El exministro del Interior, Juan Santiváñez, es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias al estar implicado en un supuesto soborno de US$20.000 al Tribunal Constitucional para beneficiar a un investigado.
La resolución de la Corte Suprema se da en un contexto en el que el Ministerio Público busca esclarecer las responsabilidades de Santiváñez durante su paso por el Ministerio del Interior. Esta medida también permite asegurar su presencia en el país mientras se realizan las diligencias correspondientes y se define si existen elementos suficientes para una eventual acusación formal.
Las sospechas que hoy pesan sobre el extitular del Mininter se centran en presuntas acciones irregulares dentro de la Policía Nacional que, de ser confirmadas, podrían configurar delitos contra la administración pública
El Congreso aprobó el retorno de la reelección de autoridades subnacionales sin alcanzar los dos tercios necesarios para que se apruebe directamente. Ciudadanía tendrá la última palabra en referéndum nacional.
Luego de que en el pasado se aprobara la eliminación de la reelección, ahora el Congreso trae de vuelta esta iniciativa. Con 77 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, los parlamentarios decidieron aprobar el dictamen de mayoría que habilita la posibilidad de que los ciudadanos que ocupan estos cargos públicos puedan ejercer un nuevo periodo. Al no alcanzar los 87 votos necesarios, la iniciativa será votada en referéndum nacional.
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, la ley de reforma debe ser ratificada mediante referéndum, al no haber alcanzado los 87 votos requeridos, aunque sí superó los 66″, señaló el vicepresidente del Congreso a cargo de la sesión, Alejandro Cavero, al anunciar el proceso electoral cuyas fechas deberán ser definidas.
El dictamen mayoritario incluía iniciativas en grupo de Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Alejandro Muñante, miembro de esta última agrupación, se mostró a favor de la propuesta: «La reelección de alcaldes y gobernadores regionales jamás ha sido un problema. La cifra nunca ha superado el 20 %. (…) Son los ciudadanos quienes finalmente decidirán si premian a un alcalde para que continúe una segunda gestión o lo sancionan para que no siga más. (…) Se trata de profesionalizar la política», indicó.
