En el Perú la palabra “indignante” ya no alcanza. Se ha vuelto un adjetivo gastado, casi burocrático, frente a hechos que deberían sacudir hasta los cimientos de la República. Que siete policías integren la banda de un asesino responsable de 78 muertes no es un simple escándalo: es la radiografía de un Estado perforado, un uniforme convertido en salvoconducto del crimen y una sociedad obligada a financiar a quienes debían protegerla.
Erick Moreno, “El Monstruo”, no fue un lobo solitario. Caminó durante años con escolta informal del propio sistema. La organización “Los Injertos del Cono Norte” hacía reglaje con información privilegiada, conocía la capacidad económica de sus víctimas y se movía con la tranquilidad del que sabe que la patrulla no llegará a tiempo porque la patrulla trabaja para él. No hablamos de un policía descarriado, sino de siete agentes que, según la propia PNP, eran parte orgánica del engranaje criminal. ¿Cuántos más miraron a otro lado? ¿Cuántos superiores firmaron informes complacientes?
Las cifras ayudan a entender la dimensión del abismo. En la última década la tasa de homicidios en el país casi se duplicó: de alrededor de 5 por cada 100 mil habitantes en 2013 a más de 9 en 2023, con picos dramáticos en Lima Norte y La Libertad. Paralelamente, más de 3 mil policías han sido investigados por delitos graves desde 2018, y solo una fracción terminó con condena efectiva. Es decir, el Estado persigue a medias a sus propios guardianes mientras los cementerios se llenan completos.
Lo de “El Monstruo” es apenas un capítulo de una novela repetida. Ayer fueron los escuadrones de Trujillo cobrando cupos; antes, los patrulleros alquilados para seguridad privada; hoy, agentes que filtran bases de datos para extorsionar. Cambian los rostros, no el libreto. Y mientras tanto los ministros desfilan prometiendo “reformas históricas” que duran menos que un estado de emergencia.
Más grave aún es la metástasis municipal. El tal “Ojitos”, operador en Comas, demuestra que el crimen ya no toca la puerta del Estado: vive adentro, firma órdenes de servicio y se toma fotos en inauguraciones. La frontera entre autoridad y hampón se volvió una línea punteada. Cuando el general Moreno admite que había protección de “autoridades y personas que filtraban información”, está describiendo un cogobierno del hampa.
Nos repiten que la banda ha sido desarticulada. Mentira piadosa. Los disidentes de “Cachete” ya disputan territorios y replican rutas hacia Bolivia, como si el país fuera un corredor logístico del delito. La experiencia enseña que cada captura produce dos reemplazos y tres nuevos mercados. El crimen se comporta como inversión extranjera: donde ve impunidad, se expande.
El problema no es solo policial, es político. Un Estado que paga sueldos miserables, que asciende por compadrazgo y que protege a los malos elementos, fabrica sus propios monstruos. Y luego nos pide paciencia, como si los 78 muertos pudieran esperar el próximo plan piloto.
Quizá la pregunta correcta no sea cuántos policías cayeron con “El Monstruo”, sino cuántos monstruos más visten uniforme. El día que la respuesta deje de darnos miedo, ese día habremos aceptado vivir en una república tomada. Y entonces ya no habrá columna, ni estadística, ni editorial que nos salve de nosotros mismos.
