Mientras la maravilla se desmorona por desidia estatal y codicia empresarial, el gobierno calla, los turistas huyen y los peruanos perdemos lo único que el mundo aún nos envidiaba.

Hasta Machupicchu esta en ruinas en un país como el Perú que no necesita enemigos. Se basta solo para destruir lo poco que le queda.
Y esta vez no es una metáfora: Machu Picchu está en riesgo real de perder su título como una de las Siete Maravillas del Mundo.
No por terremotos, ni por el cambio climático, ni por invasiones bárbaras.
Por estupidez institucional. Por desidia estatal. Por codicia regional. Por un país que ha decidido escupir sobre su historia.

La organización New7Wonders, que en 2007 nos dio el reconocimiento global que no supimos qué hacer con él, ha levantado una alerta seria.
Y no es para menos. El principal ícono turístico del Perú, ese que mueve el 70% del turismo internacional que llega al país, ese que alimenta a más de 80 mil personas en la región Cusco, ese que le recuerda al mundo que aquí hubo una civilización capaz de tallar piedras como si fueran versos, está secuestrado por el desgobierno, la informalidad y el caos.

Sí: podríamos perder el título de “Maravilla del Mundo”.
Y no, no se trata de un capricho suizo ni de un chantaje globalista. Se trata de una evaluación seria sobre el colapso de la experiencia turística y el maltrato al visitante, el manejo clientelar de los accesos, los boletos digitalizados que excluyen a medio país, las paralizaciones que bloquean la entrada al santuario, las denuncias de corrupción en la venta de entradas, la ausencia de un modelo de gestión coherente, y la indiferencia del Gobierno, que apenas atina a balbucear algo desde Lima mientras Aguas Calientes arde.

El turismo convertido en botín

He visitado Machu Picchu desde inicios del milenio. Lo he visto evolucionar, sí. Pero no hacia la excelencia, sino hacia la mercantilización grotesca. Todo es más caro, todo es más caótico, todo es más improvisado.
Turistas que planifican durante años su viaje terminan hacinados en buses sobrevendidos, en hoteles que no presentas calidad ni seguridad estructural, guiados por improvisados con carnet, comiendo comida recalentada a precios escandinavos, y soportando un sistema de acceso que parece diseñado por Kafka y operado por Odebrecht.

La cadena de valor del turismo en el Perú empieza y termina en Machu Picchu. Lo saben los operadores, lo saben los comerciantes, lo saben los alcaldes. Lo que no saben (o fingen no saber) es cómo administrar algo que no debería ser tratado como chacra regional ni como caja chica del centralismo limeño.

¿Dónde está el Estado?

Ausente. Como siempre.
En vez de crear una autoridad autónoma que gestione Machu Picchu con visión técnica, financiera y sostenible, han dejado la responsabilidad en manos de la inoperante Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), un Frankenstein institucional sin dientes ni cabeza.

Mientras tanto, los operadores turísticos paralizan el servicio, las protestas cierran accesos, y los turistas cancelan reservas por cientos.

LAS CIFRAS QUE DUELEN

• En 2024, el Santuario Histórico de Machu Picchu recibió 1,508,121 visitantes entre nacionales y extranjeros. turiweb.pe
  • De ellos, 76 % extranjeros y 24 % nacionales. turiweb.pe
  • A pesar del crecimiento respecto a 2023, esta cifra aún queda 4,9 % por debajo del nivel prepandemia de 2019, cuando hubo 1,585,262 visitas. turiweb.pe
• En los primeros dos meses de 2025, Machu Picchu recibió 191,351 visitantes, un incremento del 16,7 % respecto al mismo periodo de 2024. Radio Nacional+2TreXperience+2
  • De estos visitantes, 63 % fueron extranjeros y 37 % nacionales. TreXperience+1

Estas cifras muestran una recuperación del turismo internacional, pero evidencian que el turismo interno aún no se reactiva con la fuerza necesaria. Eso tiene consecuencias: pérdida de identidad, pérdida de ingresos locales, desigualdad entre quienes viven del turismo.
Según datos del Mincetur, Machu Picchu recibió 1.3 millones de visitantes en 2023. Cada uno de ellos deja, en promedio, entre US$250 y US$350 al país. ¿Queremos seguir jugando con eso?

El turismo representa el 3.9% del PBI nacional y genera más de 1.4 millones de empleos. Pero claro, eso no le importa a un Ejecutivo que gobierna por reflejo, a un Congreso que legisla por encargo y a unas autoridades locales que prefieren el bloqueo como herramienta antes que el diálogo como solución.

Declarar a Machu Picchu como “Activo Crítico Nacional” no es una opción. Es una urgencia.

Pero aquí seguimos: debatiendo si el sistema digital de venta de entradas debe seguir beneficiando solo a Lima, como si el patrimonio mundial se repartiera por cuotas políticas, es cierto que el centralismo debe tener cuentas claras para que la ciudad madre de la maravilla también tenga ingresos pero eso no parece interesar al gobierno, sin embargo y no menos importante es ¿Quién se preocupa por la visita del turista?. Nadie sí, Nadie habla de calidad. Nadie habla de conservación. Nadie habla de experiencia del visitante.
Solo hablan de quién cobra.

LO QUE EL GOBIERNO NO HA HECHO

• No ha declarado a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional, lo cual permitiría una protección especial, dotada de recursos técnicos, normativos y de gestión específica.
• No ha creado una autoridad autónoma, con capacidad real, técnica y financiera, que gestione integralmente Machu Picchu, incluyendo servicios, conservación, infraestructura, control de aforo, calidad y transparencia.
• No ha regulado con suficiente rigor los monopolios locales en servicios fundamentales, ni ha abierto vías para la competencia, ni ha protegido los intereses de las comunidades locales que dependen directamente del turismo.

Consecuencias inmediatas

Si seguimos así:

• Perderemos no solo el título de maravilla, sino los millones de dólares (o soles) que genera Machu Picchu cada año en turismo receptivo, cadena hotelera, transporte, artesanía, gastronomía.
• Perdemos credibilidad internacional, factor clave para atraer turistas, inversión, cooperación técnica.
• Se erosiona el orgullo nacional, se diluye el sentido de identidad

Machu Picchu no se está cayendo por el tiempo. Se está cayendo por nosotros.

Y si el mundo nos quita el título, si New7Wonders nos retira el estatus, si la Unesco emite un nuevo informe lapidario, será apenas el principio del costo real que tendrá esta dejadez monumental.

Nos estamos saboteando solos.
Como siempre.
Como nunca.

Machu Picchu no se cae por el clima; se cae por la codicia, la incapacidad y la falta de visión.

El Perú necesita decidir: ¿vamos a defender lo que somos, o vamos a dejar que otros facturen y nosotros perdamos?

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

Gobierno cierra filas en defensa de Nicanor Boluarte y expone el poder paralelo de la familia presidencial

La defensa cerrada del Consejo de Ministros a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, revela una estructura de poder informal dentro del Ejecutivo. El caso “Ícaro 2025” destapa una presunta red criminal que habría infiltrado al Estado para beneficio político y económico.

Una defensa institucional a un civil no electo

La reacción del Gobierno tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte hermano de la presidenta Dina Boluarte ha generado más preguntas que respuestas. El Consejo de Ministros no solo criticó abiertamente al Ministerio Público, sino que lo hizo como si el investigado fuera un alto funcionario del Estado.

Desde el titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, hasta el de Justicia, Juan José Santiváñez, las voces del gabinete han coincidido en calificar la intervención fiscal como un “show”, un “abuso” o una “exageración”. El tono institucional de la defensa ha sido tal que la figura de Nicanor ha sido tratada públicamente como si fuese el verdadero centro del poder político.

¿A quién responden los ministros: a la presidenta o a su hermano?

Las críticas apuntan a una peligrosa confusión de roles dentro del Ejecutivo. En un sistema democrático, los ministros son nombrados por la presidenta y responden exclusivamente a ella y a la Constitución, no a sus familiares.

Sin embargo, el alineamiento automático de todo el gabinete frente a una diligencia judicial contra un ciudadano sin cargo público muestra la profundidad de la influencia de Nicanor Boluarte dentro del régimen. Más que protegerlo, esta defensa lo delata: nadie defiende con ese fervor a un civil cualquiera, a menos que tenga poder real.

Operación Ícaro 2025: la investigación que acorrala al hermano presidencial

El caso, denominado “Ícaro 2025”, es una de las investigaciones más serias que ha enfrentado un entorno presidencial en los últimos años. Conducida por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), al mando de Marita Barreto, la operación tiene como objetivo desarticular una red criminal que habría capturado cargos públicos para beneficio político y económico.

Cuatro hechos delictivos clave identificados por la Fiscalía:

1. Nombramiento irregular de prefectos y subprefectos, a cambio de firmas y apoyo político para inscribir el partido Ciudadanos por el Perú.
2. Infiltración institucional, mediante el control de cargos regionales y locales como parte de una estrategia de poder.
3. Cobros de hasta 100 mil dólares por operaciones policiales ilegales, especialmente en Ayacucho.
4. Participación directa del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalado como uno de los principales operadores de esta red, durante su paso por el gabinete.

Este último punto conecta directamente al Ejecutivo con la red criminal. Santiváñez, quien hasta hace poco era ministro, es ahora investigado por utilizar su cargo para facilitar intervenciones irregulares bajo pedido y por encargo político.

Poder paralelo: entre la familia y el gobierno

El caso Ícaro y la reacción del gobierno han revelado más de lo que se pretendía ocultar. El mensaje implícito detrás de la defensa a Nicanor Boluarte es claro: dentro del Estado peruano opera una estructura informal de poder donde los familiares de la presidenta ejercen influencia real, sin rendir cuentas ni ocupar cargos oficiales.

Expertos como el exprocurador Luis Vargas Valdivia han advertido que estas reacciones podrían constituir interferencia política directa en una investigación fiscal. Pero además, abren un debate urgente: ¿Cuánta autoridad real tiene la presidenta si sus ministros actúan como voceros de su hermano?

Reflexión final: el vuelo de Ícaro en Palacio

El nombre de la operación no es casual. Ícaro, en la mitología griega, voló demasiado cerca del sol, embriagado por su ambición, hasta que sus alas se derritieron y cayó al mar. ¿Es Nicanor Boluarte el Ícaro de esta historia política? ¿Y caerá solo, o arrastrará con él a quienes lo protegieron desde el poder?

Lo cierto es que, por ahora, la Fiscalía sigue su curso. Y el país observa, expectante, cómo la separación de poderes se tensa al límite y cómo la figura presidencial se desdibuja bajo la sombra de los lazos familiares.

Cuidado la pista esta sumamente resbalosa para la familia presidencial.