Con 82 congresistas con carpetas fiscales abiertas (el 63% del Parlamento) la inhabilitación de Delia Espinoza ya no parece una sanción: parece una estrategia de supervivencia del poder.
El Congreso de la República ya no legisla desde la ley: legitima desde el miedo. La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza no es un acto jurídico ejemplar. Es un acto reflejo de un poder acorralado.
Hoy existe un dato público, demoledor, imposible de ignorar:
82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público.
Eso equivale al 63% del Parlamento bajo investigación.
Es decir, la mayoría del Congreso está siendo investigada.
Y esa misma mayoría decide quién dirige o no dirige la Fiscalía que los investiga.
No es un conflicto de intereses.
Es el conflicto de intereses convertido en sistema.
En ese contexto, pretender que la inhabilitación de Espinoza responde solo a una “infracción constitucional” por el supuesto desacato a la Ley 32130,la que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de las investigaciones preliminares, es una burla al sentido común. Más aún cuando incluso la defensa probó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada. La firmó un fiscal interino. El Congreso lo sabía. Y aun así avanzó.
Porque el problema nunca fue la firma.
El problema fue la fiscal investigando al poder político.
La evidencia política es incluso más obscena: 15 de los 16 congresistas que aprobaron el informe final en la Comisión Permanente tenían carpetas fiscales abiertas. Es decir, la antesala del ajusticiamiento fue ejecutada casi íntegramente por investigados. Lo que en cualquier democracia sería causal automática de inhibición, aquí fue el motor de la sanción.
Eso no es control político.
Eso es autoprotección corporativa.
La sesión final fue una escena de ejecución administrativa. Fernando Rospigliosi cortó el debate y empujó el voto como quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que entre el aire. No se quería discutir. Se quería resolver. Y se resolvió.
Luego vino la confesión más brutal del proceso. Jorge Montoya no habló de leyes: habló de molestia política. Dijo que Espinoza era un “peligro” por denunciar congresistas. En una sola frase quedó desnudo el verdadero móvil:
no la sacan por violar la Constitución; la sacan por tocar al poder.
Los números sostienen la acusación política con una solidez aplastante:
- 63% del Congreso con carpetas fiscales abiertas.
- Aprobación ciudadana del Congreso por debajo del 10%, según encuestas nacionales.
- Tres de cada cuatro peruanos creen que el Parlamento legisla para sí mismo, no para el país.
- Y ahora, una fiscal inhabilitada por un Parlamento mayoritariamente investigado.
Eso ya no es una crisis política.
Eso es captura institucional del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio Público queda herido, intimidado, advertido. El mensaje es brutal y transparente:
si investigas al Congreso, el Congreso te destruye.
Como si no bastara, horas antes le levantaron el fuero para abrirle investigaciones penales. Primero te saco del cargo. Luego te dejo expuesta. Ese es el método del poder cuando ya no necesita disimular.
Espinoza lo dijo sin maquillaje: muchos no dieron la cara porque vienen elecciones. Tiene razón. Nadie quiere aparecer en campaña como el verdugo institucional. Nadie quiere cargar con la foto del blindaje.
Hoy el Congreso no sancionó a una fiscal.
Hoy el Congreso se protegió a sí mismo.
Hoy quedó demostrado que en el Perú el problema no es la corrupción, sino quién se atreve a investigarla.
Esto no fue una votación.
Fue una operación de supervivencia del poder.
Y como toda autodefensa desesperada, deja una huella clara de culpabilidad.
CONCLUSION:
La caída de una fiscal a manos de un Parlamento mayoritariamente investigado confirma que la crisis del Perú ya no es solo de representación, sino de captura abierta del Estado por una clase política que legisla para sobrevivir, no para gobernar. Las cosas por su nombre y Sin Mordaza.
