SIN MORDAZA

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La presidenta que no sabe leer, pero se atreve a dictar cátedra: Boluarte se perdió en su propio monólogo, en un mensaje narcisista de mas de cuatro horas donde el vacío fue el único contenido.

En un país agotado por la inestabilidad, el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte del 28 de julio fue, una vez más, un ejercicio de forma sin fondo, una performance prolongada que sólo sirvió para confirmar lo que ya sabíamos: el poder puede ser sordo, ciego y, en este caso, también torpe al leer.

Boluarte se dirigió a un Congreso semivacío con un discurso de 97 páginas que, paradójicamente, terminó reduciendo aún más su ya deteriorada legitimidad. No por su extensión —aunque leer durante más de cuatro horas sin decir nada esencial es un logro en sí mismo—, sino por lo que ese acto reveló: una presidenta que no logra articular una visión coherente, que omite partes clave de su propio libreto y que insiste en una narrativa de autosalvación que raya en el narcisismo.

Narcisismo de Estado

Dina Boluarte no sólo leyó mal, omitió páginas enteras de su mensaje —incluyendo la promesa explícita de dejar el poder el 28 de julio de 2026—, sino que se dedicó a exaltar sus supuestos logros sin la más mínima capacidad de autocrítica. Presentó cifras económicas infladas, proclamó avances sin sustento y pintó una imagen del Perú que sólo existe en su cabeza o en los informes decorados de sus asesores.

Lo más grave no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Ni una palabra sobre los muertos en las protestas. Ni un gesto de empatía con las víctimas. Ninguna reflexión sobre su rol directo en la crisis política e institucional del país. Boluarte no habló como una líder de la República, sino como una gerente obsesionada con limpiar su imagen ante la historia.

La desconexión total

Quedó claro que el objetivo del discurso no era rendir cuentas, sino blindarse. En vez de abrir canales de diálogo, prefirió el tono desafiante, el gesto de la que cree que su única tarea es resistir, no gobernar. Parecía no dirigirse a los ciudadanos, sino a un espejo.

Este desdén por la escucha y por el mínimo sentido republicano del cargo es especialmente insultante cuando recordamos que su gobierno enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y por ocultamiento de bienes de lujo. Que su figura esté envuelta en escándalos como el del Rolexgate y aun así se presente como “la garante de la democracia” no es sólo una ironía: es una provocación.

¿A quién le habla la presidenta?

Con una aprobación que bordea el 3 %, Boluarte habla a una ciudadanía que ya no la escucha, mientras se aferra a un relato de heroísmo personal que nadie le ha comprado. Su discurso fue un símbolo: un documento desordenado, omitido, mal leído y larguísimo, que refleja exactamente cómo ha sido su presidencia.

Ni siquiera la forma le salva. Una lectura monótona, plagada de errores de entonación y sin hilo narrativo, solo acentúa la percepción de que está en un rol que la supera, en un cargo para el que no estaba preparada, y del que, sin embargo, no piensa salir sin arrastrar al país por completo.

El vacío como estrategia

El mensaje de Boluarte no es vacío por error, sino por diseño. Es un discurso concebido para no comprometerse, para no responder, para esquivar toda rendición de cuentas. En ese sentido, fue coherente: una arquitectura del silencio disfrazada de palabra.

Y ahí reside el peligro. Un gobierno sin narrativa ni autocrítica, pero con poder fáctico y una red de protección política, es un gobierno que no gobierna, pero que puede durar. Que no dice nada, pero que actúa por omisión. Que no responde al país, pero se blinda desde el Estado.

Boluarte no gobernará con la verdad, ni con legitimidad. Pero, si algo dejó claro su mensaje, es que piensa resistir con lo único que le queda: su propio ego.

Que no nos callen

Cómo dueles, Perú. Duele la indiferencia del poder, la impunidad, el olvido. Hoy no hay nada que celebrar, pero sí demasiado que reflexionar.
No podemos seguir normalizando el cinismo ni aceptar que la mentira se imponga como discurso oficial.

Hagamos las cosas bien: con memoria, con coraje, sin callar. Y, sobre todo, diciendo siempre la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque moleste a quienes gobiernan.

Desde estas líneas, nos comprometemos a seguir hablando claro, sin tapujos ni ambages. Porque el periodismo no está para aplaudir gobiernos a cambio de dádivas, sino para decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.

Debe ser libre, frontal y sin miedo.

Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.

  • Mientras la inseguridad azota las calles y muchas comisarías carecen de vehículos para patrullar, la Policía, el Ejército y la FAP destinan millonarios recursos a la compra de autos de lujo para sus oficiales de alto rango.

En un país donde el crimen organizado se infiltra en barrios, mercados y hasta en instituciones, el rol de las fuerzas del orden debería enfocarse en recuperar la confianza ciudadana y en garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la violencia. Sin embargo, las prioridades parecen estar claramente mal ubicadas.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, más de 8,000 vehículos policiales se encuentran inoperativos en todo el país. La consecuencia de esta alarmante cifra es evidente: comisarías sin patrulleros, rondas policiales suspendidas o reducidas y una población cada vez más expuesta a la delincuencia sin un Estado que la proteja adecuadamente.

Pese a esta crítica situación, la Policía Nacional del Perú ha decidido desembolsar una millonaria suma para la adquisición de ocho vehículos de alta gama destinados exclusivamente al uso de sus altos mandos. Se trata de modernos Audi Q5, Honda Pilot y Volkswagen Jetta, todos vehículos considerados de lujo, más comunes en zonas exclusivas que en misiones de seguridad pública. El Ejército del Perú y la Fuerza Aérea han seguido el mismo camino.

Privilegios que hieren

Resulta indignante que, mientras muchas comisarías del país deben operar con motos viejas, autos sin mantenimiento o, simplemente, sin vehículos, quienes ocupan los cargos más altos dentro de las instituciones armadas y policiales disfruten de autos último modelo con aire acondicionado, tapizado de cuero y sistemas digitales de navegación.

La pregunta es inevitable: ¿qué combate contra el crimen se libra desde el asiento trasero de un Audi Q5?

Estas compras millonarias reflejan una realidad preocupante: los privilegios de las altas esferas están por encima de las necesidades urgentes del país. No se trata de desconocer la importancia de dotar de recursos a las instituciones de seguridad, sino de señalar que esos recursos deberían destinarse, primero, a quienes están en las calles enfrentando a diario la violencia y el crimen organizado.

El Estado de espaldas al ciudadano

Mientras los delincuentes se reorganizan, los ciudadanos viven con miedo y los policías de base carecen del equipamiento mínimo, las decisiones de los altos mandos parecen responder más al confort personal que a un verdadero compromiso con la seguridad pública. Esta desconexión entre la cúpula institucional y la realidad en las calles solo mina aún más la credibilidad de nuestras fuerzas del orden.

Resulta urgente que la Contraloría General de la República y el Congreso investiguen a fondo estas adquisiciones y que se exija una rendición de cuentas real. En tiempos donde cada sol del Estado debería ser cuidadosamente invertido, gastar millones en autos de lujo no solo es un error, es una afrenta a la población que exige y merece seguridad.

Mientras el fluoruro de estaño genera reacciones adversas en la boca de miles de usuarios, las entidades de control en el Perú siguen actuando tarde, sin firmeza ni vigilancia efectiva.

Cada mañana y cada noche, millones de personas se cepillan los dientes con la confianza de que están cuidando su salud. Pero ¿Qué ocurre cuando el producto que promete protegerte es el que comienza a hacerte daño? Ese es el caso del fluoruro de estaño, un ingrediente presente en pastas dentales como Colgate Total Clean Mint, hoy vinculado a reacciones adversas como aftas, ardor, inflamación de labios, encías y lengua.

Mientras Brasil ya retiró el producto del mercado por precaución, en el Perú las autoridades reaccionaron tarde y con tibieza. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) apenas emitió una alerta sanitaria, sin sanciones, sin exigencias claras y sin un verdadero control. Una vez más, las autoridades sanitarias llegan después del daño.


⚗️ ¿Un compuesto útil o peligroso?

El fluoruro de estaño ha sido ampliamente usado por sus propiedades anticaries y antibacterianas. Sin embargo, su potencial irritante ha sido documentado por años: puede provocar llagas, ardor, sensibilidad extrema e incluso reacciones alérgicas severas en personas con hipersensibilidad oral.

Pese a estas evidencias, productos que lo contienen siguen vendiéndose sin advertencias claras ni vigilancia activa, poniendo en riesgo a miles de usuarios que lo utilizan a diario sin imaginar el daño que podría causar.


🚨 Una alerta que llega tarde y mal

En Brasil, el producto fue retirado. En Perú, se emitió una alerta discreta y casi invisible. La Digemid reaccionó como tantas veces lo ha hecho: sin control real, sin exigir retiros inmediatos y sin un plan para monitorear los efectos adversos que podrían estar afectando a cientos de personas.

No hay campañas de advertencia. No hay estudios locales. No hay sanciones. Solo un comunicado, cuando el daño ya estaba hecho.


🏛️ Las autoridades, ausentes y silentes

Este caso no es aislado. Es parte de un patrón: el mercado de cosméticos, fármacos y productos de cuidado personal en Perú opera con escasa fiscalización. No existen mecanismos efectivos de vigilancia posterior a la venta, ni se obliga a las empresas a rendir cuentas por los efectos que sus productos generan.

El resultado es el de siempre: autoridades pasivas frente a grandes marcas, y un consumidor que queda solo ante productos potencialmente dañinos.


🧼 ¿Qué nos queda como ciudadanos?

Mientras no cambie el enfoque de las entidades de control, los consumidores deben convertirse —lamentablemente— en sus propios vigilantes.

  • Revisar etiquetas cuidadosamente.
  • Suspender el uso ante cualquier síntoma de irritación.
  • Reportar efectos adversos a Digemid (aunque el sistema es deficiente).
  • Optar por productos más seguros, sin fluoruro de estaño o con fórmulas certificadas por especialistas independientes.

❗ La salud no puede depender de tu suerte

Cuando un producto tan cotidiano como la pasta dental comienza a enfermarte, y las autoridades se limitan a mirar de lejos, algo está profundamente mal en el sistema de protección sanitaria.
Porque el problema no es solo el químico.
El problema es quién lo permite … Las cosas claras por su nombre y Sin Mordaza.

En el Perú, pocas figuras han concentrado tanto rechazo popular como Dina Boluarte. Con una desaprobación que roza el 96 % según CPI (mayo 2025), la presidenta no solo ha superado los niveles históricos de impopularidad de Keiko Fujimori, sino que se ha consolidado como un símbolo del colapso ético y político de la representación femenina en el poder.

La trayectoria de Boluarte expone una paradoja brutal: llegó al gobierno prometiendo dignidad, inclusión y justicia social… y terminó encabezando una administración marcada por la represión, el cinismo y el lujo ostentoso. Su caso no es aislado. Se suma a una larga lista de mujeres que, lejos de renovar la política, repitieron o incluso perfeccionaron sus peores vicios:

  • Keiko Fujimori, tres veces candidata, aún enfrenta cargos por lavado de activos.
  • Nadine Heredia y Eliane Karp, protagonistas de la corrupción institucional desde la sombra.
  • Susana Villarán, de símbolo progresista a confesión directa de financiamiento ilegal.
  • Verónika Mendoza, que prometió cambio y terminó apoyando gobiernos que traicionaron al mismo pueblo que decían representar.

No se trata de juzgar por género, sino de señalar que la traición política duele más cuando proviene de quienes juraron representar a los olvidados. Y en esa traición, Dina Boluarte se ha ganado, con creces, el título de la figura más repudiada del Perú contemporáneo.

Mientras millones sobreviven con hambre, miedo y abandono, el poder se premia a sí mismo con sueldos, blindajes y ahora regalos “oficialmente” permitidos.

No hay peor señal de decadencia institucional que cuando el poder deja de esconder sus excesos y comienza a ejercerlos con total descaro, envueltos en legalidad formal y escritos en tinta oficial. Lo que está ocurriendo hoy en el Perú no es una anécdota más en la larga saga de cinismo político. Es una advertencia.

La presidenta Dina Boluarte ha aprobado la Directiva N.º 004-2025-SG/PCM, que regula el “proceso de recepción de obsequios, donaciones y similares en Palacio de Gobierno”. En términos simples: la jefa del Estado se ha otorgado a sí misma y a su entorno cercano el permiso oficial de recibir regalos sin límite de valor, incluso de personas con vínculos familiares, personales o laborales. El texto, firmado por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y autorizado desde el Despacho Presidencial, permite formalizar la recepción de bienes “sin que se afecte el cumplimiento de las funciones públicas”. Una frase que insulta la inteligencia ciudadana.

No solo es inmoral: es ilegal. La directiva contradice frontalmente la Ley 28024, que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar beneficios o liberalidades de parte de gestores de intereses o personas que tengan relación directa con decisiones de gobierno. Se trata de una norma anticorrupción clave, cuyo espíritu ha sido vulnerado con una firma y una publicación en el diario oficial. Lo que la ley sanciona, el gobierno lo reglamenta. ¿Qué queda entonces de la legalidad cuando el propio poder Ejecutivo se permite anularla por conveniencia?

Esta directiva no es un error de forma ni un malentendido. Es una maniobra deliberada para normalizar el privilegio, para convertir en costumbre aquello que el sistema jurídico justamente quiso evitar: la entrada del interés privado en la esfera pública. No se gobierna con principios, sino con cálculos. No se legisla para proteger al ciudadano, sino para protegerse del ciudadano.

En un país donde millones de personas viven en la pobreza —una pobreza que ya no es estructural, sino desesperada—, donde el crimen ha sustituido al Estado en múltiples territorios, y donde la informalidad es la única alternativa económica real para la mayoría, este tipo de decisiones no son solo ofensivas: son incendiarias. Mientras los ambulantes invaden las calles no por elección sino por hambre, mientras la violencia se instala como rutina en los barrios, mientras los hospitales colapsan y las escuelas se caen a pedazos, en el corazón del poder se diseñan directivas para recibir regalos y se reparten sueldos de élite como si el país no se estuviera desmoronando. La brecha ya no es solo económica: es moral.

Se ha instalado una lógica perversa en la política peruana: si algo no se puede ocultar, se le da un marco normativo. Si algo es cuestionado, se escribe una directiva. No se combate la corrupción; se la incorpora. No se repara el Estado; se lo usa como escudo. Esto no es solo falta de ética: es la institucionalización del cinismo. Y lo más grave es que ocurre con el silencio cómplice de un Congreso sin vocación de control, con una fiscalía debilitada, y con una ciudadanía que, fatigada y desmovilizada, observa desde la frustración y el desencanto.

El poder ha perdido el pudor. Lo ejerce sin rendición de cuentas, sin respeto a la ley y sin temor al juicio público. Y cuando eso ocurre, la caída del Estado de derecho deja de ser una posibilidad futura: se convierte en un proceso en marcha. Cada norma que viola principios básicos, cada directiva que contradice la ley, cada silencio del Congreso y de la justicia, nos empuja un paso más hacia el colapso institucional. El Perú ya no está al borde: está descendiendo, lentamente, hacia un modelo de autoritarismo corrupto disfrazado de legalidad.

Por eso, la pregunta ya no es cuánto más puede soportar el país. La verdadera urgencia es otra: ¿quién —dentro o fuera del poder— va a tener el coraje de frenar esta deriva antes de que sea irreversible? Porque si seguimos permitiendo que se gobierne con impunidad, que se legisle para beneficio propio y que la corrupción se disfrace de norma administrativa, entonces no habrá reforma que baste ni elección que salve lo que ya está roto.

Pero aún no todo está perdido. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad: tomar conciencia ciudadana, no callar, no resignarse, no mirar hacia otro lado. La democracia no se defiende sola. Está en nosotros elegir el destino del país —con dignidad, con memoria y con la firmeza de quienes saben que un Perú diferente sí es posible, pero solo si dejamos de aceptar lo inaceptable.

España, junto a Portugal y Marruecos, será anfitriona del Mundial de Fútbol 2030. Así lo decidió la FIFA en un anuncio que, aunque celebrado como un hito histórico, no ha estado exento de controversia. Con tres continentes implicados y una fase inaugural que se jugará en Sudamérica (Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán los primeros partidos para conmemorar el centenario del torneo), el evento nace con una complejidad organizativa sin precedentes.

En este contexto, la reunión constituyente de la Comisión Interministerial celebrada el pasado martes en Madrid supone un primer paso decisivo. Presidida por la ministra Pilar Alegría, el acto congregó a representantes de 15 ministerios, a autoridades autonómicas, líderes deportivos, sindicales y empresariales, además de figuras simbólicas como Vicente del Bosque y José Antonio Camacho.

No se trató únicamente de un encuentro técnico. Fue también una escena cuidadosamente diseñada para transmitir un mensaje: España está preparada para mostrarse al mundo como un país moderno, plural, eficiente y comprometido con valores democráticos. La ministra lo expresó con claridad: el Mundial debe ser una plataforma de transformación y cohesión, una oportunidad para proyectar la España del siglo XXI.

Las palabras suenan bien, pero no deben quedarse en el terreno de la retórica. El desafío de coordinar la logística, la movilidad, la seguridad y la sostenibilidad de un evento de esta magnitud exige algo más que voluntad política: requiere visión estratégica, financiación adecuada y cooperación entre administraciones.

El precedente de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 sigue siendo un faro inspirador, pero las circunstancias son distintas. La fragmentación política, la tensión territorial y la desafección ciudadana plantean un escenario más complejo. A ello se suma la necesidad de que Marruecos y Portugal participen como socios en pie de igualdad, en un torneo que aspira a ser verdaderamente transcontinental.

El Mundial 2030 no es solo una cita deportiva. Es una apuesta geopolítica y cultural. Y, como tal, debería servir para reforzar los lazos con nuestros vecinos, dinamizar territorios, modernizar infraestructuras y proyectar una imagen de país capaz, confiable y comprometido con el futuro.

La Comisión Interministerial tiene ahora la responsabilidad de que esa promesa se convierta en realidad. Que este Mundial no sea solo un espectáculo, sino también un legado.

En el Perú, insultar y desprestigiar al crítico se ha convertido en táctica sistemática. Cuando no hay gestión ni argumentos, el poder y los candidatos cobardes con rabo de paja, atacan al emisario para silenciar la verdad y victimizarse frente a una ciudadanía desinformada.

En el Perú actual, insultar ya no es un error: es método. No se trata de reacciones airadas, sino de una estrategia de comunicación política diseñada, financiada y ejecutada desde el poder. Gobernadores, alcaldes, congresistas, e incluso candidatos sin mayor arraigo político, recurren al agravio, la calumnia y la desinformación como mecanismo para simular oposición, ocultar pactos y distraer a la opinión pública.

Los principales analistas políticos del país coinciden en que hemos llegado a una etapa donde la agresión verbal ha reemplazado al contenido, y el escándalo a la propuesta. Este fenómeno, lejos de estar concentrado en Lima, se ha extendido a nivel nacional, desde gobiernos regionales hasta alcaldías distritales, donde se ha institucionalizado una forma de hacer política basada en el ataque personal y la polarización permanente.

El guion se repite: cuando se carece de gestión, se fabrica un enemigo. Cuando se teme a la fiscalización, se deslegitima a la prensa. Cuando se denuncia corrupción, se ataca al denunciante. El recurso no es nuevo, pero se ha perfeccionado. Hoy no se confronta el mensaje, se mata al emisario para que el mensaje no llegue. Es decir, no se rebate con argumentos, sino que se destruye la credibilidad de quien los emite.

Esto se ejecuta con una maquinaria coordinada: granjas de troles, redes de cuentas falsas, campañas de difamación, todo financiado desde recursos públicos o intereses privados enquistados en el Estado. Los periodistas independientes, los órganos de control, e incluso algunos actores del propio aparato público, se convierten en blancos sistemáticos de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda.

Paradójicamente, muchos de estos agresores forman parte del poder que dicen combatir. Alcaldes y gobernadores que votaron con el Congreso, que gestionan con aliados de la presidenta, o que se beneficiaron del reparto del presupuesto público, hoy simulan ser “antisistema” con discursos radicales, para limpiar su imagen y reconectar con una ciudadanía harta, pero desinformada.

Esta simulación de oposición desde dentro del sistema es el núcleo del cinismo político actual. Y como toda farsa, necesita espectáculo: gritos, enemigos imaginarios, frases vacías, y sobre todo, insultos. Así se desplaza el foco del verdadero problema —la ineficiencia, la corrupción, la captura del Estado— hacia una guerra de ruido que termina erosionando aún más la institucionalidad democrática.

Lo más peligroso es que esta estrategia sí funciona, al menos en el corto plazo. Gana atención, acalla críticas, y refuerza una narrativa de victimismo que evita rendir cuentas. Pero su costo es inmenso: debilita la democracia, rompe el tejido social, y deja al ciudadano sin referentes confiables.

En la política peruana contemporánea, la táctica de “matar al mensajero” ha dejado de ser un reflejo defensivo para convertirse en una estrategia sistemática. Ya no se responde al mensaje: se anula, se distorsiona o se silencia a quien lo emite. Periodistas, fiscalizadores, analistas y críticos son blanco constante de ataques no por mentir, sino por decir lo que incomoda. La lógica es perversa pero efectiva: si destruyes la credibilidad del emisario, el mensaje pierde fuerza, aunque sea verdad. Así, el insulto, la calumnia y el troleo digital se convierten en herramientas clave para victimizar al agresor, que se presenta como perseguido por el “sistema”, cuando en realidad forma parte activa de él. Esta estrategia no busca convencer, sino confundir; no se trata de ganar el debate, sino de ensuciarlo hasta que nadie quiera escucharlo.

No podemos seguir aceptando que la política se reduzca a gritar más fuerte, ni permitir que la calumnia y el chisme se instalen como prueba suficiente para destruir personas. El debate público no puede construirse sobre rumores, ni la autoridad sobre el escándalo artificial. Defender la verdad y la dignidad propia y ajena es hoy un acto de resistencia frente a una cultura política que premia la mentira y castiga la integridad. Que la ciudadanía no olvide: quien necesita insultar para sostenerse, ya se ha quedado sin razones para gobernar. No permitamos mas este tipo de politiquería, las cosas por su nombre y Sin Mordaza

César Acuña vuelve a escena, esta vez desde Piura, rodeado de seguidores, banderas y cámaras que difunden —sin mayor disimulo— los primeros pasos de su nueva campaña presidencial. Pero lo que resulta más preocupante que predecible es que todo esto ocurre mientras aún ocupa el cargo de gobernador regional de La Libertad. Un detalle que, lejos de ser menor, evidencia una conducta oportunista y contraria al marco normativo electoral vigente en el Perú.

La ley no es un detalle

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) es clara: las autoridades regionales que deseen postular a la Presidencia deben renunciar irrevocablemente a su cargo seis meses antes del día de la elección, es decir, a más tardar en octubre de 2025, si los comicios se realizan en abril de 2026. A la fecha, Acuña no solo no ha renunciado, sino que utiliza su posición como vitrina política, realizando actividades proselitistas camufladas como gestiones públicas.

Pero eso no es todo. El artículo 190 de la misma ley prohíbe expresamente que los funcionarios públicos hagan uso de recursos del Estado para favorecer intereses políticos o personales. A estas alturas, resulta difícil distinguir entre las actividades institucionales del gobernador y la promoción personal del líder de APP. ¿Se están usando recursos públicos para su campaña? ¿Está desplazándose por el país como funcionario o como candidato?

Campaña disfrazada, intenciones desnudas

La aparición de Acuña en mítines, acompañado de “portátiles” y pancartas con mensajes de tinte claramente electoral, evidencia una campaña anticipada disfrazada de gestión. Se trata de una estrategia vieja, pero peligrosa: usar el poder y la exposición institucional para cimentar una candidatura. En tiempos de desconfianza ciudadana, esta clase de prácticas no solo erosiona la legalidad, sino también la legitimidad del proceso democrático.

Este retorno al ruedo electoral revela también una urgencia: la desesperación por mantenerse vigente, por no perder el capital político, y por alcanzar, al fin, una Presidencia que le ha sido esquiva en elecciones anteriores. No es casual que la campaña comience en regiones como Piura, donde APP ha intentado construir una base clientelar y presencia simbólica. La lógica es clara: asegurar el respaldo de los gobiernos locales antes del año electoral.

¿Fiscalización o complicidad?

Ante estas señales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República tienen el deber de actuar. No basta con dejar pasar estos actos bajo el pretexto de que aún no se ha formalizado una candidatura. La campaña electoral no se inicia únicamente cuando se inscribe una lista: empieza desde el momento en que se utilizan medios, actos o símbolos para posicionar una imagen con fines electorales.

Tampoco podemos normalizar la idea de que gobernadores o alcaldes hagan campaña desde el cargo. La equidad electoral se funda en que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, y no con los recursos y la visibilidad que ofrece el poder.

Un viejo reflejo político

Lo que hace César Acuña no es nuevo, pero sigue siendo inaceptable. Revela un patrón arraigado en nuestra política: el de figuras que no saben gobernar sin hacer campaña, y que no conciben el poder como un servicio temporal, sino como un botín que no se puede soltar.

Más allá de su legalidad, esta conducta exhibe un tipo de liderazgo incapaz de separarse del espectáculo político. Y peor aún, muestra a un dirigente que parece más ocupado en volver a ser candidato que en gobernar con seriedad una región que aún enfrenta serios problemas de infraestructura, educación y seguridad.

La campaña de 2026 ya comenzó, al menos para Acuña. Pero si lo hace vulnerando normas, confundiendo gestión con propaganda, y sin asumir su responsabilidad como autoridad actual, difícilmente podrá ofrecer algo distinto al país que un déjà vu político cada vez más desgastado.

Conclusión:

Lo de César Acuña no es solo una muestra de oportunismo político: es el reflejo de una clase dirigente que ha normalizado el uso del poder como trampolín electoral, sin respeto por la legalidad ni el mínimo pudor institucional. Gobernar mientras se hace campaña es una forma burda de distorsionar la democracia y burlarse del ciudadano que exige resultados, no slogans. Si seguimos tolerando que las reglas sean pisoteadas con impunidad —y que quienes deberían fiscalizar miren para otro lado—, el mensaje es claro: en el Perú, el poder no se gana para servir, sino para perpetuarse. Y eso, como viene ocurriendo hace décadas, seguirá saliéndonos carísimo.

Doha, Catar – El Real Madrid fue derrotado de forma contundente por el París Saint-Germain (4-0) en las semifinales del Mundial de Clubes, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto francés. El encuentro empezó con dos goles tempraneros en los primeros nueve minutos, golpeando la moral del equipo de Xabi Alonso y sellando el triunfo del PSG.

A pesar de la eliminación, el club blanco cierra su participación con 86 millones de dólares en ingresos, cifra respaldada por su presencia en las fases avanzadas. De haber llegado a la final, ese monto habría ascendido a aproximadamente 118.4 millones de dólares, pero el PSV truncó esa posibilidad.


🔜 Final del Mundial de Clubes 2025

  • Fecha: domingo, 13 de julio de 2025
  • Hora: 15:00 (Nueva Jersey, hora local) / 14:00 (Perú, Colombia, Ecuador) / 16:00 (Argentina, Uruguay) E
  • Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey
  • Equipos: Chelsea vs. Paris Saint-Germain

Antecedentes de los finalistas:

  • PSG accedió tras su contundente triunfo 4-0 sobre Real Madrid el miércoles 9 de julio
  • Chelsea superó 2-0 a Fluminense en la otra semifinal del martes 8 de julio.

🏟️ Contexto y expectativas

El duelo presenta a dos potencias europeas en el primer clásico continental entre equipos de la misma confederación en una final de la Copa Mundial de Clubes El ganador no sólo obtendrá el prestigioso trofeo, sino también una bolsa que podría superar los 125 millones de dólares, según estimaciones . Además del espectáculo deportivo, habrá un show musical de alto nivel en el entretiempo, con presentaciones de J Balvin, Doja Cat y Tems.


Enfoque final

El PSG llega a la final en un momento inmejorable tras lograr un triplete (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League) y con una actuación aplastante frente al Real Madrid . Por su parte, Chelsea buscará su segundo título mundial tras lo que consiguió en 2021

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