Desde el 2021, el Congreso peruano ha sido el escenario de una arremetida legislativa que, bajo el discurso de “reformas judiciales”, ha terminado debilitando gravemente los instrumentos más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Lo más indignante es que los mismos parlamentarios que impulsaron y votaron a favor de estas leyes “pro-crimen” hoy buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral de 2026.
Una ironía política que roza el cinismo: los autores del retroceso legal pretenden ahora volver a escribir las reglas.

El desmantelamiento de la justicia

Con la Ley N° 31990, los congresistas redujeron el margen de acción de la Fiscalía al imponer plazos rígidos al proceso de colaboración eficaz. En la práctica, se limitó la posibilidad de investigar a redes criminales complejas. Esta norma fue promovida por Podemos Perú y respaldada por Perú Libre, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular.

Waldemar Cerrón —hermano del prófugo Vladimir Cerrón— defendió la medida afirmando que buscaba evitar “abusos fiscales”. Pero el resultado fue otro: una herramienta menos para desarticular mafias.

Los congresistas Flavio Cruz, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo acompañaron esta votación. Hoy, todos ellos buscan escaños en el nuevo Senado, bajo el mismo partido que ha normalizado el blindaje político como estrategia de supervivencia.

El golpe a la extinción de dominio

La Ley N° 32326, impulsada por el fujimorista Jorge Morante, bloquea la recuperación temprana de bienes ilícitos al exigir una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio. Un retroceso de proporciones: el Estado ahora debe esperar años antes de confiscar activos del crimen organizado.

Entre los principales defensores están Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Arturo Alegría y María Zeta, todos hoy en plena campaña por mantenerse en el nuevo Congreso bicameral.

La pregunta se impone sola: ¿a quién beneficia legislar para hacer más difícil perseguir el dinero sucio?

El blindaje a los partidos políticos

La Ley N° 32054, presentada por Waldemar Cerrón (Perú Libre), exime a los partidos de sanciones penales por delitos cometidos a través de su estructura. Es decir, si un dirigente lava dinero o recibe aportes ilícitos, el partido puede lavarse las manos.
La ley, aprobada con 87 votos, contó con el respaldo de José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

Todos ellos también han anunciado su intención de reelegirse. La impunidad, parece, se ha vuelto una carrera política de largo aliento.

La minería ilegal también tiene su ley

El Proyecto de Ley 06838/2023, transformado en la Ley N° 31989, debilitó la capacidad de la PNP para controlar la tenencia de explosivos en zonas de minería ilegal. Su autor: Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, acompañado por Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana. Todos, curiosamente, con aspiraciones al Senado o la Cámara de Diputados.

Una ley que, en lugar de fortalecer la fiscalización de actividades extractivas ilegales, se convirtió en una concesión directa a los intereses mineros más oscuros del país.

La ofensiva final contra la Fiscalía

Las leyes 32130 y 32138, impulsadas por Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos y Eduardo Salhuana, entregaron a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares, restando autonomía al Ministerio Público.
Según el propio Ministerio Público, estas normas debilitan la persecución penal y favorecen a las organizaciones criminales.

Aun así, todos sus autores figuran en las listas electorales del 2026. Y no sorprende: pocos lugares ofrecen más inmunidad que un escaño.

Los congresistas que votaron por leyes “pro-crimen”

Fuerza Popular: Ernesto Bustamante, Mery Infantes, Héctor Ventura, Fernando Rospigliosi, Patricia Chirinos, Arturo Alegría, Enrique Castillo, Víctor Flores, Tania Ramírez, María Zeta
Podemos Perú: José Luna Gálvez, José Arriola, Heidy Juárez, Guido Bellido
Perú Libre: Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino
Somos Perú: Jorge Morante, Héctor Valer, Alex Paredes
Alianza Para el Progreso (APP): Jorge Marticorena, Edith Julón, Lady Camones, Roberto Chiabra, José Elías, Nelcy Heidinger, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana
Otros: José Cueto (Renovación Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Adriana Tudela (Avanza País), Alfredo Azurín, Norma Yarrow, José Williams

Conclusión: un Congreso que legisla para sí mismo

El patrón es claro: los mismos congresistas que debilitaron la justicia buscan hoy perpetuarse en el poder. Desde modificar la colaboración eficaz hasta blindar a los partidos y frenar la extinción de dominio, cada una de estas leyes responde a un interés compartido: la autoprotección política.

No se trata solo de impunidad legislativa; se trata de un sistema político que premia la desconfianza ciudadana y convierte el Congreso en una fortaleza de intereses particulares.

Si el próximo Congreso bicameral repite los mismos rostros, no será una renovación democrática, sino la institucionalización del blindaje.
Porque, como diría un viejo analista político: cuando los que hacen las leyes son los mismos que temen aplicarlas, el crimen no está afuera… está en el hemiciclo.