En el Perú la palabra “indignante” ya no alcanza. Se ha vuelto un adjetivo gastado, casi burocrático, frente a hechos que deberían sacudir hasta los cimientos de la República. Que siete policías integren la banda de un asesino responsable de 78 muertes no es un simple escándalo: es la radiografía de un Estado perforado, un uniforme convertido en salvoconducto del crimen y una sociedad obligada a financiar a quienes debían protegerla.
Erick Moreno, “El Monstruo”, no fue un lobo solitario. Caminó durante años con escolta informal del propio sistema. La organización “Los Injertos del Cono Norte” hacía reglaje con información privilegiada, conocía la capacidad económica de sus víctimas y se movía con la tranquilidad del que sabe que la patrulla no llegará a tiempo porque la patrulla trabaja para él. No hablamos de un policía descarriado, sino de siete agentes que, según la propia PNP, eran parte orgánica del engranaje criminal. ¿Cuántos más miraron a otro lado? ¿Cuántos superiores firmaron informes complacientes?
Las cifras ayudan a entender la dimensión del abismo. En la última década la tasa de homicidios en el país casi se duplicó: de alrededor de 5 por cada 100 mil habitantes en 2013 a más de 9 en 2023, con picos dramáticos en Lima Norte y La Libertad. Paralelamente, más de 3 mil policías han sido investigados por delitos graves desde 2018, y solo una fracción terminó con condena efectiva. Es decir, el Estado persigue a medias a sus propios guardianes mientras los cementerios se llenan completos.
Lo de “El Monstruo” es apenas un capítulo de una novela repetida. Ayer fueron los escuadrones de Trujillo cobrando cupos; antes, los patrulleros alquilados para seguridad privada; hoy, agentes que filtran bases de datos para extorsionar. Cambian los rostros, no el libreto. Y mientras tanto los ministros desfilan prometiendo “reformas históricas” que duran menos que un estado de emergencia.
Más grave aún es la metástasis municipal. El tal “Ojitos”, operador en Comas, demuestra que el crimen ya no toca la puerta del Estado: vive adentro, firma órdenes de servicio y se toma fotos en inauguraciones. La frontera entre autoridad y hampón se volvió una línea punteada. Cuando el general Moreno admite que había protección de “autoridades y personas que filtraban información”, está describiendo un cogobierno del hampa.
Nos repiten que la banda ha sido desarticulada. Mentira piadosa. Los disidentes de “Cachete” ya disputan territorios y replican rutas hacia Bolivia, como si el país fuera un corredor logístico del delito. La experiencia enseña que cada captura produce dos reemplazos y tres nuevos mercados. El crimen se comporta como inversión extranjera: donde ve impunidad, se expande.
El problema no es solo policial, es político. Un Estado que paga sueldos miserables, que asciende por compadrazgo y que protege a los malos elementos, fabrica sus propios monstruos. Y luego nos pide paciencia, como si los 78 muertos pudieran esperar el próximo plan piloto.
Quizá la pregunta correcta no sea cuántos policías cayeron con “El Monstruo”, sino cuántos monstruos más visten uniforme. El día que la respuesta deje de darnos miedo, ese día habremos aceptado vivir en una república tomada. Y entonces ya no habrá columna, ni estadística, ni editorial que nos salve de nosotros mismos.
Cada verano Cusco vuelve a mirarse en el mismo espejo roto. Cambian los gobernantes, se renuevan los discursos, se imprimen nuevos planes de gestión del riesgo con portadas relucientes, pero el resultado es idéntico: puentes que colapsan, carreteras partidas, pueblos aislados y ciudadanos convertidos en estadísticas de la desidia. La naturaleza hace su trabajo; el Estado, como siempre, llega tarde.
El informe de CENEPRED no es una profecía sino un acta de acusación. Ochenta y una zonas críticas por movimientos en masa, sesenta y cuatro puntos con alto riesgo de inundación y más de 116 mil cusqueños expuestos a un peligro perfectamente identificado. No hablamos de un rayo imprevisible, sino de una amenaza con mapas, coordenadas y antecedentes. Aun así, la respuesta pública ha sido la de siempre: esperar que el desastre tenga la cortesía de no ocurrir.
Lo que sucede hoy en Paruro, Espinar, Paucartambo, Canchis o La Convención no es mala suerte; es política mal hecha. El colapso del puente de Pitumarca no lo provocó solo el río embravecido, sino décadas de obras improvisadas, de expedientes inflados y de autoridades que inauguran gaviones como si fueran catedrales y luego desaparecen cuando el caudal les pasa por encima. Después vendrán las comisiones investigadoras y el viejo libreto del “evento extraordinario”, coartada favorita de la mediocridad.
Se cierran Choquequirao, la ruta amazónica a Machupicchu y el acceso a Humantay. El turismo —ese dios al que Cusco le reza todo el año— entra en pausa y con él la economía de miles de familias. Pero ningún gobernador, ningún alcalde, ningún ministro asumirá que el verdadero desastre no es la lluvia, sino la falta crónica de prevención. El barro se limpia; la incapacidad, no.
Esta es la historia de siempre con gobernantes diferentes en cada periodo, pero iguales en su ineptitud. Unos llegan con chaleco nuevo y casco para la foto; otros con maquetas digitales y consultorías millonarias. Todos repiten el mismo ritual: declarar emergencia, pedir presupuesto, culpar al cambio climático y prometer que “ahora sí” se hará planificación territorial. Al final, el agua vuelve a recordarles quién manda.
Cusco concentra una de las mayores densidades de riesgo del país, pero el ordenamiento urbano sigue siendo un chiste cruel, los ríos continúan invadidos por construcciones ilegales y las carreteras se levantan donde el cerro respira. El Estado permite que la gente viva sobre dinamita geológica y luego se indigna cuando la dinamita explota.
La tragedia no es solo material; es moral. Nos hemos acostumbrado a contar emergencias como quien cuenta partidos de fútbol. Veinte desastres en una semana, decimos, y seguimos. Detrás de cada cifra hay un niño sin colegio, un agricultor sin chacra, una familia durmiendo en carpa. Ellos pagan el precio de un sistema que confunde prevención con ceremonia y gestión con propaganda.
La pregunta final es incómoda: ¿para qué sirven nuestras autoridades si ni siquiera pueden hacer lo que los informes técnicos les gritan al oído? Las alertas estaban sobre la mesa. Lo que faltó no fue información, sino vergüenza.
Cusco no se está inundando solo por la lluvia. Se inunda por décadas de gobiernos que aprendieron a sobrevivir del desastre y no a evitarlo.
Y mientras se acercan nuevas elecciones, los mismos que hoy se esconden detrás de los comunicados ya afilan sus carteles de reelección. Volverán con otro color, con otro logo y con la misma incapacidad de siempre. Votar por ellos sería firmar el próximo huaico con lapicero. Cusco necesita castigo político a la incompetencia, no segundas oportunidades para el fracaso. Porque si reelegimos a los responsables de esta tragedia repetida, después no le echemos la culpa al río: el desastre también se elige en las urnas.
La confirmación de una conversación “cordial” entre Nicolás Maduro y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es una anécdota diplomática. Es una señal política de alto voltaje: cuando los intereses estratégicos se activan, los principios se guardan en el bolsillo.
Venezuela no es hoy una democracia. Es un régimen autoritario consolidado: elecciones sin competencia real, opositores inhabilitados, presos políticos, control del Poder Judicial, persecución a medios críticos y una crisis humanitaria que ha expulsado a más de 7 millones de venezolanos del país. Maduro no gobierna por legitimidad democrática: gobierna por control del aparato estatal y militar.
En cualquier estándar democrático serio, Maduro no debería seguir en el poder. Su continuidad solo prolonga un modelo que ya demostró su fracaso económico, social e institucional.
Pero la llamada no ocurre porque Washington haya redescubierto la democracia. Ocurre porque Estados Unidos no se mueve por valores, sino por intereses globales.
Venezuela concentra:
Las mayores reservas de petróleo del planeta.
Una ubicación estratégica en el Caribe.
Alianzas activas con Rusia, China e Irán.
Para el poder estadounidense, el problema no es que Maduro sea un dictador. El problema es quién controla el territorio, la energía y la influencia regional.
Trump no llama para salvar a los venezolanos. Maduro no contesta para democratizar el país. Ambos actúan bajo una lógica común: conveniencia geopolítica.
Este diálogo no significa reconciliación. Significa reconocimiento mutuo de poder. El dictador habla con el presidente del imperio porque ambos entienden que, en la política real, el que controla recursos siempre tiene línea directa.
Aquí se desnuda la gran tragedia latinoamericana: los pueblos quedan atrapados entre dictaduras que se perpetúan y potencias que negocian su dominio. Ni unos ni otros gobiernan pensando en la democracia regional, sino en quién administra mejor el tablero del poder.
Maduro seguirá mientras controle las armas. Estados Unidos intervendrá mientras controle los intereses. Y América Latina seguirá pagando el precio mientras no controle su propio destino.
Con 82 congresistas con carpetas fiscales abiertas (el 63% del Parlamento) la inhabilitación de Delia Espinoza ya no parece una sanción: parece una estrategia de supervivencia del poder.
El Congreso de la República ya no legisla desde la ley: legitima desde el miedo. La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza no es un acto jurídico ejemplar. Es un acto reflejo de un poder acorralado.
Hoy existe un dato público, demoledor, imposible de ignorar: 82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público. Eso equivale al 63% del Parlamento bajo investigación.
Es decir, la mayoría del Congreso está siendo investigada.
Y esa misma mayoría decide quién dirige o no dirige la Fiscalía que los investiga.
No es un conflicto de intereses. Es el conflicto de intereses convertido en sistema.
En ese contexto, pretender que la inhabilitación de Espinoza responde solo a una “infracción constitucional” por el supuesto desacato a la Ley 32130,la que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de las investigaciones preliminares, es una burla al sentido común. Más aún cuando incluso la defensa probó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada. La firmó un fiscal interino. El Congreso lo sabía. Y aun así avanzó.
Porque el problema nunca fue la firma. El problema fue la fiscal investigando al poder político.
La evidencia política es incluso más obscena: 15 de los 16 congresistas que aprobaron el informe final en la Comisión Permanente tenían carpetas fiscales abiertas. Es decir, la antesala del ajusticiamiento fue ejecutada casi íntegramente por investigados. Lo que en cualquier democracia sería causal automática de inhibición, aquí fue el motor de la sanción.
Eso no es control político. Eso es autoprotección corporativa.
La sesión final fue una escena de ejecución administrativa. Fernando Rospigliosi cortó el debate y empujó el voto como quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que entre el aire. No se quería discutir. Se quería resolver. Y se resolvió.
Luego vino la confesión más brutal del proceso. Jorge Montoya no habló de leyes: habló de molestia política. Dijo que Espinoza era un “peligro” por denunciar congresistas. En una sola frase quedó desnudo el verdadero móvil: no la sacan por violar la Constitución; la sacan por tocar al poder.
Los números sostienen la acusación política con una solidez aplastante:
63% del Congreso con carpetas fiscales abiertas.
Aprobación ciudadana del Congreso por debajo del 10%, según encuestas nacionales.
Tres de cada cuatro peruanos creen que el Parlamento legisla para sí mismo, no para el país.
Y ahora, una fiscal inhabilitada por un Parlamento mayoritariamente investigado.
Eso ya no es una crisis política. Eso es captura institucional del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio Público queda herido, intimidado, advertido. El mensaje es brutal y transparente: si investigas al Congreso, el Congreso te destruye.
Como si no bastara, horas antes le levantaron el fuero para abrirle investigaciones penales. Primero te saco del cargo. Luego te dejo expuesta. Ese es el método del poder cuando ya no necesita disimular.
Espinoza lo dijo sin maquillaje: muchos no dieron la cara porque vienen elecciones. Tiene razón. Nadie quiere aparecer en campaña como el verdugo institucional. Nadie quiere cargar con la foto del blindaje.
Hoy el Congreso no sancionó a una fiscal. Hoy el Congreso se protegió a sí mismo. Hoy quedó demostrado que en el Perú el problema no es la corrupción, sino quién se atreve a investigarla.
Esto no fue una votación. Fue una operación de supervivencia del poder. Y como toda autodefensa desesperada, deja una huella clara de culpabilidad.
CONCLUSION:
La caída de una fiscal a manos de un Parlamento mayoritariamente investigado confirma que la crisis del Perú ya no es solo de representación, sino de captura abierta del Estado por una clase política que legisla para sobrevivir, no para gobernar. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
Podemos, Fuerza, APP y compañía: padrones inflados, operadores reciclados y una democracia secuestrada por mafias con inscripción electoral.
En el Perú ya no se fundan partidos: se registran empresas políticas. Algunas con planillas falsas, otras con aportes oscuros, casi todas con operadores reciclados del subsuelo del poder. El caso de Podemos Perú y su inscripción bajo sospecha judicial no es una anomalía del sistema. Es su modelo de negocio más visible.
Lo que hoy lleva a José Luna Gálvez camino al juicio no es una travesura burocrática ni un error técnico. Es la evidencia de un método: copar instituciones, comprar resoluciones, usar al Estado como notaría de intereses privados y luego gritar persecución cuando el sistema —tarde y mal— reacciona.
Precisión necesaria: el caso Podemos no es un trámite, es una operación
En el caso específico de Podemos Perú, la acusación no gira en torno a simples firmas observadas, sino a un esquema de captura institucional para forzar su inscripción. La Fiscalía sostiene que el partido de Luna habría financiado pagos ilícitos para asegurar que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura influya decisivamente en la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017, garantizando así una inscripción sin obstáculos. El Poder Judicial ya rechazó los intentos de Luna por tumbar la investigación, dejando el caso en control de acusación y rumbo a juicio oral. Es decir: no se discute un error administrativo, sino una presunta operación criminal en el acta de nacimiento del partido.
El club de los partidos inflados
Y aquí viene lo incómodo: Podemos no está solo. Solo está más avanzado en el expediente.
Hoy, en ese mismo ecosistema de padrones inflados, afiliaciones sin consentimiento y vientres de alquiler electoral, operan estructuras como:
Fuerza Popular,
Alianza para el Progreso,
Perú Libre,
Acción Popular,
Renovación Popular,
Avanza País.
Distintos discursos. El mismo ADN: sobrevivir del padronazo, no del ciudadano.
Más del 70% de los partidos que corren hacia el 2026 carga observaciones por firmas irregulares. Miles de peruanos aparecen afiliados sin saberlo. Muertos que militan. Ciudadanos que “pertenecen” a organizaciones que jamás pisaron. Partidos que subsisten no por convicción, sino por capacidad de falsificación y alquiler electoral.
La estafa legalizada
La democracia peruana llegó al punto en que primero se compra la inscripción, luego se negocia la bancada, después se trafican ministerios y al final se denuncia persecución política. Es una estafa en cuatro actos.
Y lo más grave no es que esto ocurra. Lo más grave es que el sistema lo sabe, lo tolera y lo regulariza.
El Estado observa los padrones, detecta las firmas falsas, advierte las irregularidades… y aun así habilita a los partidos a competir. Porque no está diseñado para limpiar la política, sino para administrarla podrida sin que colapse.
Luna no cae por corrupto: cae por innecesario
José Luna no está contra el sistema. Está siendo descartado por él.
No por inmoral. No por delincuente. Sino porque ya no es funcional.
Se expuso demasiado. Dejó demasiadas huellas. Hizo visible lo que debía operar en la sombra.
No es justicia: es reciclaje de poder.
Rumbo al 2026: postulan los imputados, no los ciudadanos
Vamos a una elección donde:
Los acusados postulan.
Los financistas se esconden.
Los partidos se alquilan.
Y el ciudadano vota asqueado o vota en blanco.
Luego se preguntan por qué nadie cree en nada. Luego se indignan por la antipolítica que ellos mismos fabricaron.
Conclusión
El caso Podemos no es una mancha. Es la radiografía completa del sistema político peruano.
Un país donde la corrupción ya no se infiltra en los partidos: los funda.
Y mientras una sigla entra a juicio, las demás siguen facturando candidaturas, negociando bancadas, intercambiando impunidad por gobernabilidad.
Que la Corte Suprema evalúe este lunes 24 de noviembre un impedimento de salida del país contra Dina Boluarte sería impensable hace apenas unos meses. No porque el caso no lo ameritara, sino porque la expresidenta había logrado instalarse en ese espacio privilegiado y tóxico donde muchos gobernantes se sienten a salvo del escrutinio judicial.
Hoy, sin embargo, la posibilidad de un veto migratorio la coloca en un terreno inédito: el de los intocables que empiezan a ser tocados. Y no porque el sistema de justicia haya despertado, sino porque como percibe gran parte de la población Boluarte dejó de ser útil para quienes sostenían su blindaje político.
La justicia que actúa cuando conviene
La Sala Penal Permanente revisará la apelación de la Fiscalía para imponerle un impedimento de salida por 18 meses. La narrativa oficial habla de legalidad, de equilibrio, de independencia judicial. Pero en la práctica, el calendario y la oportunidad política pesan más que cualquier tecnicismo jurídico.
Que el juez Checkley rechazara inicialmente la medida alegando falta de riesgo de fuga fue un capítulo más de un guion conocido. Que ahora la Fiscalía insista y la Corte Suprema reabra el debate responde, para muchos ciudadanos, no a un súbito rigor procesal, sino a un desgaste: cuando un personaje deja de servir al engranaje, el sistema deja de protegerlo.
Según encuestas recientes, más del 50% de peruanos identifica la corrupción como el principal problema del país, una cifra que demuestra no solo hartazgo social sino claridad diagnóstica: la política opera bajo incentivos de autopreservación, no de transparencia. La justicia, aunque formalmente independiente, se activa de manera selectiva, como si agradeciera o castigara según la temperatura política del día.
La exintocable en el banquillo simbólico
El caso Cirugías no es banal: involucra presuntas designaciones irregulares, contrataciones sospechosas y un pago acelerado de más de S/196 000 a un médico vinculado a los procedimientos estéticos de Boluarte. Si se tratara de un funcionario menor, probablemente ya estaría con restricciones hace meses. Pero Boluarte gozó de un aura de invulnerabilidad alimentada por su función y por una red política que prefería mantenerla firme al mando.
Hoy, ese blindaje parece resquebrajarse. El impedimento de salida si se aprueba no será un triunfo institucional sino un síntoma del cambio de etapa: la caída de un alfil al que ya no conviene proteger.
La ciudadanía lo percibe con claridad: la justicia no mejora; simplemente, los equilibrios cambian.
No es un acto de justicia, sino de reajuste
En un país donde el Índice de Percepción de la Corrupción sigue rodeando los 31 puntos, ubicando al Perú entre los peor evaluados de la región, cualquier gesto judicial importante despierta sospechas. No porque se espere que todo esté mal, sino porque la historia reciente enseña que las decisiones judiciales suelen alinearse con las coyunturas, no con los principios.
Para muchos ciudadanos, el posible impedimento de salida no representa un avance moral, sino una señal de que Boluarte ya no es funcional al tablero político. Su caída no se lee como justicia, sino como reorganización.
¿Cambio real o simplemente otro capítulo?
Si a Boluarte se le impone la restricción migratoria, será fácil celebrarlo como un acto de rigor democrático. Pero si queremos honestidad política, debemos admitir algo más incómodo: este episodio no prueba que el sistema de justicia funciona; prueba que funciona a veces, y solo cuando el poder deja de intervenir en su propio favor.
Boluarte puede enfrentar la justicia. Pero eso no significa que la justicia esté finalmente enfrentando al poder.
Conclusión: el riesgo histórico de confundir castigo con reforma
Este lunes podría marcar una ruptura simbólica: la primera vez que Boluarte deja de ser vista como una figura impermeable. Pero si el país aprende algo de este episodio, debería ser lo siguiente: la impunidad solo se rompe cuando deja de convenir, no cuando llega la justicia.
La pregunta, entonces, no es si Boluarte será restringida. La pregunta es si, cuando surja el siguiente intocable, el sistema volverá a protegerlo… hasta que deje de servir. Y a Ud. ¿Qué le parece?, las cosas por su nombre y Sin Mordaza
Los partidos saben que el país los rechazará en las urnas. Por eso arman listas paralelas llenas de figuras populares sin trayectoria, destinadas a servir de escudo y señuelo para que las mismas cúpulas sigan mandando desde la sombra. Una maniobra tan descarada como predecible.
El Perú ya no vive una campaña electoral: vive una maniobra de supervivencia. El Congreso ese que hoy compite en impopularidad con la inflación, la inseguridad y el dengue ha encontrado la fórmula para intentar reencarnarse sin que el electorado lo note. Y el truco es viejo, pero cada vez más grotesco: sustituir la política con celebridades, reemplazar programas con coreografías, y disfrazar la reelección con rostros prestados que jamás han sostenido una idea pública más allá de un post de Instagram.
Los partidos tradicionales, conscientes de que su aprobación bordea el 6 % en algunas encuestas y que más del 85 % de la población afirma que “no votaría por ningún congresista actual”, han decidido no renovarse: han decidido camuflarse. Y lo hacen escondiendo a sus viejos cuadros detrás de una corte de influencers, futbolistas retirados, cantantes en declive y estrellas del espectáculo recicladas en aspirantes a legisladores.
La estrategia es transparente hasta el ridículo: si la gente detesta a los congresistas, entonces que voten por sus mascotas.
Figuras conocidas, cerebros vacíos, propuestas inexistentes. Lo que importa no es que legislen; lo que importa es que sumen votos y distraigan. Mientras tanto, los verdaderos operadores políticos los mismos que hundieron al país en esta podredumbre institucional ocupan las posiciones estratégicas en la lista o esperan pacientemente tras bambalinas para controlar a los recién llegados como marionetas dóciles.
Lo que se nos quiere vender como “renovación” es, en realidad, una reelección por delegación, una continuidad maquillada. Una segunda lista para cuando la primera (los congresistas actuales) sea barrida por el rechazo popular. Y funciona porque apela al cansancio, a la apatía y a la ilusión de que “alguien conocido” hará un mejor trabajo. Basta recordar que en las últimas elecciones generales, más del 30 % del electorado peruano eligió candidato legislativo guiado por su fama mediática antes que por su hoja de vida. Las cifras no mienten: la superficialidad gana elecciones.
Los partidos lo saben. Y por eso ya no buscan profesionales, investigadores, defensores de causas públicas o representantes territoriales. Buscan seguidores, likes, engagement, presencia viral. Buscan votos fáciles, no políticos capaces. El Congreso del 2026, si nos descuidamos, será una mezcla grotesca entre reality show y directorio de agencias de publicidad.
Y mientras el espectáculo avanza, las cúpulas celebran. Porque nada garantiza mejor su permanencia en el poder que rodearse de personajes sin brújula, sin formación y sin criterio. Gente incapaz de fiscalizar, legislar o resistir presiones. Gente útil, maleable, intercambiable.
Esta no es solo una campaña electoral. Es un asalto preventivo. La reacción desesperada de una clase política que sabe que el pueblo está listo para castigarla. Como ya no pueden pedir la reelección directa porque sería un suicidio electoral, buscan la reelección encubierta, disfrazada, tercerizada.
El país merece algo más que esta burla. Pero el país también debe aprender a reconocerla. Porque detrás de cada rostro famoso con cerebro vacío que se nos presenta como candidato, hay un operador político con apetito viejo y poder intacto. Y si no entendemos esa ecuación, ellos no solo volverán. Volverán con nuestros votos.
Esta semana, el Perú volvió a exhibir su especialidad: producir escándalos que no son escándalos, porque ya nadie se sorprende. Vivimos en un país donde la indignación tiene la vida útil de un tuit y la clase política lo sabe. La impunidad ya no necesita esconderse: se pasea, se ríe y firma resoluciones.
Empecemos por Cusco, porque allí apareció la fotografía más honesta del Estado peruano. En el penal de Qenqoro sí, ese mismo que debería ser un espacio de control y castigo los internos tenían acceso directo a la red wifi oficial del centro penitenciario. No es que se colara una señal cercana. No es que un guardia vendiera chips. No. Era la red institucional, la del propio penal, la del Estado. Mientras afuera la gente se queja de que no le funciona ni el internet del celular, adentro los presos hacían videollamadas con una estabilidad que ya quisiera cualquier estudiante de colegio público.
Lo de Qenqoro no es un “hecho aislado”. Es un resumen del país: donde el Estado no controla ni lo que está encerrado. Y luego se preguntan por qué más del 70% de peruanos dice sentirse inseguro. ¿Cómo no va a sentirse insegura la ciudadanía si la cárcel funciona mejor para las mafias que para la justicia?
Pasemos a Lima, donde el Congreso ese monumento a la decadencia republicana decidió darse un regalo navideño digno de reyes: casi 50 mil soles por navidad y año nuevo todo con el cuento de bonificaciones. Lo gracioso o trágico es que esta institución, que se mantiene con una aprobación que flota entre 6% y 8%, vive como si hubiera resuelto los problemas de un país imaginario. El Parlamento peruano es hoy la institución más rechazada del continente, pero también la más cómoda, la más cara y, por supuesto, la más consentida por sí misma.
Este Congreso no legisla: se premia. No fiscaliza: negocia. No representa: se blinda.
Y entre blindaje y blindaje, un prófugo más: Óscar Acuña, desaparecido en tiempo récord, como si alguien le hubiera dado un calendario anticipado de allanamientos. Aquí los prófugos no huyen: se les deja ir. Más del 60% de los buscados con orden judicial logra evadir a la Policía. ¿Casualidad? No. En un país donde APP, Perú Libre, Avanza País y el fujimorismo parecen pelearse solo para la cámara, pero se defienden entre bambalinas como una fraternidad de sobrevivientes, la fuga de Acuña era un trámite. Un trámite político.
Pero lo más grave no está en el Cusco ni en la avenida Abancay. Lo más grave está en la arquitectura del poder. Hoy el Perú es un país sin presidencia. Un país donde cualquier jefe de Estado puede ser vacado con 87 votos y una excusa creativa, donde la “incapacidad moral” se convirtió en un arma y donde el Ejecutivo es un adorno constitucional, una silla vacía con rostro.
Seis presidentes en siete años. Gobiernos que duran menos que un semestre universitario. Y ahora, para consagrar el modelo, el Congreso quiere un Senado indisoluble. Un Senado que no podrá cerrarse, aunque arrase con lo que queda de la democracia. Un Senado que garantizará algo que la clase política anhela con desesperación: poder absoluto sin riesgo de consecuencias.
El Legislativo ya controla el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Solo faltaba el broche de oro: un Senado blindado. Una república sin equilibrio, sin límites, sin frenos. Una república que ya no es república.
Entonces, junte usted las piezas: wifi oficial para presos, bonos obscenos para congresistas, prófugos avisados, un presidente simbólico y un Senado eterno.
Todo conduce al mismo diagnóstico: el Perú está secuestrado por una élite política que funciona como un cartel institucional. Una élite sin talento, sin escrúpulos y sin miedo. Una élite que ha descubierto que, mientras el país esté cansado y resignado, puede hacer lo que quiera.
La presidencia no se perdió esta semana. La perdimos hace tiempo. Lo único nuevo es que ahora los verdaderos dueños del poder ya ni se preocupan por disimularlo.
Ese es el Perú real: un país capturado por una clase política que ya ni se molesta en ocultar su impunidad.
Desde el 2021, el Congreso peruano ha sido el escenario de una arremetida legislativa que, bajo el discurso de “reformas judiciales”, ha terminado debilitando gravemente los instrumentos más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Lo más indignante es que los mismos parlamentarios que impulsaron y votaron a favor de estas leyes “pro-crimen” hoy buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral de 2026. Una ironía política que roza el cinismo: los autores del retroceso legal pretenden ahora volver a escribir las reglas.
El desmantelamiento de la justicia
Con la Ley N° 31990, los congresistas redujeron el margen de acción de la Fiscalía al imponer plazos rígidos al proceso de colaboración eficaz. En la práctica, se limitó la posibilidad de investigar a redes criminales complejas. Esta norma fue promovida por Podemos Perú y respaldada por Perú Libre, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular.
Waldemar Cerrón —hermano del prófugo Vladimir Cerrón— defendió la medida afirmando que buscaba evitar “abusos fiscales”. Pero el resultado fue otro: una herramienta menos para desarticular mafias.
Los congresistas Flavio Cruz, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo acompañaron esta votación. Hoy, todos ellos buscan escaños en el nuevo Senado, bajo el mismo partido que ha normalizado el blindaje político como estrategia de supervivencia.
El golpe a la extinción de dominio
La Ley N° 32326, impulsada por el fujimorista Jorge Morante, bloquea la recuperación temprana de bienes ilícitos al exigir una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio. Un retroceso de proporciones: el Estado ahora debe esperar años antes de confiscar activos del crimen organizado.
Entre los principales defensores están Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Arturo Alegría y María Zeta, todos hoy en plena campaña por mantenerse en el nuevo Congreso bicameral.
La pregunta se impone sola: ¿a quién beneficia legislar para hacer más difícil perseguir el dinero sucio?
El blindaje a los partidos políticos
La Ley N° 32054, presentada por Waldemar Cerrón (Perú Libre), exime a los partidos de sanciones penales por delitos cometidos a través de su estructura. Es decir, si un dirigente lava dinero o recibe aportes ilícitos, el partido puede lavarse las manos. La ley, aprobada con 87 votos, contó con el respaldo de José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).
Todos ellos también han anunciado su intención de reelegirse. La impunidad, parece, se ha vuelto una carrera política de largo aliento.
La minería ilegal también tiene su ley
El Proyecto de Ley 06838/2023, transformado en la Ley N° 31989, debilitó la capacidad de la PNP para controlar la tenencia de explosivos en zonas de minería ilegal. Su autor: Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, acompañado por Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana. Todos, curiosamente, con aspiraciones al Senado o la Cámara de Diputados.
Una ley que, en lugar de fortalecer la fiscalización de actividades extractivas ilegales, se convirtió en una concesión directa a los intereses mineros más oscuros del país.
La ofensiva final contra la Fiscalía
Las leyes 32130 y 32138, impulsadas por Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos y Eduardo Salhuana, entregaron a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares, restando autonomía al Ministerio Público. Según el propio Ministerio Público, estas normas debilitan la persecución penal y favorecen a las organizaciones criminales.
Aun así, todos sus autores figuran en las listas electorales del 2026. Y no sorprende: pocos lugares ofrecen más inmunidad que un escaño.
Los congresistas que votaron por leyes “pro-crimen”
Fuerza Popular: Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos, Arturo Alegría, Enrique Castillo, Víctor Flores, Tania Ramírez, María Zeta Podemos Perú: José Luna Gálvez, José Arriola, Heidy Juárez, Guido Bellido Perú Libre: Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino Somos Perú: Jorge Morante, Héctor Valer, Alex Paredes Alianza Para el Progreso (APP): Jorge Marticorena, Edith Julón, Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Nelcy Heidinger, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana Otros: José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Adriana Tudela (Avanza País), Alfredo Azurín, Norma Yarrow, José Williams
Conclusión: un Congreso que legisla para sí mismo
El patrón es claro: los mismos congresistas que debilitaron la justicia buscan hoy perpetuarse en el poder. Desde modificar la colaboración eficaz hasta blindar a los partidos y frenar la extinción de dominio, cada una de estas leyes responde a un interés compartido: la autoprotección política.
No se trata solo de impunidad legislativa; se trata de un sistema político que premia la desconfianza ciudadana y convierte el Congreso en una fortaleza de intereses particulares.
Si el próximo Congreso bicameral repite los mismos rostros, no será una renovación democrática, sino la institucionalización del blindaje. Porque, como diría un viejo analista político: cuando los que hacen las leyes son los mismos que temen aplicarlas, el crimen no está afuera… está en el hemiciclo.
