Por estos días, el Perú parece dividido entre dos países. Uno es el país real: el de los transportistas asesinados por negarse a pagar cupos, el de los emprendedores extorsionados, el de las familias que viven detrás de rejas, cámaras y alambres de púas. El otro es el país de los candidatos: un Perú imaginario donde los problemas parecen resolverse con frases de campaña, promesas genéricas y ataques al adversario.

Las cifras son brutales. En 2025 el Perú registró más de 25.000 denuncias por extorsión y alrededor de 2.400 homicidios. Es decir, casi siete asesinatos diarios. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían reportado más de 194.000 delitos, 504 homicidios y cerca de 4.000 denuncias por extorsión. No estamos hablando de percepciones ni de sensaciones; estamos hablando de una emergencia nacional documentada por las propias estadísticas.

Sin embargo, al observar el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, surge una pregunta inevitable: ¿están realmente conscientes de la magnitud del problema? Ambos dedicaron tiempo a confrontaciones políticas, ajustes de cuentas ideológicos y acusaciones mutuas, mientras el país esperaba explicaciones concretas sobre cómo derrotar al crimen organizado que hoy desafía abiertamente al Estado.

Es cierto que ambos mencionaron propuestas de seguridad. Keiko Fujimori habló de un Plan Nacional de Pacificación, de militares y policías en el transporte público, fortalecimiento de inteligencia y control fronterizo. Roberto Sánchez planteó depurar instituciones y derogar normas que considera favorables al crimen.

Pero el problema no es la ausencia de propuestas; el problema es la ausencia de profundidad.

El Perú no enfrenta una delincuencia común. Enfrenta organizaciones criminales que manejan millones de soles, infiltran instituciones, financian economías ilegales y ejercen control territorial en diversas zonas del país, además de existir denuncias a policías como integrantes de bandas criminales . Frente a ello, los ciudadanos escucharon anuncios, pero no una explicación convincente sobre cómo recuperar la autoridad del Estado en los próximos cinco años.

La pregunta central sigue sin respuesta:

¿Cómo piensan reducir las extorsiones?

¿Cómo piensan desarticular las redes de sicariato?

¿Cómo piensan evitar que miles de jóvenes sigan siendo reclutados por bandas criminales?

¿Cómo piensan recuperar una Policía cuestionada por corrupción y falta de recursos?

Porque gobernar no consiste en describir el problema. Consiste en demostrar que existe la capacidad de resolverlo.

La tragedia peruana es que mientras la política sigue atrapada en los fantasmas del pasado, la criminalidad ya está construyendo su futuro. Y ese futuro se escribe con sangre, miedo y silencio.

Quizá la reflexión más dura para estas elecciones sea que millones de peruanos no están votando por esperanza. Están votando por temor. Temor a que gane uno. Temor a que gane el otro. Temor a que nada cambie.

Por eso el ciudadano responsable no debe votar con fanatismo. Debe votar con vigilancia. Debe entender que ningún candidato merece un cheque en blanco. Porque los datos son demasiado graves para seguir creyendo en discursos vacíos.

Mientras Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia, el Perú real sigue esperando algo mucho más importante que un ganador electoral: sigue esperando un gobernante capaz de devolverle la tranquilidad.

Y hasta ahora, ninguno ha explicado con suficiente claridad cómo piensa hacerlo.

Y eso es lo mas preocupante y hay que decirlo Sin Mordaza alguna, Cuando una nación comienza a normalizar siete asesinatos por día y decenas de miles de extorsiones al año, la pregunta ya no es quién ganará las elecciones. La pregunta es si el Estado está ganando la batalla contra el crimen. Y hoy, lamentablemente, la respuesta parece ser no.