El Congreso soltó la carga cuando ya quemaba. No antes. No por escrúpulo. No por convicción. La salida de José Jeri no fue una epifanía institucional sino un acto reflejo de supervivencia.

Durante semanas —o los días que bastaron para que el desgaste hiciera mella— el Congreso de la República administró el silencio. Mientras el costo político fue tolerable, el interino fue defendido con tecnicismos y apelaciones vacías a la estabilidad. Pero cuando la presión pública empezó a trepar y el descrédito amenazó con salpicar más allá del despacho cuestionado, la lealtad se volvió inflamable.

Y entonces lo soltaron.

No es un hecho aislado. Es un patrón. Según encuestas nacionales de los últimos años, el Congreso peruano arrastra niveles de desaprobación que han oscilado entre el 80% y el 90%. Es, consistentemente, una de las instituciones con menor credibilidad del país. En ese contexto, cada escándalo no es un incidente: es gasolina sobre una estructura ya erosionada. El cálculo es simple: sostener a un funcionario cuestionado en medio de semejante fragilidad es políticamente suicida.

La ética no entró en la ecuación. Entró el miedo.

El respaldo decisivo de Fuerza Popular tampoco respondió a una súbita conversión moral. El fujimorismo —como otras fuerzas en el Parlamento— ha demostrado que su coherencia es estratégica: sostiene mientras conviene, se aparta cuando el incendio amenaza con propagarse. No hay sorpresa; hay método.

Lo más grave no es que Jeri haya dejado el cargo. Eso era lo mínimo exigible. Lo preocupante es que haya sido necesario el ruido externo para que el Parlamento actuara. En una democracia sólida, la responsabilidad precede al escándalo. Aquí, el escándalo es la condición previa de la responsabilidad.

Y mientras tanto, los candidatos presidenciales ensayan discursos solemnes sobre institucionalidad y reforma política. Hablan de “recuperar la confianza ciudadana” en un país donde, según diversas mediciones, más del 70% de peruanos declara no confiar en los partidos. Prometen limpieza desde tribunas que mañana podrían compartir con los mismos bloques que hoy cuestionan. La indignación, en campaña, es un recurso retórico; en el poder, suele volverse negociable.

El Congreso reaccionó. Sí. Pero reaccionó tarde y por conveniencia. No fue el decoro el que destituyó; fue la presión la que obligó.

Se fue uno. El mecanismo quedó intacto.

Y mientras el Parlamento actúe cuando quema y no cuando corresponde, la política peruana seguirá confundiendo dignidad con cálculo y responsabilidad con miedo.