A Richard Concepción Carhuancho lo quieren fuera. No por corrupto, no por negligente, no por vendido. Lo quieren fuera porque se atrevió a hacer algo que en este país suele costar caro: cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos.
El Congreso, ese circo cada vez más cómodo para los delincuentes de saco y corbata, ha puesto en la mira al juez que osó decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Lo denunció Fernando Rospigliosi, un exministro que ahora juega a ser inquisidor desde la vicepresidencia del Legislativo. Su argumento es simple y brutal: Carhuancho desobedeció una ley. ¿Qué ley? La ley 32107, esa norma hecha a medida para sepultar las causas pendientes de los años del plomo. La ley que pretende enterrar los cadáveres que todavía gritan desde las fosas comunes.
Pero lo que Rospigliosi omite (porque le conviene o porque lo ignora, da igual) es que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Y que el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por el Perú, dice con todas sus letras que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sin excepciones, sin plazos, sin amnistías disfrazadas de legalidad.
Lo que hizo Carhuancho no fue un acto de rebeldía, fue un acto de decencia jurídica. Aplicó el control difuso, esa herramienta que tienen los jueces para no acatar leyes inconstitucionales o contrarias a los derechos humanos. En un país serio, lo habrían aplaudido. En el Perú de hoy, lo quieren crucificar.
¿Cuál es el verdadero crimen?
El verdadero crimen de Carhuancho fue tocar los intocables. Reabrir heridas que el Congreso prefiere fingir que no existen. Atreverse a recordar que en Ayacucho, en 1984, el Estado también mató, desapareció, torturó. Y que esos crímenes no son errores administrativos ni excesos aislados. Son delitos imprescriptibles. Son crímenes que el tiempo no borra, aunque el Congreso quiera legislar en su contra.
Porque lo que está en juego aquí no es un tecnicismo. Es la memoria del país. Es el derecho de las víctimas a que sus muertos no sean enterrados dos veces: una por los militares, otra por los políticos de turno.
El mensaje es claro: no te metas con el pasado
La denuncia contra Carhuancho busca algo más profundo que su destitución: infundir miedo. Que ningún juez se atreva a incomodar a los uniformados de ayer, a los intocables de siempre. Que quede claro que el Congreso no quiere magistrados que piensen, ni que lean la Constitución. Los quiere obedientes. Sumisos. Ciegos.
Y si no lo son, los barren.
El país que olvida está condenado
El Congreso puede aprobar las leyes que quiera. Puede jugar al olvido, disfrazarlo de legalidad, pintar la impunidad con brocha de soberanía nacional. Pero hay una cosa que no puede hacer: borrar la historia.
Los muertos siguen allí. Las madres siguen llorando. Las fosas siguen abiertas. Y mientras haya un juez que se atreva a decir que la justicia no caduca, este país todavía tiene una mínima esperanza.
Pero esa esperanza, como todo lo que vale en este país, corre peligro. Está sitiada por un Congreso que legisla al servicio de los verdugos, por un Ejecutivo que calla, por una prensa que titubea, por una sociedad que empieza a resignarse.
Y así, paso a paso, vamos aprendiendo a vivir sin justicia. O peor: a vivir bajo su simulacro.
