En el Perú, 6 de cada 10 personas con enfermedades crónicas no transmisibles (como hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas) no reciben tratamiento adecuado o lo inician demasiado tarde. La falta de controles médicos periódicos, el miedo al diagnóstico y la automedicación son factores que agravan esta realidad.
🔍 Según datos del MINSA, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país, mientras que la salud bucal infantil sigue siendo una de las áreas más descuidadas: 8 de cada 10 niños presentan caries dental sin tratamiento antes de los 12 años.
La prevención salva vidas y mejora tu calidad de vida a largo plazo.
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Cardiología: Diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades del corazón y el sistema circulatorio.
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“Tratar una enfermedad puede ser costoso, pero ignorarla sale aún más caro: en salud, tiempo y vida. La prevención es un acto de amor propio y hacia los que te rodean.”En Jan Juan de Dios Cusco estamos siempre listos para atenderte con la cordialidad, amabilidad y profesionalismo de siempre.
Por fin cayó Erick Luis Moreno Hernández, alias «El Monstruo», ese ejemplar de las sombras del crimen que desde hace años sembraba muerte, extorsión y miedo en Perú… desde la comodidad del anonimato. Fue capturado en San Lorenzo, Paraguay, como parte de un operativo binacional entre la PNP y las autoridades paraguayas. Aplausos, sí. Pero ahora viene la parte incómoda.
Apenas lo esposaron, “El Monstruo” empezó a hablar. Y lo que ha dicho si se comprueba podría dejar en pañales a las novelas narco que tanto fascinan en Netflix. Moreno ha señalado, sin pelos en la lengua, que recibía protección de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué tal?
¿Exageración de un delincuente desesperado? ¿Maniobra para confundir a la opinión pública? ¿O, como ha pasado tantas veces, una verdad incómoda que se soltó cuando las cámaras ya estaban grabando? Porque recordemos: no sería la primera vez que los tentáculos del crimen organizado acarician y atrapan los uniformes de la ley.
Si lo que dice “El Monstruo” tiene una pizca de verdad, ¿ quién lo protegía? ¿Con qué nivel de impunidad operaba? ¿Cuántos jefes policiales, coroneles o generales hicieron la vista gorda o algo peor mientras este sujeto se paseaba con total libertad?
Y ya que estamos en modo incómodo: ¿dónde está Vladimir Cerrón, otro prófugo ilustre de la justicia peruana? ¿Cuántos Monstruos más se esconden bajo la alfombra de un sistema que ya no disimula sus fracturas?
Hay sospechas. Muchas sospechas. Porque en este país, cuando un criminal de esta talla habla de «protección policial», uno no puede darse el lujo de reírse. Más bien, hay que encender todas las alarmas. Y mirar, con más cuidado, hacia el interior de una institución policial que, cada cierto tiempo, deja ver que su uniforme también puede usarse para delinquir.
No basta con capturar al monstruo. Ahora hay que cazar a quienes lo criaron, lo apañaron o lo usaron y ahora tiemblan.
Mientras la maravilla se desmorona por desidia estatal y codicia empresarial, el gobierno calla, los turistas huyen y los peruanos perdemos lo único que el mundo aún nos envidiaba.
Hasta Machupicchu esta en ruinas en un país como el Perú que no necesita enemigos. Se basta solo para destruir lo poco que le queda. Y esta vez no es una metáfora: Machu Picchu está en riesgo real de perder su título como una de las Siete Maravillas del Mundo. No por terremotos, ni por el cambio climático, ni por invasiones bárbaras. Por estupidez institucional. Por desidia estatal. Por codicia regional. Por un país que ha decidido escupir sobre su historia.
La organización New7Wonders, que en 2007 nos dio el reconocimiento global que no supimos qué hacer con él, ha levantado una alerta seria. Y no es para menos. El principal ícono turístico del Perú, ese que mueve el 70% del turismo internacional que llega al país, ese que alimenta a más de 80 mil personas en la región Cusco, ese que le recuerda al mundo que aquí hubo una civilización capaz de tallar piedras como si fueran versos, está secuestrado por el desgobierno, la informalidad y el caos.
Sí: podríamos perder el título de “Maravilla del Mundo”. Y no, no se trata de un capricho suizo ni de un chantaje globalista. Se trata de una evaluación seria sobre el colapso de la experiencia turística y el maltrato al visitante, el manejo clientelar de los accesos, los boletos digitalizados que excluyen a medio país, las paralizaciones que bloquean la entrada al santuario, las denuncias de corrupción en la venta de entradas, la ausencia de un modelo de gestión coherente, y la indiferencia del Gobierno, que apenas atina a balbucear algo desde Lima mientras Aguas Calientes arde.
El turismo convertido en botín
He visitado Machu Picchu desde inicios del milenio. Lo he visto evolucionar, sí. Pero no hacia la excelencia, sino hacia la mercantilización grotesca. Todo es más caro, todo es más caótico, todo es más improvisado. Turistas que planifican durante años su viaje terminan hacinados en buses sobrevendidos, en hoteles que no presentas calidad ni seguridad estructural, guiados por improvisados con carnet, comiendo comida recalentada a precios escandinavos, y soportando un sistema de acceso que parece diseñado por Kafka y operado por Odebrecht.
La cadena de valor del turismo en el Perú empieza y termina en Machu Picchu. Lo saben los operadores, lo saben los comerciantes, lo saben los alcaldes. Lo que no saben (o fingen no saber) es cómo administrar algo que no debería ser tratado como chacra regional ni como caja chica del centralismo limeño.
¿Dónde está el Estado?
Ausente. Como siempre. En vez de crear una autoridad autónoma que gestione Machu Picchu con visión técnica, financiera y sostenible, han dejado la responsabilidad en manos de la inoperante Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), un Frankenstein institucional sin dientes ni cabeza.
Mientras tanto, los operadores turísticos paralizan el servicio, las protestas cierran accesos, y los turistas cancelan reservas por cientos.
LAS CIFRAS QUE DUELEN
En 2024, el Santuario Histórico de Machu Picchu recibió 1,508,121 visitantes entre nacionales y extranjeros. turiweb.pe
De ellos, 76 % extranjeros y 24 % nacionales. turiweb.pe
A pesar del crecimiento respecto a 2023, esta cifra aún queda 4,9 % por debajo del nivel prepandemia de 2019, cuando hubo 1,585,262 visitas. turiweb.pe
En los primeros dos meses de 2025, Machu Picchu recibió 191,351 visitantes, un incremento del 16,7 % respecto al mismo periodo de 2024. Radio Nacional+2TreXperience+2
De estos visitantes, 63 % fueron extranjeros y 37 % nacionales. TreXperience+1
Estas cifras muestran una recuperación del turismo internacional, pero evidencian que el turismo interno aún no se reactiva con la fuerza necesaria. Eso tiene consecuencias: pérdida de identidad, pérdida de ingresos locales, desigualdad entre quienes viven del turismo. Según datos del Mincetur, Machu Picchu recibió 1.3 millones de visitantes en 2023. Cada uno de ellos deja, en promedio, entre US$250 y US$350 al país. ¿Queremos seguir jugando con eso?
El turismo representa el 3.9% del PBI nacional y genera más de 1.4 millones de empleos. Pero claro, eso no le importa a un Ejecutivo que gobierna por reflejo, a un Congreso que legisla por encargo y a unas autoridades locales que prefieren el bloqueo como herramienta antes que el diálogo como solución.
Declarar a Machu Picchu como “Activo Crítico Nacional” no es una opción. Es una urgencia.
Pero aquí seguimos: debatiendo si el sistema digital de venta de entradas debe seguir beneficiando solo a Lima, como si el patrimonio mundial se repartiera por cuotas políticas, es cierto que el centralismo debe tener cuentas claras para que la ciudad madre de la maravilla también tenga ingresos pero eso no parece interesar al gobierno, sin embargo y no menos importante es ¿Quién se preocupa por la visita del turista?. Nadie sí, Nadie habla de calidad. Nadie habla de conservación. Nadie habla de experiencia del visitante. Solo hablan de quién cobra.
LO QUE EL GOBIERNO NO HA HECHO
No ha declarado a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional, lo cual permitiría una protección especial, dotada de recursos técnicos, normativos y de gestión específica.
No ha creado una autoridad autónoma, con capacidad real, técnica y financiera, que gestione integralmente Machu Picchu, incluyendo servicios, conservación, infraestructura, control de aforo, calidad y transparencia.
No ha regulado con suficiente rigor los monopolios locales en servicios fundamentales, ni ha abierto vías para la competencia, ni ha protegido los intereses de las comunidades locales que dependen directamente del turismo.
Consecuencias inmediatas
Si seguimos así:
Perderemos no solo el título de maravilla, sino los millones de dólares (o soles) que genera Machu Picchu cada año en turismo receptivo, cadena hotelera, transporte, artesanía, gastronomía.
Se erosiona el orgullo nacional, se diluye el sentido de identidad
Machu Picchu no se está cayendo por el tiempo. Se está cayendo por nosotros.
Y si el mundo nos quita el título, si New7Wonders nos retira el estatus, si la Unesco emite un nuevo informe lapidario, será apenas el principio del costo real que tendrá esta dejadez monumental.
Nos estamos saboteando solos. Como siempre. Como nunca.
Machu Picchu no se cae por el clima; se cae por la codicia, la incapacidad y la falta de visión.
El Perú necesita decidir: ¿vamos a defender lo que somos, o vamos a dejar que otros facturen y nosotros perdamos?
Por más comunicados que publique el Ejecutivo o promesas vacías que repita el presidente ejecutivo de EsSalud, lo cierto es que el sistema de salud peruano, especialmente el asegurado, ha tocado fondo. Lo que vemos en hospitales como el Rebagliati no es una huelga médica más: es una radiografía del colapso sanitario, resultado de años de negligencia y politización descarada.
En Lima, faltan al menos 499 enfermeras, según datos del propio gremio. Una sola enfermera, en palabras suyas, atiende hasta 12 pacientes a la vez. ¿Es eso una atención digna? ¿Es eso medicina o una ruleta rusa?
Y mientras los pasillos se llenan de enfermos sin camas, sin camillas, sin jeringas y sin medicinas básicas, las oficinas de EsSalud siguen llenas de gerentes con sueldos de 25 mil soles que nunca han pisado una emergencia.
Según cifras del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, el déficit de personal médico en el país supera los 24 mil profesionales a nivel nacional. Y el presupuesto destinado a salud en 2025 —aunque incrementado en cifras— sigue representando apenas el 3.2% del PBI, muy por debajo del estándar mínimo recomendado por la OMS: 6%.
Pero nada de esto parece importar a los responsables. Porque el señor Acho Mego, presidente de EsSalud, no ha dado la cara, mientras los asegurados esperan un examen cardíaco para septiembre de 2026 o ven suspendidas sus cirugías oncológicas por falta de anestesia. En pleno siglo XXI, una paciente recibe la notificación de cancelación de su operación por WhatsApp. Esto no es un sketch. Es el Perú.
Más de 12 millones de peruanos están afiliados a EsSalud. Pagan religiosamente sus aportes. Pero cuando enferman, el sistema les responde con colas eternas, salas colapsadas y una respuesta institucional que bordea el cinismo.
Los gremios médicos han denunciado que el 40% de los equipos de los principales hospitales de EsSalud están inoperativos o mal mantenidos. Mientras tanto, se siguen nombrando directivos por cuota política, se tercerizan servicios en condiciones oscuras y se reparte el presupuesto entre favores y lobbies.
¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están los que se llenaban la boca hablando de «modernización del Estado»? Se esconden. Se reparten cargos. Callan.
Y mientras tanto, la salud pública sigue secuestrada por la corrupción, la ineptitud y el cálculo político. Y como siempre, los que pagan la cuenta son los de abajo. Los que no pueden pagar una clínica. Los que no pueden esperar un año más. Los que solo quieren vivir.
El Congreso blinda a Boluarte y condena al olvido a decenas de peruanos asesinados en las protestas.
En el Perú del bicentenario, las muertes ya no se investigan. Se archivan. Se empujan a un cajón, se sellan con 12 votos y se olvidan con el desparpajo de quien se sabe impune.
La Comisión Permanente del Congreso —ese cartel legislativo con pretensiones de poder constituyente— ha decidido, sin sonrojarse, que Dina Boluarte no debe responder políticamente por más de 50 peruanos muertos durante las protestas que ella misma mandó a reprimir. La Fiscalía dice que hubo responsabilidad por omisión. El Congreso dice que no, que no hay pruebas. Que aquí no pasó nada. Que los muertos se mataron solos. Que la represión fue una ilusión colectiva.
No importa que Ayacucho llorara cadáveres en las calles. No importa que en Juliaca los ataúdes marcharan por justicia. No importa que los fusiles dispararan a la cabeza, al tórax, a matar. No importa que los policías y militares hayan actuado como si estuvieran en una guerra. Para el Congreso, eso fue un malentendido logístico. Un error de cálculo. Un episodio que conviene olvidar.
Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es argumentar que no hay pruebas cuando ni siquiera se ha querido investigar. La lógica es perversa: si no busco, no encuentro; y si no encuentro, entonces archivo. Y todo eso lo firman 12 congresistas que se atreven a llamarse «padres de la patria» mientras se aferran a sus curules como garrapatas del poder.
Porque eso es lo que ha hecho el Congreso: blindar a su aliada. Boluarte es hoy la garantía de que nada cambie, de que se gobierne por decreto, de que el Ejecutivo siga siendo un apéndice del fujimorato y sus derivados. Mientras la presidenta sobreviva, el pacto de impunidad se mantiene. Y ese pacto es más fuerte que cualquier cadáver en la Morgue Central.
Seamos claros: el Congreso no ha exculpado a Boluarte, ha anulado el juicio antes de que empiece. Ha tirado la llave sin abrir la puerta. Ha destruido el expediente antes de leerlo. Y lo ha hecho porque sabe que, si se investiga de verdad, alguien va a tener que pagar. Y ese alguien podría estar en Palacio. O en la PCM. O en el Ministerio del Interior. O en el Hemiciclo.
Lo cierto es que en este país, matar desde el Estado es un negocio sin riesgos. Envían tropas, disparan a mansalva, y luego se lavan las manos citando el Código Penal como si fueran Suiza. Y si alguien se atreve a cuestionar, lo tildan de caviar, de terrorista, de desestabilizador. Así se gobierna en esta democracia de papel higiénico.
Pero las muertes no se archivan. O no deberían. Porque aunque el Congreso cierre el caso, la memoria no se deja cerrar tan fácil. Porque en las plazas donde cayeron los cuerpos aún hay madres que lloran. Porque la historia —esa que no depende de comisiones ni de informes infames— se encargará de recordar que este Congreso prefirió la impunidad antes que la justicia.
Y porque un país que archiva a sus muertos está condenado a repetir su desgracia.
Cusco enfrenta una crisis vial preocupante. Según datos oficiales, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito, solo detrás de Lima. En lo que va del año, se han reportado 178 accidentes en sus principales corredores viales, con un saldo cercano a 300 personas fallecidas. Estas cifras evidencian un problema que va más allá de la simple imprudencia: hay un sistema en riesgo.
Una de las preocupaciones que ha emergido en el debate público es la forma en que se están entregando las licencias de conducir en la región. Existen denuncias públicas y reportes de presuntas irregularidades en la expedición de estos permisos, con acusaciones de corrupción que incluyen la posible entrega de licencias sin cumplir con los requisitos mínimos, e incluso la existencia de supuestas coimas para obtener licencias de manera irregular.
Aunque las investigaciones oficiales aún están en curso, estas denuncias han generado alarma y desconfianza en la población. Varios medios locales han reportado que algunos conductores involucrados en accidentes graves contaban con licencias cuya obtención está bajo sospecha, lo que levanta la hipótesis de que estas prácticas irregulares podrían estar contribuyendo al aumento de siniestros en las vías.
La Gerencia Regional de Transportes ha reconocido que la supervisión en el proceso de otorgamiento de licencias necesita fortalecerse y que se requiere mayor transparencia para garantizar que solo personas calificadas y responsables puedan conducir.
Mientras estas denuncias no sean esclarecidas y las medidas de control no se refuercen, la inseguridad vial en Cusco seguirá siendo una amenaza constante. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas humanas que se pierden y de familias que quedan marcadas por la tragedia.
Este escenario plantea un llamado urgente a las autoridades para que investiguen, sancionen a los responsables y garanticen un sistema de licencias de conducir confiable, transparente y efectivo, que sea parte fundamental de la solución para reducir la violencia en las carreteras.
¿Hasta cuándo seguiremos normalizando este asesinato disfrazado de accidente? ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la corrupción también tenga timón y bocina?
Finalmente tenemos que decir enérgicamente que las gente no solo mueren por exceso de velocidad o por imprudencia, aparentemente también se muere por culpa de la coima.
Desde Sin Mordaza exigimos una exhaustiva investigación en el proceso de la entrega de licencias de conducir a gente irresponsable y que sea pronto, la pelota esta en su cancha señor gobernador, las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
Obras con conflicto, trenes chatarra y lo único real: el interés de conseguir votos.
Por más que se maquille con anuncios rimbombantes, lo que ocurre hoy en Lima con los trenes oxidados de Rafael López Aliaga no es una política de transporte. Es una campaña electoral disfrazada de gestión. Es populismo de hojalata.
Los trenes en cuestión que en su país de origen, Estados Unidos, ya estaban listos para el cementerio llegaron a Perú con el mismo objetivo que los paneles publicitarios: ser mostrados, no usados. Porque no hay vías, no hay señalización, no hay compatibilidad técnica. Solo hay cámaras y discursos.
Y mientras tanto, desde el Ministerio de Transportes, el ministro responde con otra promesa reciclada: el eterno tren de cercanías Lima–Chosica, ese mismo que ha pasado de gobierno en gobierno como una especie de fetiche electoral. No tiene ni estudios definitivos ni financiamiento asegurado, pero qué importa. Total, en año preelectoral, mentir sale gratis.
Pero este no es un caso aislado ni un delirio limeño. En Cusco, la política se cuece igual de turbia. El alcalde provincial y el de Wanchaq se han trenzado en una disputa absurda por una obra ejecutada en tierra de nadie. ¿La razón? Cada uno quiere quedarse con la foto de la entrega, el corte de cinta y, por supuesto, los aplausos. No les importa de quién es la obra, sino de quién es el voto que se puede sacar de ella.
Y así va el Perú: con alcaldes que se pelean por ver quién «sirve al pueblo», pero que en realidad solo se sirven del cargo, de la obra ajena, del presupuesto compartido y del olvido generalizado.
Lo más preocupante es que estas disputas no ocurren en medio de una bonanza nacional, sino en un país con transporte colapsado, servicios precarios y ciudadanía harta de ser estafada una y otra vez. Sin embargo, los políticos parecen haber perdido toda noción de vergüenza. Compran chatarra, inauguran obras sin dueños claros, ofrecen trenes invisibles y convierten cualquier conflicto en show preelectoral.
En lugar de modernizar el país, modernizan su estrategia de manipulación. Todo vale mientras haya una urna al final del túnel.
Y entonces uno se pregunta: ¿Hasta dónde puede llegar el descaro de nuestros políticos? La respuesta, lamentablemente, es simple: Hasta donde el cinismo dé votos.
A Richard Concepción Carhuancho lo quieren fuera. No por corrupto, no por negligente, no por vendido. Lo quieren fuera porque se atrevió a hacer algo que en este país suele costar caro: cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos.
El Congreso, ese circo cada vez más cómodo para los delincuentes de saco y corbata, ha puesto en la mira al juez que osó decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Lo denunció Fernando Rospigliosi, un exministro que ahora juega a ser inquisidor desde la vicepresidencia del Legislativo. Su argumento es simple y brutal: Carhuancho desobedeció una ley. ¿Qué ley? La ley 32107, esa norma hecha a medida para sepultar las causas pendientes de los años del plomo. La ley que pretende enterrar los cadáveres que todavía gritan desde las fosas comunes.
Pero lo que Rospigliosi omite (porque le conviene o porque lo ignora, da igual) es que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Y que el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por el Perú, dice con todas sus letras que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sin excepciones, sin plazos, sin amnistías disfrazadas de legalidad.
Lo que hizo Carhuancho no fue un acto de rebeldía, fue un acto de decencia jurídica. Aplicó el control difuso, esa herramienta que tienen los jueces para no acatar leyes inconstitucionales o contrarias a los derechos humanos. En un país serio, lo habrían aplaudido. En el Perú de hoy, lo quieren crucificar.
¿Cuál es el verdadero crimen?
El verdadero crimen de Carhuancho fue tocar los intocables. Reabrir heridas que el Congreso prefiere fingir que no existen. Atreverse a recordar que en Ayacucho, en 1984, el Estado también mató, desapareció, torturó. Y que esos crímenes no son errores administrativos ni excesos aislados. Son delitos imprescriptibles. Son crímenes que el tiempo no borra, aunque el Congreso quiera legislar en su contra.
Porque lo que está en juego aquí no es un tecnicismo. Es la memoria del país. Es el derecho de las víctimas a que sus muertos no sean enterrados dos veces: una por los militares, otra por los políticos de turno.
El mensaje es claro: no te metas con el pasado
La denuncia contra Carhuancho busca algo más profundo que su destitución: infundir miedo. Que ningún juez se atreva a incomodar a los uniformados de ayer, a los intocables de siempre. Que quede claro que el Congreso no quiere magistrados que piensen, ni que lean la Constitución. Los quiere obedientes. Sumisos. Ciegos.
Y si no lo son, los barren.
El país que olvida está condenado
El Congreso puede aprobar las leyes que quiera. Puede jugar al olvido, disfrazarlo de legalidad, pintar la impunidad con brocha de soberanía nacional. Pero hay una cosa que no puede hacer: borrar la historia.
Los muertos siguen allí. Las madres siguen llorando. Las fosas siguen abiertas. Y mientras haya un juez que se atreva a decir que la justicia no caduca, este país todavía tiene una mínima esperanza.
Pero esa esperanza, como todo lo que vale en este país, corre peligro. Está sitiada por un Congreso que legisla al servicio de los verdugos, por un Ejecutivo que calla, por una prensa que titubea, por una sociedad que empieza a resignarse.
Y así, paso a paso, vamos aprendiendo a vivir sin justicia. O peor: a vivir bajo su simulacro.
En medio del caos político y los conflictos sociales, una crisis silenciosa avanza a paso firme: la salud mental. Solo en la región de Cusco, 5,873 personas han sido atendidas por depresión clínica en lo que va del año, según datos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). A esto se suman más de 170 intentos de suicidio, una cifra alarmante que podría ser aún mayor, considerando los casos no reportados.
La doctora María Rojas, jefa del área de Salud Mental de Geresa, explicó que el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad, violencia familiar, desempleo o abandono. En muchos casos, los pacientes llegan por emergencia luego de un intento de autoeliminación… y nunca más regresan. De hecho, 8 de cada 10 pacientes no vuelve a los centros de salud tras la primera consulta, por falta de seguimiento, recursos o apoyo.
Y todo esto ocurre mientras el presupuesto nacional para salud mental no supera el 2.9 % del presupuesto total de salud. Aunque ha crecido respecto al 1.5 % de hace una década, la cifra sigue siendo irrisoria.
La situación se complica para la población al ver un estado ausente con colegios sin profesionales en Psicología y lo peor con la indiferencia de autoridades en el sector educación que mas se preocupan por festividades que por contratar profesionales que atiendan estos graves problemas de nuestro hijos en edad escolar
El abandono no es solo financiero, es estructural: falta personal capacitado, infraestructura especializada y campañas de prevención. Lo que existe es esfuerzo individual de profesionales mal pagados, que hacen lo que pueden con lo que tienen.
Nos preocupa el país que se desangra por la violencia, pero olvidamos el país que se apaga lentamente en silencio, en soledad, en hospitales sin psicólogos ni psiquiatras.
El oro ilegal trae consigo violencia y enfrentamientos a vista y paciencia de las autoridades, el saldo: un policía gravemente herido
Un nuevo capítulo de violencia y desgobierno se escribió este fin de semana en Callacancha, Paucartambo, donde una banda de delincuentes fuertemente armados asaltó a compradores de oro, provocando un enfrentamiento a balazos con la Policía Nacional. El resultado fue devastador: un efectivo, de apellido Quispe, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la columna vertebral. Su pronóstico es reservado.
Los atacantes no solo despojaron a las víctimas de una camioneta, sino que también lograron huir en motos hacia la agreste zona de Ccarhuayo, donde hasta ahora permanecen escondidos, protegidos por la geografía y por la falta de presencia estatal. El alcalde de Ccarhuayo, Alejo Vitorino, ha pedido refuerzos, helicópteros y presencia militar, en un acto desesperado para recuperar el control territorial.
Pero este caso no es aislado. La minería ilegal, especialmente en la región surandina, ha creado redes paralelas de poder, comercio y violencia, alimentadas por una economía informal que mueve millones sin pagar impuestos ni respetar ley alguna. Hoy, la extracción de oro en zonas rurales está militarizada por bandas organizadas, mientras el Estado apenas reacciona.
