Ocho presidentes en diez años. La cifra no es una curiosidad estadística: es la radiografía de una república fatigada. Desde 2016 hasta hoy, el país ha transitado por los despachos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar. Un promedio de quince meses por mandato. Un vértigo impropio de cualquier democracia que aspire a algo más que sobrevivir.

Pero el problema no es solo la rotación. Es el contexto que la acompaña. La mayoría de estos jefes de Estado terminó con investigaciones fiscales abiertas, procesos judiciales en curso, inhabilitaciones o salidas forzadas en medio de escándalos. En menos de una década, el Perú vio a expresidentes con prisión preventiva, acusaciones por corrupción, procesos por rebelión y cuestionamientos por decisiones adoptadas en medio de protestas sociales. La política dejó de debatirse en términos de programa y gestión para instalarse en el terreno penal. Gobernar se volvió sinónimo de defenderse.

La institucionalidad en desgaste

La confrontación entre Ejecutivo y Legislativo ya no es excepción: es método. Vacancias convertidas en amenaza permanente, censuras ministeriales como herramienta de presión, acusaciones constitucionales activadas según conveniencia. La desaprobación presidencial superó reiteradamente el 70%, mientras la confianza en el Congreso se mantuvo en niveles históricamente bajos.

El resultado es un Estado que transmite provisionalidad incluso cuando no está formalmente en transición. Cada presidente asume con fecha de caducidad implícita; cada gabinete nace bajo sospecha. La democracia no ha colapsado, pero vive sitiada por la desconfianza.

El costo económico de la inestabilidad

Hubo un tiempo en que el Perú era citado como ejemplo de estabilidad macroeconómica en Sudamérica. Hoy, tras el rebote pospandemia, el crecimiento se desaceleró con fuerza e incluso registró contracciones recientes. La inversión privada —en minería e infraestructura— mostró retrocesos en varios trimestres consecutivos. Proyectos estratégicos quedaron entrampados entre conflictos sociales y un entorno político imprevisible.

Las agencias calificadoras advirtieron que la incertidumbre institucional impacta directamente en la confianza y en el riesgo país. La ecuación es simple: sin estabilidad política no hay previsibilidad económica. Y sin previsibilidad, la inversión espera… o se va.

La democracia sitiada por sus propios socios

Reducir la crisis a la debilidad de los presidentes sería cómodo. Aquí hay responsabilidades compartidas. Pero también hay actores con peso específico en esta arquitectura de demolición. Desde el Congreso, Fuerza Popular y el bloque que orbita a su alrededor han sido protagonistas constantes de la confrontación.

No se trata de absolver a nadie. Se trata de nombrar dinámicas. La caída de Kuczynski no se explica sin el asedio parlamentario. La vacancia de Vizcarra prosperó con votos que privilegiaron aritmética antes que estabilidad. El breve interinato de Merino —respaldado mayoritariamente por el Congreso— terminó en protestas masivas y crisis institucional. Luego vinieron alianzas tácticas, distanciamientos calculados y recomposiciones según el clima político.

El patrón se repite: un Congreso que no gobierna, pero decide quién gobierna y cuánto dura. Cuando la estabilidad del país compite con la oportunidad política, la tentación de lo segundo suele imponerse.

Imagen internacional en entredicho

En foros y reportes de riesgo, el Perú ya no aparece como el alumno aplicado de la región. Ocho presidentes en diez años, seis con investigaciones fiscales abiertas, confrontación crónica entre poderes. El relato externo dejó de ser el del “milagro peruano” para convertirse en el de una democracia frágil atrapada en su propio diseño institucional.

¿Crisis coyuntural o crisis de sistema?

La llegada de Balcázar no inaugura la crisis; la continúa. El problema no es solo quién ocupa el despacho presidencial, sino el mecanismo que permite que la política se convierta en campo de batalla permanente y antesala judicial.

Ocho presidentes en diez años no son un accidente. Son síntoma de una arquitectura institucional desgastada, donde la legitimidad se erosiona más rápido que los mandatos y donde la supervivencia partidaria prima sobre la gobernabilidad.

El Perú enfrenta algo más profundo que una crisis de gobierno.

Enfrenta una crisis de confianza.

Y sin confianza —interna y externa— ningún país sostiene crecimiento, estabilidad ni futuro.