Cada vez que ocurre un derrame en el sistema de Camisea, la reacción oficial suele repetirse como un libreto burocrático: la empresa anuncia investigaciones internas, el Estado promete supervisión y, con suerte, meses después aparece alguna multa administrativa. El gas sigue fluyendo, las exportaciones continúan y el país vuelve a mirar hacia otro lado. Pero hay una pregunta que casi nunca se formula con la contundencia que merece: ¿quién compensa realmente al Perú cuando se daña su patrimonio energético?

El Proyecto Camisea fue presentado como la gran promesa de soberanía energética del país. Se dijo que el gas abarataría la energía, fortalecería la economía y beneficiaría directamente a los peruanos. Dos décadas después, el balance invita a una mirada menos complaciente. Camisea produce enormes volúmenes de energía y genera millonarios ingresos, pero cada incidente —cada fuga, cada derrame, cada contingencia en el ducto— deja al descubierto una realidad incómoda: el Estado peruano sigue siendo un administrador débil de su propia riqueza natural.

Cuando ocurre un derrame, el debate suele reducirse a compensaciones locales: reparación ambiental, indemnizaciones a comunidades cercanas o sanciones administrativas. Todo eso es necesario. Pero la discusión queda corta. El gas de Camisea no es propiedad de un consorcio ni de una empresa privada; pertenece a la nación. Y cuando ese recurso se pierde, se contamina o se administra sin la debida responsabilidad, el daño no es únicamente ambiental: es también económico y nacional.

Porque el impacto no termina en la selva ni en el punto exacto del incidente. Sus efectos alcanzan a miles de ciudadanos que, lejos del ducto, sienten otra consecuencia: el aumento del costo de los combustibles y de la energía. En un país donde el transporte, la producción agrícola, la industria y la economía familiar dependen del precio de los carburantes, cualquier alteración en la cadena energética termina golpeando el bolsillo del ciudadano común.

Cada alza en los combustibles se traduce en pasajes más caros, alimentos más costosos y mayores gastos para pequeños transportistas, comerciantes y trabajadores independientes. Es decir, una cadena silenciosa de perjuicios económicos que termina pagando el peruano de a pie, el mismo que nunca participó en la negociación de los contratos ni en las decisiones estratégicas sobre los recursos del país.

Ahí está la paradoja peruana: un país productor de gas natural donde la energía sigue siendo cara para millones de ciudadanos.

El problema de fondo es la asimetría entre el poder económico de los grandes proyectos extractivos y la fragilidad institucional del Estado. Mientras las empresas operan con contratos blindados y equipos legales internacionales, el Estado responde con regulaciones tardías, fiscalizaciones débiles y sanciones que muchas veces terminan siendo apenas un costo menor dentro del balance corporativo.

Por eso el debate sobre compensaciones debería ampliarse. No basta con reparar el área afectada o pagar indemnizaciones puntuales. Cuando un recurso estratégico sufre pérdidas, interrupciones o impactos ambientales que terminan afectando la economía nacional, el país tiene derecho a exigir responsabilidades proporcionales al valor de ese recurso.

No se trata de oponerse a la inversión privada ni de negar la importancia del gas en la economía. Se trata de recordar algo elemental que muchas veces parece olvidarse en la política peruana: los recursos naturales pertenecen al país, no a los contratos ni a las coyunturas políticas.

Si el gas se fuga, si el ecosistema se deteriora y si además los ciudadanos terminan pagando combustibles más caros, entonces el problema no es solo ambiental ni técnico. Es también un problema de justicia económica.

Porque al final, la escena se repite con una obstinación casi cínica: el recurso es nacional, el negocio es gigantesco, pero el costo —directo o indirecto— termina cayendo sobre el ciudadano común.

Y en un país donde la riqueza natural convive con una institucionalidad frágil, esa ecuación suele resolverse siempre de la misma manera: la renta se concentra arriba y las consecuencias se reparten abajo. Una fórmula conocida, demasiado conocida, en la historia política del Perú.