Mientras el Perú real sangra por la delincuencia, el Perú politiquero sigue peleando por el poder. El gran olvidado continúa siendo el ciudadano de a pie.

La noticia de hoy vuelve a poner sobre la mesa la pregunta más incómoda de la política peruana: ¿qué tan desconectados están nuestros dirigentes de los problemas reales del país?

Mientras candidatos, partidos y operadores políticos dedican horas a disputas electorales, impugnaciones, estrategias de campaña y cálculos de poder, millones de peruanos enfrentan una realidad mucho más urgente: trabajar sin ser extorsionados y volver vivos a casa.

Las cifras deberían encender todas las alarmas. Durante el 2025 se registraron más de 25 mil denuncias por extorsión y alrededor de 2,451 homicidios a nivel nacional, equivalente a casi siete asesinatos por día. Además, los homicidios crecieron respecto a los años anteriores, evidenciando que la violencia criminal sigue siendo uno de los mayores desafíos del país.

Más allá de los debates estadísticos sobre aumentos o reducciones temporales, existe una realidad que ningún peruano necesita que le expliquen: la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un problema estructural que afecta al transporte, al comercio, a los pequeños emprendedores e incluso a sectores culturales y artísticos. Diversos reportes muestran que las denuncias por extorsión se han multiplicado varias veces en los últimos años y que la presencia del crimen organizado se ha expandido en distintas regiones del país.

Sin embargo, la inseguridad rara vez ocupa el lugar central que merece en el debate político. Se habla más de quién ganará una elección que de cómo recuperar las calles. Se discute más sobre alianzas partidarias que sobre inteligencia policial. Se invierte más energía en la confrontación política que en la construcción de una estrategia nacional contra el crimen organizado.

La consecuencia es evidente: mientras la política sigue concentrada en la conquista del poder, la ciudadanía percibe que el Estado pierde terreno frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.

El Perú no necesita más campañas permanentes. Necesita liderazgo. Necesita instituciones capaces de enfrentar a quienes han convertido el miedo en un negocio. Necesita gobernantes que comprendan que la seguridad no es un tema más de la agenda pública, sino la condición básica para que exista libertad, inversión, trabajo y desarrollo.

Porque cuando un comerciante paga cupos para sobrevivir, cuando un transportista trabaja bajo amenaza o cuando una familia teme que un ser querido sea la próxima víctima, el problema ya no es solamente policial. Es un fracaso político.

Y ese fracaso no distingue colores, partidos ni ideologías. Termina golpeando, como siempre, al peruano de a pie.

La pregunta final seria y ¿Dónde están los candidatos que dicen amar a sus pueblo y solo aparecen en campañas electorales y cada vez por partidos diferentes?

la xcosas por su nombre y Sin Mordaza.