunciados convencieron a Ivan Petrozzi para invertir 35.000 dólares en el amistoso internacional que disputaron los clubes Barcelona SC de Ecuador y Sporting Cristal en Miami en el 2023. Como sucedió anteriormente, su inversión no fue devuelta.
Juan Manuel Vargas Alva (15.000 dólares) y Jorge Alberto Yáñez Giles (14.850 dólares) también desembolsaron una cuantiosa suma de dinero en el marco del evento deportivo que tuvo lugar en Estados Unidos, pero sus inversiones tampoco fueron retornadas.
Hay semanas en que el Estado se quita la careta. Esta ha sido una de ellas. El Perú vuelve a ser testigo forzado y cómplice de una maquinaria de impunidad que no solo se perpetúa, sino que se reafirma con la frente en alto, como si humillar a la justicia fuera una muestra de buena salud democrática.
En un mismo puñado de días, el Tribunal Constitucional decidió desmantelar el Caso Cócteles el expediente penal más sólido y meticulosamente armado contra Keiko Fujimori, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tuvo la indecencia de llamar “terruco” a un joven asesinado durante una protesta social. Lo primero fue una absolución disfrazada de tecnicismo. Lo segundo, un insulto disfrazado de declaración institucional. En ambos casos, la misma lógica: blindar el poder, degradar al ciudadano.
Empecemos por el primero. El TC ha resuelto, con lenguaje aséptico y gestos de solemnidad jurídica, que el caso contra Fujimori no cumple los “requisitos mínimos” para ser juzgado. O sea: la Fiscalía, tras diez años de investigación, múltiples testigos protegidos, flujos de dinero no declarados y dos prisiones preventivas, no habría escrito con suficiente claridad su acusación. Qué conveniente. En un país donde miles están presos sin sentencia y donde la formalidad escrita se usa como trampa para demorar justicia, Keiko Fujimori recibe el raro privilegio de la anulación exprés.
No se engañe nadie: el TC no ha dicho que Keiko es inocente. Ha dicho algo más obsceno: que no vale la pena ni juzgarla. Que su proceso debe quedar, literalmente, en nada. Y lo han hecho con una sonrisa constitucional. La legalidad convertida en mampara de la injusticia.
Pero lo más ofensivo no es la decisión. Es el contexto. Fujimori no está sola. Nunca lo ha estado. Su impunidad es un proyecto compartido por varios partidos que con mayor o menor disimulo le han entregado el Congreso, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Pueden tener nombres distintos, pero comparten ADN: desprecio por la ética pública, hambre de poder, y una profunda convicción de que la política existe para garantizar su impunidad personal. La cúpula política actual no es solo testigo: es socia silenciosa del fujimorismo.
Y mientras se archivan años de corrupción estructural con un par de párrafos, el Congreso esa torre de cinismo en la Plaza Bolívar se da el lujo de insultar a los muertos. Fernando Rospigliosi, con su habitual tono de arrogancia mal leída como firmeza, decidió que un joven músico asesinado por la policía debía ser rebautizado como “terruco”. Ni el luto, ni el derecho, ni el mínimo respeto humano lo detuvieron. Cuando se le corrigió que el artista se hacía llamar “Trvko”, no se retractó. Redobló. Porque en este país, el que manda no se disculpa: acusa.
El término “terruco” no es una palabra suelta. Es un código. Es la coartada perfecta para justificar el gatillo, el gas lacrimógeno, la prisión preventiva sin pruebas. Es la categoría política que habilita el crimen de Estado. Rospigliosi lo sabe. Y lo usa. Porque no le interesa el orden. Le interesa el miedo. Y más aún, le interesa que nadie cuestione el privilegio de los que mandan desde arriba.
Pero esta vez, algo es distinto. El país está harto. No lo grita con slogans vacíos. Lo demuestra en cada marcha, en cada rechazo a esta falsa élite que gobierna sin escrúpulos ni vergüenza. El pueblo ve con claridad: que mientras el poder se absuelve con habeas corpus diseñados a medida, a los que protestan se les dispara. Que mientras el fujimorismo celebra otra victoria judicial, las familias de las víctimas entierran a sus hijos bajo insultos institucionales.
Y ante eso, no basta invocar la ley. La ley en este Perú secuestrado ya no es garantía de justicia. Es, muchas veces, su negación. Hoy, defender la justicia implica oponerse abiertamente a una legalidad funcional a la impunidad. No es un problema de tecnicismos. Es un problema de moral política. Si la ley protege al corrupto y pisotea al que protesta, entonces la obligación ética es denunciarla, resistirla, reformarla. No se trata de anarquía. Se trata de dignidad.
Lo que está en juego no es solo una elección más con los mismos de siempre. Es algo más profundo: si vamos a seguir aceptando que nos gobierne una élite sin vergüenza, sin memoria, sin límite. Una élite que limpia a Keiko, insulta a los muertos, y se presenta a elecciones como si nada. Porque saben que el sistema ese gran mecanismo de reciclaje del poder los necesita. Y porque creen que el pueblo olvidará.
Pero esta vez, el pueblo no va a olvidar. digamos las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
