Cada verano Cusco vuelve a mirarse en el mismo espejo roto. Cambian los gobernantes, se renuevan los discursos, se imprimen nuevos planes de gestión del riesgo con portadas relucientes, pero el resultado es idéntico: puentes que colapsan, carreteras partidas, pueblos aislados y ciudadanos convertidos en estadísticas de la desidia. La naturaleza hace su trabajo; el Estado, como siempre, llega tarde.
El informe de CENEPRED no es una profecía sino un acta de acusación. Ochenta y una zonas críticas por movimientos en masa, sesenta y cuatro puntos con alto riesgo de inundación y más de 116 mil cusqueños expuestos a un peligro perfectamente identificado. No hablamos de un rayo imprevisible, sino de una amenaza con mapas, coordenadas y antecedentes. Aun así, la respuesta pública ha sido la de siempre: esperar que el desastre tenga la cortesía de no ocurrir.
Lo que sucede hoy en Paruro, Espinar, Paucartambo, Canchis o La Convención no es mala suerte; es política mal hecha. El colapso del puente de Pitumarca no lo provocó solo el río embravecido, sino décadas de obras improvisadas, de expedientes inflados y de autoridades que inauguran gaviones como si fueran catedrales y luego desaparecen cuando el caudal les pasa por encima. Después vendrán las comisiones investigadoras y el viejo libreto del “evento extraordinario”, coartada favorita de la mediocridad.
Se cierran Choquequirao, la ruta amazónica a Machupicchu y el acceso a Humantay. El turismo —ese dios al que Cusco le reza todo el año— entra en pausa y con él la economía de miles de familias. Pero ningún gobernador, ningún alcalde, ningún ministro asumirá que el verdadero desastre no es la lluvia, sino la falta crónica de prevención. El barro se limpia; la incapacidad, no.
Esta es la historia de siempre con gobernantes diferentes en cada periodo, pero iguales en su ineptitud. Unos llegan con chaleco nuevo y casco para la foto; otros con maquetas digitales y consultorías millonarias. Todos repiten el mismo ritual: declarar emergencia, pedir presupuesto, culpar al cambio climático y prometer que “ahora sí” se hará planificación territorial. Al final, el agua vuelve a recordarles quién manda.
Cusco concentra una de las mayores densidades de riesgo del país, pero el ordenamiento urbano sigue siendo un chiste cruel, los ríos continúan invadidos por construcciones ilegales y las carreteras se levantan donde el cerro respira. El Estado permite que la gente viva sobre dinamita geológica y luego se indigna cuando la dinamita explota.
La tragedia no es solo material; es moral. Nos hemos acostumbrado a contar emergencias como quien cuenta partidos de fútbol. Veinte desastres en una semana, decimos, y seguimos. Detrás de cada cifra hay un niño sin colegio, un agricultor sin chacra, una familia durmiendo en carpa. Ellos pagan el precio de un sistema que confunde prevención con ceremonia y gestión con propaganda.
La pregunta final es incómoda: ¿para qué sirven nuestras autoridades si ni siquiera pueden hacer lo que los informes técnicos les gritan al oído? Las alertas estaban sobre la mesa. Lo que faltó no fue información, sino vergüenza.
Cusco no se está inundando solo por la lluvia. Se inunda por décadas de gobiernos que aprendieron a sobrevivir del desastre y no a evitarlo.
Y mientras se acercan nuevas elecciones, los mismos que hoy se esconden detrás de los comunicados ya afilan sus carteles de reelección. Volverán con otro color, con otro logo y con la misma incapacidad de siempre. Votar por ellos sería firmar el próximo huaico con lapicero. Cusco necesita castigo político a la incompetencia, no segundas oportunidades para el fracaso. Porque si reelegimos a los responsables de esta tragedia repetida, después no le echemos la culpa al río: el desastre también se elige en las urnas.
