El Congreso blinda a Boluarte y condena al olvido a decenas de peruanos asesinados en las protestas.
En el Perú del bicentenario, las muertes ya no se investigan. Se archivan. Se empujan a un cajón, se sellan con 12 votos y se olvidan con el desparpajo de quien se sabe impune.
La Comisión Permanente del Congreso —ese cartel legislativo con pretensiones de poder constituyente— ha decidido, sin sonrojarse, que Dina Boluarte no debe responder políticamente por más de 50 peruanos muertos durante las protestas que ella misma mandó a reprimir. La Fiscalía dice que hubo responsabilidad por omisión. El Congreso dice que no, que no hay pruebas. Que aquí no pasó nada. Que los muertos se mataron solos. Que la represión fue una ilusión colectiva.
No importa que Ayacucho llorara cadáveres en las calles. No importa que en Juliaca los ataúdes marcharan por justicia. No importa que los fusiles dispararan a la cabeza, al tórax, a matar. No importa que los policías y militares hayan actuado como si estuvieran en una guerra. Para el Congreso, eso fue un malentendido logístico. Un error de cálculo. Un episodio que conviene olvidar.
Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es argumentar que no hay pruebas cuando ni siquiera se ha querido investigar. La lógica es perversa: si no busco, no encuentro; y si no encuentro, entonces archivo. Y todo eso lo firman 12 congresistas que se atreven a llamarse «padres de la patria» mientras se aferran a sus curules como garrapatas del poder.
Porque eso es lo que ha hecho el Congreso: blindar a su aliada. Boluarte es hoy la garantía de que nada cambie, de que se gobierne por decreto, de que el Ejecutivo siga siendo un apéndice del fujimorato y sus derivados. Mientras la presidenta sobreviva, el pacto de impunidad se mantiene. Y ese pacto es más fuerte que cualquier cadáver en la Morgue Central.
Seamos claros: el Congreso no ha exculpado a Boluarte, ha anulado el juicio antes de que empiece. Ha tirado la llave sin abrir la puerta. Ha destruido el expediente antes de leerlo. Y lo ha hecho porque sabe que, si se investiga de verdad, alguien va a tener que pagar. Y ese alguien podría estar en Palacio. O en la PCM. O en el Ministerio del Interior. O en el Hemiciclo.
Lo cierto es que en este país, matar desde el Estado es un negocio sin riesgos. Envían tropas, disparan a mansalva, y luego se lavan las manos citando el Código Penal como si fueran Suiza. Y si alguien se atreve a cuestionar, lo tildan de caviar, de terrorista, de desestabilizador. Así se gobierna en esta democracia de papel higiénico.
Pero las muertes no se archivan. O no deberían. Porque aunque el Congreso cierre el caso, la memoria no se deja cerrar tan fácil. Porque en las plazas donde cayeron los cuerpos aún hay madres que lloran. Porque la historia —esa que no depende de comisiones ni de informes infames— se encargará de recordar que este Congreso prefirió la impunidad antes que la justicia.
Y porque un país que archiva a sus muertos está condenado a repetir su desgracia.
