Esta semana, el Perú volvió a exhibir su especialidad: producir escándalos que no son escándalos, porque ya nadie se sorprende. Vivimos en un país donde la indignación tiene la vida útil de un tuit y la clase política lo sabe. La impunidad ya no necesita esconderse: se pasea, se ríe y firma resoluciones.
Empecemos por Cusco, porque allí apareció la fotografía más honesta del Estado peruano.
En el penal de Qenqoro sí, ese mismo que debería ser un espacio de control y castigo los internos tenían acceso directo a la red wifi oficial del centro penitenciario. No es que se colara una señal cercana. No es que un guardia vendiera chips. No. Era la red institucional, la del propio penal, la del Estado.
Mientras afuera la gente se queja de que no le funciona ni el internet del celular, adentro los presos hacían videollamadas con una estabilidad que ya quisiera cualquier estudiante de colegio público.
Lo de Qenqoro no es un “hecho aislado”. Es un resumen del país: donde el Estado no controla ni lo que está encerrado.
Y luego se preguntan por qué más del 70% de peruanos dice sentirse inseguro. ¿Cómo no va a sentirse insegura la ciudadanía si la cárcel funciona mejor para las mafias que para la justicia?
Pasemos a Lima, donde el Congreso ese monumento a la decadencia republicana decidió darse un regalo navideño digno de reyes: casi 50 mil soles por navidad y año nuevo todo con el cuento de bonificaciones.
Lo gracioso o trágico es que esta institución, que se mantiene con una aprobación que flota entre 6% y 8%, vive como si hubiera resuelto los problemas de un país imaginario. El Parlamento peruano es hoy la institución más rechazada del continente, pero también la más cómoda, la más cara y, por supuesto, la más consentida por sí misma.
Este Congreso no legisla: se premia.
No fiscaliza: negocia.
No representa: se blinda.
Y entre blindaje y blindaje, un prófugo más: Óscar Acuña, desaparecido en tiempo récord, como si alguien le hubiera dado un calendario anticipado de allanamientos.
Aquí los prófugos no huyen: se les deja ir.
Más del 60% de los buscados con orden judicial logra evadir a la Policía. ¿Casualidad? No.
En un país donde APP, Perú Libre, Avanza País y el fujimorismo parecen pelearse solo para la cámara, pero se defienden entre bambalinas como una fraternidad de sobrevivientes, la fuga de Acuña era un trámite. Un trámite político.
Pero lo más grave no está en el Cusco ni en la avenida Abancay.
Lo más grave está en la arquitectura del poder.
Hoy el Perú es un país sin presidencia.
Un país donde cualquier jefe de Estado puede ser vacado con 87 votos y una excusa creativa, donde la “incapacidad moral” se convirtió en un arma y donde el Ejecutivo es un adorno constitucional, una silla vacía con rostro.
Seis presidentes en siete años.
Gobiernos que duran menos que un semestre universitario.
Y ahora, para consagrar el modelo, el Congreso quiere un Senado indisoluble.
Un Senado que no podrá cerrarse, aunque arrase con lo que queda de la democracia.
Un Senado que garantizará algo que la clase política anhela con desesperación: poder absoluto sin riesgo de consecuencias.
El Legislativo ya controla el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.
Solo faltaba el broche de oro:
un Senado blindado.
Una república sin equilibrio, sin límites, sin frenos.
Una república que ya no es república.
Entonces, junte usted las piezas:
wifi oficial para presos,
bonos obscenos para congresistas,
prófugos avisados,
un presidente simbólico
y un Senado eterno.
Todo conduce al mismo diagnóstico:
el Perú está secuestrado por una élite política que funciona como un cartel institucional.
Una élite sin talento, sin escrúpulos y sin miedo.
Una élite que ha descubierto que, mientras el país esté cansado y resignado, puede hacer lo que quiera.
La presidencia no se perdió esta semana.
La perdimos hace tiempo.
Lo único nuevo es que ahora los verdaderos dueños del poder ya ni se preocupan por disimularlo.
Ese es el Perú real:
un país capturado por una clase política que ya ni se molesta en ocultar su impunidad.
