Mientras el Parlamento recibe un presupuesto millonario, instituciones clave como el INEN, Foncodes o Cuna Más operan con montos tres o hasta cuatro veces menores. La brecha entre el gasto político y el gasto social no solo persiste: se amplía.

En un país donde miles de niños sufren de anemia, donde las postas médicas carecen de medicamentos esenciales y las escuelas públicas siguen sin materiales básicos, el Congreso de la República cuenta en este 2025 con recursos desproporcionados que llega a S/1.413 millones . Esta asignación no es solo escandalosa; es una declaración clara y preocupante de prioridades por parte del Estado.

El mensaje es directo y doloroso: la política se atiende primero; el pueblo, después.

Un Parlamento más costoso que útil

Comparado con otros sectores del Estado, el gasto legislativo es sencillamente obsceno:

• El INEN, que combate el cáncer en todo el país, recibe menos de un tercio de lo que se destina al Parlamento.
• El FONCODES, programa fundamental para reducir la pobreza extrema, tiene cuatro veces menos recursos.
• Cuna Más, que atiende a la primera infancia, opera con un presupuesto ínfimo en comparación al del Congreso.
• Incluso programas como Qali Warma o la Dotación de Materiales Educativos, que llegan a millones de escolares, quedan por debajo del gasto político.

Este no es un tema de eficiencia administrativa. Es, lisa y llanamente, una decisión política de gasto desigual e inmoral.

⚖️ ¿Qué justifica tanto dinero?

El Congreso no tiene resultados que sustenten semejante presupuesto. Según cifras del propio portal de transparencia y análisis independientes:

• Más del 40% de leyes aprobadas son declarativas, sin impacto normativo real.
• Cientos de proyectos son plagiados, improvisados o duplicados.
• En los últimos tres años, más de 100 leyes han sido observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales.
• La desaprobación ciudadana del Congreso supera el 85%, según Datum (mayo 2025).

Aún así, el Parlamento continúa aumentando su gasto. Sueldos, asesores, viáticos, viajes, alquileres, contratos sin concurso, publicidad institucional… todo se multiplica sin control ni auditoría real. Lo único que crece en el Congreso es su presupuesto.

🏛️ Bicameralidad: duplicar el problema

Como si esto no fuera suficiente, el retorno a la bicameralidad —aprobado recientemente— significará más legisladores, más personal, más gasto logístico, más oficinas, más vehículos, más asesores.

Un análisis del MEF estima que esto podría representar un aumento del 25% al 30% en el gasto legislativo. Es decir, el presupuesto del Congreso podría superar fácilmente los S/1.800 millones anuales.

¿Y para qué? Para que los mismos partidos de siempre se repartan más puestos, con más inmunidad, sin ninguna reforma seria al sistema electoral o de representación.

❗ El Congreso como símbolo de una república desigual

Este no es solo un problema contable. Es una crisis moral del Estado. Que el poder legislativo —uno de los más desprestigiados, improductivos y confrontacionales— sea también el que más dinero consume, dice mucho sobre el tipo de democracia que estamos construyendo.

¿Qué dice de un país que invierte más en proteger privilegios políticos que en proteger la vida, la salud o el futuro de sus ciudadanos?

📌 Conclusión: hay dinero, pero no para el pueblo

La vieja excusa de que “no hay recursos” para mejorar los hospitales, aumentar los sueldos de los docentes o ampliar programas sociales queda desmentida por esta realidad: el dinero está. Lo que no hay es voluntad política para destinarlo a donde realmente importa.

El Congreso de la República no solo legisla. También simboliza. Y hoy, simboliza el derroche, la desconexión y el cinismo de una clase política que se sirve del Estado en lugar de servirlo.

Las cosas por su niombre y sin Mordaza.

En un país golpeado por la pobreza, la corrupción, la inseguridad y la desconfianza total en sus instituciones, el gobierno de Dina Boluarte ha tomado una decisión que no solo es inaceptable: es obscena. Mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, la presidenta pasará de ganar S/ 16.000 a S/ 35.568 mensuales, en uno de los aumentos más controversiales en la historia reciente del Ejecutivo.

El mensaje es brutal: mientras millones luchan por sobrevivir, la presidenta se premia. Mientras se recorta el presupuesto para regiones y servicios esenciales, ella se garantiza una vida de privilegios blindados por decreto. El sueldo de Boluarte es ahora uno de los más altos de la región —más que el de muchos mandatarios con legitimidad democrática y mejores resultados de gestión—, en un país que no ha dejado de marchar ni enterrar muertos desde diciembre de 2022.

📉 Legitimidad cero, sueldo doble

Boluarte no solo carece de un mandato popular; ostenta una desaprobación que supera el 80%. Su gobierno ha sido marcado por la represión de protestas, escándalos de corrupción, improvisación constante y pactos oscuros con un Congreso igual de impopular. Y ahora, además, suma el escándalo de un aumento salarial que transgrede los límites legales establecidos por la Ley 28212.

Este no es un simple ajuste administrativo. Es un gesto profundamente político. Es el acto de una presidenta que, pese a estar bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, decide duplicarse el sueldo en plena crisis. El caso Rolex, los viajes inexplicables y las joyas no declaradas ya habían minado su credibilidad. Este aumento solo confirma su desconexión total con el país que pretende gobernar.

🛑 Un Estado capturado por los privilegios

El Consejo de Ministros —lejos de frenar esta decisión— la avaló sin mayor oposición. Servir justificó el alza como parte de un “ordenamiento remunerativo”, mientras el MEF apeló a comparaciones con sueldos regionales. Pero lo que está en juego aquí no es la técnica, sino la decencia. Porque lo que el Perú necesita en estos momentos no son mandatarios con sueldos de reyes, sino líderes con vocación de servicio y sensibilidad frente al sufrimiento popular.

Lo más alarmante es que no existe un contrapeso real. El Congreso, dividido y comprometido con sus propios intereses, no muestra voluntad de frenar esta afrenta. La ciudadanía, harta y desgastada por años de crisis política, observa con resignación. Y Boluarte lo sabe. Por eso se atreve.

⚖️ La política del desprecio

La decisión de aumentar el sueldo presidencial a S/ 35.568 no es solo económica. Es un acto de poder. Un símbolo del desprecio por la austeridad, la legalidad y el sentido común. Es la confirmación de que la clase política —blindada, bien pagada y desconectada— no gobierna para la gente, sino para sí misma.

Aumentarse el sueldo en plena crisis no es un error. Es una declaración. Y su mensaje es claro: el Perú puede esperar; el privilegio, no.