El Perú no está simplemente dividido: está capturado. Capturado por una clase política que convierte cada crisis en oportunidad de cálculo y por un ecosistema mediático que, demasiadas veces, editorializa según conveniencia empresarial antes que por vocación de servicio público.
Hoy el país vuelve a tener un presidente bajo denuncias serias. No son rumores de sobremesa ni especulaciones de redes: son cuestionamientos que deben investigarse con rigor, independencia y celeridad. La experiencia reciente obliga a no minimizar nada. En las últimas dos décadas, cuatro expresidentes peruanos han sido investigados por corrupción. Desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Pedro Castillo, pasando por procesos que alcanzaron a exmandatarios anteriores, el patrón no es anecdótico: es estructural.
Pero el otro lado del problema es igual de corrosivo.
Frente a cada nuevo gobierno, la oposición no parece preguntarse cómo garantizar estabilidad con fiscalización firme, sino cómo acelerar el desgaste. No se debate programa contra programa; se calcula escenario contra escenario. No se piensa en reformas; se piensa en correlación de fuerzas. La vacancia dejó de ser mecanismo constitucional excepcional y se convirtió en amenaza latente.
El resultado es un país que ha tenido seis presidentes en menos de cinco años y ocho en una década. Ninguna economía seria prospera con ese nivel de volatilidad política. La inversión se retrae, el crecimiento se desacelera y la incertidumbre se convierte en política de Estado.
Mientras tanto, el ciudadano sobrevive.
Según el Latinobarómetro, la confianza en el Congreso y en los partidos políticos en el Perú suele ubicarse por debajo del 15%. La desaprobación parlamentaria ha superado en distintos momentos el 80%. Es decir, quienes se disputan el poder lo hacen desde una legitimidad social profundamente erosionada. Y aun así, actúan como si el país fuera una pieza de ajedrez y no una comunidad exhausta.
¿Y los medios?
Los medios deberían ser contrapeso, vigilancia, incomodidad permanente frente al poder. Pero una parte significativa del ecosistema mediático ha optado por la alineación estratégica: suaviza cuando conviene, amplifica cuando interesa, calla cuando incomoda a sus propios vínculos. No todos, por supuesto. Pero los suficientes como para que la ciudadanía perciba que la independencia editorial también está bajo sospecha.
En este escenario, el Perú no discute un proyecto nacional. Discute cuotas.
El Ejecutivo se defiende.
La oposición calcula.
Los medios negocian relevancia e influencia.
¿Y el país? El país espera.
Es imposible construir estabilidad cuando la política funciona como mercado de intereses y no como sistema de responsabilidades. Es imposible hablar de gobernabilidad cuando la denuncia se usa como arma selectiva y no como principio ético. Es imposible pedir sacrificios a la ciudadanía cuando quienes dirigen el debate público no sacrifican nada propio.
La democracia no muere solo por golpes abruptos. También se desgasta por cinismo acumulado.
El Perú no necesita unanimidad ni pactos de impunidad. Necesita reglas claras, investigaciones sin blindajes, oposición con vocación de Estado y medios que incomoden al poder aunque eso afecte relaciones comerciales.
De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo ciclo: presidentes cuestionados, oposiciones oportunistas, medios acomodaticios… y una ciudadanía cada vez más distante.
Un país secuestrado no colapsa de inmediato.
Primero se acostumbra.
Y eso, quizá, es lo más peligroso de todo.
